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El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), celebra hoy el 133° aniversario de la creación del Centro Democrático, el antecedente histórico de la creación del mayor partido de oposición del país, y la celebración lo encuentra sumido en una profunda división, y enfrentados a sus principales dirigentes.

La organización política dirigida por Efraín Alegre, llevará a cabo un homenaje hoy a las 10:00, frente al monolito fundacional al costado de la Catedral Metropolitana.

Es probable que el evento, dado el contexto del Covid-19 en el que se prohíbe la aglomeración, no cuente con el acompañamiento que la fecha cara a los afectos de los liberales se merece.

No obstante, la situación sanitaria no es la principal causa, dado que ya desde hace años dos grupos partidarios juegan por cuerdas separadas y son el efrainismo y el llanismo.

Dicha pelea de larga data tiene partido en dos al PLRA, ya que si bien el efrainismo y aliados manejan la nucleación, bajan la línea y tienen mayoría para las decisiones de carácter interno, en el Directorio y en la Convención, es el llanismo con un buen número de congresistas el que marca mayor presencia en el Congreso con una línea adversa a la institucional.

La división tuvo varios efectos en los últimos años, pero en este periodo en particular ya causó que por un lado el llanismo esté perdiendo representación en la cúpula del Directorio, ya que fueron 13 miembros de esa línea los que fueron expulsados de cargos de directores, varios de ellos legisladores. Por su parte, Efraín Alegre está sensiblemente afectado por una imputación que tiene como fondo la administración financiera del partido, denunciada por el propio llanismo.

Si bien es una rivalidad de larga data, alimentada por la derrota electoral del PLRA en 2018 y muy particularmente por el ataque al partido en 2017, corolario de la polémica enmienda de sangre, hubo más motivos de confrontación en el actual periodo 2018-2023.

Cronología. Algunas cuestiones de agenda programática del PLRA no se pueden llevar a cabo en el Congreso, ni la línea del partido que decidió hacer oposición a Mario Abdo Benítez, porque sencillamente no hay diálogo y el divorcio que existe entre la conducción del partido y la mayoría llanista.

Una de las voces que de manera recurrente pidió tanto a Alegre como a Llano solucionar sus problemas de manera que no afecten al partido ni a sus chances o sencillamente alejarse del PLRA, es la diputada Celeste Amarilla, quien en esta semana reconoció que el encono entre ambos puede seguir postergando chances electorales de la oposición a futuro.

 

Édgar Martínez Sacoman fue condenado en octubre del 2019 a cinco años de prisión y en noviembre de ese año apeló la decisión del tribunal. “Desde entonces estamos esperando”, manifestó el afectado a Última Hora, quien está recluido desde su hogar donde cumple la sentencia hasta que quede firme.

El hombre sufrió un proceso que esta semana cumplió cuatro años. Había sido detenido en julio del 2016, junto con una mujer de nacionalidad colombiana que fue liberada en un allanamiento a su domicilio. Los intervinientes lo detuvieron por posesión de marihuana en estado congelado.

Martínez Sacoman se dedicaba a producir aceite de cannabis para ayudar a personas que lo necesitaran. Estuvo un año y medio preso en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, Alto Paraná, pero luego fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Recibió la primera condena a dos años y medio de cárcel.

La Fiscalía apeló la sentencia y pidió que se rehaga el juicio. En el segundo juicio fue condenado a cinco años. Ambas condenas por producir aceite de cannabis.

Martínez Sacoman recordó que pidió que le permitan trabajar, pero le denegaron esa solicitud. Lamentó que pese a que en octubre del 2019 ya había compurgado la tercera parte de la condena de cinco años le negaran también la libertad ambulatoria.

Lamentó en ese sentido que la Justicia rápidamente blanquea a políticos de la zona, pero su caso tome tanto tiempo para resolver.

Otro problema con que se encontró para el estudio de su apelación fue que dos de los tres jueces que integraban el Tribunal fueron destituidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), luego de que otorgaran la libertad a un agente policial condenado por abuso. Ellos son Isidro González y Aniseto Ruiz.

Su caso fue emblemático ya que poco después de su primera condena, el Gobierno promulgó una ley para el estudio de cannabis con fines médicos. De hecho ya en Paraguay se produce aceite de la planta en laboratorios privados.

 

Con siete votos colorados y un liberal, los concejales se ratificaron en su mayoría sobre el rechazo a la ejecución presupuestaria del 2019 del intendente de Encarnación, Luis Yd. La medida se estableció en la sesión del jueves.

La ejecución presupuestaria ya fue rechazada por siete votos en la sesión del pasado 8 de mayo del 2020, sin embargo, dicho rechazo fue vetado por el ejecutivo municipal.

Cuando todo hacía suponer que la ejecución presupuestaria 2019 nuevamente iba a quedar aprobada por sanción ficta, como años anteriores, la Junta Municipal esta vez obtuvo la mayoría calificada y lo trató nuevamente para ratificarse en su posición inicial.

El octavo voto, además de provocar un duro golpe político al intendente, fue motivo de todo tipo de comentarios y reacciones atendiendo que proviene justamente de uno de sus aliados, el liberal Julio Arévalos.

Esta es la cuarta vez en lo que va de la actual administración municipal de Encarnación, que los concejales colorados rechazan la rendición de cuentas del intendente Yd, pero en la sesión de este jueves para sorpresa de muchos, se sumó el cuestionado edil liberal.

La Junta Municipal de Encarnación también pidió la intervención de la Municipalidad ante las presuntas irregularidades, donde el intendente Luis Yd deberá responder a los cuestionamientos.

Asimismo, los ediles manifestaron que todas las documentaciones serán enviadas a la Contraloría General de la República, al Ministerio del Interior y a la Cámara de Diputados.

Los concejales colorados celebraron la mayoría lograda y aseguraron que son innumerables las irregularidades que deben ser sujetas a revisión por parte de la Contraloría General de la República.

Por otro lado, indicaron que existe una serie de denuncias como “bicicleteada” del dinero de la Comuna, que derivó en el incendio del edificio municipal, falta de ejecución presupuestaria y sobrefacturación de más de G. 2.000 millones en el almuerzo escolar de 2018, entre otros.

Los votos con relación al rechazo de la ejecución fueron por los concejales: Diego Aquino, Eduardo Florentín, Pablo Novosad, Sebastián Remezowski, Ana Palacios, Andrés Morel, Cesar Rojas (colorados) y Julio Arévalos (liberal).

Mientras que por la aprobación quedaron: Juan Carlos Viveros (alianza), Marino Fernández (liberal) y Rosmary Labiste (alianza). Estuvo ausente el edil Jorge Hrisuk (colorado).

El conflicto

La rendición de cuentas presentada por el Intendente Luis Yd el 4 de abril fue rechazada por siete votos contra cuatro en sesión de la Junta Municipal.

Tras el examen de las cuentas, los ediles encontraron una serie de irregularidades y un déficit que supuestamente rondaría los G. 25.000 millones.

Por su parte, el jefe comunal había señalado que cuenta con todas las documentaciones y que en su momento presentaría todos los comprobantes.

Entre las irregularidades señaladas está la falta de comprobantes legales, constatación de empedrados fantasmas, excesivos gastos en publicidad sin aprobación de la Junta, entre otros.

 

Con el llamado a licitación para la adquisición de medio de transporte viral Covid-19, el Ministerio de Salud Pública (MSP) relanzó esta semana el proceso de compras de “urgencia impostergable” con recursos del endeudamiento público en el marco de la pandemia.

Este procedimiento había sido paralizado y puesto en tela de juicio, tras el escándalo por la fallida compra de insumos chinos, arrastrado desde fines de abril.

La cartera de Salud canceló –el 4 de junio– un total de 32 licitaciones, hechas desde el inicio de la contingencia sanitaria, debido a “irregularidades o vicios” detectados en esos procesos y puestos en evidencia por la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC).

El Dr. Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral a la Salud, afirmó que –en realidad– “el Ministerio tomó la decisión de hacer la cancelación”. En efecto, fue una recomendación suya y del viceministro Julio Rolón –dijo– la de anular esos procesos y relanzarlos de nuevo. “Sobre la base de ajustes del procedimiento y, sobre todo, ajustes en la replanificación de las necesidades”, apuntó al referir que “el escenario en junio era muy diferente al de marzo, cuando la pandemia arrancaba y no teníamos idea de cuál iba a ser el impacto”.

Hasta ayer nueve empresas oferentes (ver recuadro) se presentaron para la contratación –por vía de la excepción– de la compra de equipos necesarios para el diagnóstico del nuevo coronavirus: Hisopos, tubos y equipos para toma de muestra.

Este llamado, el primero de otros diez que recibió el visto bueno de la CESC, cierra el próximo lunes a las 15:00. “Este es uno de los primeros que es relanzado y hay otros, el monto total es de algo así de USD 84 millones. En su mayoría van a ser licitaciones públicas, ya no por la vía de la excepción, solo aquellos muy necesarios vamos a hacerlos por esa vía”, expuso al hacer mención también de las compras aprobadas por la aludida comisión especial.

Explicó que, en razón de la situación de urgencia durante el primer mes de la pandemia, “se hicieron procesos fraccionados, pequeños”, y ahora donde fue posible juntarlos lo hicieron para “consolidar los pedidos más grandes”.

TOMAS DE MUESTRA

Mientras se aguarda el llamado a licitación de equipos para los test, desde Salud Pública aseguran que no faltarán suministros para proseguir con las tomas de muestras del Covid. Portillo señaló que hay stock suficiente como para dos semanas de realización de las pruebas, por fuera de un lote que llegará “entre el viernes (hoy) o el lunes”. Se trata de un paquete de 10.500 kits “que dan para unos ocho a 10 días”, precisó; por lo que estiman habrá cobertura como para 25 días. Una vez adjudicada la compra, calculan que en 15 días a más tardar llegaría por lo menos una parte del lote licitado de 250.000 unidades de equipos para toma de muestra.

LAS CIFRAS
32 procesos de licitación, por distintas vías, fueron cancelados por Salud, tras escándalo desatado por las compras chinas.
84.000.000 de dólares, aproximadamente, totalizan los llamados anulados que con ciertos ajustes se relanzarán.
7.502.120.000 de guaraníes asciende el monto del llamado para la adquisición de equipos de diagnóstico del Covid-19.



EMPRESAS OFERENTES
Bioanálisis SRL
Biotec del Paraguay SA
Catéteres & afines
Chaco Internacional SA
Droguería Italquímica SA
Eximapar SRL
GT Scientific SA
Infotec SA
Vicente Scavone & Cía.


MSP informa sobre entrega en la web
El Ministerio de Salud Pública dio a conocer los detalles sobre la distribución de insumos para el personal de salud.
La cartera sanitaria detalló que fueron entregadas 294.155 batas de quirófano. En el caso de las mascarillas quirúrgicas fueron distribuidas 6.243.150 unidades. Los tapabocas NK95 y sus similares, se entregaron 408.150 a los establecimientos de salud.
Se precisó además que existan niveles de seguridad que el profesional de salud debe saber para utilizar correctamente los equipos de protección.
Por ejemplo, un especialista en medicina familiar no necesita usar un mameluco como medida de protección en el consultorio (se requiere solo tapabocas y guantes, así como el protocolo de lavado de manos). Por otro lado, el profesional que cubre terapia, urgencias o la toma de muestra, sí deben utilizar estos equipos.
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, refirió que se está cerrando la compra del proceso para la adquisición de los hisopos, para la realización de la toma de la muestra.
“Existen donaciones que se encuentran mezcladas entre lo que Salud compra con su presupuesto. Las donaciones permitieron hacer compras de forma gradual y más inteligente”, expresó. Los detalles se encuentran en el portal gestión Covid del MSP.

 

El Ministerio de Salud Pública considerará a todo paciente sintomático de Covid-19 como recuperado luego de 14 días del inicio de síntomas y con al menos tres días sin síntomas, según la actualización de los protocolos de actuación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica ante las nuevas evidencias de manejo de la enfermedad.

Esto, atendiendo a las recomendaciones propuestas por la Sociedad Paraguaya de Infectología (SIP) que remitió la Guía provisoria sobre la realización de pruebas para el diagnóstico de Covid-19 a la Dirección de Vigilancia de la Salud para su revisión.

Según la SPI, la evidencia existente señala que entre el 20 al 40% de los casos, el resultado de PCR positivo puede persistir de 4 a 6 semanas posteriores al inicio de la enfermedad, sin que esto signifique que el paciente sigue siendo contagioso.

Anteriormente, para declarar recuperado a una persona que dio positivo al Covid-19 y tras 14 días de aislamiento obligatorio, el Ministerio de Salud aplicaba un protocolo que consistía en someter al paciente a dos testeos consecutivos (con 24 horas de diferencia entre uno y otro), cuyos resultados debían dar negativo para ser considerado un caso recuperado.

La Dra. Elena Candia, presidenta de la SPI, señaló que con la aplicación de este nuevo criterio, la cifra de recuperados en Paraguay puede ser mayor. De esta manera, se dejará de utilizar test que pueden servir en otros ámbitos, refirió en relación a la categorización de testeos que contempla a la población vulnerable y en lugares donde se verifique aglomeraciones.

Entre otras propuestas presentadas por la Sociedad de Infectología se menciona priorizar los testeos a todas aquellas personas con riesgos de complicaciones o que vivan o trabajen en lugares que suponen riesgo de propagación del virus, como cárceles y asilos (Ver info).

Según la SPI, además del testeo como piedra angular en la lucha contra la propagación del Sars-Cov2 el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, etc. se necesita una estrategia integral de: Identificación (testeos), aislamiento (de los enfermos), rastreo de los contactos y cuarentena para los contactos.

Fuente: Diario UH

Los especialistas advierten que los casos sin nexo representan de cierta manera el fracaso del programa de rastreo de contactos y en las áreas donde se reportan se debe potenciar el distanciamiento físico, uso de mascarillas e higiene de manos.

“Si los casos nuevos surgen de contactos conocidos y en cuarentena, la propagación del Sars-Cov2 se detendrá”, señalan.

Fuente: Diario UH

 

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich, dio negativo a la primera prueba de Covid-19, según confirmaron este jueves desde la institución. Esperarán el segundo test para retomar sus actividades.

Jorge Batista, hematólogo del Instituto de Previsión Social (IPS), confirmó que el resultado de la muestra extraída al presidente de la previsional, Andrés Gubetich, salió negativa.

El médico manifestó a radio Monumental 1080 AM que el mismo resultado tuvo toda su familia. Sin embargo, señaló que seguirán en cuarentena obligatoria hasta obtener los resultados de una segunda prueba más en los próximos días.

"Aún tiene que guardar cuarentena y va a ser sometido a una segunda prueba, y si vuelve a dar negativo va a volver a sus actividades normales", precisó.

Gubetich fue sometido a la prueba tras tener contacto con una persona que dio positivo al coronavirus, según informó la institución mediante un comunicado.

El Ministerio de Salud confirmó un total de 2.554 positivos de coronavirus en el país, de los cuales 1.212 ya se encuentran recuperados.

Hasta este miércoles, el número de hospitalizados era de 35 personas, de las cuales el área de Terapia Intensiva sumó dos paciente más, llegando así a 10 internados.

Fuente: Diario UH

 

OMISIÓN.  Las denuncias de estafa duermen en el Ministerio Público y hay tibio avance en sumarios. PENAL.  En el MSP ven qué evidencias hay para que fiscales investiguen escándalo en compras chinas.

Un día antes de ordenar la apertura de sumarios administrativos a siete funcionarios, el ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público para que investigue lo relacionado a la contratación vía excepción Nº 36/2020 de “Adquisición urgente de insumos y camas para Covid-19”, la cual fue anulada ante una serie de irregularidades detectadas.

Frente al cúmulo de evidencias, resumidas en el informe de la Comisión Especial de Supervisión y Control de compras Covid (CESC), desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) hablaban de la presunta existencia de hechos punibles de estafa en grado de tentativa y violación de marca.

Los sumarios en cuestión “siguen su curso normal”, hoy y están a las puertas de la fase probatoria. En contrapartida, todavía no hay un solo imputado en el marco del escándalo por la compra de insumos hospitalarios, a cargo de las firmas Imedic SA y Eurotec SA, perteneciente al clan Ferreira.

Aparte de las anomalías detectadas en los productos que fueron presentados para la entrega, esta frustrada operación provocó la extensión de la cuarentena estricta, a mediados de abril: Como el arribo de la carga –procedente de China– se retrasó una semana, el aislamiento total se amplió hasta finales de dicho mes.

También un grupo de diputados reforzó la denuncia del MSP, ante la Fiscalía General del Estado, para que se designen a los agentes e inicien las pesquisas correspondientes en este caso que produjo un triple perjuicio: Se pagó un anticipo por una operación fallida; el sistema sanitario no accedió –en tiempo y forma– a los elementos de protección necesarios en la lucha contra el Covid-19 y la cuarentena absoluta se extendió por dos semanas, debido al retraso en la llegada de esos insumos estratégicos para la desescalada de las restricciones, bautizada luego como cuarentena inteligente.

Pese a que cuatro fiscales (Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia) habían sido designados para llevar adelante las investigaciones, en Salud Pública avisan que –hasta ahora– no han recibido pedido de informes de la Fiscalía sobre las denuncias y las investigaciones a los implicados en dicho proceso de compra. Tanto Walter Cáceres, de la Dirección de Sumarios como Engelberto García, de Anticorrupción y Transparencia del MSP y la representante legal de la institución ante los sumarios abiertos, Dolly Leiva, confirmaron que no recibieron pedido alguno por parte de la Fiscalía.

“Al menos en mi dependencia no recibí pedido de informes, por el momento”, reveló Leiva, en la misma sintonía García aseguró: “No hubo pedido de informe del Ministerio Público, pero sí de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac)”.

Cáceres, quien es director de Sumarios del MSP, suscribió que en caso de que algún fiscal interviniente precisara de antecedentes sobre el caso en cuestión se daría por enterado. “Envían una copia acá, pero por lo menos hasta hoy y en esta dirección no vino nada”, dijo.

Leiva, quien es parte actora del MSP en la demanda, sostuvo que con las observaciones hechas por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la CESC “estamos convencidos de que existen elementos para la acusación por faltas graves”, dijo, pero evitó opinar sobre la figura penal que recae en la Fiscalía.

Para García existen las condiciones y corresponde que desde el Ministerio Público se los cite a los sumariados para que presten declaración bajo protección. Esto dijo en virtud a las supuestas presiones que estarían recibiendo para no hablar, ya que están en juego sus cargos. “Ellos ya fueron llamados para que presenten sus descargos sobre las observaciones hechas por la Contraloría. Pero no hablan de eso”, dijo respecto a las presuntas presiones que estarían recibiendo. “La Fiscalía debería llamar a esta gente porque ellos tienen la dirección de protección a testigos”, remató.

LAS CIFRAS

17.044.000.000 de guaraníes entregó el Ministerio de Salud Pública, en concepto de adelanto, a las firmas Imedic SA y Eurotec SA.

85.220.500.000 de guaraníes es el total del contrato firmado, el 3 de abril, entre el MSP y las empresas del clan Ferreira.

1.423.800 mascarillas quirúrgicas, 5.500 trajes de protección y 15 camas rebotaron por incumplir especificaciones.

Fuente: Diario UH

 

El cierre de la terminal de ómnibus de Yby Yaú, Departamento de Concepción, se dio desde la tarde del martes, al igual que los locales comerciales que se encuentran en el establecimiento.

Vidal Argüello, intendente de la ciudad, indicó que la medida se dio ya que se detectó un caso positivo de coronavirus en un funcionario de una empresa de transporte que opera en el lugar.

“Por recomendación de los directores de Salud se decidió cerrar y también porque la gente se resiste un poco a hacer la cuarentena”, dijo el jefe comunal a radio Monumental 1080 AM.

Si bien el establecimiento quedó inhabilitado por 15 días, las empresas de transporte que lleguen hasta la ciudad de otras zonas sí podrán subir pasajeros en ruta.

“Lastimosamente será una pérdida por unos días, para la gente y para la Municipalidad, pero es para evitar riesgos”, agregó.

Con relación al paciente positivo, el intendente refirió que el hombre fue internado en el Hospital de Concepción y, aparentemente, fue derivado a Terapia Intensiva.

Por otra parte, el Municipio entregará kits de alimentos a las personas que se encontraban trabajando en la terminal de la ciudad, según mencionó Argüello.

Yby Yaú tiene registrado a nueve pacientes con Covid-19, de los cuales una mujer fue internada, mientras que los demás se recuperan en aislamiento.

Fuente: Diario UH

 

El frío y la humedad persistirán el resto de la semana y llaman a tomar recaudos. Desde el inicio del invierno, los cuadros respiratorios, principalmente en adultos, van en aumento y también las internaciones.

