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En tres años, el Ministerio Público mantiene en secreto la investigación del asesinato de Marcelo Pecci y sin un avance en la búsqueda de quién ordenó acabar con el fiscal. El crimen transnacional ocurrido en Colombia abrió una profunda herida de impunidad y una crisis sin precedentes en el sistema de justicia paraguayo.
El asesinato de Marcelo Pecci fue un escándalo en la región, especialmente en Paraguay y Colombia, al tratarse de un crimen transnacional que cegó la vida de un fiscal que investigaba a narcos y poderosos.

Sus compañeros le rindieron homenaje en varias ocasiones, se levantó un monolito en su memoria y la propia fiscal general de Estado de entonces, Sandra Quiñónez, le dedicó su libro “Carta a un valiente”, pero estos gestos no dan consuelo a la familia que sigue exigiendo justicia y transparencia en una investigación que hasta ahora no arrojó resultados.

“Ellos realmente no han demostrado voluntad de investigación”, cuestionó el abogado Enrique Kronawetter en referencia a los fiscales Cristian Ortiz, Francisco Cabrera y Alejandro Cardozo.
En representación de los hermanos Francisco y Gabriela Pecci, Kronawetter invocó tratados internacionales y leyes nacionales para exigir acceso a la investigación y participación de la familia, en calidad de víctima, de manera a colaborar para llegar a la justicia plena con la identificación y castigo del o los autores morales del magnicidio, ya que hasta ahora solo fueron condenados quienes ejecutaron el plan en Colombia.
Pero la respuesta fue desfavorable y hasta el momento el Ministerio Público tampoco dio participación a la viuda Claudia Aguilera, a pesar de haberla reconocido como víctima junto al hijo de la pareja. Como su representante se desempeña la abogada Cecilia Pérez, quien hizo los primeros trámites legales para ejercer los derechos de información e intervención como establecen los artículos 67 y 68 del Código Procesal Penal.
A la negativa respuesta procesal se suman declaraciones desafortunadas como “Ni Mandrake puede solucionar el tema” del actual fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, hace más de un año. Esta frase hirió profundamente a la familia de Pecci, que cada vez tiene menos esperanzas en la voluntad estatal para esclarecer el caso.

“Yo creo que acá hay un dato muy significativo, que es el involucramiento eventualmente de personas de poder en el hecho y es como si fuese que avanzar significa abrir una caja de pandora donde pueden salir varias personas involucradas en la autoría moral, pero es un absurdo. Entonces, estamos fomentando la impunidad”, criticó Kronawetter.

Crimen y condenados
Cerca del mediodía del 10 de mayo de 2022, Marcelo Pecci disfrutaba de la playa junto a su esposa Claudia Aguilera hasta que repentinamente fue abordado por sicarios que llegaron fugazmente en una moto acuática. Uno de ellos, más tarde identificado como Wendre Still Scott, de nacionalidad venezolana, efectuó tres disparos, dos de los cuales impactaron en la cabeza del agente del Ministerio Público y causaron su muerte.

La pareja había contraído matrimonio el 30 de abril de ese año y escogió Colombia como destino de luna de miel. Ya en Cartagena ambos se trasladaron hasta la Isla de Barú sin imaginar que un grupo organizado los estaba vigilando para cometer el crimen.

Pecci se desempeñaba como fiscal delegado de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio Público e investigaba casos emblemáticos, algunos de ellos estaban vinculados al Operativo A Ultranza, a incautaciones de droga y sicariatos perpetrados por bandas criminales. Además, durante sus vacaciones quedó pendiente la contestación a Brasil sobre la situación de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, en Paraguay.

La Justicia de Colombia condenó hasta el momento a ocho personas que participaron directamente en el asesinato, entre ellas Francisco Correa, considerado el cerebro del grupo. Accedió a beneficios a cambio de colaborar con la investigación, pero llamativamente murió en la cárcel tras ser atacado a puñaladas en enero de este año

La mayoría de las condenas se dieron antes de cumplirse un año del asesinato.
Por su parte, la Fiscalía paraguaya abrió la carpeta N° 3629 el 11 de mayo de 2022, pero solo con fines de cooperación con Colombia, en tanto que en octubre de 2023 dio inicio a la investigación N° 9088 sobre “Personas Innominadas sobre Homicidio Doloso” luego de que Francisco Correa involucrara en su declaración a Horacio Cartes como autor intelectual del crimen.

Sin embargo, nada se sabe sobre estas dos carpetas y mucho menos sobre los avances. El Ministerio Público argumenta que la divulgación de información puede poner en riesgo la investigación y la cooperación con Colombia, lo que empujó a la familia a agotar todas las instancias nacionales para ejercer su derecho.
Tras fracasar los intentos en la Fiscalía y el Juzgado Penal de Garantías, a cargo de Yoan Paul López, así como en el Tribunal de Apelación en lo Penal, Kronawetter promovió en abril pasado una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

Última Hora intentó obtener declaraciones del Ministerio Público, pero ningún representante quiso hablar del caso. El fiscal General del Estado derivó las consultas al equipo de investigación, donde el titular de la Dirección de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, se excusó por una reunión fuera del país.

Los demás fiscales argumentaron cuestiones de agenda o que no tienen autorización de la fiscala adjunta Matilde Moreno para actuar de vocero. Por su parte, Moreno no contestó las reiteradas llamadas y mensajes.

Experto habla de complicidad de la Fiscalía
El caso Pecci se considera un crimen transnacional porque contempla más de un territorio, los involucrados son de distintas nacionalidades y porque además se sospecha que la orden de matar al fiscal se dio desde Paraguay, según explicó el criminólogo e investigador, Juan Martens, quien también cuestionó el actuar de la Fiscalía.

Por un lado dijo que no hay justificación jurídica para negar información y participación a los familiares, mientras que por otro, tampoco encuentra sentido la falta de resultados en la investigación.

“Lo trágico de esta situación es que a tres años, el Estado no está teniendo una postura, no estamos sabiendo lo que pasó y por tanto todas las hipótesis son válidas, eso es muy preocupante. Hasta podría pensarse que hay una intencionalidad de que no se sepa lo que pasó”, manifestó.

Para el experto, no es una cuestión de incapacidad de parte de la Fiscalía, ya que la institución demostró que puede ser eficiente al exponer importantes casos como A Ultranza y Pavo Real.

“No podemos pensar en lógica de ingenuidad, sino en lógica de complicidad ya, el Ministerio Público no es ingenuo”, agregó.

Además del irreparable daño que significa para la familia el magnicidio y la impunidad, Martens advirtió que hay un claro mensaje de que el crimen transnacional o crimen organizado toma represalias o venganza en contra de funcionarios del Estado.
Fuente: Diario UH