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El Instituto de Previsión Social (IPS) convocó la Licitación 474335 para la “Contratación de Servicio de Digitalización Certificada de Documentos”, por un monto de G. ₲ 17.000.000.000.
La fecha de presentación de ofertas está fijada para el miércoles 19 de noviembre. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió la Resolución Nº 3430/25, de fecha 28 de octubre de 2025, en el marco de la apertura de protestas relacionadas al proceso.
La administración de Jorge Brítez lanzó unas 28 licitaciones en noviembre, de las cuales están en convocatorias abiertas para ingreso de oferentes 15 procesos por G. 1.172.485.638.233. Varias de estas propuestas derivaron en protestas abiertas por la DNCP.
La DNCP inició un proceso en base a la denuncia anónima presentada a través de portal que refiere que el IPS le está dando el toque de gracia a los recursos económicos de los asegurados “pretendiendo adquirir un sistema o plataforma, sin código fuente, para gestionar documentos con un precio récord histórico de sobrefacturación que asciende a más de G. 7.000 millones, inédito, sin precedentes en la historia de las contrataciones públicas de Paraguay para este tipo de sistemas documentales, innecesario e inadmisible, que profundiza el daño patrimonial” refiere la protesta que inició la investigación de la Dirección de Contrataciones.
El proceso inició el 29 de octubre de 2025, en tanto se esperan las ofertas para esta puja para el 19 de noviembre.
Paralelamente, empresas oferentes presentaron consultas formales en las que solicitaron la revisión de la determinación del precio referencial. Según indicaron, la elaboración de dicho precio no se habría realizado conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024, que regula la determinación de precios referenciales y exige obtener valores de potenciales oferentes habilitados para prestar el servicio. Señalan que el IPS solicitó cotizaciones a WellTech, JR Tech y SB Technology, empresas que, según los consultantes, no cuentan con certificación ni habilitación para la prestación de servicios de digitalización certificada de documentos.
Los oferentes mencionaron que la Autoridad Certificadora Raíz del Paraguay (AC Raíz MIC) publica un listado de empresas habilitadas para el servicio de digitalización certificada. De acuerdo con las consultas presentadas, estas firmas no fueron consideradas en la elaboración del precio referencial del llamado.
En el texto remitido al proceso, los oferentes señalaron: “Según se puede observar que el proceso para la determinación del precio referencial del presente llamado, es un proceso nulo de nulidad insanable debido a que viola la norma transcripta líneas arriba, al solicitar precios y presupuestos a empresas que no son potenciales proveedores del servicio como exige la resolución citada”. Asimismo, incluyeron el siguiente ejemplo: “En el caso que nos ocupa, es como solicitarle a una empresa dedicada a la producción de muebles que nos cotice un plano para construcción de edificio, y usarlo como precio referencial para un presupuesto de G. 17.000.000.000, es decir, el proceso es absolutamente nulo”.
Los oferentes solicitaron que la entidad convocante revise y reelabore el precio referencial utilizando presupuestos emitidos por empresas certificadas y calificadas para prestar servicios de digitalización certificada, a fin de evitar futuras protestas, impugnaciones y nulidades del llamado. Por parte del IPS, respondieron que se mantienen en que los precios referenciales no violan norma alguna.
Otras licitaciones siguen en el debate como la adjudicación a Neighpart para triage con valores de G. 60 mil por paciente cuanto los costos deberían ser de G. 5.000 según el sindicato de enfermeras.
G. 1.172.485 millones están en convocatoria abierta en noviembre. Entre ellos, G. 17 mil millones para digitalización.
Fuente: Diario UH
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) anunció ayer, a través de un comunicado de prensa, que se realizarán notificaciones masivas a contribuyentes, en el marco del Plan de Mejora de Cumplimiento de la Matriz de Riesgo Tributario.
Según explicó la entidad, se trata de controles realizados mediante tecnología big data, con los que se pueden detectar inconsistencias en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a la renta.
“Los análisis realizados por la DNIT se basan en cruces automatizados entre los registros de compras declarados por los contribuyentes y las informaciones remitidas por los emisores de las facturas”, señaló a su vez la DNIT.