Los hospitales de referencia y centros de contingencia preparados para los pacientes con Covid-19 en el marco de la pandemia tienen internados en áreas normales y en terapia a adultos con diferentes afecciones respiratorias propias de la temporada.

Sin embargo, tanto el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) como el Hospital Nacional de Itauguá cuentan con camas vacías de terapia intensiva pediátrica.

Para el Dr. Felipe González, director del Ineram, los protocolos sanitarios ante la pandemia del Covid-19 redujeron en gran medida las estadísticas de cuadros respiratorios en niños.

Señaló que es increíble que en este centro de referencia se tengan camas libres en terapia de niños y destacó que esto habla de que todas estas medidas de prevención del Covid han sido favorables para el sistema, sobre todo la suspensión de las clases presenciales en las escuelas “hizo que la cadena de contagio que se daba en los niños no se diese este año. Hoy tenemos camas de niños disponibles, en otros años era imposible”, dijo el director del Ineram.

Resaltó que las medidas sanitarias para evitar el contagio del coronavirus (lavado de manos, uso de tapabocas, evitar aglomeraciones, respetar la distancia física) deben mantenerse y que no solamente evitan la enfermedad del Covid, sino otras enfermedades respiratorias. “Seguimos instando a la ciudadanía a cumplir con las medidas sanitarias, la intención es avanzar de fases. Debemos seguir con el lavado de manos, refirió a Monumental 1080 AM.

El bloque de atención normal del Ineram cuenta con una ocupación del 70% de las camas, mientras que en urgencias el porcentaje es solo del 40%. “En comparación con otros años ya estamos mucho mejor. A estas alturas solíamos estar colapsados”, aseguró.

Por su parte, la Dra. Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá, informó que hace 15 días vienen aumentando casos de internación en adultos. Hay 10 pacientes en terapia intensiva por diferentes causas y 12 en camas comunes, pero ninguno por Covid-19.

Asimismo, en la Quinta Región Sanitaria de Caaguazú, la Dra. Lorena Ocampos, directora regional, comentó que en el último corte trimestral se obtuvo un total de 22% de camas ocupadas por casos respiratorios comunes.

Si bien aumentaron los cuadros respiratorios en adultos, los médicos resaltaron que estos siguen bajos en comparación con años anteriores.

Lavado de manos y mucho abrigo para evitar gripe
Las bajas temperaturas y persistentes lluvias azotan esta semana al país, por lo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) recuerda que para evitar contraer enfermedades respiratorias se insta a estar abrigado adecuadamente y practicar las medidas higiénicas. Las enfermedades como el resfrío, la gripe o la influenza, sinusitis, amigdalitis, entre otras, que pueden llegar a complicarse o confundirse con el coronavirus (Covid-19).
El MSP recomienda usar gorro para abrigar la cabeza y las orejas, y bufanda, que además de cubrir el cuello ayuda a proteger el pecho del frío. En días lluviosos, para evitar mojarse se debe usar piloto, botas de lluvia y paraguas. Cabe destacar que la humedad, sumada al clima fresco, predispone a la persona a contraer cuadros respiratorios, sobre todo a aquellos que cuentan con antecedentes alérgicos.
Se añade que es fundamental que las remeras y camisas vayan siempre debajo del pantalón o la pollera. Esto impide que el frío pase a los riñones. El MSP hace hincapié en las medidas como el lavado de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento físico para impedir contagios del Covid-19.

Fuente: Diario UH

 

El médico y especialista oncológico, Francisco Perrota, cuestionó este miércoles que ante la pandemia muchos pacientes que padecen de cáncer deben lidiar con la falta de medicamentos y de tratamientos para superar sus enfermedades.

La pandemia del Covid-19 lamentablemente se ha sumado a las limitaciones en insumos médicos y el escaso presupuesto para tratar las enfermedades oncológicas en los hospitales del país.

Por ello, el especialista oncológico, Francisco Perrota, reclamó este miércoles que esta afección, pese a ser la segunda causa principal de muerte en el país, no es una prioridad para las autoridades nacionales.

“Lo que está ocurriendo ahora es inaudito, hay manifestaciones de pacientes que reclaman disponer de drogas porque se ven interrumpidos sus tratamientos”, expresó el médico en comunicación con Monumental 1080 AM.

Perrota refirió que desde hace mucho tiempo la sociedad científica nacional cuestiona las limitaciones que se tienen con relación al tratamiento de la enfermedad y uno de ellos tiene que ver con la falta de registros de tumores actualizados.

“Hoy se desconoce la incidencia real y esta es una responsabilidad de Vigilancia Sanitaria, que ha desconocido el valor del registro nacional de tumores a fin de saber las características de estas enfermedades e intervenir a tiempo”, agregó.

Además, mencionó que durante los últimos años se han visto patologías muy avanzadas en pacientes, que no pueden ser diagnosticados de forma precoz debido a la inaccesibilidad de servicios o estudios que permitan detectar la enfermedad.

“Esta situación también se suma a lo que estamos teniendo con la pandemia, donde la mayoría de los tratamientos para estas patologías oncológicas se han suspendido, se han mantenido sin acceso a los hospitales y eso ha ocasionado muchos problemas”, comentó.

El médico lamentó tal situación y concluyó que, ante esta situación, algunos pacientes con cáncer podrían haberse curado en lugar de aumentar, debido a la pérdida de la secuencia del tratamiento y la falta de oportunidades por el alto costo de las drogas que se utilizan para el efecto.

 

Más de 154 estudiantes de las ocho universidades nacionales de todo el país anunciaron que realizarán una movilización nacional el próximo 23 de julio a fin de evitar mayores recortes presupuestarios al sector de la educación superior.

Por medio de un comunicado, los universitarios anunciaron la medida e instaron a todos los sectores de la educación a sumarse a la movilización en contra de las recortes presupuestarios, cualesquiera que sean como consecuencia de la pandemia del  Covid-19 .

La manifestación fue una decisión tomada el pasado 3 de julio, durante el primer congreso nacional estudiantil entre universidades públicas.

Los universitarios indicaron en el documento que defiende el presupuesto de la educación superior de cualquier tipo de recorte, además, exigen mayor inversión para el sector y arancel cero.

También se incluye la creación de una comisión permanente para consolidar un proceso de educación superior y organización estudiantil.

"Si el Gobierno sigue insistiendo con sus recortes, seguiremos movilizándonos en contra de cualquier política que vaya en detrimento de los derechos de los estudiantes", expresa el documento.

Finalmente, los universitarios instan a toda la comunidad educativa del país se movilizan para defender los recursos destinados a la educación en todos sus niveles, puesto que una crisis extrema, la educación es uno de los pilares principales para el desarrollo del país.

A finales de junio, los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) protagonizaron una protesta frente al Rectorado, donde denunciaron un tijerazo de G. 1.500 millones que debían destinar más de 1.000 becarios en la pandemia.

El recorte aplicado por Hacienda corresponde al 50% del rubro para becarios, unos G. 1.507 millones. Las clases son virtuales y los universitarios tienen problemas calcados a los de la Educación Media o la Escolar Básica.

La Comisión Especial de Supervisión y Control (CESC), creada por el Ejecutivo para el seguimiento de las compras con fondos Covid-19, anunció ayer que no han encontrado pérdidas económicas en esos procesos de compra en el marco de la emergencia sanitaria.

 

De 44 procesos de compras supervisados, por valor de USD 514 millones, la CESC dio su acuerdo para diez llamados a licitación y cuatro operaciones de compras mediante organismos internacionales. También recomendó al Ministerio de Salud Pública (MSP), la resolución de contratos en algunos casos y la anulación de mensajes en otros por la detección de irregularidades o vicios.

“No encontramos pérdidas económicas en estos procesos de compra. Primero porque fueron detectados al tiempo, ya bajo la sugerencia de la comisión algunas fueron anuladas; otras se retrotrayeron al momento de los vicios. Es decir, no hubo un pago de ninguna contraprestación previamente en esos casos ”, específicamente Arnaldo Giuzzio, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y coordinador de la CESC.

Sobre los anticipos recibidos por las empresas Imedic SA y Eurotec SA del clan Ferreira que asciende a más de G. 17.000 millones, lo que está en pleno proceso de recuperación en el ámbito legal.

El informe de la CESC deja en el ambiente un hálito de blanqueo a favor de ambas firmas, pertenecientes al clan Ferreira.

“Hay un mensaje peligroso que quiere instalarse desde el Ejecutivo que ‘no hubo daño patrimonial’ en las compras fallidas de insumos en pandemia”, compartió la diputada Kattya González y avisó que hoy elevarán una nota de “urgimiento” a la Fiscalía General del Estado pidiendo un “relevamiento sobre los avances de las investigaciones”.

La Contraloría General de la República (CGR) a su vez, había dictaminado en mayo pasado, que el MSP jamás tenía que haber adjudicado el contrato a dichas firmas. El veredicto de la CGR fue que el proceso estuvo viciado de irregularidades en todas sus etapas. “Los funcionarios que intervinieron están bajo sumario administrativo y hay dos denuncias penales a cargo del Ministerio Público”, apuntó René Fernández, titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).

Imedic y Eurotec habían sido invitadas, de forma directa, desde el interior mismo del MSP para participar en un llamado por vía de la excepción. Todo esto, sin que ambas hayan participado en la licitación pública que había quedado desierta unas semanas antes. En un relámpago, el MSP firmó contratos el 3 de abril con ambas empresas

Sobreprecio

Fernández identificó las diferencias en los precios referenciales de los insumos sanitarios de la actualidad respecto a los de abril van de 100% a 300%. Y puso un par de ejemplos: Eurotec ofreció protectores faciales a G. 38.500 la unidad y lo que se adquirió a través de la Organización Panamericana (OPS) le costó al MSP cinco veces menos: G. 7.625. Lo mismo Imedic: Quiso vender a G. 19.800 cada mascarilla N95 que con la OPS salió G. 9.900. Además, en el lote que vino de China, estaban mezcladas con máscaras KN95, de calidad inferior.

Fuente: Diario UH

Según una designación del Ministerio del Interior, con fecha 20 de noviembre del 2018, Raúl Silva Busto fue comisionado como representante de la entidad pública ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), sumando un cargo más a su largo historial como funcionario público .

El abogado Raúl Silva es actualmente secretario del Comité Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá y es sindicado como uno de los partidos en el proceso de las compras de insumos para la lucha contra el Covid-19.

Su participación hasta ahora sigue siendo poco clara y continúa sin ser investigado por las autoridades, pese a que fue denunciado por el empresario Ignacio Pidal de formar un esquema irregular en que también está involucrado Édgar Melgarejo, ex presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ( Dinac).

Supuestamente, Silva estuvo presente en una reunión en la oficina de Melgarejo, junto con Gerardo Peyrat. Los tres integraron un grupo que factura millonarios montos al Estado, según lo que habían expuesto el diputado Carlos Rejala.

Dos de los beneficiarios supuestamente de este esquema fueron Imedic y Eurotec SA, investigados hoy por la Fiscalía.

Su historial no quedaría ahí, ya que, según las investigaciones, tuvo participación como síndico de quiebras del Poder Judicial y formó parte del equipo de transición de Mario Abdo Benítez, actual presidente de la República. A ambos se les considera como muy allegados.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, había admitido que Raúl Silva, como representante de Yacyretá, formó parte de la mesa de negociaciones para traer insumos sanitarios. No pudo precisar la relación de esa entidad con Salud y las compras para el Covid-19

Fuente: Diario UH

  1.  

    El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, confirmó que investigará y si es necesario tomar medidas relacionadas con la aparente licitación dirigida registrada con el contrato ID353695, de la Gobernación de Alto Paraguay, en la que una casa de lubricantes fue adjudicada curiosamente para la venta de una planta purificada de agua al Ejecutivo departamental, un cargo del gobernador José Domingo Adorno.

El Director Nacional de contrataciones, una vez al tanto de las serias inconsistencias del proceso licitatorio para la compra de la máquina de agua por G. 800 millones, refirió que si un pariente, en este caso el padre, es parte de algún aspecto del proceso de contratación que termina por beneficiario a la empresa donde figura como dueño el hijo, el proceso debe anular sin mayores trámites.

"El proceso es nulo si los empleados o empleados públicos que intervienen en cualquier etapa del procedimiento de contratación, tienen interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, incluidos a personas con las que pueden resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado ”, refirió el titular de Contrataciones.

Fue más allá y dijo que no solo queda prohibido que parientes consanguíneos formen parte de quienes elaboran el pliego de bases por un lado, y por el otro de quienes formen parte de la lista de oferentes, sino un pariente no debe aparecer en todo el proceso .

El caso La denuncia guarda relación con el proceso de compra de una máquina de agua por parte de la Gobernación de Alto Paraguay que adjudica una casa de lubricantes.

En el proceso salta que un funcionario del nombre Claudio Castillo Aguilera, de RRHH de la Gobernación, integró el comité de evaluación del contrato del que resultó beneficiado la empresa Caval SA, representada por Sergio Castillo, su hijo.

La empresa no tiene experiencia en este tipo de provisiones, más aún cuando el joven proveedor e hijo del miembro del gabinete del Gobernador José Adorno, es un joven de corta edad.

Seitz acotó que una investigación o un informe periodístico puede ser suficiente para una investigación preliminar.

"Tiene todos los elementos para iniciar una investigación preliminar que de hecho vamos a hacer", aseguró Seitz.

Fuente: Diario UH

 

Se abrió una causa por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. El cultivo de plantines prosiguió ayer para reforestar la zona afectada, que está ubicada en Puerto Indio, Alto Paraná.

La Fiscalía Adjunta Especializada en Delitos contra el Medioambiente investiga a los supuestos responsables de la tala de árboles nativos en las 11 hectáreas pertenecientes a la franja de protección del lago Itaipú, en Puerto Indio, distrito de Mbaracayú, Alto Paraná. Este predio fue recuperado la semana pasada tras un operativo encabezado por el Ministerio Público.

El inmueble afectado, propiedad de la Itaipú Binacional, fue supuestamente invadido y depredado por un grupo de campesinos, que serían vecinos del lugar. La entidad binacional realizó dos denuncias por invasión de inmueble y delitos ecológicos.

En la causa están imputados Menelio Rolón Duarte, Lorenzo Cáceres González, Gustavo Rubén Centurión Martínez y Fausto Vargas Rolón, sospechosos del crimen ecológico.

Todos fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión por la jueza penal de Garantías de Itakyry Jorgelina Melgarejo.

De acuerdo con los datos, hay otras cuatro personas investigadas, conforme a las evidencias de fotos y videos que obran en poder de la Fiscalía.

El viernes 3 de julio, Itaipú Binacional recuperó las 11 hectáreas que habían sido ocupadas.

El operativo se llevó a cabo con una fuerte dotación policial y en el marco de una causa abierta en el Ministerio Público.

En plena cuarentena sanitaria por el coronavirus (Covid-19), la Itaipú había constatado la tala de una importante parcela de bosques nativos en la zona.

REFORESTACIÓN. Inmediatamente después del operativo, se dio inicio a las primeras tareas de reforestación en las zonas depredadas y fueron instalados equipos de seguridad, cartelería y contenedores, los cuales permitirán tener todas las condiciones para que el cuidado en la zona afectada sea permanente y cuente con el acompañamiento de las fuerzas responsables de la seguridad nacional del país.

La reforestación se hace con mudas de especies de árboles nativos, de gran valor ambiental, producidas en el Vivero Forestal de Itaipú, margen derecha. De las 15.400 mudas destinadas para el lugar, entre el viernes y ayer, domingo, ya fueron cultivados unos 3.000 plantines.

RESERVA. Hilario Hermosa, el jefe del Departamento del Área de Embalse y Áreas Protegidas de la entidad binacional, explicó que el desafío es mantener en forma sostenible el espacio para que se pueda volver a recuperar la parte que fue dañada de la franja de protección del embalse, “que es la que cuida el agua para la generación de energía y para los usos múltiples de las comunidades que necesitan ese recurso vital”.

El jefe del Departamento del Área de Embalse aseguró que desde la Itaipú hay voluntad de trabajar en forma armónica con los líderes para que sepan que lo que cuida Itaipú les beneficia a ellos también.

“El desafío es implantar una política de buena vecindad para generar un desarrollo sostenible, incluyente y con el respeto debido a las personas y a la naturaleza”.

Fuente: Diario UH

 

El Ministerio de Salud Pública recalcó que la implementación de los protocolos aprobados por la cartera depende del avance de las fases de la cuarentena inteligente. Recordó que su incumplimiento deriva en infracciones.

Luego de la denuncia de aglomeración en la ciudad de Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes, a causa de una carrera de caballos, el Ministerio de Salud Pública apuntó que la autorización fue en alusión al protocolo, no así al reinicio de la actividad.

Mediante un comunicado, la cartera sanitaria recordó a la ciudadanía que la implementación de los protocolos depende exclusivamente del desarrollo de las fases de la cuarentena inteligente.

“La aprobación del texto de dichas formalidades no significa el inmediato inicio de las actividades, ya sean deportivas, comerciales, empresariales o de ocio”, puntualizó el documento.

Así mismo, hizo referencia a que violar esta norma puede derivar en infracciones por incumplimiento de las medidas sanitarias.

“Todos los sectores deben ser responsables de acatar y esperar el momento necesario para volver a retornar a sus actividades con la implementación del modo Covid-19 de vivir”, concluyó.

La carrera de caballos en cuestión se habría realizado este domingo por la tarde. Sus organizadores presentaron un documento de autorización, el cual llevaba la firma del viceministro de Salud, Julio Rolón.

El Poder Ejecutivo formalizó el domingo la extensión de la fase 3 de la cuarentena inteligente hasta el 19 de julio.

La nueva disposición no afecta el regreso del fútbol profesional, que mantiene la fecha marcada para el retorno el 17 de julio.

En esta etapa se encuentran permitidas actividades como autocines y teatros, bajo distanciamiento físico, y actividades en gimnasios, pero con agenda previa y dentro de un protocolo también estricto.

Los restaurantes y patios de comidas también se encuentran operativos, bajo protocolos específicos para el sector.

En la educación universitaria, dieron vía libre a las prácticas como exámenes o defensa de tesis, pero con un máximo de 10 personas.

Paraguay registra hasta la fecha 2.427 casos positivos de Covid-19, 20 muertes y 1.166 recuperados.

Fuente: Diario UH

 

Piden a la Fiscalía que los legisladores colorados y liberales llanistas que intentaron impedir que se publiquen las declaraciones juradas sean investigados. Se exponen a 10 años de cárcel.

Un grupo de colorados presentaron una denuncia penal contra los diputados que intentaron frenar la publicación de las declaraciones juradas y maniobraron un apriete a los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

La acción fue promovida ante la Fiscalía General del Estado. Los legisladores se exponen a 10 años de prisión y la conducta se puede catalogar como uso indebido de influencias o tentativa de uso indebido de influencias.

El abogado Federico Gómez Báez explicó que debido a la gravedad del hecho recurrieron a la denuncia formal ante la Fiscalía contra los legisladores que presentaron la nota ante la Corte Suprema de Justicia planteando abiertamente que no publiquen las declaraciones juradas, justo antes de que la máxima instancia resolviera la publicación de los documentos.

Los denunciados son los diputados colorados Pedro Alliana, Basilio Núñez, Cristina Villalba, Rocío Abed, Miguel Tadeo Rojas, Del Pilar Medina, Nazario Rojas, Hugo Ramírez, Blanca Vargas, Justo Zacarías, Néstor Ferrer y Derlis Maidana. La lista sigue con Freddy D’Ecclesiis, Rubén Balbuena, Pastor Soria, Carlos Núñez Salinas y Roberto González.

Entre los liberales que intentaron hacer el apriete están Édgar Ortiz, Andrés Rojas, Hugo Capurro y Enrique Mineur.

Los dirigentes colorados que accionaron señalaron que había un juicio de por medio y los legisladores, como terceros, introdujeron un escrito mediante un abogado y “presionaron” a los altos magistrados de la Corte.

“Le recusaron al pleno de la Corte Suprema de Justicia. Primero a la Sala Constitucional y después se entendió el caso ante el pleno de la Corte. Como consecuencia de eso, hay declaraciones como del ministro Alberto Martínez Simón, de que ellos fueron presionados. Que hubo un apriete y chantaje hasta amenaza de juicio político contra ellos si es que fallaban”, argumentó Gómez tras la presentación.

Los diputados cartistas, abdistas y llanistas habían recusado a los ministros en calidad de terceros interesados, pero el pedido finalmente fue desestimado.

El argumento esgrimido por los diputados es que la sentencia podría afectarles ya que con la publicación de las declaraciones juradas, sin su intervención, les pondría en riesgo ya que es información “de sensibilidad extrema”, y se faltaría al debido proceso, además de infringir la Ley 5033 de las Declaraciones Juradas.

