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Nacionales
La liberal Celeste Amarilla cuestionó duramente la inconstitucionalidad y medida cautelar que aplicó para sí la Corte Suprema de Justicia para poder beneficiarse con la autoasignación.
La senadora liberal Celeste Amarilla calificó de “bofetada a la República” a las medidas judiciales que aplicó para sí mismo el Poder Judicial, con el fin de poder volver a usar rubros del Presupuesto de Gastos de la Nación de este año (PGN 2025) para asignar a cupos de combustible.
A partir de una acción presentada por el abogado Gustavo Gorostiaga, asesor de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Sala Constitucional de la misma CJS suspendió temporalmente los efectos de la Ley 6954/2022 “Que prohíbe la asignación de combustibles a autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado y de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)”.
La medida cautelar suspende la aplicación de la ley citada, de los reglamentos y decretos que prohíben la asignación de cupo de combustible a autoridades y funcionarios del Poder Judicial, alegando “perjuicios irreparables” en el plan de gastos 2025.
“Realmente es inaudito, es una bofetada a la República, porque la República está sostenida en tres poderes del Estado, independientes, pero que se controlan”, expresó la senadora.
Subrayó que el Poder Legislativo tiene la atribución de aprobar con cambios el Presupuesto del Ejecutivo y que la Corte debería acatar, así como la ley citada, pero que usa sus atribuciones para beneficio propio.
“Se asignaron una medida cautelar por la cual ellos van a seguir asignando cupos de combustible hasta que se analice el fondo de la cuestión... Esto no ocurrió con Kattya González, que planteó una medida cautelar para que no se le saque del cargo mientras se estudia la cuestión, y todavía no fue aprobada esa medida y ya pasó un año”, reclamó.
Recordó que cuando ella era diputada y fue suspendida sin goce de sueldo, también presentó una acción de inconstitucionalidad y pedido de medida cautelar, y la Corte tardó dos años y medio en expedirse.
“Para cuando eso yo ya ni era diputada, ya era senadora, y el daño que se me causó fue irreparable... en el caso de Kattya González es peor... sin embargo, ellos accionaron contra otro poder del Estado y resolvieron en 24 horas”, dijo.
Líder de HC en Senado dice que analizarían medida
El líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta, el senador Natalicio Chase, prefirió no emitir opinión sobre la acción de inconstitucionalidad y la medida cautelar aplicada por el Poder Judicial para poder volver a tener cupos de combustible. “El Presupuesto de Gastos de la Nación presenta el Ejecutivo y aprueba el Congreso... ningún otro poder puede cambiar la ley de presupuesto, pero tampoco conozco en detalle como para emitir una opinión”, expresó en principio Chase. Subrayó que no estaba enterado de lo acontecido y por ello, no quería dar una opinión acabada; sin embargo, indicó que se va a interiorizar y propondrá su estudio en comisión. “Vamos a analizar en la Comisión de Hacienda, seguramente, yo creo que el tema de cupos de combustibles y esas cosas son atribuciones administrativas de cada poder e institución, pero hay que ver cómo es la modificación, si hay una reprogramación o ampliación”, expresó, y dijo que la CSJ es responsable de sus propios gastos.
Fuente: Ultima Hora
Este viernes se presenta cálido, mayormente nublado y con altas probabilidades de lluvias con tormentas eléctricas en gran parte del país, según la Dirección de Meteorología.
La Dirección de Meteorología prevé un viernes cálido durante todo el día y la noche, pero inestable, con vientos moderados del norte y luego del sur. La máxima será de 24 °C a 34 °C.
Igualmente, aumenta la probabilidad de lluvias en gran parte del país, tras el ingreso de un sistema de tormentas desde el extremo sur.
No se descartan fenómenos puntualmente importantes a su paso.
Ahora núcleos de tormentas se desarrollan sobre el centro y oeste de Itapuá, Misiones y Ñeembucú.
Las precipitaciones se extenderán hasta la madrugada del sábado, especialmente en el noreste del territorio, con tendencia a mejorar gradualmente durante el día.
Después del paso del sistema de tormentas, predominarán los vientos del sur, disminuirá la nubosidad y se aguarda un leve descenso de la temperatura con mínimas que estarían en torno a los 16 °C y máximas que no superarían los 26 °C para el fin de semana.
