El año lectivo 2025 se encuentra en pleno avance en nuestro país y el segundo departamento de San Pedro, y con él van apareciendo, la palpable realidad de una educación que oscila entre el fervor y entusiasmo estudiantil y las profundas carencias. La infraestructura educativa en el segundo departamento clama por atención urgente. Numerosas escuelas y colegios sufren el peso del deterioro del paso de los años que va dejando daños significativos y preocupante en las estructuras edilicias, con instalaciones precarias y una alarmante falta de mobiliario adecuado, afectando directamente la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. En las zonas rurales, la persistencia de las llamadas "escuelas rancho", con sus techos endebles y paredes de madera, es un crudo recordatorio de la desigualdad. A esto se suma la constante falta de rubros, que dificulta aún más la labor educativa. Esta situación ha escalado hasta la ocupación de instituciones por padres de familia, principalmente en Santa Rosa del Aguaray, quienes impiden el inicio de clases de sus hijos en reclamo por las carencias. Sin embargo, la responsabilidad en la formación de los hijos es compartida: si bien el Estado debe garantizar la educación académica, los padres tienen un rol fundamental en la formación ética y moral desde el hogar.
Sin embargo, no todo el panorama es sombrío. El programa "Hambre Cero en las Escuelas" representa un avance significativo, garantizando el almuerzo escolar para miles de estudiantes. La reciente llegada de mobiliario, aunque polémica, busca mitigar la acuciante falta de pupitres, priorizando distritos como Capiibary, Yrybucua y Santa Rosa del Aguaray, señalados por altos índices de pobreza multidimensional. Es alentador observar un repunte en la matrícula, posiblemente impulsado por la promesa de la alimentación escolar.
No obstante, este entusiasmo no debe eclipsar las necesidades estructurales. Es crucial que el Gobierno Central, la Gobernación y las Municipalidades mantengan un compromiso constante con la educación en San Pedro. Las tímidas inversiones actuales deben consolidarse y expandirse para superar las precariedades existentes. Solo a través de un esfuerzo coordinado y sostenido, donde el Estado cumpla su rol y los padres asuman su ineludible responsabilidad formativa, se podrá garantizar una educación de calidad para todos los niños y jóvenes del segundo departamento, transformando las aulas precarias en verdaderos espacios de aprendizaje y oportunidades.