DELITO. La maniobra realizada por los legisladores puede estar tipificada como delito por el Código Penal como coacción a un órgano constitucional.

Hubo violación del artículo 3 de la Constitución Nacional y la comisión de hechos punibles contra órganos constitucionales, tipificados en el artículo 286 y 287 del Código Penal de acuerdo con las consideraciones de hechos, según la denuncia.

El artículo 3 que habla sobre el poder público señala que el gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. “Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro ni a la persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público”, refiere la acción planteada ante el Ministerio Público.

“Están todos los artículos del Código Penal y la pena privativa hasta 10 años de prisión si la falta es muy grave. Se exponen hasta a 10 años de cárcel si se avanza en la investigación”, aseveró Gómez.

Entre los firmantes de la acción están Pedro Ortiz, Atilio Giménez, Juan Bueno Jara y Alberto Ledesma. El ex senador Hugo Estigarribia también había cuestionado la intervención legislativa ante la Corte Suprema de Justicia.

Se aguarda avance sobre la línea de investigación de las DDJJ
Hace dos semanas que la Contraloría General de la República liberó la publicación de las declaraciones juradas de bienes de las autoridades que ocupan cargo desde 1998 hasta el 2017.
Como antecedente, el periodista Juan Carlos Lezcano había presentado un amparo constitucional para la publicación de todas las declaraciones juradas de bienes y rentas de las autoridades en los últimos 20 años. La Contraloría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad que fue rechazada por la Corte.
El lunes pasado se realizó la primera reunión de la mesa de trabajo interinstitucional para considerar el inicio de una investigación penal en torno a las declaraciones juradas de aquellos políticos que tienen un incremento exagerado de su patrimonio a partir de ocupar un cargo público.
El equipo que se reunió está integrado por la Fiscalía, la Subsecretaría de Tributación, fiscales de delitos económicos y la Contraloría General de la República.
Trazaron acciones de trabajo en relación a los análisis y exámenes de las declaraciones juradas.
Buscarán la trazabilidad y los tipos de informes para establecer una línea de análisis e investigación.
Los hechos que serán investigados se circunscriben dentro de la categoría de casos de corrupción. Hay fuerte presión mediática y social para acelerar el trabajo de investigación.

Saturday, 04 July 2020 09:41

MEC dio menos del 50% de notebooks que prometió

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De 2.500 computadoras que prometió el MEC para comunidades indígenas el 20 de mayo pasado, en un acto en el Palacio y con presencia del presidente Mario Abdo, recién entregó 1.031 y casi 45 días después. Así lo anunció oficialmente hace unos días.

Desde el MEC incluso anunciaron el evento como un “acto de entrega”, cuando las computadoras, que fueron donadas por una empresa privada, ni siquiera fueron entregadas en su totalidad al día de hoy.

Desde la cartera estatal informaron que el resto de máquinas informáticas llegarán a las comunidades.

Son en total 504 las instituciones educativas de comunidades indígenas las beneficiarias, siempre de acuerdo con el anuncio oficial.

Son 14 los departamentos del país que cuentan con escuelas en comunidades indígenas: Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Capital, Central, Concepción, Guairá, Itapúa, Presidente Hayes y San Pedro. De ese total, llegaron a 10 departamentos.

Cada paquete entregado contiene una notebook, una tarjeta SIM y un adaptador para la conexión a internet.

Se desconoce el listado de instituciones educativas que serán beneficiadas con este programa oficial.

“Esta oportunidad nos permite reflexionar en tiempos de pandemia en todos los aspectos y no solamente una reflexión, sino una acción directa que nos permite ser un año distinto en materia educativa y no un año perdido. Hemos asumido ese desafío y vamos a cumplir”, indicó en ese entonces el ministro de Educación, Eduardo Petta.

Antes, el MEC había realizado una polémica compra de notebooks para Bachilleratos Técnicos en Informática (BTI), por G. 10 y casi G. 15 millones cada una, cuando los precios referenciales eran de G. 22 millones.

CRÍTICAS. Uno de los reclamos más fervientes de parte de la comunidad educativa hacia la gestión del MEC actual es que no se atiende a las poblaciones más vulnerables durante esta pandemia del Covid-19.

Las entregas de kits de alimentos que no alcanzan y que fueron condicionadas por Petta a cambio de realizar las tareas, además de no contar con materiales impresos oficiales luego de más de 3 meses de clases a distancia son dos de las críticas.

Luego de ser interpelado y lograr el voto de censura en el Senado, el titular del MEC tuvo que abrir una mesa de diálogo que sigue vigente con la comunidad escolar.

Fuente: Diario UH

 

Muchos ya con una carrera política previa, logran, con grandes fortunas, liderar las gobernaciones desde donde acrecientan sus bienes para seguir escalando con dinero y poder en la función pública.

Entre los más afortunados de la lista de 17 gobernadores se encuentra el ex jugador de fútbol César Ramírez Caje, del Departamento de Canindeyú, con un patrimonio total de más de G. 22.000 millones, según su declaración jurada del 2016, cuando asumía el cargo de concejal de Curuguaty, del Partido Colorado

Entre sus bienes resaltan los 18 inmuebles que adquirió en la zona, valuados en un total de G. 20.581.177.518; actividad agropecuaria valorada en G 1.018.900.000 y dos camionetas que totalizan G. 228.500.000.

El gobernador del Departamento de San Pedro, el colorado Carlos Alcibiades Giménez Díaz, también figura entre los más acaudalados con una fortuna de más de G. 9.000 millones que declaró en el 2016, tiempo en que asumía al cargo de intendente del distrito de Choré.

Solo en inmuebles declaró contar con más de G. 6.000 millones. Además contaba con tres camionetas y un tractor de un total de G. 780 millones. Igualmente, un multimillonario patrimonio en ganado de más de G. 2.000 millones.

Entre sus antecedentes, cuando era intendente fue imputado por la Fiscalía por haber efectuado disparos amenazantes contra el párroco Bernardo Cristaldo Mieres en agosto del 2016, en el predio de la casa parroquial. Al año siguiente, intentó atropellar con su vehículo al locutor Carlos Pereira y hasta le apuntó con un arma, en la zona de cruce Liberación.

También arriba se ubica el gobernador del Departamento de Paraguarí, el colorado Juan Carlos Baruja, con un patrimonio de más de G. 6.660 millones según consignó en 2017.

Baruja declaró en 2013, cuando asumió como ministro asesor de Lucha contra la Pobreza del entonces presidente Horacio Cartes, contar con un patrimonio de G. 4.387 millones, que aumentó en el transcurso de su carrera en la función pública. En 2016 fue nombrado ministro de Agricultura y Ganadería.

En inmuebles, el valor de sus bienes es de G. 2.490 millones mientras que entre otros ingresos figuran tres empresas, siendo accionista en Panamericana TV, propietario en BM Construcciones y en fideicomiso, Venecia Loteamiento de Inmobiliaria del Este.

El gobernador del Guairá, el colorado Juan Carlos Vera Báez, declaró contar con un patrimonio de G 4.428.300.000 en 2016, para asumir el cargo de concejal del distrito de Villarrica, trabajando al mismo tiempo como médico en la Quinta Región Sanitaria.

Contaba con cuatro inmuebles y cuatro vehículos, además de ganado vacuno.

Por su parte, el gobernador del Departamento de Caaguazú, el liberal Alejo Ríos Medina, declaró en el 2017 un patrimonio de G. 3.210.000.000, más del doble de lo que poseía en el 2011, siendo intendente del distrito de Caaguazú, cuando presentó un balance por casi G. 1.400 millones.

En tanto que el colorado Rubén Antonio Roussillón Blaires, gobernador del departamento chaqueño de Presidente Hayes, declaró tener G. 891.700.000 en 2016, siendo concejal del Municipio de Villa Hayes.

También el liberal Hugo Alberto Fleitas Ovelar, gobernador del Departamento de Cordillera, presentó una declaración patrimonial de G. 594.500.000 en 2016, para asumir al cargo de intendente de Isla Pucú.

Y, finalmente, el gobernador del Departamento de Caazapá, Pedro Alejandro Díaz Verón, declaró tener solo G. 150 millones en 2016, siendo intendente del distrito de Caazapá.

Mientras que su hermano, el ex fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, actualmente con prisión domiciliaria, declaró en 2015 un patrimonio de G. 1.150 millones.

Fuente: Diario UH

 

CRÍTICO. Salud anuncia que atención en terapia intensiva está asegurada, pese a "insuficiente" cantidad de especialistas.

El ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, anunció ayer que el fin de semana próximo llegarán 50 respiradores adquiridos con fondos Covid. Sumado al medio centenar de respiradores –de un lote de 250– donados por los Estados Unidos, que llegaría en la primera quincena de julio, ya desde este mes se tendrá un “respiro” –dijo– en lo que hace a la atención en las unidades de terapia intensiva (UTI).

“Tenemos destinados actualmente a la parte respiratoria/Covid 250 respiradores en todo el sistema integral del sector público”, indicó el secretario de Estado y luego hizo una reseña sobre la situación actual: “Para tener una unidad de terapia se precisan una cama, un monitor y un respirador. En muchos casos, tenemos la cama y el monitor y estamos esperando por el respirador”.

Por lo que, avizoró, una vez que lleguen dichos equipos “prácticamente de la noche a la mañana va a aumentar nuestra capacidad, probablemente, para la primera quincena de julio en otras 100 camas, lo cual obviamente va a dar un respiro muy importante”, expuso.

Hizo esa salvedad en atención a la proyección hecha por un instituto de salud norteamericano que menciona que para octubre se precisarán al menos 170 camas de terapia para pacientes Covid, sin considerar en esa estimación los otros pacientes respiratorios que suelen saturar el sistema. “En este momento, tenemos una ocupación de las camas de terapia en 39%, de aquellas que fueron asignadas”, afirmó en referencia a las camas de terapia intensiva destinadas para dar cobertura a los internados por Covid-19 y otras afecciones pulmonares.

En efecto, hoy, la mayoría de los ingresados a cuidados intensivos son por afecciones ajenas al Covid.

Actualmente, los tres centros de referencia mejor equipados para esta lucha son el Hospital Nacional de Itauguá con 52 camas UTI, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) con 41 y el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (8).

“Todos los países del mundo, algunos con sistemas más robustos que el nuestro, no pudieron dar abasto”, apuntó Mazzoleni al añadir que en Paraguay, hasta ahora, “a ningún paciente fallecido por Covid le ha faltado camas de terapia”.

EL DOBLE

El ministro destacó que la necesidad de camas de terapia intensiva del país “es histórica y exactamente el doble de la que tenemos”, por fuera de la pandemia.

El problema principal –dijo– es la carencia de especialistas en esa materia. “No es cuestión de construir y poner equipos, sino que el desafío es tener suficientes recursos humanos para ponerlos en marcha”.

Acotó que la fuerza nominal de camas UTI era de 280 cuando asumió la administración de la cartera sanitaria de Estado. “Operativas estaban 210 camas; hoy tenemos 423 camas de terapia intensiva en el sistema de Salud Pública”, sopesó.

Señaló que algunas regiones, como Caaguazú, por primera vez tienen camas UTI. “Casi todas las zonas del país han aumentado la cantidad de camas. En Ciudad del Este, en agosto de 2018, tenían unas 16 camas para adultos, pediátricos y neonatos; hoy estamos sumando ya 34 camas con las 16 que están en el hospital integrado del IPS”, refirió.

Mazzoleni informó que de las compras con fondos Covid, una se estará finalizando entre el lunes o martes próximos y se espera la entrega de 50 respiradores para fines de la semana que viene.

Además, como se indicó antes, se aguarda la primera parte de 250 respiradores que van a ser donados por EEUU. “Estamos con la embajada ultimando los detalles para esa entrega que creemos que se va a dar para la primera quincena de julio”, aventuró.

También está disponible en la página de Contrataciones Públicas, un llamado para la compra de 250.000 hisopos. “Es un insumo crítico con muchas dificultades de obtener y creemos que con esto se va a tener un stock suficiente para permitirnos abordar con tranquilidad los próximos meses porque queremos seguir sosteniendo este ritmo importante de testeo”, acotó.

LAS CIFRAS

2.349 es el total de casos de coronavirus que se tiene en el país desde la confirmación del primer paciente, el 7 de marzo.

46 contagios se registraron ayer en el país. Se procesaron 1.769 muestras, conforme al informe del Ministerio de Salud.

casos sin nexo se registraron ayer. Provienen de Asunción, Capiatá, San Lorenzo, Fernando, Itauguá y Cuidad del Este.

Fuente: Diario UH

 

Durante la pandemia, la institución observó que se intensificaron operaciones sospechosas de tipologías en casos de corrupción pública y privada; también en el sistema de contrataciones.

Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) detectaron la vulnerabilidad de ciertas tipologías de delitos observados durante esta pandemia. Se trata del aumento de la corrupción pública y privada.

Además observaron elementos sospechosos a los sistemas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Tras denuncias realizadas se frustraron una serie de licitaciones que estaban en marcha para la compra de insumos médicos provenientes de China.

Uno de los casos más escandalosos es el que actualmente está bajo investigación de la Fiscalía y que involucra a las firmas Eurotec e Insumos Médicos, pertenecientes al clan de la familia Ferreira.

La Seprelad, dirigida por el ex fiscal Carlos Arregui, había informado también a la Fiscalía sobre la ruta del dinero que investigó a partir del anticipo de G. 17.000 millones realizado para estas empresas investigadas.

La Seprelad adaptó su sistema tecnológico para que se procese toda la información y alertar sobre la existencia de hechos irregulares relacionados con la coyuntura de la pandemia. Tiene un reporte de 60 a 80 operaciones sospechosas que son enviadas por los sujetos obligados, sectores financiero, inmobiliario, bancario, playas de autos y cambiarios.

A partir de ahí hace un análisis pormenorizado y dispone de un software con inteligencia artificial para realizar una clasificación en base a si es de alto riesgo, medio o bajo.

Durante la pandemia, la institución procesó un reporte alto de los sujetos obligados con más de 2.284 casos en este periodo de tres meses.

La institución informó que alrededor de 25 informes de inteligencia fueron remitidos al Ministerio Público para determinar si existen causas para iniciar una investigación.

La mayor cantidad de informes de inteligencia de las operaciones se dieron entre abril y mayo, según el reporte de esta secretaría de Estado.

“En el sistema tecnológico se cargan todas las alertas, todas las variables que puedan representar una alerta y las combinaciones que se realizan permiten tener alertas tempranas y de riesgo”, explicó el ministro Carlos Arregui.

La institución está habilitada para remitir el informe a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Arregui dijo que no relajaron los controles, sino más bien se dispuso el trabajo en forma de cuadrillas para revisar las alertas, para analizar los casos y colaborar con la justicia en las causas donde se solicitó intervención.

evaluación. Hasta el momento sigue la evaluación que está realizando el Grupo de Acción Financiera sobre Paraguay. En octubre está prevista la visita de los evaluadores.

Antes de la pandemia, las autoridades del Gobierno habían completado el proceso para la aprobación de un paquete de leyes que son tenidas en cuenta para el combate contra el terrorismo, el lavado de actos y otros delitos como corrupción pública.

Se realizó la modificación del Código Penal y la actualización del marco normativo con base en los estándares fijados internacionalmente.

Se incorporaron nuevos tipos penales, como la creación de juzgados penales y económicos especializados en lavados de activos y delincuencia económica; la creación del registro de personas y estructuras jurídicas y beneficiarios finales, además de la modificación de la ley del régimen de transparencia de sociedades por acciones.

 

Un suboficial de la Policía Nacional asesinó a cinco miembros de su familia y luego se autoeliminó. El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes en una vivienda de la ciudad de Capiatá, Departamento Central.

El terrible caso se reportó a las 3.20 en la casa de los ex suegros del policía identificado como Isidro Casco Salinas, de 31 años, quien prestaba servicio en la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe preliminar, el hombre llegó al sitio a bordo de su motocicleta y a las patadas abrió la puerta de la vivienda. Fue recibido por su suegro, Alberto de la Cruz Riveros Benítez (51), a quien habría asesinado al instante sin mediar palabras.

La siguiente víctima fue su suegra, Amalia Portillo (50); también asesinó a sus propios hijos, Amalia Casco Romero (2) y Amilcar Casco Romero (1), y a su cuñada, Liliana Maribel Gómez (16).

Otras dos personas lograron sobrevivir y fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Trauma. Tras cometer el crimen, el personal policial se quitó la vida.

De acuerdo con los intervinientes, el agente policial transmitió todo el crimen a través de una videollamada que realizó a su madre que se encuentra en España.

El hecho se registró en el callejón Cerrito casi San Diego del barrio San Miguel de Capiatá, Departamento Central.

El ex mandatario no es el único que aumentó su patrimonio considerablemente, también sus más cercanos colaboradores, según se lee en sus DDJJ. Hoy también liban de las mieles de Yacyretá.

Además del ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos, también los miembros de su primer anillo gozan de grandes fortunas amasadas durante sus años en la función pública al lado del tendota, y ahora también de los millones que chorrean de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El escándalo generado por la revelación de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos por parte de la Contraloría tuvo como uno de sus principales protagonistas al ex mandatario, quien llamó la atención por aumentar su patrimonio de G. 773 millones en 1999 a G. 7.364 millones en el 2017, un aumento del 952%.

Pero no fue el único en acumular riquezas a lo largo de estos años, también lo hicieron sus cercanos, como el caso de su ex secretario privado Carlos María Santacruz, quien de la mano de Duarte Frutos abrazó varios cargos públicos hasta acabar hoy en día como consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Su declaración jurada del año 2000, cuando era concejal departamental, señaló que tenía un patrimonio neto de G. 119 millones. Para cuando presentó su declaración del 2003, cuando asume como diputado, manifestó un salto patrimonial a G. 528 millones, un aumento del 500% en tres años.

Santacruz fue diputado por Paraguarí en reemplazo de Juan Darío Monges cuando este asumió como ministro de Justicia y Trabajo de Nicanor en el 2003. Entre 1998 y 2003 fue concejal departamental de Paraguarí y presidente de la Junta. Llegó a interinar la gobernación en reemplazo de Julio César Fanego.

En el 2007, fue elegido por Nicanor para acompañar la chapa presidencial que tenía como candidata a Blanca Ovelar para la presidencia de la República, derrotada en el 2008 por Fernando Lugo.

Al volver Nicanor como embajador en Argentina con Horacio Cartes en el 2013, Santacruz también regresó a la función pública como consejero de la EBY, y salió cuando NDF renunció a la embajada. Al ser nombrado director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor volvió a nombrar consejero a Santacruz. Como referencia a los niveles salariales, en diciembre pasado Santacruz cobró el total de G. 142.955.590 en sueldo y bonificaciones.

AMIGOS. Otro de los cercanos al ex presidente es el ex diputado por San Pedro Arístides Da Rosa, quien también fue secretario de Nicanor cuando ejercía el cargo de titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en la era de Juan Carlos Wasmosy como presidente de la República en el año 1993.

En el año 2003, cuando asume como diputado vocero del nicanorismo, presentó una declaración jurada que señaló un patrimonio neto de G. 397 millones.

Diez años después, cuando abandona la Cámara Baja en el 2013, tras dos periodos como diputado por San Pedro, en su declaración ya saltó que su patrimonio aumentó a G. 1.159.529.584 millones, 300% más en diez años.

Fue nombrado en la EBY ni bien asumió Duarte Frutos en la dirección en agosto del 2018. Como referencia del nivel de ingresos, el detalle de pagos de diciembre del 2019 indica que cobró G. 77.684.0698 como funcionario administrativo en sueldo y bonificaciones.

Otro de los que fueron nuevamente reclutados por Nicanor en la EBY es Alejandro Takahashi, ex director de la empresa Petróleos Paraguayos (Petropar) durante el gobierno de Duarte Frutos, cargo que le valió la interpelación de la Cámara Baja y la imputación de la entonces fiscal Rocío Vallejo por supuesta lesión de confianza en el desvío de USD 38.000.000 en Petropar.

En el sitio de la Contraloría no figura ninguna declaración jurada presentada. Como referencia de su nivel de ingresos actuales, cobró en la EBY en diciembre del 2019 G. 125.252.038 como director administrativo en sueldo y bonificaciones..

 

 

En su informe ante el Congreso, el presidente dijo que la educación no se detuvo y que 77.000 trabajadores retornaron a sus puestos, pintando una realidad que contrasta con el país en crisis.

Con nula autocrítica, sin ahondar en la crisis que sufre la educación y la debacle económica con miles de desempleados por la pandemia, el presidente Mario Abdo Benítez presentó ayer su segundo informe de gestión de manera virtual ante el Congreso.

Durante la exposición que tuvo lugar en el Banco Central del Paraguay, ignoró los casos de corrupción que salpican su administración y solo atinó a pedir oración para combatirla. Reconoció que no está satisfecho con la ejecución de recursos del Ministerio de Salud y se comprometió en mejorar la gestión en dicha área.