El presidente argentino dio ayer la autorización para que el vecino país pague USD 28 MWh por la energía de Yacyretá, y ahora falta que autoridades de la entidad binacional ratifiquen la decisión.
Luego de que el presidente argentino Javier Milei firmara ayer el Decreto 303/2025 aprobando el pago de USD 28 MWh por la tarifa de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), surgieron los primeros cuestionamientos e interrogantes en relación con el documento, que autoriza el Acta Acuerdo a suscribirse entre la EBY, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería (SCEyM) del Ministerio de Economía argentino.
En días más, según declaraciones del director paraguayo de la EBY, Luis Benítez, a Universo 970, se firmará el acuerdo operativo para reordenar financieramente la entidad.
Sin embargo, el ingeniero Pedro Ferreira, ex titular de la ANDE, expresó ayer que hay dos documentos en escena, un decreto, que es soberano, y un borrador de acta, “entiendo que todavía no firmado”, que será refrendado por el presidente de la ANDE, ingeniero Félix Sosa.
“Me preocupa más el documento que va a firmar la ANDE, que tiene aspectos ‘riesgosos’ para la historia de Yacyretá. No creo que un presidente de la ANDE pueda ir en contra del Tratado de Yacyretá, y establecer ‘remuneración’ o ‘cobro’ en vez de tarifa, están buscando palabras alternativas a ‘tarifa’ para no usar la palabra ‘tarifa’”, cuestionó.
A su vez, la ingeniera Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía, señaló que no se puede cambiar un tratado por decreto. “Es una barbaridad, peor aún porque no estamos ejerciendo la soberanía, el precio de mercado no es inferior a USD 100 Mwh”, consideró, añadiendo que con el decreto “Argentina está queriendo legalizar la deuda de Yacyretá, que debió ser cero ya en el 2014”.
Más. Ferreira explicó también que la tarifa se fijó por el Tratado de Yacyretá y eso no se puede variar. No obstante, dentro del acuerdo operativo que se firmaría se habla de la tarifa de 1992, rechazada por el Estado paraguayo. “Es una preocupación, hasta de una dimensión legal”, indicó el profesional. Agregó que de fondo se establece una suba de tarifa para la ANDE, que tiene un impacto económico. “Segundo, que la ANDE renuncia a comprar el 50% de Yacyretá, se compromete a solo comprar 425 MW, +-10%. Eso a mí me parece grave”, opinó sobre el borrador no oficial.
Además, Ferreira afirmó que no se especifica si la Argentina se compromete a pagar por territorio inundado, royalties, o cesión, o si los USD 28 MWh incluyen las regalías establecidas en el Tratado.
Acuerdo. Igualmente, con el decreto de ayer, el mandatario argentino considera “una alternativa para asegurar la viabilidad técnico-financiera de la EBY y fortalecer la cooperación energética binacional”.
El documento señala que “la propuesta presentada ha sido analizada, revisada y propiciada por las instancias técnicas de la cartera de origen y se presenta razonable previendo todas las contingencias operativas, buscando garantizar una coordinación eficiente entre las partes, optimizando el uso de los recursos hídricos y energéticos disponibles”, insistiendo en “asegurar la sostenibilidad económica” de la EBY.
Titular de la ANDE aclara que no se fija nueva tarifa
El titular de la ANDE, Félix Sosa, aclaró ayer en charla con Radio Monumental 1080 AM que el acuerdo operativo no implica una tarifa de la EBY, sino un acuerdo por aumentar lo que abonan Paraguay y Argentina para generar recursos que posibiliten las inversiones que necesita Yacyretá. “Acá no se habla de una modificación tarifaria, acá lo que se habla es de un pago a cuenta de 28 dólares el megavatio hora, de ambas márgenes, porque se venía pagando, por un lado, nosotros estábamos pagando desde la ANDE; es decir, desde Paraguay, USD 22,63 MWh, y ellos están pagando aproximadamente 16 dólares. Entonces, también con esto la idea es unificar ese pago”, indicó.
Fuente: Diario UH
En tres años, el Ministerio Público mantiene en secreto la investigación del asesinato de Marcelo Pecci y sin un avance en la búsqueda de quién ordenó acabar con el fiscal. El crimen transnacional ocurrido en Colombia abrió una profunda herida de impunidad y una crisis sin precedentes en el sistema de justicia paraguayo.