Mientras tanto, detalló que se emitirán dos tipos de notificaciones, la primera que será únicamente informativa, mientras que la segunda ya será de comparecencia, es decir, requerirá la presencia del contribuyente ante el ente para la presentación de aclaraciones o descargos.
Para ambos casos, se tendrán diez días hábiles de tiempo para la rectificación de las declaraciones o pagar los impuestos resultantes.
“Los contribuyentes serán informados sobre los períodos fiscales afectados y las inconsistencias detectadas, sin necesidad de presentar facturas, ya que la Administración Tributaria cuenta con dichos datos en su sistema. Las rectificaciones deberán realizarse exclusivamente en los rubros indicados y no requerirán informe de auditor externo impositivo”, aclaró también la Dirección.
Los notificados recibirán números de contacto en los que podrán realizar consultas, mientras que para consultas generales o aclaraciones, está habilitado el (021) 7297000.
Fuente: Diario UH
Durante el debate sobre la modificación del Código de Organización Judicial, la senadora Yolanda Paredes lanzó duras críticas contra la Corte Suprema de Justicia y el propio Parlamento. Cuestionó la falta de rendición de cuentas del Poder Judicial y denunció la existencia de “mafias” en circunscripciones.
Durante el debate sobre la modificación del Código de Organización Judicial, la senadora Yolanda Paredes lanzó duras críticas contra la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento Nacional. Con voto del cartismo y sus aliados, se aprobó el proyecto de ley cuya finalidad es eliminar el límite de dos años de tiempo en mandatos de las superintendencias de las circunscripciones departamentales.
Paredes dijo que le causa gracia escuchar los argumentos a favor del proyecto de ley, especialmente cuando se invoca la necesidad de respetar la Constitución y la independencia de los poderes.
“Dicen que la Constitución establece que la Corte debe dictar sus reglamentos. Pero también dice que debe presentar anualmente una memoria sobre las gestiones realizadas. ¿Dónde está esa memoria anual de la Corte Suprema de Justicia, donde se informe al Parlamento sobre la situación de la justicia en Paraguay, sus necesidades y logros? Nunca vimos que esa obligación constitucional se haya cumplido ni que se haya puesto a votación en plenaria”, cuestionó.
Sobre las presidencias de circunscripciones judiciales, la legisladora las calificó como un “negocio” manejado por una estructura mafiosa.
“Hay ministros de la Corte que se convierten en los grandes capataces de la mafia judicial en circunscripciones importantes como Alto Paraná, Amambay, Central e Itapúa. Esos son los más apetecibles”, afirmó.
Mencionó como ejemplo que el presidente de la circunscripción de Central no pudo controlar la “mafia de los pagarés”.
“Ustedes permitieron, con su silencio y complicidad, que se consolide una mafia integrada por abogados del sector privado, jueces, ujieres y fiscales. No quieren rotar porque se empotran en un lugar donde manejan todo el circuito judicial y arman su propio equipo”, aseveró.
La senadora criticó además la falta de contacto de los ministros con la realidad del sistema judicial.
“Dicen que en dos años no tendrán tiempo para conocer a los jueces. ¡Claro que los conocerían si se pasearan por los juzgados, si hablaran con los magistrados y vieran las carencias del Poder Judicial. Los abogados pasilleros lloran lágrimas de sangre y sudor mendigando justicia, una justicia lenta y costosa”, lamentó.
Paredes aseguró que la verdadera intención de no rotar es consolidar la mafia judicial. “¿Por qué se creen de la realeza? Porque tienen ministros que los apañan, que no castigan a los jueces corruptos. Así se protege la delincuencia, la corrupción y la mafia. Empotrarse en una circunscripción judicial significa garantizar que esa estructura se mantenga intacta. Por eso no quieren rotar: porque necesitan tiempo para consolidar su mafia”, concluyó.