“No estamos satisfechos con la ejecución del presupuesto de salud y vamos a hacer un gran esfuerzo para mejorar y garantizar la provisión de insumos”, prometió durante el informe que fue seguido en formar virtual por los legisladores. Hasta la fecha, las compras realizadas por Salud fueron canceladas ante las sospechas de casos de corrupción que está bajo investigación fiscal.

En el plano de la educación, el presidente pintó un escenario irreal. Dedicó varios minutos para citar números de estudiantes y docentes conectados a la plataforma, la entrega de los kits de alimentos, pero olvidó hablar sobre la crisis generada con la comunidad educativa y las dificultades que tienen varias familias para acceder a una educación a distancia eficiente.

“La educación en Paraguay no se detuvo y fue posible mediante el esfuerzo conjunto del Estado, la sociedad civil, las familias, la comunidad y medios de comunicación”, sentenció Mario Abdo, defendiendo así a uno de sus ministros más cuestionados que es Eduardo Petta. En materia de Obras Públicas, donde está a la cabeza uno de sus más leales ministros, Arnoldo Wiens, Abdo hizo un recuento de los trabajos en marcha y otros que se están iniciando, destacando nuevamente que hubo récord en materia de ejecución del presupuesto. Igualmente hizo mención a la construcción de viviendas y las proyecciones que tienen hasta fin de año.

Empleos. En un tramo de su mensaje, el mandatario dijo que no solamente en el campo de la salud hay cifras positivas (por el bajo nivel de contagios de Covid en relación a otros países). Remarcó que en el marco de la cuarentena inteligente 77.000 trabajadores ya lograron retomar su labor. Sin embargo, la crisis sigue arrastrando a varias empresas, principalmente a las pequeñas y medianas empresas y dejando a su paso a miles de personas que se quedan sin empleo y falta de respuesta inmediata del Gobierno para hacer frente a la crisis.

Pidió orar para combatir la corrupción y desigualdad
Como viene haciendo en sus discursos, Mario Abdo apeló nuevamente ayer durante su informe ante el Congreso a una frase bíblica y pidió a la gente que lo acompañe con su oración para combatir la corrupción. ”Quiero pedirle a cada paraguayo que se convierta en mi entorno, en mi primer anillo, que impulsen conmigo la verdadera transformación, que me acompañen con su oración y con su actitud diaria para poder acabar con la corrupción, con la desigualdad, con el egoísmo y así levantar lo mejor de nosotros”, expresó al tiempo de encomendarse a Jehová para guiar el camino. “Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará (...) hoy encomiendo el camino del Paraguay a Dios! Declarando su reactivación económica, progreso, unión y estabilidad”, remató.
Crimen organizado. Abdo destacó que el índice de sicariato bajó a cero en la frontera seca gracias a la acción de la Fuerza de Tarea Conjunta. Dijo que se registra una incautación récord de cocaína, y que es el doble que administraciones anteriores, generando un golpe económico de USD 40 millones. Agradeció el respaldo político para enfrentar la pandemia y mencionó que su plan de reactivación económica que requerirá de una nueva deuda de USD 350 millones requerirá del apoyo de los legisladores.

 

Tras el veto parcial a la ley que anula las facturas de la ANDE, el presidente de la estatal, Luis Villordo, explicó cuál sería el proceso para la corrección de las facturas que cuentan con reclamos y ya fueron abonadas.

El Poder Ejecutivo extendió la exoneración del pago del servicio de energía eléctrica por los meses de julio y agosto de 2020. Esto afecta a quienes consumen hasta 500 Kwh por mes, cuyo monto estimado es de G. 200.000.

Sobre el punto, el titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Luis Villordo, explicó que el artículo 1 de la ley no fue vetada, por lo que de promulgarse se procederá a la cancelación y anulación de las facturas emitidas entre marzo y junio de este año.

Aquellas que ya fueron abonadas y tienen reclamos por sobrefacturación serán refacturadas, incluyendo los cuatro meses en una sola boleta. El pago que ya fue realizado se aplicará como crédito para otras facturas.

“La nueva factura sería con lecturas reales, se determina el promedio que se aplicaría a cada mes y se calculan en una sola factura la sumatoria total de todas ellas. Eso se va a poder pagar en cuotas”, señaló a Telefuturo.

De acuerdo con los datos, sobre las refacturaciones, en marzo se procesaron aproximadamente 12.000 facturas, mientras que abril la cifra ascendió a 22.000 y en mayo fueron 7.000 facturas, aproximadamente.

La medida adoptada por el Ejecutivo también abarca a la facturación de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), por el consumo de los meses de junio y julio de este año.

Según el Decreto 3769, entre los argumentos esgrimidos para la objeción parcial, refiere que al establecer la prohibición de emitir facturas sin haber realizado la lectura del medidor, propicia posibles situaciones de fraude o de evasión que imposibiliten la emisión de factura.

Además, refiere que no especifica la fuente de financiamiento para solventar las exoneraciones planteadas.

El proyecto aprobado por el Congreso ampliaba además la línea de exoneración de 500 Kwh a 1.000 Kwh de consumo. La misma quedó en que el beneficio será aplicado como lo estipulado originalmente en el marco de la emergencia.

 

Segmentos de agribusiness, servicios y comercio al por menor tuvieron la suba más importante en cuanto a morosidad a mayo pasado. Indicador en el sistema bancario se ubica en 3,33%, según BCP.

Los sectores de agronegocios, servicios y comercio al por menor son los que registraron el mayor aumento de la morosidad en el sistema bancario, conforme a las estadísticas del boletín de mayo de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP).

El segmento de agribusiness registró en el quinto mes del año un incremento en el indicador de 1,24 puntos porcentuales con relación a abril pasado y de 1,87 puntos porcentuales si se compara con mayo del año pasado.

Por otra parte, el sector de servicios aumentó en 0,65 puntos porcentuales entre abril y mayo de 2020 y en 1,04 puntos porcentuales en un año; mientras que, en los mismos periodos, la falta de pagos del comercio al por menor creció en 0,59 puntos porcentuales y 0,93 puntos porcentuales, respectivamente.

En general, la morosidad experimentó una leve reducción en mayo de 2020, a 3,33% desde el 3,37% registrado en abril de este año; sin embargo, la cifra se encuentra por encima del 3,06% de mayo del año pasado.

ARRASTRE. Carlos Fernández Valdovinos, ex presidente del BCP, refirió que la leve variación registrada en el indicador en los últimos meses demuestra que las medidas adoptadas desde la banca matriz para diferir las obligaciones tuvieron resultados positivos y que los segmentos con una suba en la morosidad son los que tenían problemas antes de la pandemia.

En ese sentido, comentó que no se espera un repunte significativo en este aspecto en el corto plazo; sin embargo, es difícil saber si las empresas o personas podrán cumplir con los desembolsos pendientes cuando terminen los plazos de gracia. “Vamos a ver qué pasa cuando las cuotas empiecen a caer, pero en principio deberían estar en mejores condiciones de pagar”, manifestó.

 

 

EMERGENCIA. Los gastos incluyen compra de insumos, reactivos y alimentos para asistir a familias.

El Gobierno Nacional ya gastó alrededor de G. 181.482 millones, USD 27 millones en 128 contratos asociados a las compras Covid-19 dentro de la declaración de la emergencia sanitaria impuesta desde marzo pasado.

En base a los datos oficiales que se registran en el portal del Gobierno se visualiza una serie de adquisiciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) que está en el ojo de la tormenta por las sospechosas licitaciones realizadas para la compra de insumos chinos y que hoy están siendo investigadas por el Ministerio Público.

En esta lista oficial se puede observar licitaciones realizadas para la compra de reactivos e insumos de laboratorio para la contingencia por la suma de G. 1.117 millones y que fue posteriormente impugnado y que son objeto de revisión por parte de

Contrataciones Públicas.

Para la desinfección prolongada de hospitales se desembolsó la suma de G. 12.917 millones. Todo esto se realiza dentro del marco de la urgencia impostergable y por la contratación por la vía de excepción, según se describe.

En la compra de insumos de protección biológica para Covid-19 se gastó G. 1.050 millones adjudicada a Papeles & CIA Sociedad Anónima.

La adquisición de aire acondicionado para la zona de aislados, internación y la unidad de terapia intensiva del Hospital Nacional de Itauguá costó unos G. 96 millones.

Aparece también en la lista la compra de ventilador pulmonar para contingencia por la suma de G. 8.115 millones y el proveedor adjudicado es la empresa Dysa Healthcare SA.

El Hospital Rigoberto Caballero compró medicamentos, reactivos e insumos por criterio de la urgencia impostergable por la suma de G. 3.252 millones. Está con pendiente de emisión de código de contratación.

El Ministerio de Justicia compró tapabocas y termómetro infrarrojo por valor de G. 102 millones.

El Hospital de Clínicas realizó una licitación para la puesta en marcha de una cabina de bioseguridad por G. 15.510.000.

ALIMENTOS.

Varias gobernaciones y municipios también llevaron adelante procesos de licitación dentro de la emergencia sanitaria para la compra de alimentos para asistir a las familias en el marco de la emergencia por la pandemia del Covid-19.

La Gobernación de Concepción gastó G. 411 millones. El proceso se dio por la vía de la excepción y aparecen dos proveedores adjudicados; San Gregorio y la firma Menro SA.

En tanto que la Municipalidad de Arroyito gastó G. 59.570.000 para la compra de alimentos. La administración de la Municipalidad de Azotey en el Departamento de Concepción, invirtió G. 34 millones en productos alimenticios. Mientras que la Municipalidad de Caacupé gastó G. 119 millones, según reza el informe.

Capiatá compró alimentos por la suma de G. 167 millones.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, es el que más recursos invirtió durante esta pandemia en la compra de cestas básicas distribuidas a las familias de escasos recursos por la suma de G. 2.949 millones.

En tanto, la Gobernación de Cordillera está en proceso de reparación y construcción del hospital distrital de Altos por la suma de G. 65 millones.

Mientras que la Gobernación de Itapúa gastará G. 1.977 millones para la construcción de pabellón hospitalario, adecuación del sector de hemodiálisis y del Instituto de Previsión Social de Encarnación dentro de la emergencia

El Ministerio de la Defensa Pública compró toallas de papel dentro de la emergencia por valor de G. 24.625.000, según se detalla.



G. 181.482 millones en 128 contratos es lo que aparece en la lista del portal de transparencia habilitado por el Gobierno.

G. 2.949 millones es lo invertido por la Municipalidad del Este en la compra de cestas básicas para las familias.

 

El senador oficialista Óscar Cachito Salomón asume como nuevo presidente de la Cámara de Senadores, desde este miércoles. El legislador será responsable de la titularidad del Congreso Nacional, en reemplazo del liberal Blas Llano.

El senador abdista Óscar Cachito Salomón y su nueva mesa directiva asumirán la titularidad del Congreso Nacional desde este miércoles hasta el 30 de junio del 2021. A las 11.00 se realizará el corte administrativo que implica el cambio de autoridades.

Siguiendo con la integración de la nueva mesa directiva del Senado, el ex presidente de la República, Fernando Lugo (FG), fue electo como vicepresidente primero. Mientras que para la Vicepresidencia Segunda fue electo el senador liberal Amado Florentín.

Cachito Salomón, como se lo conoce, es un empresario de moteles y se inició en la política como seccionalero hace más de 20 años. Es padre de cuatro hijos: Felipe Sebastián, actual ministro de la Secretaría Nacional de la Juventud, Óscar Iván y dos hijas menores de 18 años.

Es senador por segunda vez consecutiva, desde el periodo 2013. Sin embargo, lleva en el Parlamento desde la década de los 90, cuando fue electo por tres periodos legislativos en la Cámara de Diputados desde 1993 a 2008, donde llegó a ser presidente de esa cámara legislativa en dos ocasiones.

El legislador es leal a Mario Abdo desde que el ahora primer mandatario buscó la presidencia de la Junta de Gobierno del Partido Colorado hasta la actualidad. Su arduo trabajo en la campaña electoral en el Departamento Central y su incondicionalidad con el presidente de la República le valieron para que su hijo ocupe un cargo en un ministerio.

Con la victoria de Añetete en las elecciones pasadas del 2018, Salomón logró interesantes cargos para sus cuñados, sobrinos y amigos, principalmente en las dos binacionales, Itaipú y Yacyretá.

A pesar de que en las sesiones Óscar Cachito Salomón se muestra con un perfil bajo y con pocas intervenciones durante los debates, el año pasado protagonizó un incidente con un grupo de manifestantes que llegaron hasta su domicilio para escrachar a su hijo y ministro de la Juventud.

Años atrás, en 2010, en ese entonces siendo diputado, fue noticia tras dar positivo a la prueba de alcotest y fugarse de los agentes de la Policía Caminera.

La semana pasada, cuando la Contraloría hizo públicas las declaraciones juradas de los altos funcionarios, en el legajo de Salomón figuraban que de las cuatro declaraciones que presentó, dos son simples notas.

Mientras que las otras dos, del 2003 y 2013, revelan que su negocio se centra en préstamos y transacciones, con ciertos indicios de usura. En su última declaración percibía G. 100.000.000 mensuales y anualmente G. 900.000.000, hace siete años.

El electo titular de la Cámara Alta aseguró, en aquella oportunidad, que siempre declaró sus bienes y cree que su patrimonio es razonable con 22 años siendo parlamentario, sin dar detalles sobre el monto que posee actualmente.

 

MONTO GLOBAL. El plan presentado en la víspera contempla un monto de USD 2.513 millones. MÁS DEUDA. Se recurrirá a mayor endeudamiento por USD 350 millones para financiar parte del plan. PILARES. Los principales pilares serán: ayudas sociales, inversión en obras públicas y créditos. CAÍDA. Pese a las acciones anunciadas, este año se cerrará con una merma del PIB en torno al 2,5%.

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Mario Abdo Benítez y sus principales colaboradores, presentó ayer en Palacio de Gobierno los detalles del plan de reactivación económica pos-Covid-19, denominado Ñapu’a Paraguay.
El monto global contemplado en dicho plan asciende a USD 2.513 millones, de los cuales unos USD 350 millones serán financiados con mayor endeudamiento público.
Los tres pilares principales serán: programa social, obras públicas y empleo, y ayuda crediticia.
Las acciones a ser llevadas adelante por el Gobierno a través de este plan apuntan a contener la caída económica de este año, estimada en -2,5%, según el BCP, y evitar que el desenlace sea mucho peor.

 

 

Varios referentes de la oposición hicieron un balance de la gestión de Mario Abdo Benítez, quien prácticamente quedó aplazado, incluso antes de presentar su informe online mañana ante el Congreso en sesión extraordinaria.

El titular del Congreso saliente, Blas Llano, sostuvo que lo más grave fueron los hechos de corrupción, por parte de personas que pretendieron valerse de la pandemia e intentaron llevar recursos públicos a su bolsillo.

Anunció que su bancada analizará si corresponde o no otorgar más créditos al Ejecutivo porque hasta el momento los sumariados son todos de menor rango.

Sostuvo que la Fiscalía tiene que ser más exigente con su propia administración.

“Anuncian un nuevo paquete de endeudamiento, supuestamente para reactivar la economía. La pregunta es, primero, ¿qué se hizo con los USD 1.600 millones?”, reclamó, y que esa será la discusión con relación al nuevo crédito que se estará planteando.

El senador luguista Hugo Richer sostuvo que la gestión del gobierno de Mario Abdo ha sido un fracaso absoluto, en cuanto al combate a la corrupción y su gestión en sí.

Además calificó de tibio al mandatario, ante las escandalosas denuncias por compras fallidas de insumos.

Cuestionó que ni siquiera hubo una autocrítica por parte del Ejecutivo. “Nos fuimos todos a cuarentena porque se iba a equipar todo el sistema de salud pública, para afrontar esta situación, y sabemos todos lo que pasó”, sentenció.

“Hoy día, vemos empresas cerradas, trabajadores despedidos. No digo que la gestión del Gobierno hubiera evitado un 100%”, refirió, alegando que se pudo evitar en gran medida teniendo recursos.

Gilberto Apuril, de Hagamos, indicó que todo el sacrificio que se hizo a costilla de la caída económica no fue honrada por el Gobierno.

“En este momento nos encontramos medio desarmados”, consideró con relación a la pandemia y los casos de contagio que se están dando.

El liberal Enrique Salyn Buzarquis reconoció las medidas sanitarias, y en cuanto a las administrativas remarcó que embarraron bastante la gestión de Mario Abdo.

Cuestionó que hasta el momento no haya créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son los sectores más golpeados y olvidados en esta crisis.

Stephan Rasmussen, de Patria Querida, alegó que no hubo grandes cambios en comparación con gobiernos anteriores, y se fueron dos años perdidos para hacer reformas. Cree que el Gobierno irá en bajada en los próximos años que le quedan.

Criticó la impunidad, la falta de firmeza de Marito, y el nivel de endeudamiento.


¿Qué se hizo con los USD 1.600 millones? Se pretendió abusar de esa confianza que tuvo el Congreso. Blas Llano, titular saliente del Senado.

Fuimos a cuarentena y no hubo equipamiento. Un fracaso, y también la emergencia económica. Hugo Richer, senador luguista.

 

Los casos positivos de Covid-19 en todo el territorio nacional tuvieron un aumento exponencial en las últimas dos semanas. Los casos activos sobrepasaron la línea de los 1.000 pacientes, concentrándose en gran medida fuera de los albergues.

El Ministerio de Salud Pública tiene en sus estadísticas un total de 2.191 casos confirmados de Covid-19 en todo el país, de acuerdo con el último reporte emitido el lunes.

Las variables muestran un incremento en los casos activos, los cuales suman un total de 1.095 pacientes. Una cifra que, por hoy, se sitúa por encima de los 1.080 recuperados reportados por la cartera sanitaria

La alerta no se encendió solo por la cantidad de activos, sino además porque la prevalencia del virus va concentrándose con mayor fuerza fuera de los albergues.

De acuerdo con las estadísticas, solo el 39% de los confirmados están dentro de los albergues y el resto se encuentra afuera. Una variación que fue invirtiéndose en lo que fue de este mes.

Con 778 casos positivos, el Departamento de Alto Paraná encabeza el mapa de los más afectados. Ello, tras los casos reportados en la Penitenciaría de Ciudad del Este, que ya suma cerca de 500 pacientes infectados entre internos, funcionarios y contactos.

Central es el segundo departamento con mayor cantidad de positivos. Hasta la fecha se reportaron 237 pacientes con Covid-19, centrándose principalmente en las ciudades de Fernando de la Mora, Lambaré, Luque y San Lorenzo.

Asunción sigue en el listado con 112 positivos y concentrando la mayor cantidad de casos sin nexo. Paraguarí, Caaguazú y Concepción han reportado cifras estables en la última semana, según lo había mencionado el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

La franja etaria de mayor afectación sigue siendo la población joven de entre 20 a 29 años (38%), y está presente en un gran número de hombres (74%).

Desde el reporte del primer caso de coronavirus, en marzo pasado, hasta la fecha se registraron 16 fallecimientos a causa de la enfermedad.

El último deceso se confirmó ayer, pero ya se produjo el pasado 25 de junio. Era un paciente de 67 años, domiciliado en Asunción, con patología de base.

El Ministerio de Salud manifestó su preocupación debido a que si bien se cumplen las medidas en el ámbito laboral, se descuida el entorno familiar y social en general.

En ese sentido, desde el Gobierno insisten con el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y social, como también evitar compartir objetos.

 

Domingo Peppo, embajador argentino en Paraguay, aseguró estar a favor de que se apruebe el acuerdo al que se llegó en el 2017 sobre el Anexo C del Tratado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El acuerdo de 2017 es un tema que todavía no fue abordado en el Congreso del vecino país. En ese sentido, el diplomático aseguró que tuvo la oportunidad de hablar con legisladores oficialistas y de la oposición, además de Ignacio Barrios Arrechea, director argentino de Yacyretá, resaltando la existencia de un consenso “político y técnico” al respecto.

Aclaró que la decisión de enviar el documento al Parlamento es de Alberto Fernández, presidente de la nación argentina, pero que ya le manifestó al mismo y a Felipe Solá, canciller del vecino país, su opinión. Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a revisar las notas reversales, indicó que considera mejor “cerrar” el caso “y trabajar para adelante”.

“En estos días yo trataré de comunicarme con el presidente (Fernández) también para expresarle la necesidad (de finiquitar el asunto), eso está generando una duda en todos los aspectos y debemos clarificar y avanzar”, manifestó en una entrevista concedida a Última Hora.

Sobre las deudas de Argentina con Paraguay por cesión de energía y territorio inundado, que sumadas ascienden a alrededor de USD 1.400 millones, refirió que ya tuvo conversaciones con las autoridades locales al respecto y que existe un compromiso de cumplir con esas obligaciones.