El asesinato de Marcelo Pecci fue un escándalo en la región, especialmente en Paraguay y Colombia, al tratarse de un crimen transnacional que cegó la vida de un fiscal que investigaba a narcos y poderosos.
Sus compañeros le rindieron homenaje en varias ocasiones, se levantó un monolito en su memoria y la propia fiscal general de Estado de entonces, Sandra Quiñónez, le dedicó su libro “Carta a un valiente”, pero estos gestos no dan consuelo a la familia que sigue exigiendo justicia y transparencia en una investigación que hasta ahora no arrojó resultados.
“Ellos realmente no han demostrado voluntad de investigación”, cuestionó el abogado Enrique Kronawetter en referencia a los fiscales Cristian Ortiz, Francisco Cabrera y Alejandro Cardozo.
En representación de los hermanos Francisco y Gabriela Pecci, Kronawetter invocó tratados internacionales y leyes nacionales para exigir acceso a la investigación y participación de la familia, en calidad de víctima, de manera a colaborar para llegar a la justicia plena con la identificación y castigo del o los autores morales del magnicidio, ya que hasta ahora solo fueron condenados quienes ejecutaron el plan en Colombia.
Pero la respuesta fue desfavorable y hasta el momento el Ministerio Público tampoco dio participación a la viuda Claudia Aguilera, a pesar de haberla reconocido como víctima junto al hijo de la pareja. Como su representante se desempeña la abogada Cecilia Pérez, quien hizo los primeros trámites legales para ejercer los derechos de información e intervención como establecen los artículos 67 y 68 del Código Procesal Penal.
A la negativa respuesta procesal se suman declaraciones desafortunadas como “Ni Mandrake puede solucionar el tema” del actual fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, hace más de un año. Esta frase hirió profundamente a la familia de Pecci, que cada vez tiene menos esperanzas en la voluntad estatal para esclarecer el caso.
“Yo creo que acá hay un dato muy significativo, que es el involucramiento eventualmente de personas de poder en el hecho y es como si fuese que avanzar significa abrir una caja de pandora donde pueden salir varias personas involucradas en la autoría moral, pero es un absurdo. Entonces, estamos fomentando la impunidad”, criticó Kronawetter.
Crimen y condenados
Cerca del mediodía del 10 de mayo de 2022, Marcelo Pecci disfrutaba de la playa junto a su esposa Claudia Aguilera hasta que repentinamente fue abordado por sicarios que llegaron fugazmente en una moto acuática. Uno de ellos, más tarde identificado como Wendre Still Scott, de nacionalidad venezolana, efectuó tres disparos, dos de los cuales impactaron en la cabeza del agente del Ministerio Público y causaron su muerte.
La pareja había contraído matrimonio el 30 de abril de ese año y escogió Colombia como destino de luna de miel. Ya en Cartagena ambos se trasladaron hasta la Isla de Barú sin imaginar que un grupo organizado los estaba vigilando para cometer el crimen.
Pecci se desempeñaba como fiscal delegado de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio Público e investigaba casos emblemáticos, algunos de ellos estaban vinculados al Operativo A Ultranza, a incautaciones de droga y sicariatos perpetrados por bandas criminales. Además, durante sus vacaciones quedó pendiente la contestación a Brasil sobre la situación de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, en Paraguay.
La Justicia de Colombia condenó hasta el momento a ocho personas que participaron directamente en el asesinato, entre ellas Francisco Correa, considerado el cerebro del grupo. Accedió a beneficios a cambio de colaborar con la investigación, pero llamativamente murió en la cárcel tras ser atacado a puñaladas en enero de este año
La mayoría de las condenas se dieron antes de cumplirse un año del asesinato.
Por su parte, la Fiscalía paraguaya abrió la carpeta N° 3629 el 11 de mayo de 2022, pero solo con fines de cooperación con Colombia, en tanto que en octubre de 2023 dio inicio a la investigación N° 9088 sobre “Personas Innominadas sobre Homicidio Doloso” luego de que Francisco Correa involucrara en su declaración a Horacio Cartes como autor intelectual del crimen.
Sin embargo, nada se sabe sobre estas dos carpetas y mucho menos sobre los avances. El Ministerio Público argumenta que la divulgación de información puede poner en riesgo la investigación y la cooperación con Colombia, lo que empujó a la familia a agotar todas las instancias nacionales para ejercer su derecho.