“Y puedo hablar con propiedad de Alto Paraná. ¿Qué hemos tenido en Alto Paraná? Un Sindulfo Blanco que ha hecho gala de corrupción, le tuvimos a Gladys Módica, otra triste figura, y actualmente al ministro Diesel. ¿Qué hizo por la circunscripción del Alto Paraná? Pero no, no, hay que dejarles a ellos, ellos tienen que continuar ahí, porque ahí está el gran negocio de los muchachos. Y acompañen ustedes, colegas, el negocio de los muchachos. Si ustedes le deben prebendas a los ministros de la Corte, si les deben favores, voten por este proyecto de ley. Pero habemos aquellos que no les debemos ni una vela a estos ministros, y es más, les exigimos respeto y trabajo, porque las circunscripciones judiciales no son para recaudar ni para armar grupos mafiosos o castas de abogados privilegiados. Eso es lo que hacen”, acusó.
La senadora recordó además que los ministros de la Corte fueron solicitados a manifestar su posición sobre el proyecto hace más de seis meses y hasta ahora no respondieron.
“¿Por qué la Corte Suprema no nos respeta, colegas? Porque este Parlamento está lleno de delincuentes que le deben una vela a cada santo, o mejor dicho, a cada ministro. Muchos tienen causas judiciales pendientes y dependen de la voluntad de la Corte para no terminar presos. Por eso no nos respetan”, lanzó.
Fuente: Diario UH
Votá por ellas hasta el 14 de noviembre: https://bit.ly/FP_concurso_sonrisa25
El empoderamiento femenino comienza muchas veces con un pequeño gran paso: volver a sonreír con confianza. Este es el espíritu del concurso “Mi Sonrisa Feliz”, impulsado por el programa de Microfinanzas de la Fundación Paraguaya, que este año celebra el compromiso de 548 mujeres emprendedoras de distintos puntos del país.De ellas, 25 finalistas fueron seleccionadas para competir en la etapa nacional, donde el público podrá elegir a la ganadora a través de una votación abierta disponible hasta este viernes 14 de noviembre.Durante seis meses, las participantes trabajaron juntas en los Comités de Mujeres, apoyando a sus compañeras a mejorar su salud bucal y su autoestima. Muchas de ellas registraban su indicador de “Dientes Sanos” en rojo o amarillo dentro del Semáforo de Eliminación de la Pobreza (@povertystoplight). Con esfuerzo, acompañamiento y trabajo en equipo, lograron cambiar ese indicador a verde, recuperando su sonrisa, su dignidad y la motivación para seguir progresando.El concurso no solo reconoce una transformación física, sino también emocional y social: cada sonrisa recuperada representa una mujer que decidió salir adelante empezando por ella misma.Este año, “Mi Sonrisa Feliz” se une a la campaña #Verdeate, una iniciativa de la Fundación Paraguaya que busca que 100.000 familias en todo el país logren “verdear” sus indicadores en el Semáforo y avanzar hacia una mejor calidad de vida.
💚 Votá por estas mujeres valientes que eligieron sonreírle al cambio:👉 https://bit.ly/FP_concurso_sonrisa25
Un contingente de las Fuerzas Militares partió este martes rumbo a las fronteras del Paraguay, como parte de la Operación Escudo Guaraní, con el objetivo “prevenir, disuadir y, si es necesario, neutralizar cualquier tipo de amenaza” relacionada al crimen organizado y las organizaciones declaradas terroristas. Confirmaron que serán desplegados los aviones Tucano y Super Tucano.
Este martes se desarrolló una conferencia de prensa en el Comando del Ejército, desde donde un contingente de más de 300 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares partió para reforzar las zonas fronterizas del país en el marco de la Operación Escudo Guaraní, anunciada días atrás.
En la conferencia para los medios, el comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno Landaida, confirmó que, en la operación –que compone a personal militar del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Comando Logístico–, serán empleados los viejos aviones Tucano y los Super Tucano, adquiridos por el Gobierno de Santiago Peña a principios de este año.
“Van a ser empleados. Si me permiten, quisiera obviar los lugares donde van a estar destinados, pero sí, van a ser empleados los Tucano, los Super Tucano, los helicópteros y toda la disponibilidad en cuanto a personal, material y equipos que vamos a destinar para esta operación tanto por tierra, por aire y por agua”, respondió a la pregunta particular el general Moreno Landaida.