“Argentina ha hecho saber que todo esto tiene que ver con el proceso de negociación de deuda (externa de este país), pero con eso Argentina va a cumplir. Igual estamos transmitiendo esa preocupación, sabemos que es importante para Paraguay”, manifestó.

El diplomático también habló sobre la intención de avanzar en el proyecto Corpus Christi debido a la “multiplicidad de ventajas” que posee. Este plan ya quiso ser reactivado en varias oportunidades por diferentes gobiernos, pero hasta el momento no se ha concretado.

También señaló la importancia del inicio de las obras de Añá Cuá, que permitirá aumentar la generación de energía de Yacyretá en aproximadamente 10%, y cuya entrada en operación de la primera turbina está marcada para el año 2023, pese a los atrasos registrados en la actual pandemia.

OTROS. A más de los temas de la agenda energética, Óscar Domingo Peppo dijo que hay otros sobre los cuales Argentina expresó preocupación, como la sanción por parte del Congreso paraguayo de la llamada ley de preferencia, que debe ser promulgada o vetada por el Poder Ejecutivo.

“Entendemos que esa ley no pone en igualdad de condiciones, de acuerdo a los convenios que hay con el Mercosur y en la reciprocidad que existe en el comercio bilateral con el aumento de preferencias de 20% a 40%”, expresó.

Igualmente, habló sobre la restricción de la importación de varillas de hierro argentinas, debido a que esa decisión puede plantear dificultades al segmento de las construcciones.

En cuanto a estos últimos puntos, anunció que tendrá reuniones con senadores y diputados locales.

 

Los polémicos políticos del Departamento de Canindeyú, varios de ellos señalados de tener vínculos con el narcotráfico, también fueron expuestos casi todos en el buen pasar económico que tienen, según se puede leer de las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, que presentaron ante la Contraloría General de la República (CGR) y fueron publicadas desde la semana pasada a partir de la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Una de las referentes principales es la diputada colorada cartista María Cristina Villalba, conocida como la madrina, cercana al ex intendente de Ypejhú Vilmar Neneco Acosta, brasiguayo condenado por el asesinato de los periodistas Pablo Medina y Antonia Almada.

Villalba declaró en el año 2013, cuando asumía su primer periodo legislativo luego de dejar el cargo de gobernadora de Canindeyú, un patrimonio neto de G. 4.200 millones, y activos por más de G. 4.572 millones.

La misma declaró poseer en ese entonces un total de once cuentas bancarias, siete propiedades, una camioneta, tres motos, marca de ganado, así como acciones, inversiones y bonos por un valor de G. 1.500 millones, y un ingreso mensual de más de G. 157 millones.

Otro político cercano a Villalba es el ex gobernador Alfonso Noria Duarte, quien es conocido por el salto económico que tuvo de ser un humilde profesor de educación física a ostentar una fortuna estimada en USD 10 millones (G. 6.550 millones). Fue investigado en el 2016 por el Ministerio Público por supuesto enriquecimiento ilícito, pero blanqueado finalmente el año pasado por el fiscal Juan Daniel Benítez, quien pidió la desestimación de la causa. En el sitio de la CGR no figura ninguna declaración jurada de Noria.

Otro recordado polémico político es el ex diputado y ex concejal de Curuguaty Julio Colmán, recordado por proteger el rollotráfico y ufanarse de usar dinero público para strippers en viajes parlamentarios. En su declaración jurada del 2016 dijo tener un patrimonio de G. 100 millones.

El investigado diputado liberal Teófilo Espínola declaró por su parte un patrimonio de G. 575.200.000 en el 2015.

 

SALTO. De 900 confirmados, al 28 de mayo, ayer se superó la barrera de los 2.000 casos de Covid-19. nueva amenaza a la salud LOCAL. De 2.127 casos en total, 460 se dieron por contagios en la comunidad en los últimos 31 días. PENAL. La infestación en Penitenciaría de CDE infló los números locales con 538 positivos en cinco días. ALERTA. Salud insta a no bajar la guardia para evitar que el coronavirus "nos haga retroceder de fases".

De 476 casos activos del nuevo coronavirus a nivel país, hace exactamente una semana, se pasó a 1.047, ayer, con la explosión de contagios registrados dentro del Penal de Varones de Ciudad del Este y el inédito salto de la transmisión comunitaria de los sin nexo: 56 casos en siete días.

Asunción y 15 municipios del Departamento Central están azotados por esta forma silenciosa de dispersión viral que no da tregua. También el virus está circulando, actualmente, en 13 de los 17 departamentos del territorio nacional (ver infografía).

Si se toma la ventana de los últimos 31 días, se puede constatar que se duplicaron –por igual– los datos consolidados de Covid-19: de 900 casos, al 28 de mayo, trepó ayer a 2.127.

Con todo, lo que más inquieta y activa la alarma del sistema sanitario son los casos que se producen sin que se pueda identificar su origen; como burlando el dispositivo que despliega el equipo de la Dirección de Vigilancia de la Salud al elaborar el árbol epidemiológico de cada infectado.

REPORTE

En la actualización epidemiológica de la víspera, el ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, comunicó que de 1.361 muestras procesadas, 185 resultaron positivas: 167 contactos, nueve del exterior y nueve sin nexo.

Todos los infectados están en aislamiento, según aseguró.

Mazzoleni apuntó que de los casos por contactos, 123 están relacionados con la citada penitenciaría del Alto Paraná. Mientras que los contagios sin nexo provienen de Asunción, Capiatá, Lambaré, Minga Guazú, Pedro Juan Caballero, Santaní y tres en Ciudad del Este.

Capiatá había desaparecido del mapa de casos activos, el pasado sábado, luego de la recuperación de la decena de infectados, a partir del contacto con el camionero chileno, ya recuperado.

Ayer, ese distrito de Central retornó a los registros con un caso sin nexo, señalado en el párrafo anterior.

El ministro dio cuenta de que también ayer hubo tres nuevos pacientes hospitalizados: Son 26 internados en total, tres de ellos están en alguna unidad de terapia intensiva (UTI).

Indicó que con 20 recuperados, ya suman 1.065, el total de las personas que han logrado recuperarse de esta enfermedad.

SEMANA CLAVE

Mazzoleni había anticipado que esta semana será clave para dimensionar con mayor precisión el impacto del contagio en el penal de CDE, teniendo como foco principal los contactos en el núcleo familiar y social de cada uno de los 69 funcionarios penitenciarios que dieron positivo.

“Por el momento estamos valorando muy de cerca (la evolución del virus) y seguimos atentos a cuál es el patrón que se presente durante toda la semana”, expresó sin dejar de poner atención, al mismo tiempo, a los preocupantes casos sin nexo.

Respecto a los test que se tomaron en la penitenciaría, hasta hace unos días –dijo– había un grupo importante de muestras por procesar. “Ningún interno contagiado requirió hospitalización, salvo un guardia por enfermedad concomitante y otro que tuvo apendicitis”, complementó.

EXTRAMUROS

El Dr. Hugo Kunzle, director de la X Región Sanitaria, habló sobre la reticencia de un sector de los reos que se niegan al test de Covid, según reportó Wilson Ferreira, corresponsal de ÚH.

El médico dijo que, por ahora, ya no cambia nada el hecho de que los internos dejen de hacerse la prueba.

“En este momento nuestro principal ojo está en la comunidad, tomando las muestras a los contactos de los funcionarios que estuvieron los últimos días”, apuntó sobre los eventuales contagios que se pudieran haber dado muros afuera del penal.

Kunzle recalcó que desplegaron 10 brigadas en ese foco principal que se concentra en la comunidad.

“Estamos trabajando en toma de muestra domiciliaria en algunos casos específicos y otros le convocamos en lagares para la toma de muestra en los diferentes distritos, a los contactos estrechos y familiares de funcionarios que estuvieron días atrás en sus domicilios, en diferentes zonas de Alto Paraná”, explicó.

Las autoridades de Salud aseguran que la situación está contenida en la cárcel. “Está controlado, tenemos nuestro equipo de salud, el Ministerio de Justicia también ha reforzado con nuevos contratos de médicos y enfermeros que cubrirán”, dijo Kunzle.

Este lunes ya se tendrían los resultados de las muestras tomadas en los diferentes barrios donde viven los funcionarios. “Instamos a la población a no bajar la guardia, en este momento redoblar el esfuerzo, a cumplir con el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el frecuente lavado de manos, con eso vamos a estar ganando esta batalla”, sostuvo.

NEGATIVO

Sobre los 15 funcionarios de Senepa que fueron puestos en cuarentena, tras fumigar el penal la semana pasada, dijo que los primeros cinco resultados dieron negativo.

“Estamos esperando el resultado de otros funcionarios que tuvieron contacto con un caso positivo”, refirió.

Con relación al casamiento de la hija de la concejala de Pdte. Franco Julia Ferreira, donde supuestamente hubo aglomeración de personas –versión negada por la edil–, señaló que todo el entorno inmediato de la familia fue sometido a la prueba y sus resultados se sabrán en la brevedad.

LAS CIFRAS
2.127 casos confirmados del nuevo coronavirus se registraron hasta ayer en el país, de los cuales 1.065 se recuperaron.
998 contagios en la comunidad, entre contactos y sin nexos, se dieron en el lapso de un mes: del 28 de mayo hasta ayer.
94 casos sin nexo se registraron en los últimos 31 días; entre los cuales, 56 casos tuvieron lugar en la última semana.

 

BROTE.  De los 142 casos de coronavirus, ayer, 110 corresponden al correccional de Ciudad del Este. FRENO. Salud insta a cumplir medidas preventivas para cortar propagación del virus en la comunidad.

La última vez que había temblado el tablero de los casos confirmados de Covid-19 en Paraguay fue el 9 de mayo, cuando se reportaron 129 positivos. En su mayoría provenían del exterior. Ayer, Paraguay registró un nuevo récord con la confirmación de 142 infectados, de los cuales 110 corresponden al megacontagio producido en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este (CDE).

Los datos desagregados de los casos positivos –de un total de 1.590 muestras procesadas– indican que 125 fueron por contactos, 10 del exterior y siete sin nexo. Hay 11 internados, dos en terapia intensiva. Se reportaron 37 nuevos recuperados, sumando así 1.013; en tanto que el total de confirmados trepó a 1.711, según la actualización epidemiológica provista por el ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni.

“Tenemos muchos positivos en el día de la fecha, y probablemente mañana (por hoy) y pasado tendremos un número alto”, expuso el ministro en rueda de prensa que últimamente brinda los viernes por la mañana. Trabajan –dijo– en coordinación con el Ministerio de Justicia, organizando dentro del penal a los internos y los guardiacárceles, con la lógica de un albergue.

El Dr. Hugo Kunzle, director de la X Región Sanitaria, señaló que tomaron 659 test de Covid a los reos.

En el penal de la capital del Alto Paraná ya se pudo confirmar 230 contagiados, de los cuales 161 son personas privadas de su libertad y 69 funcionarios, según reportó Wilson Ferreira, corresponsal de ÚH.

Este fin de semana –anunció Mazzoleni– tendrán un panorama más preciso sobre el brote en el correccional de CDE. A la vez, esperan dimensionar el impacto que pueda tener en la comunidad, en atención a los guardiacárceles y funcionarios penitenciarios, quienes ya fueron separados de sus núcleos familiares y aislados en un albergue: por un lado los positivos y, por otro, los que aguardan sus resultados.

Kunzle refirió que, en este momento, están poniendo especial atención en la comunidad, tomando las muestras a los contactos de los funcionarios que estuvieron con ellos los últimos días.

“Estamos haciendo un análisis muy responsable, técnico, científico de esa zona. No puedo negar que nos preocupa enormemente Alto Paraná. Hoy es la zona más roja del país, sin ninguna duda”, expuso el ministro de Salud al indicar que siempre dejaron en claro que esta cuarentena “se basa en la dinámica de ir hacia adelante o para atrás”.

SILENCIOS

En la víspera quedó demostrado que el virus se pasea invisible en la comunidad, en cada asintomático o en quienes tienen síntomas leves. Y se expande silenciosamente en diferentes puntos del país, especialmente en el Departamento Central, Alto Paraná y ahora en Amambay.

Mazzoleni precisó que de los siete sin nexo que aparecieron ayer, cuatro corresponden a Central: Fernando de la Mora, San Lorenzo, Ypacaraí y Mariano Roque Alonso. Los tres restantes son de Presidente Franco, Ytakyry y Pedro Juan Caballero.

De los 19 distritos de Central, 14 cuentan con casos activos. En las ciudades donde solo hay un positivo, se produjo por un nexo sin identificar; por lo que se presume una circulación comunitaria por fuera de la órbita epidemiológica que arma el equipo de Vigilancia de la Salud.

“El hecho de que las personas tengan síntomas leves o incluso no tengan síntomas no significa que el virus no pueda propagarse y no pueda alcanzar a personas más vulnerables; ya sea por la edad o por enfermedades concomitantes y ahí sí tengamos muchos fallecimientos que lamentar”, exclamó. Por eso, instó al uso de las mascarillas y el distanciamiento físico. “Y, por sobre todo, evitar compartir utensilios de uso personal como bombillas”, exhortó.

Las cifras
1.711 casos confirmados de coronavirus se registraron hasta ayer en el país, de los cuales 1.013 han logrado recuperarse.
230 contagiados, entre reos y funcionarios penitenciarios, ya se dieron en el penal de varones de Ciudad del Este.
28 casos sin nexo se dieron desde el inicio de la fase 3, principalmente en Asunción, Central y Alto Paraná.


Mario Abdo reitera preocupación
El presidente Mario Abdo Benítez reiteró su preocupación por la propagación del coronavirus más allá de las fronteras y consideró que lo que está ocurriendo con la penitenciaría de Ciudad del Este es un riesgo.
“Vamos a ir controlando mientras nuestro sistema de salud no esté saturado. Vamos a seguir avanzando lentamente. En algunos casos vamos a parar. Ahora paramos dos semanas”, significó sobre el avance o retroceso de la cuarentena inteligente.
Todo depende del análisis territorial y de las recomendaciones de los expertos de salud para tomar una determinación de retroceder o avanzar. Puso como ejemplo el caso de la localidad de San Roque (Paraguarí), que hace siete días no confirma nuevos casos, luego de retroceder en algunas de las fases.
Sostuvo que a nivel global no hay mucha experiencia ni antecedente. “Estamos haciendo el mayor de los esfuerzos escuchando a los epidemiólogos y el análisis que hacen ellos para tomar decisiones en cada caso”, significó.
EVENTOS SOCIALES. El presidente consideró que hay que cuidar y tomar las precauciones considerando que el contagio de los últimos casos confirmados se dieron durante eventos sociales. Mencionó que en los ambientes laborales prácticamente no hay problemas. “Gracias a Dios. Pudimos construir capacidad laboral respetando los protocolos. La gente que trabaja tiene otra conciencia”, apuntó.
CDE. Con relación a la penitenciaría, Mario Abdo dijo que hay que prepararse para que el gran porcentaje de los reclusos den positivo. “Lo que ocurre en la penitenciaría, hay que prepararse para que el gran porcentaje de los reclusos den positivo. Es un virus altamente contagioso. Seguramente gran parte van a dar. Hasta hoy son asintomáticos y no tienen necesidad de hospitalización y es un alivio. Vamos a tomar las medidas adecuadas”, significó el mandatario sobre la preocupación que va tomando a partir de los primeros casos confirmados durante la semana.
Ayer se confirmó que un militar que se encargaba de la custodia perimetral de Tacumbú también dio positivo al virus.

 

Resolución del Tribunal de Apelación dispuso publicar en la web de la Contraloría las declaraciones juradas de ministros y funcionarios del Estado, a más de los proveedores por compras en la pandemia.

La Justicia ordenó a la Contraloría publicar datos actualizados de las declaraciones juradas de las autoridades, funcionarios y proveedores del Estado que esten directa o indirectamente involucrados con la ley de emergencia por el Covid-19. La diferencia con el fallo de la Corte es que amplía a las autoridades actuales.

El Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, en un fallo dictado ayer, ratificó la resolución del juez de Garantías, Alcides Corbeta, quien admitió el amparo promovido por David Riveros y María Esther Roa, en contra de la Contraloría General de la República para transparentar las compras durante la pandemia.

Con la resolución, se deberán publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, actuales de las autoridades y funcionarios del Ministerio de Salud, Secretaría de Emergencia Nacional, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, Secretaría Anticorrupción, Ministerio de Desarrollo Social (Tekoporã), y del Ministerio de Defensa Nacional.

Además, de las autoridades y funcionarios de los ministerios del Interior, de Hacienda, de Justicia, de Agricultura y Ganadería, del Instituto de Previsión Social, del Hospital de Clínicas, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA de la Sanidad Policial.

Asimismo, de la Sanidad Militar, del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y de Petróleos Paraguayos (Petropar).

A esto se suman los proveedores del Estado involucrados en las compras hechas como consecuencia de la Ley 6524/20 de Emergencia Sanitaria por la pandemia.

La Contraloría había estado publicando declaraciones juradas de autoridades nacionales desde 1998 a 2017, a raíz del fallo de la Corte en el amparo de Juan Carlos Lezcano, pero con esta resolución, las declaraciones a ser publicadas son de las autoridades actuales.

EL FALLO. El acuerdo y sentencia fue dictado por los camaristas Carlos Ortiz Barrios, Emiliano Rolón Fernández y Arnulfo Arias, que confirmaron el fallo del 21 de abril del juez Alcides Corbeta.

El abogado Federico Legal, por los accionantes, había apelado la resolución en el sentido que el juez solo concedió el amparo para todas las dependencias del Estado que están citadas en el artículo 3 de la Ley 6524/20 y los proveedores del Estado.

El representante de la Contraloría se había opuesto a la apelación que promovieron los actores porque dice que se quiere ampliar la resolución del juez Corbeta.

Los camaristas realizaron un análisis de la procedencia del amparo para la solicitud de los informaciones a través de la ley de acceso a la información pública. Citan incluso los requisitos de la garantía constitucional.

Por su parte, el voto de Emiliano Rolón apunta que lo que se pide con la apelación es que se ordene a la Contraloría a publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, de todas las autoridades y funcionarios de las Organizaciones y Entidades del Estado (OEE).

Añade que con el recurso, los amparistas pretenden ampliar el eje de su propuesta inicial, para extender sus alcances y situaciones no contempladas, por lo que vota por ratificar la resolución. Indica que incluso que está en concordancia con el reciente fallo de la Corte sobre el tema.

De esta manera, confirman la resolución del juez Corbeta. Así, ahora, deberán publicarse las declaraciones juradas de las autoridades actuales.

 

El director de la Novena Región Sanitaria de Paraguarí, Osmar Galeano, informó este viernes que durante esta última semana no se registraron nuevos casos positivos de Covid-19 en el departamento, además, suman más de 10 recuperados en la zona.

El Departamento de Paraguarí pasó a la fase 2 de la cuarentena inteligente desde este jueves, tras haber registrado un brote preocupante en diferentes ciudades de la zona.

En ese sentido, el director de la Novena Región Sanitaria de Paraguarí, Osmar Galeano, informó que se identificaron un total de 78 casos positivos en el departamento, de los cuales más de 10 de ellos ya cuentan con el alta y el resto en estado de recuperación.

"Ya no tenemos nuevos sospechosos y esperamos el resultado de la segunda prueba para el alta de los pacientes. Esperamos que la próxima semana podamos completar la expectativa de recuperados”, expresó el médico en contacto con Monumental 1080 AM.

Galeano informó que seis de los recuperados son de la ciudad de San Roque González, tres de Carapeguá y dos de Paraguarí. Todos guardan aislamiento en sus domicilios.

Asimismo, el profesional recordó que la mayoría de los casos se dieron a causa de una persona que fue desde Ciudad del Este hasta la zona para compartir con familiares y amigos, refiriéndose al caso del militar que ya fue procesado por violar la cuarentena.

“Solo tres de los casos que identificamos no tuvieron contacto con esta persona, el resto sí”, aclaró.

Por otro lado, Galeano pidió a la ciudadanía seguir tomando las medidas de precaución de manera a avanzar en la cuarentena inteligente y evitar más contagios en la zona.

“Somos conscientes de que podrían darse nuevos casos, pero estamos insistiendo en tomar las medidas de prevención y esperamos que pueda tener eco nuestro pedido”, advirtió.

Con la habilitación de la fase 2, las ciudades del departamento podrán reactivar algunos comercios, espacios comunes y actividades con un limitado número de personas.

 

El proyecto de ley de racionalización del gasto público propuesto por el senador Sergio Godoy entre otros, no obtuvo el interés necesario por parte de sus colegas para que sea tratado ayer. El documento no tenía dictamen luego de que haya sido devuelto con cambios por parte de Diputados, por lo que su tratamiento fue postergado.