Tras fracasar los intentos en la Fiscalía y el Juzgado Penal de Garantías, a cargo de Yoan Paul López, así como en el Tribunal de Apelación en lo Penal, Kronawetter promovió en abril pasado una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Última Hora intentó obtener declaraciones del Ministerio Público, pero ningún representante quiso hablar del caso. El fiscal General del Estado derivó las consultas al equipo de investigación, donde el titular de la Dirección de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, se excusó por una reunión fuera del país.
Los demás fiscales argumentaron cuestiones de agenda o que no tienen autorización de la fiscala adjunta Matilde Moreno para actuar de vocero. Por su parte, Moreno no contestó las reiteradas llamadas y mensajes.
Experto habla de complicidad de la Fiscalía
El caso Pecci se considera un crimen transnacional porque contempla más de un territorio, los involucrados son de distintas nacionalidades y porque además se sospecha que la orden de matar al fiscal se dio desde Paraguay, según explicó el criminólogo e investigador, Juan Martens, quien también cuestionó el actuar de la Fiscalía.
Por un lado dijo que no hay justificación jurídica para negar información y participación a los familiares, mientras que por otro, tampoco encuentra sentido la falta de resultados en la investigación.
“Lo trágico de esta situación es que a tres años, el Estado no está teniendo una postura, no estamos sabiendo lo que pasó y por tanto todas las hipótesis son válidas, eso es muy preocupante. Hasta podría pensarse que hay una intencionalidad de que no se sepa lo que pasó”, manifestó.
Para el experto, no es una cuestión de incapacidad de parte de la Fiscalía, ya que la institución demostró que puede ser eficiente al exponer importantes casos como A Ultranza y Pavo Real.
“No podemos pensar en lógica de ingenuidad, sino en lógica de complicidad ya, el Ministerio Público no es ingenuo”, agregó.
Además del irreparable daño que significa para la familia el magnicidio y la impunidad, Martens advirtió que hay un claro mensaje de que el crimen transnacional o crimen organizado toma represalias o venganza en contra de funcionarios del Estado.
Fuente: Diario UH
Oliver Gayet, presidente de ARPY, resaltó que el sector gastronómico apoyó desde un principio continuar con el horario de verano todo el año. Dijo que atrae a más clientes y tienen más seguridad.
La decisión del Gobierno de mantener el horario de verano durante todo el año había sido recibida con mucho entusiasmo, especialmente, por el gremio gastronómico, que sostiene haber experimentado un impacto positivo tanto en la seguridad de sus funcionarios como en el volumen de ventas, por la mayor presencia de clientes.
Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), destacó que el sector apoyó desde un principio la continuidad del horario actual. “Cuando se hizo el estudio para continuar con el horario de verano, nosotros fuimos consultados y apoyamos completamente. Para nuestro rubro, que trabaja principalmente de noche, tener una hora más de luz representa una gran diferencia”, explicó.
Según Gayet, uno de los principales motivos detrás del apoyo del gremio es la seguridad. “Nuestros propios funcionarios nos dijeron que hay más inseguridad a la tardecita que a la mañana, por lo tanto, prefieren tener más luz en ese horario”, aseguró.
El empresario gastronómico también señaló un impacto directo en el consumo. “El hecho de que anochezca más tarde hace que la gente salga más. A veces, uno llega a casa a las 17:30 y como ya está oscuro, no vuelve a salir. En cambio, si aún es de día, quizás decide ir a un shopping, a un bar o restaurante y termina gastando”, comentó.
Aunque aún no cuentan con cifras precisas, Gayet afirmó que se nota un mayor movimiento en horarios como las 20:00 o 20:30, comparado con el horario de invierno. “Se ve claramente que este cambio influye positivamente en las operaciones del sector”, dijo.
en invierno. Respecto a la temporada de frío, el presidente de ARPY aclaró que el comportamiento varía según el tipo de local nocturno.
“Los bares al aire libre, pizzerías o hamburgueserías suelen vender menos en invierno, ya que baja el consumo de cerveza. Pero los restaurantes más finos, que ofrecen vino o destilados y operan en ambientes cerrados, suelen tener su mejor época en esta temporada”, explicó.