Uno de los principales objetivos para la adquisición de estos aviones es justamente la vigilancia del espacio aéreo contra aeronaves en vuelos ilegales, asistencia en vuelo y patrullaje. En un segundo plano, realizarán ataques, apoyo aéreo cercano y reconocimiento, indicaron desde el Ministerio de Defensa.
Objetivos: Prevenir, disuadir y neutralizar
“¿Nuestros objetivos? Prevenir, disuadir y, si es necesario, neutralizar cualquier tipo de amenaza que provenga, ya sea del crimen organizado transnacional, de las organizaciones terroristas internacionales o cualquier otro delito conexo. Seguimos apoyando. Jajoko mbarete. Pero respaldados ahora con esta Operación Escudo Guaraní que va a significar presencia, mayor cantidad de efectivos y medios para las unidades de frontera”, fueron las contundentes palabras del comandante de las Fuerzas Militares.
“Ninguna operación es factible si no se tiene el soporte logístico”, aseguró además el jefe militar y sostuvo que toda la operación se realizará en coordinación con los países vecinos, especialmente Brasil, pero también con Argentina.
“Este es uno de los tantos contingentes que van a ser desplazados hasta las unidades fronterizas en el marco de la Operación Escudo Guaraní”, comentó desde el Comando del Ejército.
Aseguró que no solo se reforzarán los destacamentos con personal militar, sino que la idea es realizar patrullajes, principalmente en las zonas de frontera seca, como en todo el Departamento de Amambay, en ciudades como Capitán Bado o Pedro Juan Caballero.
Explicó que es imposible mantener presencia constante en todo el perímetro fronterizo y que, por ello, contarán con trabajo de inteligencia, para patrullar “principalmente la frontera seca, que vamos a estar tratando de cubrir con patrulla motorizada, aérea, y la Armada paraguaya para el caso de los ríos”, aseguró.
Ciudadanía no debe sentir miedo con operación
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González Cañete, aseguró, por su parte, que todo este operativo se realiza “cumpliendo una orden del señor presidente, Santiago Peña, para apoyar a la ciudadanía”.
En ese sentido, remarcó que “ningún ciudadano honesto puede sentirse amedrentado ni mucho menos preocupado por la presencia del personal militar, sino todo lo contrario”.
“El personal militar tiene la orden de que su presencia debe ser una garantía, una demostración de apoyo y de solidaridad con el compatriota que necesita tanto vivir en paz, vivir en tranquilidad y con las condiciones adecuadas para que cada uno cumpla las tareas que le corresponda como ciudadano”, garantizó González Cañete.
El general Moreno Landaida reforzó el mensaje: “La ciudadanía tiene que sentirse segura con la presencia nuestra”.
“No nos vamos con la intención de desalentar las actividades comerciales o que nuestros visitantes, los extranjeros que se acercan, por ejemplo, a Ciudad del Este, tengan miedo de lo que estamos haciendo. Al contrario, queremos ser un respaldo para que esas actividades se desarrollen normalmente”, dijo el jefe militar.
“No dejamos de reiterarles, a ellos, el respeto a la Constitución Nacional, a las leyes y reglamentos militares, el buen trato a la ciudadanía, como características que resaltan la presencia del personal militar”, aseguró.
Por último, detalló que todos los afectados tendrán correcta identificación, con el nombre, la unidad a la cual pertenecen, “para que no haya ningún malentendido”, sostuvo.
La final de la Copa Sudamericana, parte de la planificación
Toda la movilización es parte de la planificación realizada en conjunto con el presidente de la República, según confirmaron, asegurando que no se descuidarán eventos en los que fueron designados previamente.
Entre los eventos en los que estarán involucrados los militares, César Moreno Landaida mencionó la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el próximo sábado 22 de noviembre, en el estadio Defensores del Chaco, entre los equipos de Lanús (Argentina) y Atlético Mineiro (Brasil), que promete una multitud de hinchas de ambos países.
“La final de la Copa Sudamericana también involucra a personal de las Fuerzas Armadas, como lo hemos hecho anteriormente”, señaló.
El Gobierno anunció el pasado jueves la Operación Escudo Guaraní para combatir al crimen organizado transnacional y organizaciones terroristas. Buscando “garantizar la seguridad y la soberanía nacional” desplegarán un total de 4.000 efectivos de las Fuerzas Militares, especialmente en las fronteras, en conjunto con la Policía Nacional y otras instituciones.