Los senadores prefirieron prestar atención y dedicar su tiempo en informes de gestión en comisiones, en proyectos no vinculantes y en discursos reiterativos, antes que en finiquitar una medida que buscaba eliminar gastos superfluos que, desde luego, es resistido por varios ya que disminuye algunos privilegios como combustible, viajes y otros.

A raíz de que el punto 5 del orden del día no tenía dictamen, el senador Sergio Godoy pidió que se constituyan en comisión, pero necesitaban 23 votos número al cual no llegaron.

Llamó la atención que no levantaran la mano para el tratamiento varios senadores que dijeron que iban a estar a favor de ratificarse en la versión original como algunos integrantes del llanismo. Hubo además ausencias en el ala colorada.

El origen del documento tiene cabida dentro del contexto del Covid-19 y la crisis sanitaria y económica resultante. El documento incluye la posibilidad de disponer recortes salariales en las binacionales Itaipú y Yacyretá, como lo establece el proyecto que prohíbe las compras superfluas, limita la contratación de parientes y asesores y fija topes salariales. Se parte de la base que nadie debe ganar más que el presidente.

El único senador que se quejó de la postergación fue Carlos Filizzola, quien culpó del hecho al presidente Mario Abdo, quien no muestra voluntad para que la ley se concrete, aseguró.

Diferencias. Los puntos de desencuentro entre Senado y Diputados tienen que ver con que el proyecto que partió de Senadores, establece topear el ingreso de los funcionarios de las binacionales de Yacyretá e Itaipú, donde los funcionarios por lo común incluso superan a lo que percibe quien encabeza el Gobierno.

La cirugía profunda hecha por Diputados con anterioridad se notó en el hecho de que si bien se respetarán los topes salariales en la función pública, es decir que nadie gane más que G.37 millones, se excluyó a los funcionarios de las binacionales y del servicio exterior.

 

Ésta mañana se hizo entrega de una importante donación por parte del Laboratorio Guayaki SA al Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social consistente en 11.500 unidades de tubos para ser usados en el análisis del Covid 19. El Ing. Juan Manuel Alarcón descató que como empresa farmaceútica no pueden estar ajenos a la situación sanitaria del país y apoyar la lucha titánica que están realizando desde el Ministerio de Salud Pública.

La Dra Carolina Aquino, Directora General del Laboratorio Central de Salud Pública recepcionó la donación manifestando la importancia de este insumo en un momento clave para la Salud Pública, ésto beneficiará a 11.500 ciudadanos.

 

Jueces que atienden causas de narcotráfico y lavado de dinero en Itapúa fueron denunciados ante la CorteIDH por un supuesto líder narco. Los magistrados consideran el hecho como un amedrentamiento.

La denuncia fue presentada por el abogado César Villanueva —representante legal de Ismael Paredes Flor alias Pichiro o Patrón— procesado por el supuesto hecho punible de posesión, tráfico, comercialización de drogas peligrosas, lavado de dinero y otros en San Pedro del Paraná.

Paredes, de 53 años, y sus hijos Ignacio Ramón Paredes Sanabria (25) e Hilda Noemí Paredes Sanabria (22) fueron detenidos el 7 de mayo del 2016 en el operativo denominado Tormenta del Sur.

El mismo fue sindicado como el jefe de la estructura narco que enviaba grandes volúmenes de droga a Chile, Argentina y Uruguay, de acuerdo con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Nota relacionada: Cae narco con droga y armas 7 días después de lograr protección judicial

Asimismo, se apunta a Paredes Flor como principal jefe de la banda desbaratada en un operativo el 29 de abril del 2016 en Villeta, donde los agentes incautaron 19 toneladas de marihuana y detuvieron a 11 personas.

Desde ese momento, el abogado defensor del supuesto narco viene planteando el arresto domiciliario de su representado, alegando que el mismo sufre de una enfermedad terminal.

Sin embargo, los jueces denegaron dichos pedidos en virtud a las conclusiones contradictorias de los integrantes de la junta médica. Los informes no pudieron comprobar fehacientemente la terminalidad de la enfermedad que padece el detenido.

Para el forense del Poder Judicial, la enfermedad de Paredes Flor es grave y en etapa terminal, mientras que para el forense de la Fiscalía la situación real del paciente no es crítica y puede ser tratado con medicamentos.

Ante ello, la jueza que entiende en la causa, Eva Mercedes Silva Amarilla, rechazó la solicitud de prisión domiciliaria planteada por el representante legal.

Es decir, el señor Ismael Paredes Flor seguirá guardando reclusión en el Centro de Rehabilitación Social en libre comunicación y a disposición del Tribunal.

La magistrada señaló que la denuncia presentada por el abogado César Villanueva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) no es otra cosa más que “un claro amedrentamiento contra los jueces que entienden en causas de narcotráfico y lavado de dinero en Itapúa”.

Al respecto, cabe señalar que el rechazo por parte de la jueza Eva Silva al pedido de arresto domiciliario fue apelado por el representante legal de Ismael Paredes Flor.

Esta resolución fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones, por lo que Villanueva denunció a la jueza ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la comisión de Derechos Humanos del Congreso y ante la Defensoría del Pueblo.

Pero no así ante las instancias correspondientes como la Corte Suprema de Justicia o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El encausado fue condenado a siete años de cárcel, sentencia que fue dictada por los jueces Diana Arana, Fabián Iglesias y Nelio Prieto. En tanto que sus hijos Ignacio Paredes e Hilda Paredes fueron absueltos.

Debido a la exigua pena, el juicio fue anulado en el 2018 y se inició un nuevo proceso, y como derivación de dicha causa hoy en día está en curso la investigación por lavado de dinero.

 

 

La ciudadanía manifestó su indignación en las redes sociales ante las publicaciones de bienes de los políticos, quienes engrosaron sus billeteras ocupando altos cargos del Estado y dándole la espalda al pueblo en más de una ocasión.

El dinero que llegaron a acumular algunos políticos es incontable e inimaginable de alcanzar para un ciudadano común que se gana la vida con el salario mínimo, incluso menos, y ahora mucho peor con la pandemia del coronavirus (Covid-19), que dejó sin trabajo y cesados a cientos de personas

"Para eso está el pueblo que trabaja de sol a sol sin descanso, para mantenerlos. Pero nos merecemos los que nos pasa, por inútiles y no unirnos como pueblo", remarcó una internauta.

Era de esperarse esta reacción, donde no faltaron críticas, decepción, enojo y rabia por parte de muchos ciudadanos en las redes sociales, quienes apuntaron a la Justicia por no investigar o dejar impunes las causas de los políticos.

“Las declaraciones juradas no sirven para nada, la Contraloría solo recibe y registra, ni se inmuta en investigar si todo lo declarado es cierto. Cómo aceptaron la declaración de Portillo si tenía errores ortográficos. Es una joda la Contraloría”, señaló un lector de Última Hora.

La mayoría de los políticos duplicaron sus bienes, en algunos casos los triplicaron, cuadruplicaron, quintuplicaron y sextuplicaron desde que ingresaron a la función pública, como el diputado Pedro Alliana, que pasó de tener G. 900 millones a cerca de G. 6.000 millones en menos de 10 años, y el ex presidente Nicanor Duarte Frutos, que tenía G. 773 millones en 1999 y para 2017 acumuló 7.364.985.519, casi 10 veces más.

Entre las declaraciones juradas más mencionadas se encuentra la de Federico Franco, quien aumentó en 22% su patrimonio en el lapso de un año cuando asumió la presidencia de la República en reemplazo de Fernando Lugo. De G. 4.699.825.000 pasó a G. 6.035.964.917 en conjunto con su esposa Emilia Alfaro.

“El negocio de ser político, con razón ponen millones de dólares en las primeras listas todos los partidos sin excepción. Solo una respuesta hay: para robar, robar y robar, un karajo no les importa el país (sic)”, expresó enojado otro internauta.

En tanto que el ex presidente Juan Carlos Wasmosy dejó la presidencia de la República con un patrimonio superior a los G. 22.000 millones. El actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, pasó de G. 411.150.000 a G. 5.330.690.464 antes de asumir como segundo de Mario Abdo Benítez en un lapso de 16 años.

También se criticaron las declaraciones de los diputados Carlos PortilloArnaldo Samaniego, de los senadores y ex senadores Javier Zacarías Irún, Jorge Oviedo Matto y Óscar González Dáher, entre otros.

Algunos internautas no pudieron siquiera dimensionar en guaraníes el capital del ex presidente Horacio Cartes, quien amasa una fortuna de más de USD 200 millones, con aviones, 13 cuentas bancarias en Paraguay y otras en el exterior, como también una enorme cantidad de empresas a su nombre.

La suma en guaraníes de su patrimonio neto declarado en el 2014 es de G. 1.629.851.962.811.

"Es por eso que el Paraguay no sale adelante, si sumamos todos los guaraníes que robaron colorados, liberales, Frente Guasu, etc, en 15 años este país iba a progresar muchísimo en educación, salud y obras viales", posteó una lectora.

 

VUELTA ATRÁS. La pesca deportiva ya estaba habilitada, pero el Mades dijo que no la autorizó. FALENCIA. Hasta el momento ni un municipio habilitó un espacio peatonal para las actividades.

Traspapeleo. Al iniciarse la siguiente etapa de la cuarentena inteligente, que al final se extenderá hasta el 19 de julio, se generaron confusiones sobre lo que está permitido y lo que no en está en esta etapa.

Un ejemplo de esta situación es la pesca. Según el decreto del 14 de junio, solo estaba permitida la pesca deportiva. Sin embargo, la normativa no establece esta actividad a nivel de aficionados y desde la costa del curso de agua, lago o laguna.

Incluso el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) refirió que la pesca deportiva no estaba permitida. Sí podrá llevarse a cabo la producción agropecuaria, avícola, pesquera y forestal, así como la logística de provisión de insumos, maquinarias y servicios de asistencia.

Aclaró que sí están permitidas las actividades pesqueras comerciales solamente para producción y consumo, siguiendo con todas las medidas sanitarias preventivas.

Las actividades religiosas se pueden realizar con un máximo de 20 personas. Sin embargo, para este domingo la Iglesia Católica está convocando a una celebración que denominan automisa, a realizarse en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Más aún considerando que dicho acto no figura entre lo que puede ser realizado en esta fase de la cuarentena inteligente.

Hasta el momento, tampoco se realizó una imputación al sacerdote que había realizado una misa en la parroquia Virgen del Carmen, de Asunción. La celebración litúrgica, con la presencia de varios fieles, se desarrolló el 19 de abril en plena cuarentena total. Tampoco ninguno de los feligreses fue llamado a declarar.

Uno de los puntos que había generado confusión al principio, luego de que Mazzoleni anunciara la continuación de la flexibilización al siguiente nivel, fue el de las reuniones entre cuatro a diez personas.

El anuncio fue malinterpretado por muchas personas, que pensaron que esto permitía los encuentros entre pocas personas. Desde Salud aclararon que esto solo podía darse dentro del núcleo que ha venido compartiendo la cuarentena desde su inicio.

ESPARCIMIENTO

Aunque el decreto especifica que los niños, niñas y adolescentes podrán salir a realizar actividades físicas o artísticas al aire libre, en compañía de adultos, no permite el uso de espacios destinados a los juegos. Muchos padres se preguntaron cómo podrán evitar que sus hijos quieran hacer uso de cualquier juego infantil.

Los dueños de canchas de pádel también reclamaron no estar incluidos dentro de esta fase. Sostienen que cumplirán con todas las medidas sanitarias y además dicho deporte, como otros, pueden realizarlo dos personas.

El decreto menciona que los municipios podrán disponer de calles peatonales para compensar el no uso de los espacios comunes en las plazas y parques.

Pero hasta el momento ninguna municipalidad ha destinado un sector de la vía pública para el esparcimiento ciudadano. Tampoco se ve mucho control en el cumplimiento de las medidas sanitarias en varios lugares.

Lo que se dice en las redes
(...) La última vez que viajé en bus (fue cuando fui a cobrar mi subsidio de IPS) había gente sin tapabocas y más de 15 personas paradas, nadie controla nada.
Alexis Acosta
Fase 3 ni 4 ni 5 ya no le importa a la gente, todos ya hacen sus gustos.
Nino Britos
Espero que sean más conscientes y responsables las personas y se den cuenta de que esto es algo muy serio, no una simple gripecita. Estamos a tiempo de parar esto cuidándonos (...).
Julia Samudio
Creo que están aflojando mucho con la flexibilidad, se debería salir solo para trabajar. Visitas sociales, fútbol, etc., todavía no es el momento (...).
Frank Aguayo

 

La Policía Nacional detuvo este viernes en una colonia del Departamento de San Pedro a un hombre presuntamente responsable del asesinato de un policía en un puesto de peaje de Guayaibí. El homicidio ocurrió en el 2014.

Agentes de control de Automotores y del grupo Especial de Operaciones lograron la detención de una persona buscada por múltiples hechos y con órdenes de captura por homicidios y robos agravados.

El mismo es sindicado como responsable de la muerte del suboficial Sixto Vega, ocurrido en el año 2014, en el peaje de Guayaibí, San Pedro, de donde en su momento se llevaron toda la recaudación del día.

Además, cuenta con una orden de captura por otro hecho de intento de homicidio en el 2018, homicidio en el 2019 y es sospechoso de varios asaltos registrados en los últimos años.

Se trata de Huber César Giménez González, de 35 años, quien fue capturado tras el allanamiento realizado alrededor de las 6.00 de este viernes en su vivienda ubicada en la Colonia Toro Piru, distrito de Guayaibí, encabezado por el fiscal Rolando Ortega.

El hombre tenía en su poder una escopeta y una motocicleta de dudosa procedencia.

Asimismo, sería responsable de los robos agravados a camiones repartidores de mercaderías, hecho que ocurrió en los últimos días sobre el puente del arroyo Tapiracuai, de San Estanislao.

El supuesto delincuente se encuentra en la Comisaría de Santaní a disposición del Ministerio Público.

 

Las medidas económicas adoptadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la crisis en las zonas fronterizas dependen ahora del visto bueno de Argentina y Brasil. Las reducciones arancelarias estarán vigentes hasta el 31 de diciembre.

El viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, dijo que la reducción de las tasas portuarias y aeroportuarias sería decretada este viernes por el Poder Ejecutivo.

Las medidas para hacer frente a la dura baja económica sufrida en las zonas de Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Encarnación están a consideración de los gobiernos de Argentina y Brasil.

Orué explicó que en vista de que la propuesta fue concretada recién este jueves, los representantes diplomáticos de nuestro país recién pudieron acercar el documento a sus pares en ambos países.

Según señaló, el decreto estará vigente hasta el 31 de diciembre y establece la creación de un depósito especial en la Dirección Nacional de Aduanas para el turismo.

Ello, atendiendo que las entregas se harían vía delivery o courrier especial de frontera, precisó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Es de resaltar que se reducirá el impuesto selectivo al consumo (ISC) para los productos importados bajo el régimen de turismo, comercializados en frontera a través de la reexportación.

Entre ellos, citó que el porcentaje de reducción será de 0,5% para los artículos electrónicos y celulares, mientras que las bebidas alcohólicas tendrán una disminución del 3%, quedando finalmente a 7%.

El impuesto al valor agregado (IVA) a las importaciones, cobrado por Aduanas, será reducido del 10% al 1%. Las tasas para productos que son enviados vía aérea tendrán una reducción del 30%.

Todas las ventas y transacciones serán realizadas a través del comercio electrónico. El auxilio al comercio fronterizo también contará con una ayuda social a través de programas ya existentes, como el de adultos mayores, Tekoporã y Pytyvõ.

 

Alejada de la realidad, carente de visión social y sin argumentos técnicos, así calificó el presidente de la ANDE, Luis Villordo, a la ley que exonera las facturas emitidas en los meses de marzo, abril, mayo y junio, que fue sancionada por el Congreso Nacional.

El Poder Ejecutivo tiene en su cancha decidir qué final le dará a la normativa que establece la anulación de las facturas emitidas en marzo, abril, mayo y junio por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap).

Lo sancionado por el Congreso amplía la exoneración de consumo de energía eléctrica hasta 1.000 kWh durante seis meses, contabilizando desde marzo hasta agosto.

El presidente de la ANDE, Luis Villordo, fue tajante al considerar que la iniciativa parlamentaria está “alejada de la realidad social y que no contempló el escenario anterior”, haciendo referencia a la situación que inicialmente se manejó respecto a la pandemia del Covid-19.

Alegó que, de hacerse realmente efectiva, originará un descalce de USD 250 millones y promoverá un alto índice de morosidad.

“Es un proyecto que, de alguna manera, carece de una visión social y técnica total”, refirió al tiempo de señalar que ya está bajo análisis lo que es posible hacer y lo que no, en el marco de esta nueva ley.

En contacto con radio Monumental 1080 AM, criticó el hecho de que en ningún momento fue siquiera convocado por los legisladores para explicar la situación actual por la que atraviesa la estatal.

Villordo explicó el contexto en que se tomó la decisión de suspender las lecturas de medidores, de forma a evitar el desplazamiento de más de 300 funcionarios encargados de hacer dicha tarea.

Apuntó a que la actividad era de riesgo tanto para los trabajadores como para la ciudadanía en general, dado que para la labor los funcionarios deben desplazarse en transporte público de un punto a otro.

"Cuando uno maneja una información y no conoce el futuro es difícil tomar una decisión. Es muy fácil legislar hoy día y tratarte de estafador", expresó.

El titular de la ANDE reconoció los errores que se dieron al utilizar el sistema de promedio de consumo, alegando que es un problema de larga data por el uso de un sistema digital desfasado.

El proyecto fue presentado por el senador liberal Salyn Buzarquis y el ahorro mensual representará la suma de G. 442.000 para el usuario.

 

La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay expresa su repudio a los actos de acoso, violencia y amedrentamiento cometidos contra operadores del Ministerio Público. El caso guarda relación con el fiscal Eugenio Ocampos, quien investiga a Efraín Alegre.

Por medio de un comunicado, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay manifestó su repudio hacia las amenazas al fiscal Eugenio Ocampos, quien denunció que recibió amedrentamientos por el caso que investiga al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre.

“El acoso, la violencia y el amedrentamiento, ya sea a través de llamadas amenazantes, violencia contra recintos privados en los que se encuentran niños, adultos mayores o del entorno familiar de los agentes fiscales, o seguimiento de vehículos sin chapa, son actos que además de atentar a los fiscales al frente de procesos investigativos delicados, atentan contra el Estado de Derecho y las instituciones democráticas”, expresa el documento.

El gremio refiere que este tipo de "actos cobardes" constituyen una forma muy perversa de coacción contra los agentes del Ministerio Público, con fines que nada tienen que ver con buscar justicia.

“La Asociación condena y repudia todo acto de violencia y amedrentamiento que pretenda disfrazarse de protesta social, ultrajando uno de los derechos más preciados en esferas democráticas, puesto que solo pretenden acallar la voz debido a un proceso legal y privar a las víctimas de un proceso justo”, agrega.

El gremio también expresa su solidaridad con el fiscal Ocampos y lamentan que su entorno familiar haya sido víctima de actos cobardes.

Fiscal denuncia amenazas

El caso tiene que ver con el proceso que lleva adelante el presidente del PLRA, Efraín Alegre, cuyo caso está a cargo del fiscal Eugenio Ocampos.

El representante del Ministerio Público relató el miércoles que personas con tapabocas del PLRA le amedrentaron y dijeron que se cuide y también a su familia si no se aparta de la investigación. También denunció que vehículos polarizados rondan alrededor de su casa.

“Estoy recibiendo amenazas y me coaccionan para abandonar el caso, por lo que realicé la denuncia… Si me sucede algo a mí o a mi familia dejo constancia de ello”, refirió Ocampos.

El fiscal había imputado al titular del PLRA, Efraín Alegre, y el martes, en la audiencia de imposición de medidas, rectificó la imputación por supuesta producción de documentos no auténticos.

 

El presidente del IPS, Andrés Gubetich, dijo este jueves que los USD 120 millones que el Estado prevé pagar a la previsional ayudará a cubrir deudas por unos 60 días.

Ante el histórico descalce financiero que atraviesa el Instituto de Previsión Social (IPS) a causa de la pandemia del Covid-19, los recursos económicos actuales brindan soporte hasta finales de este junio.

Según lo precisó el presidente del IPS, Andrés Gubetich, la reserva con la que cuentan les permitirá cumplir a cabalidad con todos los compromisos a fin de este mes. En contrapartida, julio ya vendría con dificultades.

En ese sentido, señaló que en los próximos días se estaría concretando el segundo pago de la deuda que tiene el Estado con la previsional, cuyo desembolso sería de unos USD 120 millones sobre los otros USD 100 millones abonados en abril.