Sobre el panorama general del año, Gayet indicó que comenzó con baja actividad en Asunción, pero con buen desempeño en el interior del país. “Enero y febrero fueron tranquilos, pero ya estamos viendo un repunte. Si seguimos con esta curva, podríamos cerrar el 2025 mejor que el 2024”, señaló.
Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a cambiar el horario, Gayet fue categórico: “Nosotros preferimos este horario. Nuestros funcionarios lo prefieren. Solo en el IPS tenemos registrados 13.000 trabajadores del sector gastronómico y todos están de acuerdo en continuar con este horario”, significó el empresario y abogó por que continúe este horario.
LA CIFRA
13.000 trabajadores del sector gastronómico dependen del actual horario porque les otorga seguridad y más cantidad de clientes.
Fuente: Diario UH
Maximiliano Ayala, titular del Registro del Estado Civil (REC), explicó que solo el 30% de las actas de defunción que se emiten en todo el país están digitalizadas. Afirmó que se está trabajando para dotar de tecnología a las 531 oficinas instaladas en todo el país.
El director del Registro del Estado Civil, Maximiliano Ayala admitió que la institución se encuentra atrasada en la digitalización de actas de defunción que se emiten en todo el país cada año.
“Apenas el 30% del archivo en materia de certificado de defunción está digitalizado y está disponible en línea”, expresó en una entrevista que concedió a radio Monumental 1080 AM.
Ayala no supo precisar la cifra de los certificados que están digitalizados pero afirmó que se encuentran trabajando para pasar al formato digital los libros de actas de defunciones.
“El oficial de registro hace constar en un acta en un libro y se te imprime, se te expide ese certificado de defunción. Esos libros son remitidos a la central para su posterior digitalización”, explicó.
En nuestro país se dan unas 35.000 defunciones por año, según los cálculos realizados en la mencionada emisora radial.
Entre las falencias para que los documentos estén en línea, se encuentra la escasez de tecnología en las 531 oficinas que funcionan en todo el país, según precisó.
“Estamos trabajando para que los oficiales registrales estén dotados de tecnología como computadoras, de internet”, agregó Ayala.
Actualmente, 40 funcionarios se están abocando al trabajo de digitalización de los certificados de defunción. “Realmente, el Registro Civil, en materia de tecnología, hoy por hoy, está muy atrasado”, recalcó.
Fuente: Diario UH
La ciudad de Asunción amaneció este sábado con una calidad moderada del aire debido a la intensa humareda que se registró por un incendio en Argentina. La concentración de partículas contaminantes es cinco veces superior al índice recomendado por la OMS.
Los sábados suelen ser jornadas para el esparcimiento al aire libre de varias familias o de personas que aprovechan para hacer actividades físicas. Un lugar predilecto en la capital del país es la Costanera. Sin embargo, actualmente no presenta una buena calidad del aire.
De acuerdo con el portal IQAIR, encargada de analizar la calidad del aire a nivel mundial, Asunción registra un nivel moderado en la calidad del aire con un índice de 82.
Según la clasificación del portal, el índice de calidad del aire oscila entre 0 y 500, aunque la calidad del aire puede indexarse por encima de 500 cuando hay niveles más altos de contaminación atmosférica peligrosa.
La buena calidad del aire oscila entre 0 y 50, mientras que las mediciones superiores a 300 se consideran peligrosas para la salud.
Las partículas contaminantes que se tienen este sábado en Asunción son cinco veces por encima a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, no es una cifra alarmante, pero sí para tener ciertos recaudos.
IQAIR recomienda que los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior, cerrar las ventanas de sus domicilios para evitar el ingreso del aire sucio, poner en marcha un purificador de aire y usar mascarillas al salir al exterior.
Intensa humareda sobre Asunción
Desde la tarde del viernes se registra una intensa humareda sobre la capital del país, que incluso llegó a movilizar a los bomberos voluntarios.
Sin embargo, se confirmó que el humo es producto de un incendio que se registró en Argentina.
Pobladores de la zona aseguraron que el incendio se dio en la isla Beterete Cué, límite entre Paraguay y Argentina. El humo afectó a Asunción y Lambaré.
Ambiente cálido y lluvias
La Dirección de Meteorología anuncia un sábado cálido con lluvias dispersas en varias zonas del país. La temperatura máxima llegaría a los 29 ºC.