La operación nació fundamentalmente por el temor de la fuga de criminales hacia nuestro país, tras los operativos realizados en Río de Janeiro, Brasil, donde días atrás se concretó el mayor golpe al grupo criminal Comando Vermelho, que dejó 132 muertos en las favelas y más de un centenar de armas de fuego incautadas.
Además, por el ataque de película registrado en un banco de Katueté, en el Departamento de Canindeyú, y porque se aproximan las fiestas de fin de año, con lo cual los comercios y bancos aumentan el caudal de recaudación.
La operación afecta a efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Comando Logístico, que trabajarán en conjunto y de manera interinstitucional con la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Ministerio Público, informaron desde la Presidencia, lo que permitirá “abordar de manera efectiva las amenazas emergentes”.
Fuente: Diario UH
El presidente Santiago Peña actualizó su declaración jurada tras la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito presentada en su contra. Su patrimonio neto llegó a los USD 3,5 millones.
Tras denuncias en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, el presidente de la República, Santiago Peña, presentó una actualización de su declaración jurada ante la Contraloría General de la República (CGR) y solicitó “una revisión integral”, que demorará de dos a cuatro meses, según anunció la CGR.Su nueva DDJJ revela un incremento patrimonial de G. 1.456 millones desde que asumió el cargo en el Poder Ejecutivo, y si se compara con su DDJJ del 2017, cuando dejó de ser ministro de Hacienda, creció G. 26.705 millones.“Lo hago con la tranquilidad de quien ha trabajado siempre con honestidad y con la fuerza de quien sabe que nada se construye sobre la mentira”, expresó en su cuenta en X, donde publicó además la nota dirigida al contralor Camilo Benítez.
INCREMENTOS. De agosto 2023 a septiembre 2025, el patrimonio neto de Santiago Peña se incrementó de G. 23.024 millones (USD 3.261.233 al cambio actual) a G. 24.480 millones (USD 3.457.295).
Cabe recordar que el patrimonio de Peña era de G. 1.351 millones cuando dejó de ser ministro de Hacienda en el 2017, durante el gobierno de Horacio Cartes.CONVERSIÓN DE ACCIONES. Un cambio importante en sus activos representa la conversión de G. 6.144.000.000 en 6.144 acciones que tenía en ueno holding SAECA durante el inicio de su mandato presidencial a acciones y bonos en dos nuevos bancos.Del total, la suma de G. 2.344 millones se destinó a acciones en el Banco Continental compradas con fondos del rescate de ueno holding.Así mismo, otros G. 1.000 millones se destinaron para la compra de bonos en el Banco Atlas (G. 650.000.000 primero y luego G. 350.000.000).El total de sus activos pasaron de G. 23.050.557.816 a G. 28.242.608.487, lo que representa un incremento de G. 5.192.050.671.En cuanto a sus pasivos, se observa un importante crecimiento.En el 2023, el jefe de Estado tenía deudas por G. 26.254.474 por tarjetas de crédito de los bancos Basa e Itaú. No obstante, en el 2025, las deudas se dispararon a G. 3.762.105.052 debido a una deuda por la construcción de su casa en San Bernardino por G. 2.119.740.000 con la constructora Gómez Abente S.A.Así también, se observa un crédito con ueno Bank por G. 2.232.640.665 que aún le falta pagar la suma de G. 1.640.812.556.A pesar de esto, su patrimonio neto igual registró un incremento debido a su mansión en San Bernardino. En el 2023, el inmueble estaba valuado en G. 1.450.600.000 ya que se trataba de un terreno en aquel momento. Luego con las obras terminadas y la dotación de mobiliarios el valor pasó a G. 7.750.600.000.DECLARACIONES. Santiago Peña presentó sus declaraciones juradas primeramente en el 2014 como director titular de Directorio del BCP (Banco Central del Paraguay).Luego, en enero de 2015, tras su nombramiento como ministro de Hacienda, continuando con una declaración de junio de 2017, y finalizando con dos declaraciones de su periodo como presidente de la República, una al asumir el cargo en agosto de 2023 y