“Ese dinero nos ayudaría a cubrir el descalce por 60 días, aproximadamente. La idea es recibir ese pago y ver otras alternativas para la diferencia”, refirió en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Detalló que lo ideal es llegar a unos USD 450 millones para poder tener una previsibilidad en la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre.

El Estado ya abonó hace unos meses USD 100 millones al IPS como un primer pago por la deuda histórica de USD 500 millones. Esos fondos se utilizaron para asistir a trabajadores que fueron suspendidos o cesados durante la pandemia.

Si bien Gubetich dijo que a nivel administrativo aún no se vio resentido, admitió que ya hay problemas para la provisión de varios medicamentos.

Sin dar mayores detalles sobre el listado de fármacos que se ve más afectado, anunció que en la fecha el Consejo tratará la ampliación de la licitación para una hormona de crecimiento.El faltante de este medicamento afectó a 80 pacientes pediátricos, que desde el pasado mes de marzo quedaron huérfanos de la hormona de crecimiento humano (Somatropina). El costo del tratamiento mensual es de G. 10 millones.

 

El presidente de la ANDE, Luis Villordo, consideró que el proyecto de ley que cancela las facturas emitidas en la cuarentena sanitaria es extemporáneo y representa un millonario perjuicio para la estatal.

La cancelación de las facturas emitidas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) durante la cuarentena sanitaria fue aprobada con modificaciones en la Cámara de Diputados y volvió al Senado.

Sin embargo, para el presidente de la empresa estatal, Luis Villordo, el proyecto de ley es extemporáneo e implicaría cancelar facturas emitidas por un valor de USD 227 millones, aproximadamente.

Al respecto, señaló que la iniciativa parlamentaria dispone incluso la cancelación de facturas que ya fueron exoneradas y emitidas en su momento, además de aquellas a las que se les fue otorgados los créditos.

“Esta ley implica cancelar USD 227 millones en facturas emitidas, de las cuales la gran mayoría están exoneradas. Tenemos un remanente de facturas de, aproximadamente, 350.000 que fueron promediadas, pero que ya fueron subsanadas durante la fase de refacturación a través de las quejas”, argumentó.

Apuntó que, de hacerse efectiva la normativa, tendrá un impacto de USD 300 millones en el flujo de caja de la ANDE y se dejaría de pagar tanto a las entidades binacionales como a otros proveedores.

A esto sumó la revisión que debe hacerse al sistema impositivo, puesto que muchos usuarios ya utilizaron la factura para descargar en Aranduka.

No hubo perjuicio al usuario

Villordo insistió en que no hubo un perjuicio al usuario, pero admitió que hubo problemas en el sistema de promedio utilizado por la ANDE.

“Lo que pasa es que objetivamente no tenemos el uso de la actividad registrada de los usuarios en sus residencias o comercios. Tenemos muy pocos registros, reconocemos”, dijo en contacto con radio Monumental 1080 AM.

En ese sentido, expresó que en su mayoría las quejas provinieron del sector comercial. Pues, pese a que no había actividad, el sistema automáticamente promedió el histórico sin la lectura correspondiente.

“En este caso, como no había gente, generó una sensación de sobrefacturación, pero en este proceso eso va a ir cambiando a medida que las lecturas reales se vayan adecuando”, manifestó.

Detalló que en el primer mes de exoneración hubo 15.000 refacturaciones, correspondientes a negocios y talleres. En el segundo mes la cifra se elevó a unas 20.000 facturas y ya para el tercer mes los medidores volvieron a ser leídos.

Reconoció la deficiencia en el sistema informático de la ANDE y señaló que la misma data de hace 25 años.

“El mundo físico y real que tenemos está en las calles y en los medidores, en un sistema que tiene 25 años. El proyecto de ley no puede ser tan duro en ese sentido, porque de alguna manera tiene que respetar lo que físicamente es posible efectuar”, expresó.

¿Por el veto?

El presidente de la ANDE dijo que expondrá los argumentos técnicos al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por los cuales el proyecto no es viable.

Si bien no admitió abiertamente que recomendaría el veto, refirió que como técnico debe informar sobre la situación real de la estatal.

“Tengo que rendirle al presidente de la República números objetivos, esa es mi función. Yo no puedo hacer una interpretación política o subjetiva de la ley”, aseveró.

 

La Cámara Baja aprobó ayer el proyecto que anula las facturas emitidas por la ANDE y la Essap durante los meses de marzo, abril, mayo y junio. Además se modificó uno de los artículos, estableciendo la exoneración de hasta 1.000 kwh de consumo.

El proyecto en primera instancia fue aprobado la semana pasada en la Cámara Alta.

La iniciativa tiene por objeto anular las facturas de marzo abril y mayo que no fueron emitidas en base a lectura de medidores, así también emitir una sola factura por esos meses, que serán fraccionados en 18 cuotas.

El respaldo fue casi unánime ya que al decir de varios diputados como Antonio Buzarquis, lo realizado por la ANDE constituye “un delito”. El mismo enseñó una factura de la empresa de Reimpex que no estuvo operando por la cuarentena, sin embargo recibió una factura por valor de G. 200 millones.

Algunos legisladores también consideraron que el proyecto beneficiaría a las grandes empresas, sin embargo, Celeste Amarilla respondió que de aprobarse la ley, se estará ayudando a la clase media y a las pequeñas y medianas empresas.

“Es inconcebible lo que estuvo aconteciendo con las facturas de la ANDE, entendido que estas sobrefacturaciones suceden en un momento de mayor fragilidad económica”, señaló el cartista Raúl Latorre.

La modificación que se introdujo fue en el cuarto artículo estableciendo que serán exonerados todos los usuarios de energía eléctrica y aquellos cuyo consumo exceda los 1.000 kwh, deberán abonar la diferencia. Con este artículo, su vez modifica el artículo 17 de la Ley 6524/20, que declara estado de emergencia nacional ante la pandemia del coronavirus, y amplía la exoneración de consumo hasta 1.000 kwh, es decir G. 442.000 por seis meses.

La ley que rige actualmente, señala que el consumo mensual de hasta 500 kV será exonerado en un 100% del pago de su factura hasta mayo.

Con esta modificación la exoneración alcanza hasta 1.000 kwh y se extiende hasta el mes de agosto.

Durante la sesión, también el diputado Sergio Rojas mencionó que presentará con otros colegas suyos un pedido de interpelación para el presidente de la ANDE, Luis Villordo, para lograr el voto de censura.

Desde el Senado, Salyn Buzarquis adelantó que hará las gestiones para estudiar lo más pronto posible el proyecto y aprobar tal como lo hicieron los diputados. “Me voy a movilizar para que se estudie el lunes o martes de la próxima semana”, dijo.

En el desarrollo de la sesión, se propuso postergar el proyecto, también el diputado Édgar Ortiz, mocionó la aprobación en general y evaluar su estudio en particular hasta tanto se sepa de donde se van a obtener los recursos para la exoneración.

Justamente, el cartista Basilio Bachi Núñez mencionó que la ley tendrá un impacto económico de USD 300 millones para la ANDE, y estimó necesaria la comparecencia de del titular de la institución en las comisiones, a fin de que explique la repercusión económica que tendría. Algunos legisladores mencionaron que se podría llevar a la quiebra a la empresa estatal.

 

Un consorcio formado por entes públicos y privados de Osaka (oeste de Japón) comenzará a probar en humanos una potencial vacuna contra el Covid-19 a finales de este mes, según anunciaron este miércoles las autoridades regionales.

Los tests en humanos serán los primeros de este tipo realizados en Japón para desarrollar una posible vacuna contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, explicó en rueda de prensa el gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura.

El proyecto está a cargo de la farmacéutica local Anges en colaboración con universidades y hospitales de esta prefectura nipona, como resultado de una iniciativa conjunta que pusieron en marcha en abril para desarrollar posibles fármacos y vacunas contra el Covid-19.

La vacuna se inoculará inicialmente a 30 trabajadores sanitarios del Hospital Universitario de Osaka a partir del próximo día 30.

Las pruebas que se extenderán a otras centenares de personas hacia octubre, explicó Yoshimura en su comparecencia, recogida por la cadena estatal NHK.

Si se confirma la efectividad y seguridad del fármaco, el consorcio cree ser capaz de producir unas 200.000 vacunas antes de finales de año, y a continuación tendría que obtener la autorización de las autoridades niponas para poder distribuirlo a nivel nacional a lo largo de 2021.

"Es muy importante que podamos contar con tratamientos y vacunas contra el coronavirus. Me gustaría que desde Osaka pudiéramos liderar este primer paso para pasar de la defensiva a la ofensiva contra el virus", dijo Yoshimura.

 

El intendente de San Roque González, Óscar Alfonzo, afirmó este miércoles que violó la cuarentena sanitaria que debía cumplir luego de que su esposa diera positivo al Covid-19. El jefe comunal admitió el hecho luego de recibir los kits por parte de la SEN en Paraguarí.

El propio intendente de San Roque González, Óscar Alfonzo, admitió haber violado la cuarentena sanitaria tras haber recibido los kits alimenticios este martes por parte del ministro de la SEN, Joaquín Roa.

“Yo voy a ser sincero, supuestamente mi esposa tenía el virus, y yo mandé a hacer el análisis en un hospital privado y salió negativo después de cinco a seis días. También mandé a hacer a toda mi familia y todos salieron negativo. Mi esposa salió positivo, pero después le salió negativo”, dijo el intendente a radio Monumental 1080 AM.

El jefe comunal insistió en que su prueba y la de otros miembros de su familia salieron negativo, por lo que no cree que sea portador del coronavirus.

Consultado acerca de la irresponsabilidad y de haber puesto en riesgo a otras autoridades, Alfonzo refirió que estuvo a más de tres metros de quienes fueron a entregar los kits. “Legalmente ya no creo que tenga el virus porque todo salió negativo”, expresó.

La SEN entregó este martes más de 18.000 kilos de alimentos al distrito de San Roque González de Santa Cruz, que se encuentra en cuarentena total con 64 casos de Covid-19.

El ministro de la SEN, Joaquín Roa, entregó las dos camionadas de kits de alimentos al intendente Óscar Alfonzo, en compañía del gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja.

Pidió certificado de alta

Por otra parte, el director de la Novena Región Sanitaria, el doctor Osmar Galeano, explicó que el intendente solicitó este martes, insistentemente, un certificado de resultado negativo –o de alta– a la dependencia, de manera a recibir los insumos alimenticios.

“Nos insistió mucho antes de la venida del ministro Joaquín Roa y nos dijo que se hizo el análisis en un centro privado, pero nosotros no certificamos nada”, aclaró Galeano a la misma emisora radial.

El médico comentó que el jefe comunal fue a visitarlo muy temprano y él le pidió volver a su casa a cumplir con la cuarentena.

“Ya después traté de comunicarle al ministro Roa sobre el caso, pero no me atendió, también le llamé al gobernador, pero no me atendió tampoco”, sostuvo Galeano.

Ante la situación, el fiscal Rodolfo Colmán dijo que investigará el caso y si amerita, imputará al jefe comunal.

 

La Abogacía del Tesoro, la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Procuraduría General de la República emitieron un dictamen donde concluyen que la Dirección General del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) es la máxima autoridad de la institución y, por tanto, debe ser ordenadora de gastos y habilitada para hacer los pagos.

Este dictamen se emitió a raíz de la consulta generada por la directora del SNPP, Addis Merlo, ya que la interpretación de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, es la de sostener que el SNPP es un órgano dependiente de esa cartera del Estado, siendo ella la máxima autoridad.

Esa situación ha predispuesto “un fuerte distanciamiento hasta derivar en conflictos de intereses con relación a las facultades legales de la ministra de Trabajo por la contraposición entre las facultades  de la dirección general del SNPP”, señala la nota enviada por Merlo al Ministerio de Hacienda.

La Abogacía del Tesoro pidió su parecer a la Contraloría, a la Secretaría Anticorrupción y a la Procuraduría, que emitió un dictamen jurídico. Esta última institución refirió que ante la existencia de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) donde la máxima autoridad es la dirección general del SNPP, según ya señaló la Abogacía del Tesoro en su dictamen.

El Ministerio de Hacienda debe dar un posicionamiento o un acto administrativo como órgano ejecutor de las políticas presupuestarias a modo de esclarecer. Señala que como la UAF del SNPP ya ha sido creada y solamente resta su conformación y debe ser integrado por el director general de la institución como ordenador de gastos con la potestad de delegar al gerente económico del SNPP.

La Procuraduría también tomó en cuenta el dictamen de la Secretaría Anticorrupción que menciona que de acuerdo al artículo 14 de la ley del SNPP, la representación legal y la administración de los recursos y gastos conforme al presupuesto de la institución son facultades del director de dicha institución.

De esta forma, estas instituciones se contraponen al parecer de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, quien unilateralmente se atribuyó la función de mandamás en el SNPP, designando funcionarios y definiendo licitaciones.

También en la UAF del SNPP queda afuera la titular del Ministerio de Trabajo.

Una auditoría realizada por el Poder Ejecutivo en marzo del 2019 ya señalaba que Carla Bacigalupo utilizaba el presupuesto del SNPP y de Sinafocal sin tener atribuciones. Varios funcionarios habían denunciado la irregularidad y fueron despedidos como fue el caso de Alcides Ortega.

 

Analista político reflexiona que, a partir de los últimos casos que se dieron en el Congreso, el gran desafío que tiene nuestra democracia en el ámbito institucional es la independencia judicial.

La cooptación por parte de los partidos políticos de los órganos de selección y enjuiciamiento de magistrados hace que el clientelismo y la corrupción judicial sigan gozando de buena salud y son el verdadero flagelo para nuestra democracia. Así analizó el politólogo y abogado Camilo Filártiga Callizo.

Remarcó que la Constitución Nacional de 1992 previó los mecanismos para garantizar la anhelada independencia judicial mediante el artículo 248, que dispuso la autarquía presupuestaria, la selección de magistrados por la Corte Suprema a propuesta de una terna del Consejo, la inamovilidad de los magistrados y su enjuiciamiento y remoción ya no por “capricho” de un gobernante de turno, sino con base en la decisión de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Sin embargo, sentenció que toda esa infraestructura institucional y ese diseño constitucional han sido absolutamente insuficientes para lograr la independencia judicial y mejorar la calidad de la Justicia.

Hoy el gran desafío que tiene nuestra democracia en el ámbito institucional tiene que ver con la independencia judicial.

MAYORÍA CÚPULA. Filártiga remarcó que no hay sentencias firmes por delitos de corrupción pública. Significó que a ello se suman los hechos sucedidos en los últimos días como la confirmación de César Diésel como ministro de la Corte Suprema luego de un “proceso secreto y plagado de irregularidades” en el Consejo de la Magistratura.

Agregó que la nominación del diputado Hernán Rivas como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados –sin poseer título de abogado– es otro factor que denota la partidización.

“Un ignoto abogado recientemente recibido sin ningún tipo de trayectoria como representante de la Cámara de Diputados es una confirmación fehaciente del manejo partidaria sobre la Justicia”, sentenció el analista.

Apuntó que el problema no es la politización, sino la partidarización de la Justicia. “No es posible que pretendamos que un poder del Estado sea apolítico, pero sí, sobre todo con la responsabilidad constitucional que tiene el Poder Judicial de administración de Justicia debe estar desprovisto de condicionamientos sectarios y partidarios”, aseveró Filártiga.

La preocupación ciudadana gira en torno a que estos partidos políticos han cooptado todos los espacios públicos de toma de decisiones. “Todos los órganos son tomados con sus mezquinos intereses; es un elemento que debe ser atendido para poder soñar con un Poder Judicial independiente en Paraguay”, concluyó, agregando que también las universidades nacionales así como los gremios de abogados están pasando por la misma situación de control partidario.


Todos los informes confirman
Camilo Filártiga sacó a colación que los informes internacionales sobre democracia, el Latinobarómetro, así como el informe del Índice de Capacidad para combatir la corrupción publicado la semana pasada, además de diversas encuestas internacionales sobre democracia y justicia, confirman la vigencia de la corrupción y la impunidad en el país. En ese sentido, algunos referentes insisten con la necesidad de impulsar una reforma real en los niveles de justicia.

 

El viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo, refirió que el éxito y el avance de la fase 3 de la cuarentena inteligente dependerán del respeto al protocolo de interacción social. Desde este lunes se vuelven a reactivar varios sectores socioeconómicos.

Restaurantes, gimnasios, actividades deportivas y sociales se vuelven a rehabilitar desde este lunes, ante el inicio de la fase 3 de la cuarentena inteligente por el brote del Covid-19.

En ese sentido, el viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo, indicó que el avance correcto de esta fase dependerá de los cuidados que se tengan ante una mayor interacción social.

“Si voy a salir tengo que tomar las precauciones que venimos remitiendo desde el inicio de la cuarentena. Si bien, yo puedo ser lo suficientemente responsable, es posible encontrar a alguien que por una situación involuntaria pudo ser expuesto en algún momento y en el contexto podría infectarme, por lo que es importante que sigamos cuidándonos”, señaló Portillo en comunicación con Monumental 1080 AM.

El secretario de Estado explicó que durante esta fase se intensificarán las relaciones sociales y se tendrá la oportunidad de realizar actividades no esenciales, por lo que la situación representa un riesgo para la ciudadanía.

No obstante, insistió en que se deben cumplir con los protocolos sanitarios de interacción, como salir —en lo posible— con el núcleo familiar o laboral, dejar registros de contacto a los lugares donde asistan o bien planificar las actividades que sean prioritarias para evitar cualquier situación adversa.

“Hay que hacer una valoración y un ejercicio para determinar la prioridad que tiene la acción que puede implicar interacción y relacionamiento… Se plantea como el Gobierno hace que la cosa sea difícil, pero en la realidad no estamos en una situación normal, estamos en medio de una pandemia y eso tenemos que tener en cuenta”, agregó.

El alto funcionario advirtió acerca de la necesidad de seguir utilizando los mecanismos de precaución, como el uso de tapabocas, lavado de manos y registros, de manera a lograr mayor seguridad personal.

“Probablemente esta situación genere un costo alto desde el punto de vista económico, social, sicológico y hasta espiritual, pero en atención a este escenario ventajoso con el que está el país y contra el que no podemos compararnos, debemos seguir con responsabilidad”, concluyó.

Controles en fase 3

Desde este lunes se rehabilitan varias actividades gastronómicas y deportivas, que se extenderán hasta el 5 de julio.

En esta fase 3, el desplazamiento de las personas se extiende por dos horas más; hasta las 23:00 de domingo a jueves y hasta las 0.00 los viernes y sábados.

Desde el Ministerio de Salud Pública anuncian que junto a la Fiscalía, la Policía Nacional y los municipios pondrán bajo la lupa a cada uno de los establecimientos que reabrirán desde la fecha.

 

La Comisión Bicameral de Control de los Recursos Previstos en la Ley de Emergencia detectó incongruencias entre los datos proporcionados por los Ministerios de Hacienda y Salud con relación a los fondos para el Covid-19.

Se trata de un monto, que según Benigno López, es de G. 630.000 millones, y según Julio Mazzoleni, es de G. 600.000 millones.

Esto deja entrever que hay una diferencia de G. 30.000 millones entre los informes de ambas entidades.

Amado Florentín explicó que tiene que ver con el monto de USD 100 millones que se dispuso de la reserva del Banco Central del Paraguay, y que se tiene que devolver en diciembre, que es el plazo.

A raíz de esta situación, la Bicameral decidió remitir al Ministerio de Hacienda un pedido de aclaratoria con relación a su rendición de cuentas, remitida por nota al presidente Mario Abdo Benítez, el 28 de mayo pasado.

A su vez, el mandatario en cumplimiento del artículo 45 de la Ley de Emergencia había enviado tanto los documentos de Hacienda como de todas las instituciones afectadas en el combate a la pandemia, al Senado, luego de que se reclamó que venció el plazo.

“El documento ha sido analizado por la Comisión y ha encontrado una aparente incongruencia con los datos remitidos por el Ministerio de Salud en su nota”, refiere Florentín en su solicitud de aclaratoria a Benigno López.

“En la parte referente a la transferencia realizada por Hacienda a la cuenta de Salud, en el programa de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, consta un monto de G. 630.000 millones”, dice el legislador liberal.

“Sin embargo, cotejada esta cifra con los informes del Ministerio de Salud, se encuentra un total de G. 600.000 millones, habiendo una diferencia conforme a los documentos, la suma de G. 30.000 millones”, remarca.

“En tal sentido, esta Comisión solicita las aclaraciones correspondientes a fin de dilucidar esta situación”, concluye Florentín.

Baja ejecución. La Comisión Bicameral también tiene en sus manos los detalles que evidencian la baja ejecución presupuestaria del monto que ahora está en el dilema.

De acuerdo a los datos, solamente tiene ejecutado el 17%, y dentro de ese porcentaje están los anticipos de las compras fallidas, y el personal contratado.

