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Nuevo ministro asume el cargo entre escándalos de corrupción Featured

Published in Cronicas
Written by  26 January 2021 Be the first to comment!
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Dos suboficiales fueron detenidos por distintos casos: uno de ellos, señalado de robar un auto e intentar venderlo; mientras que el otro, por ayudar a sicarios a matar a un camarada.

El suboficial de Policía Luis Miguel Giménez fue detenido en San Pedro cuando intentaba vender un automóvil Kia Picanto, que fue robado a un conductor de Uber, en medio de un asalto. La víctima del asalto recibió un disparo en el cuello y está internada en el Hospital de Trauma.

Los investigadores sostienen que el suboficial no solo habría intentado comerciar con un automóvil robado, sino que habría participado del asalto.

En otro caso, Cipriano Javier Silva Portillo, también agente policial con el grado de suboficial, fue detenido, pero esta vez en Pedro Juan Caballero. Según las investigaciones, el uniformado participó en el asesinato de su camarada Fredy Díaz, ocurrido en Pedro Juan Caballero, a manos de sicarios.

Estos dos escándalos policiales marcaron la agenda del primer día en sus funciones del flamante ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien asumió ayer como titular de la cartera de Estado en reemplazo de Euclides Acevedo.

En el caso del suboficial Silva Portillo, que cumplía funciones en Pedro Juan Caballero, se presume que manejaba un vehículo que finalmente rescató a los asesinos del suboficial Fredy Díaz, quien cumplía funciones en el Departamento de Investigación de Delitos de Amambay.

El fiscal Álvaro Rojas, quien está encargado de la investigación, allanó la casa del uniformado y ordenó su detención. El agente del Ministerio Público indicó que además del policía se está buscando a Félix Valenzuela, alias Ka’i, y con él se estaría cerrando el círculo.

Durante el fin de semana fue detenido Hugo Lazarte, señalado como uno de los sicarios que asesinaron al suboficial Díaz. El uniformado fue asesinado cuando se desplazaba en una camioneta Jeep de color azul. En un principio, las autoridades indicaron que Díaz estaba a cargo del vehículo en carácter de depositario judicial. Pero el senador Fernando Silva Facetti reveló que el rodado no se encuentra registrado en el Registro de Automotores ni en el Departamento de Automotores de la Policía, no registra denuncia de robo en territorio nacional; tampoco consta en los registros de los juzgados en carácter de depositario judicial y no está bajo la administración de la Senabico.

Con esto, todo hace presumir que el policía fallecido se estaba movilizando en un vehículo que habría sido robado en el Brasil, según explicó el senador, lo que echaría un manto de duda más acerca del accionar de los uniformados en la frontera.

VIOLENTO ASALTO. El viernes por la noche, Andrés Leguizamón (28) subió a su automóvil Kia Picanto para realizar una jornada laboral más como prestador del servicio de transporte Uber.

A través del dispositivo recibió un pedido para trasladar a dos personas desde la localidad de Ñemby hasta Nueva Colombia, en el Departamento de Cordillera.

De acuerdo con las investigaciones, fueron dos hombres los que se subieron al vehículo y no mostraron nada que llamara la atención del trabajador durante el viaje.

Pero cuando llegaron a la localidad de Luque, uno de ellos sacó un arma y apuntó a la cabeza del conductor, según las pesquisas.

Este fue obligado a pasar al asiento trasero, mientras los dos usuarios, que resultaron ser asaltantes, tomaron el mando del vehículo.

Cuando llegaron a Nueva Colombia, aprovecharon un lugar oscuro, a 400 metros de la ruta principal, para dejar tirado al trabajador.

Antes de huir le dispararon. Leguizamón recibió el impacto en la zona del cuello y quedó tendido en el piso.

Afortunadamente, los disparos fueron escuchados por vecinos, lo que permitió que sea auxiliado y el herido fue llevado hasta el Hospital de Trauma, donde está internado, con pronóstico reservado.

El caso está siendo investigado por el fiscal Carlos Maldonado, quien desde ayer cuenta con más elementos para las averiguaciones.

Agentes del Departamento de Automotores de la Policía, de la Regional 5, detuvieron a los sospechosos luego de un trabajo de inteligencia.

Según fuentes del procedimiento, los intervinientes hicieron el seguimiento del vehículo robado y obtuvieron la información de que estaba siendo ofertado en la localidad de Guayaybí, Departamento de San Pedro.

Testigos habrían visto al suboficial de Policía manejando el vehículo por la zona, escuchando música a todo volumen y participando de juegos de piki vóley.

El precio inicial que se puso para vender el vehículo robado era de G. 10.000.000, incluso subió el anuncio a las redes sociales.

Uno de los policías intervinientes simuló ser comprador y así se pudo detener a los supuestos involucrados.

Más denuncias El docente César Esteche reveló que sufrió un “apriete” policial en Torín, en un cajero automático, luego de cobrar su salario y el de otros tres compañeros. Los uniformados le habrían dicho que se trataba de un delito, y le exigieron G. 60 millones para no detenerlo.

Una mancha, según jefe policial El comisario Jorge Vidallet, subjefe de Investigaciones de Alto Paraná, manifestó que los casos de extorsión que involucran a sus camaradas son una mancha para la Policía y lamentó la situación que está viviendo la institución, calificándola de desagradable.

Proceso en la Fiscalía Uniformados que prestan servicio en el grupo Aldo de la Policía, están siendo investigados por la fiscala Silvia Cabrera, tras la denuncia de un funcionario bancario, que afirma haber sido torturado y privado de su libertad, el pasado 15 de mayo de 2020.

Extorsionadores
Cuatro agentes policiales fueron detenidos por un supuesto caso de extorsión a turistas brasileños, en la localidad de Torín, Departamento de Caaguazú. Ellos también fueron procesados por cómplices de secuestro y asociación criminal. El caso fue denunciado por Mateus Manggioca (22) y Julia de Lima Venancio (21), quienes fueron demorados por varias horas en un puesto policial porque el carnet de conducir que poseían no estaba en regla supuestamente, y los extorsionadores habrían exigido 50.000 reales para liberarlos.

Fuente: Diario UH

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