otra de actualización en septiembre de 2025.La información actualizada revela una trayectoria patrimonial ascendente y cambios significativos en sus inmuebles y otros activos de inversión a lo largo de los años, en los que ocupó cargos públicos.Fueron referentes de la oposición los que promovieron una denuncia penal en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito; señala que experimentó un crecimiento patrimonial de 1.600% y exigen a la Fiscalía General del Estado investigar a fondo.El crecimiento patrimonial, caso de supuestos sobres y el de la mansión en San Bernardino motivaron la acción.24.480 millones de guaraníes (unos USD 3,5 millones) es el patrimonio neto actual declarado por Santiago Peña.23.050 millones de guaraníes era el patrimonio de Peña al asumir la Presidencia de la República en el año 2023.1.351 millones de guaraníes era el patrimonio de Peña tras dejar el cargo de ministro de Hacienda en el 2017.Mansión en San Ber está valuada en G. 7.750.600.000
La polémica mansión del jefe de Estado tiene un valor de G. 7.750.600.000. Primero por los G. 1.450.600.000 del terreno (fue declarado en el 2023) más el valor de la construcción con Gómez Abente SA de G. 6.300.000.000.La mansión se trata de una vivienda oficina cuyo título de propiedad está en trámite. El valor incluye el equipamiento y el mobiliario.Al respecto, el mandatario nacional tiene en concepto de deuda por construcción y mobiliario la suma de G. 2.119.740.000 con la citada constructora.INMUEBLES. Peña tiene un total de cuatro inmuebles según sus DDJJ.Además de la mansión en San Bernardino, posee otras tres residencias.Las tres restantes ubicadas en el barrio Santísima Trinidad de Asunción. Se trata de dos viviendas y una oficina.La primera vivienda tiene una superficie de 1.154 metros cuadrados y está valuada en G. 4.253.000.000.La segunda vivienda tiene una superficie de 125 metros cuadrados y está valuada en G. 165.864.300.Finalmente, la oficina está valuada en 699.914.500 e incluye una cochera.El total de los inmuebles del mandatario totaliza la suma de G. 12.869.378.800. Tras dejar su cargo de ministro en el 2017 solo tenía un terreno baldío valuado en G. 725 millones.Las Cifras
4 inmuebles tiene el jefe de Estado actualmente. Dos viviendas, una oficina y una mansión. Las dos primeras en Asunción.12.869 millones de guaraníes es el valor total de los cuatro inmuebles que posee Santiago Peña en la actualidad, según su DDJJ.
Fuente: Diario UH
Comuna tenía prohibición legal de realizar pago a concesionaria, recordó edil. Dinero destinado a deuda es parte de los G. 512.000 millones que fueron desviados ilegalmente entre 2022 y 2023.
El concejal Álvaro Grau se refirió a un pago irregular realizado por la administración de Óscar Nenecho Rodríguez de G. 16.870 mil millones a tres cesionarios del consorcio EMPO, empresa concesionaria que se encargó de la disposición final de residuos en el vertedero de Cateura desde 2005, por un contrato de 30 años con la Municipalidad.
En la última sesión de la Junta Municipal, pidió informes sobre este millonario desembolso y recordó que en abril del 2022 se hizo pública una denuncia de un pago indebido que realizó la Municipalidad al consorcio. Este pago fue considerado irregular debido a un litigio que existía entre accionistas de Empo.
“El Juzgado prohibió debidamente al Municipio que no se debía hacer ningún pago porque había un litigio entre las partes”, apuntó el edil.
Añadió que él mismo había denunciado que ese pago se había hecho “solamente con la firma de un dictamen que había firmado el señor Wilfrido Cáceres, ex director financiero de la Comuna”.
“En estos días tomamos conocimiento de que esos pagos no solamente se hicieron con la prohibición legal, porque el juzgado prohibió debidamente al Municipio, no se debía hacer ningún pago, sino que encima no se le pagó luego a Empo”, contó Grau.
Precisó que los pagos fueron realizados a Agustín Encina, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP); a Platina SA y a la firma Universo de Créditos y Consumos SA.