Durante esta madrugada, lluvias con tormentas eléctricas afectaron gran parte de la Región Occidental. Este fenómeno podría persistir durante la presente jornada, en la misma zona y en el norte de la Región Oriental.
Para este domingo, se espera que las lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas afecten a gran parte del país.
Fuente: Diario UH
Se cuestiona desde el organismo que se encargaría de la implementación hasta la arbitrariedad con que se había aprobado en general. Hablan de barreras para el acceso a información pública.
La propuesta de ley de protección de datos personales quedó en suspenso luego de la decisión de la Cámara de enviar a comisiones.
No obstante, la aprobación en general, en diciembre pasado, dejó varias controversias, ya que no se tuvo en cuenta el estudio de comisiones especializadas y se buscó un documento más a medida del oficialismo, incluso, poniendo en riesgo el libre acceso a la información pública.
La ley de protección de datos personales busca establecer un marco legal para la protección de información personal de los ciudadanos. Si bien hay un consenso de que existe un vacío legal, pero el enfoque en cómo se van a regular varía según cada sector.
La controversia radica en que, según la oposición, la propuesta de ley fue modificada de forma abrupta y unilateral por parte del oficialismo colorado.
El reclamo es que no se habría considerado el trabajo previo hecho por la sociedad civil y sectores involucrados para garantizar que la propuesta en verdad proteja los datos personales desde un enfoque de derechos.
Para el efecto, ya antes del receso parlamentario se había aprobado en general en base a un dictamen controvertido de la Comisión de Equidad Social, presidida por la líder de bancada del cartismo, diputada Rocío Abed.
Ese procedimiento que primó fue duramente atacado por los que venían trabajando y elaborando un documento consensuado a través de audiencias y reuniones. Precisamente fueron las comisiones especializadas las que fueron dejadas de lado.
Otro aspecto que objetan es que la implementación de la ley está a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic), encabezados por Gustavo Villate, a quien consideran que tiene una floja gestión.
Pero el punto que significaría un retroceso es el que afectaría al libre acceso a la información pública garantizada en la Constitución Nacional. De acuerdo al diputado Raúl Benítez, desde el principio, la propuesta del oficialismo fue “bastardear la ley”. “Desde el principio, con la propuesta de Abed se pervirtió el proyecto”, indicó. “Los oficialistas introdujeron cambios para matar la Ley de Acceso a Información Pública. De aprobarse, las informaciones requeridas dependerán de las autoridades de cada institución”, alertó el diputado opositor, en torno al proyecto en cuestión. De esta forma, advirtió, se mataría la ley que garantiza el derecho al acceso a la información pública.
LO QUE SE CUESTIONA DE LA INICIATIVALimitar el acceso a información pública. “La versión cartista de la propuesta, que primó al aprobarse, es la de pervertir la ley, ya que acceder a información pública pasaría a estar sujeto al humor de autoridades de cada institución”, alertó el diputado Raúl Benítez.
Quien implementa no goza de credibilidad. El Mitic, que estará a cargo de implementar la ley, no goza de credibilidad por su baja gestión.
Aprobación arbitraria. El oficialismo prefirió el dictamen de la Comisión de Equidad Social al momento de aprobar en general, dejando de lado comisiones especializadas que acompañaron audiencias.
Desprotección. Se busca subsanar la falta de una ley y llenar ese vacío. Pero existe ante las nuevas tecnologías no reguladas cierta desprotección civil a mecanismos de vigilancia y vulneración de datos, afirman.
Fue devuelto a las comisiones
La propuesta normativa finalmente pasó a comisiones para afinar modificaciones. Debido a las críticas y la falta de transparencia a la hora de su tratamiento en general, en la última sesión primó, por parte de la mayoría, la mesura y resolvieron enviarlo a comisiones para una mejor redacción, en tanto se agotan las instancias de diálogo y consenso con la sociedad civil, sectores afectados y especializados en la materia. Pese a la decisión, apoyada por la mayoría, de enviar a comisiones para un mejor tratamiento, nada impide que en cualquier momento y con modificaciones a medida del sector mayoritario, pueda reimpulsarse el documento sin debate previo. Para la oposición, es trascendente contar con una ley que tenga como objetivo proteger los datos personales, no obstante promueven un amplio debate y que no atropelle los derechos.
Fuente: Diario UH