Según el contenido de la Resolución Municipal N° 541/2023, el pago se realizó luego de que EMPO efectuara una cesión de créditos a Platina, por G. 5.153.700.000; Universo, por G. 3.061.300.000; y Agustín Encina, por G. 8.655.000.000.
El mencionado documento se refiere a un conflicto contractual entre la Municipalidad y EMPO. Mediante una adenda a un acuerdo extrajudicial preexistente del 11 de junio de 2021, establece un pago final de G. 16.870.000.000 a favor de los terceros a los que fueron cedidos los créditos de EMPO.
La administración de Nenecho pagó casi la totalidad de esta deuda con el dinero del G8, según el informe final de la intervención a cargo de Carlos Pereira.
El 16 de mayo de 2023, según un listado de las transferencias realizadas con el dinero de los bonos, la Municipalidad transfirió ilegalmente G. 4.685.181.818 a Platina; G. 2.783.000.000 a Universo; y G. 7.868.181.818 a Encina. En el legajo de los pagos, se muestran facturas con los montos citados en la mencionada resolución.
Grau subrayó que llamativamente “Empo Limitada había transferido su cesión a Empo SA porque estaba bloqueada en la SET por incumplimiento de pagos, pero posterior a eso Empo S.A le transfiere a Encina, a Platina y a Universo, porque también estaba con RUC bloqueado”.
En otro momento de la sesión, el edil Félix Ayala aclaró que Empo Limitada pasó a denominarse Empo SRL “por una disposición legal”, atendiendo a que Empo Limitada era una empresa brasileña afincada en el país que tenía por lo tanto cambiar su denominación.
Grau también cuestionó que la Comuna no tuviera en cuenta que Empo tenía el RUC bloqueado a la hora de realizar los pagos. Se preguntó si no se habrá evadido “de manera sospechosa” la solicitud del certificado de cumplimiento tributario”.
“Es gravísimo que la Municipalidad esté pagando cuando hay un litigio por denuncia de apropiación de acciones entre dos particulares”, recordó Grau.
Pleito. Alberto Abujambra, accionista de Platina y Empo, pidió a Nenecho, en abril del 2021, que se evitara hacer pagos a apoderados de la firma y dio a conocer una denuncia penal contra los directivos, Arivaldo Domínguez de Queiroz y Enrique Ortuoste, por lesión de confianza, asociación criminal, estafa y apropiación. Abujambra dijo que en 2022 fue despojado de sus acciones de Platina de forma irregular.
Esto es gravísimo. A cualquier comisión vecinal no le habilitan un solo guaraní si es que tiene una deuda en la SET. Álvaro Grau, concejal.
Fuente: Diario UH
A través del programa “Jepytaso”, el CAH busca estar aún más cerca de los productores rurales, ofreciéndoles no solo créditos más accesibles, sino también el acompañamiento necesario para que cada proyecto pueda crecer y progresar, y así también las familias paraguayas”, resaltó su presidenta Amanda León.
Con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible en el campo paraguayo, el Gobierno recientemente “Jepytaso”, un innovador programa de créditos que combina financiamiento con tasas más bajas, plazos extendidos y periodos de gracia, junto con asistencia técnica especializada y el respaldo de garantías a través del Fogapy.
En ese contexto, la presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) Amanda León, enfatizó que “con Jepytaso estamos dando a nuestros productores la oportunidad de acceder a créditos de hasta 1.600 millones de guaraníes, con una tasa competitiva de menos del 10 por ciento, plazos de hasta diez años, dos años de gracia y hasta 36 meses en capital operativo”.
Asimismo, mencionó que, a través de esta herramienta, la institución busca estar aún más cerca de los productores rurales, ofreciéndoles no solo créditos más accesibles, sino también el acompañamiento necesario para que cada proyecto pueda crecer y progresar, y así también las familias paraguayas”.
Señaló el programa tendrá un amplio alcance en diversas cadenas de valor como hortalizas, frutas, mandioca, granos, flores, caña de azúcar, yerba mate, leche y miel, además de rubros pecuarios como bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, piscicultura y aves. Este impulso permitirá dinamizar las economías locales, fortalecer la seguridad alimentaria y diversificar la producción en distintas regiones del país.