Además, los llamados que fueron adjudicados pero que están en revisión por un monto de un poco más de G. 86.000 millones.

En la sesión del jueves pasado, de nuevo hubo un reclamo por parte del titular de la Bicameral y otros senadores por la falta de uso de los fondos y por el hecho de que se estén manejando hasta el momento con donaciones.

 

La Comisión Bicameral de Control de los Recursos Previstos en la Ley de Emergencia detectó incongruencias entre los datos proporcionados por los Ministerios de Hacienda y Salud con relación a los fondos para el Covid-19.

Se trata de un monto, que según Benigno López, es de G. 630.000 millones, y según Julio Mazzoleni, es de G. 600.000 millones.

Esto deja entrever que hay una diferencia de G. 30.000 millones entre los informes de ambas entidades.

Amado Florentín explicó que tiene que ver con el monto de USD 100 millones que se dispuso de la reserva del Banco Central del Paraguay, y que se tiene que devolver en diciembre, que es el plazo.

A raíz de esta situación, la Bicameral decidió remitir al Ministerio de Hacienda un pedido de aclaratoria con relación a su rendición de cuentas, remitida por nota al presidente Mario Abdo Benítez, el 28 de mayo pasado.

A su vez, el mandatario en cumplimiento del artículo 45 de la Ley de Emergencia había enviado tanto los documentos de Hacienda como de todas las instituciones afectadas en el combate a la pandemia, al Senado, luego de que se reclamó que venció el plazo.

“El documento ha sido analizado por la Comisión y ha encontrado una aparente incongruencia con los datos remitidos por el Ministerio de Salud en su nota”, refiere Florentín en su solicitud de aclaratoria a Benigno López.

“En la parte referente a la transferencia realizada por Hacienda a la cuenta de Salud, en el programa de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, consta un monto de G. 630.000 millones”, dice el legislador liberal.

“Sin embargo, cotejada esta cifra con los informes del Ministerio de Salud, se encuentra un total de G. 600.000 millones, habiendo una diferencia conforme a los documentos, la suma de G. 30.000 millones”, remarca.

“En tal sentido, esta Comisión solicita las aclaraciones correspondientes a fin de dilucidar esta situación”, concluye Florentín.

Baja ejecución. La Comisión Bicameral también tiene en sus manos los detalles que evidencian la baja ejecución presupuestaria del monto que ahora está en el dilema.

De acuerdo a los datos, solamente tiene ejecutado el 17%, y dentro de ese porcentaje están los anticipos de las compras fallidas, y el personal contratado.

Además, los llamados que fueron adjudicados pero que están en revisión por un monto de un poco más de G. 86.000 millones.

En la sesión del jueves pasado, de nuevo hubo un reclamo por parte del titular de la Bicameral y otros senadores por la falta de uso de los fondos y por el hecho de que se estén manejando hasta el momento con donaciones.

 

Con el ingreso de un frente frío, en la madrugada de este sábado un sistema de tormentas afectó al Sur del territorio paraguayo y con el correr de las horas iría extendiéndose en los demás puntos del país.

La Dirección de Meteorología e Hidrología señala que desde la madrugada se registran lluvias y tormentas eléctricas en los departamentos de Misiones, Ñeembucú, Itapúa, Caazapá, Caaguazú, Paraguarí y el oeste de Boquerón.

Asimismo, en el sur y centro de la Región Oriental y el oeste de la Occidental soplan vientos del sur de intensidad moderada y se espera que se registren "lluvias dispersas y tormentas desorganizadas".

Esta condición causará un brusco descenso de la temperatura, con sensación térmica menor a la temperatura real del aire por efecto de los vientos, por lo que la noche sería fría.

Las temperaturas máximas rondarían entre los 25ºC a los 30ºC, sin embargo, para la noche se tendrían mínimas de entre 14ºC a 18ºC.

El reporte menciona que para el amanecer del domingo la temperatura rondaría los 6°C en el Sur, 10°C en el Centro y 14°C en el Norte de la Región Oriental y el Chaco. Las condiciones mejorarían nuevamente el lunes, con baja probabilidad de precipitaciones, vientos rotando al norte y un nuevo aumento de temperatura.

 

A partir de que la Sala Constitucional de la Corte declaró públicas las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, ahora queda que Abdo vete ley que permite falsear los datos.

Tras el histórico fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ampliada, que sentenció como públicas a las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, de los funcionarios públicos, ahora solamente resta que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cumpla con su promesa de vetar el proyecto de ley sancionado por los diputados que pretenden despenalizar el falseamiento de datos y sostiene que dichos documentos no son públicos.

Las diversas organizaciones civiles que acompañaron el proceso de lucha por la transparencia y el acceso a la información pública, celebraron la sentencia judicial lograda este jueves a través de los votos del titular de la Corte, Alberto Martínez Simón, y los ministros Eugenio Jiménez, Manuel Ramírez y Carolina Llanes, además de los camaristas Óscar Paiva, Valentina Núñez y María Mercedes Buongermini.

El juez Marcos Riera tuvo un dictamen dividido ya que sostuvo que las declaraciones juradas son públicas pero que ciertas informaciones, como la de los parientes, no lo son.

El único magistrado que emitió un dictamen en contra de transparentar las declaraciones juradas fue Guido Cocco, quien se apoyó en la teoría de los diputados al señalar que no son objeto de publicidad por pertenecer al ámbito del derecho a la intimidad.

Con dicha medida, la Sala Constitucional rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada en el 2018 por el entonces contralor Enrique García, quien buscó proteger los datos de legisladores que de igual forma votarían por su destitución a través del juicio político, hecho que no se dio porque el mismo terminó renunciando.

Espera. Mientras la Corte se preparaba para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría, la Cámara de Diputados sancionó el pasado martes su versión del proyecto de ley originado en el Senado sobre las declaraciones juradas.

Mientras que el proyecto del Senado buscaba transparentar dichos documentos, los diputados modificaron el texto y dejaron sentado que los mismos solamente pueden ser dados a conocer a través de una orden judicial, y lo peor de todo fue que despenalizaron la presentación de información falsa, hecho que actualmente tiene una pena de hasta cinco años y podría quedar en una mera multa.

El presidente Mario Benítez se pronunció el pasado miércoles al respecto señalando que, si el proyecto de ley señalado realmente despenalizaba el falseamiento, entonces utilizaría su derecho constitucional a vetarla, y que para ello debía realizar un estudio del mismo. Esto lo ratificó ayer en un acto por el día de la Paz del Chaco.

Las diversas organizaciones celebraron este pronunciamiento y publican todos los días en redes sociales la necesidad de que el mandatario cumpla con el veto, confiados en que en el Congreso no habrá los votos suficientes para rechazar el veto.

Según los cálculos, en la Cámara de Senadores no habrían los votos suficientes para levantar el veto del presidente, con lo que pasaría al archivo. Sin embargo, piden el veto total y no parcial para eliminar todos los puntos oscuros.

 

DNCP recomendó al Instituto hacer una adenda al actual proceso para excluir la eritropoyetina y seguir con la adjudicación de los otros ítems. Pacientes oncológicos y dializados usan el fármaco.

Licitación en la mira. El Instituto de Previsión Social (IPS), aclara que la adenda que incluyó nuevas especificaciones técnicas de la eritropoyetina (fármaco oncológico) se hizo en el pliego de bases y condiciones de la licitación del 2018, que corresponde a la gestión anterior de Armando Rodríguez. “Estamos tratando de cambiar nuevamente las especificaciones (jeringas prellenadas) y poner otra vez el método antiguo de frascos para dar una mayor transparencia al proceso licitatorio”, anunció el gerente de Salud, doctor Vicente Ruiz Pérez.

La aclaración es con relación a la denuncia del supuesto direccionamiento a favor de Imedic SA y Eurotec SA (clan Ferreira y Samaniego) del llamado 124-19 Adquisición de medicamentos biológicos, biotecnológicos, oncológicos e inmunosupresores recientemente incluidos y otros para el IPS, cuyo pliego es similar al 2018. La convocatoria está suspendida. A parte del polémico ítem incluye otros fármacos.

“Esa eritropoyetina, antes venía en polvo liofilizado. En la administración anterior, de Armando Rodríguez, ¿qué ocurrió? Cambian las especificaciones técnicas de la eritropoyetina. En vez de usar polvo liofilizado pasan a jeringas prellenadas”. El gerente de Salud se refirió al anterior llamado con ID 352118.

El liofilizado “es una ampolla que viene con un polvo adentro que tenés que tirarle suero con una jeringa para que se constituya en el medicamento. De ahí tenés que poner otra vez en una jeringa, sacar y ponerle al paciente. ¿Qué es lo que se incluyó? Se hace un cambio en las especificaciones técnicas y se incluye una nueva presentación: Jeringas prellenadas con mecanismo de bioseguridad. La jeringa es como el lápiz de la insulina”.

Hay empresas habilitadas para ofertar la jeringa, pero solo una se presentó, dijo el gerente de Salud.

NUEVO PROCESO. Tras una consulta del seguro social, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), remitió ayer a la nueva administración del IPS una recomendación de “adendar esa licitación, específicamente eritropoyetina. Sacar de la licitación y continuar con los otros medicamentos porque vamos a tener problemas en breve porque van a entrar en desabastecimiento”, explicó el gerente de Salud.

Tras este paso, se prevé hacer un nuevo llamado que incluya solo la eritropoyetina con las nuevas especificaciones.

La ampolla tiene una ventaja; que no necesita cadena de frío como es el caso de la jeringa. Además, se destaca por “la facilidad del transporte” algo que facilitaría a los pacientes del interior que vienen hasta Asunción para retirar el fármaco. La eritropoyetina se usa para elevar glóbulos rojos en oncológicos y dializados.


Niños siguen a la deriva por faltante de hormona
Los pacientes pediátricos del Instituto de Previsión Social (IPS), son afectados por la situación de la licitación 124-19, en la cual se encuentra el ítem somatropina, una hormona de crecimiento humano, que está en desabastecimiento hace tres meses, según denunció Elizabeth Arrieta. Pese a las reiteradas notas para solicitar al IPS que se avance en la adjudicación esta sigue suspendida, debido a las protestas sobre supuestos direccionamientos de la licitación.
El IPS debe proceder sobre la recomendación de Contrataciones Públicas para que prosiga el proceso de adjudicación. “Esta situación nos afecta directamente”, señaló Arrieta, madre de una niña de 12 meses que está actualmente sin tratamiento. El fármaco cuesta estimativamente G. 10 millones. Aproximadamente, 80 niños dependen del medicamento.

20.160
millones de guaraníes fue el monto por cual se adjudicó a Imedic en llamado con ID 352.118, en ítem de EPO.

11.943
millones de guaraníes es lo máximo que se maneja en el llamado ID 370.609, para proveer el producto.

 

El fiscal Federico Delfino informó que Antonio Ramón Bernal Maíz, líder de la Agrupación Campesina Armada (ACA) falleció en la noche del jueves en un enfrentamiento con miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

El enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y Antonio Bernal Maíz, alias Tyvyta, líder de la Agrupación Campesina Armada (ACA) se registró en la zona de Loreto, en el Departamento de Concepción, informó Telefuturo.

El fiscal Federico Delfino señaló a través de su cuenta de Twitter que Bernal Maíz "optó enfrentarse con las fuerzas del orden que entregarse y ser sometido a la Justicia".

Mencionó que al ser sorprendido por los miembros de la FTC se dio la voz de alto y este reaccionó contra los uniformados, por lo que se produjo un enfrentamiento a tiros.

"En la clandestinidad, con grupo armado del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el ahora fallecido participó del secuestro de Arlan Fick, de la familia Natto, de Félix Urbieta y de otros varios hechos graves como extorsiones a productores agrícolas y ganaderos ocurridos en el Norte del país", refirió el fiscal Delfino.

En el lugar del hecho fue hallado un cuaderno, una granada, además de otros elementos que serán utilizados para dar seguimiento al trabajo de investigación, señaló al respecto el fiscal Carlomagno Alvarenga en una conferencia de prensa.

Personal de la FTC está trabajando en el lugar en busca de más evidencias, se presume que podría haber campamentos en la zona. En el suceso ningún miembro de la FTC resultó herido.

Los intervinientes informaron que otros dos hombres que estaban con Bernal Maíz lograron darse a la fuga y que los miembros del grupo criminal tenían de mascota a un perro, que con sus ladridos los alertó de la presencia de la FTC.

Sus antecedentes

Antonio Bernal Maíz se inició como integrante activo del EPP. El 19 de enero fue detenido por el secuestro de Fidel Zavala y liberado en el 2011 por el juez Gustavo Bonzi.

El 4 de setiembre del 2012 participó junto a su hermano Bernardo Coco Bernal del asesinato de su tía Eusebia Maíz en Azotey, a quien la ejecutaron con explosivos en la boca.

El 2 de abril del 2014 participó del secuestro de Arlan Fick y allí fue abatido su hermano Bernardo Bernal.

En ese mismo año se le observa en videos del EPP en una zona boscosa y portando arma larga. También se lo ve en otros videos junto a Osvaldo Villalba.

El 28 de enero del 2015 fue reconocido por testigos como uno de los secuestradores de la pareja alemana, conformada por Robert Natto y Érika Reiser de Natto.

En el 2016 pasa a integrar al grupo armado denominado Ejército del Mariscal López (EML), participando del secuestro del ganadero Félix Urbieta, quien hasta el momento no fue localizado. Mantuvo una relación sentimental con la hija de Alejandro Ramos.

En el 2017 abandona el EML junto con su hermano Feliciano Bernal refundando la ACA-EP, participó del ataque a varios establecimientos ganaderos, como La Novia, Carrillo y Oro Verde. También participó del atentado con explosivos en la estancia Santa Silvia.

Tenía 13 órdenes de captura por homicidio doloso, terrorismo y asociación terrorista, secuestro, apología del delito y asociación criminal.

 

Ante los escenarios de posible retorno a las clases presenciales planteado por el MEC, el viceministro de Educación, Robert Cano, refirió este jueves que la vuelta será voluntaria y cuando las condiciones se den.

Un total de cuatro escenarios maneja el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para el posible retorno a clases presenciales, a partir del mes de setiembre.

Pese a que meses atrás se confirmó la suspensión definitiva por lo que resta del año, tras el avance en los diálogos con las autoridades sanitarias, estudiantes, padres y docentes, hoy se analiza una vuelta gradual.

El viceministro de Educación, Robert Cano, precisó que el regreso será voluntario y con base en los protocolos que lleguen a establecerse, en el marco de la emergencia por el Covid-19.

“No hay que apurarse con esto, es una decisión muy delicada. Cuando se dé vamos a estar haciendo un retorno voluntario, siempre y cuando las condiciones se den”, dijo en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Cano señaló que el objetivo es consolidar un retorno cauto y puntualizó en que “aún no hay certezas, sino solo propuestas”.

“Yo sé que hay mucha ansiedad, pero no va ser tomada la decisión de forma unilateral. Esto va a ser con acompañamiento de las autoridades de Salud, para armar un protocolo de acuerdo a nuestra realidad”, expresó.

El proyecto de vuelta a las aulas fue presentado el miércoles ante estudiantes secundarios, gremios docentes, especialistas y religiosos en la reunión virtual instalada tras presión de la comunidad educativa.

Por otra parte, el viceministro de Educación brindó datos actuales sobre las clases virtuales. Indicó que hay un 90% de estudiantes que acceden por los medios digitales.

“En el Chaco está la menor tasa de llegada virtual. Tenemos 10% de estudiantes a los cuales se llega por medio físico”, precisó al referirse a los casos en que las maestras acercan las tareas en el domicilio de sus alumnos.

 

Autoridades sanitarias y médicos de la ciudad de Mariano Roque Alonso vigilan a un paciente sin nexo que dio positivo al Covid-19 en un asentamiento. Hasta el momento, 30 personas habrían tenido contacto con el hombre.

Se trata de un paciente de 50 años, quien dio positivo al coronavirus, pero sin nexo, y que ahora se encuentra en aislamiento dentro de su domicilio, al igual que su familia, en un asentamiento de Mariano Roque Alonso, Departamento Central.

La directora del Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso, Silvia Giménez, informó a NPY que desde el centro asistencial y desde la Dirección de Vigilancia Sanitaria se están realizando las investigaciones para detectar los contactos que tuvo el paciente.

Hasta el momento, el hombre habría tenido contacto con 30 personas, quienes están siendo monitoreadas, ya que el mismo es propietario de una despensa en la zona y se encontraba trabajando durante los últimos días.

“Cerca de 30 personas fueron a su negocio en estos días y estamos dando seguimiento a todas ellas, que también ya se encuentran guardando aislamiento en sus domicilios”, reportó la médica.

Según las verificaciones, el paciente habría estado en el Mercado de Abasto y, posteriormente, tuvo algunos síntomas, por lo que los agentes de Salud se encuentran realizando las averiguaciones.

Asimismo, indicaron que el hombre habría cumplido con las medidas sanitarias en su negocio, por lo que se presume una baja posibilidad de contagio.

Por otra parte, cerca de 600 familias residen en el asentamiento donde se detectó al paciente, por lo que las autoridades sanitarias piden extremar medidas sanitarias y reportar cualquier caso sospechoso.

 

Autoridades sanitarias y médicos de la ciudad de Mariano Roque Alonso vigilan a un paciente sin nexo que dio positivo al Covid-19 en un asentamiento. Hasta el momento, 30 personas habrían tenido contacto con el hombre.

Se trata de un paciente de 50 años, quien dio positivo al coronavirus, pero sin nexo, y que ahora se encuentra en aislamiento dentro de su domicilio, al igual que su familia, en un asentamiento de Mariano Roque Alonso, Departamento Central.

La directora del Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso, Silvia Giménez, informó a NPY que desde el centro asistencial y desde la Dirección de Vigilancia Sanitaria se están realizando las investigaciones para detectar los contactos que tuvo el paciente.

Hasta el momento, el hombre habría tenido contacto con 30 personas, quienes están siendo monitoreadas, ya que el mismo es propietario de una despensa en la zona y se encontraba trabajando durante los últimos días.

“Cerca de 30 personas fueron a su negocio en estos días y estamos dando seguimiento a todas ellas, que también ya se encuentran guardando aislamiento en sus domicilios”, reportó la médica.

Según las verificaciones, el paciente habría estado en el Mercado de Abasto y, posteriormente, tuvo algunos síntomas, por lo que los agentes de Salud se encuentran realizando las averiguaciones.

Asimismo, indicaron que el hombre habría cumplido con las medidas sanitarias en su negocio, por lo que se presume una baja posibilidad de contagio.

Por otra parte, cerca de 600 familias residen en el asentamiento donde se detectó al paciente, por lo que las autoridades sanitarias piden extremar medidas sanitarias y reportar cualquier caso sospechoso.

 

Un suboficial de la Policía Nacional, que presta servicio en una compañía de Piribebuy, dio positivo al Covid-19 y puso en alerta a los pobladores del distrito. Las autoridades decidieron crear una barrera sanitaria.

El intendente de Piribebuy, Blas Manuel Gini, confirmó a radio Monumental 1080 AM que un agente policial, que presta servicio en la ciudad de Piribebuy, Departamento de Cordillera, dio positivo al Covid-19.

Se trata de un suboficial oriundo de San Roque González de Santacruz, Departamento de Paraguarí, quien aparentemente fue uno de los infectados por contacto en el caso del militar.

Según comentó, el uniformado ya no retornó a la ciudad tras dar positivo a la enfermedad. Sin embargo, llegó a tener una guardia en la Comisaría de Itacurubí de la Cordillera.

A modo de precaución, el jefe comunal refirió que optaron por la creación de una barrera sanitaria en la compañía Capilla Kue, la cual es frontera con el Departamento de Paraguarí.

Gini aclaró que la ciudad aún está libre de Covid-19, pero se vieron obligados a restringir la circulación en vista del fuerte brote que sufrió el departamento vecino.

San Roque González volvió a la fase 0 de la cuarentena sanitaria el martes y volvió al cierre total de la ciudad por 14 días.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) indicó que se mantendrá por el mismo periodo de tiempo en la fase 2 a todo el Departamento de Paraguarí, extremando los controles de circulación en los puntos de acceso.

La fase 0 de la cuarentena establece la restricción total de circulación de personas y vehículos en las calles, salvo excepciones y para la compra de alimentos, medicamentos o requerir un servicio de urgencia.

El distrito, con más de 13.000 habitantes, se vio afectado luego de que un personal militar con la enfermedad fue a visitar a su familia y contagió a una gran cantidad de personas, por lo que se procedió a la cuarentena total del distrito.

En total, 69 casos de coronavirus tendrían nexo con el personal castrense.

Wednesday, 10 June 2020 08:30

San Roque González de Santa Cruz vuelve a fase 0

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Por disposición del Ministerio de Salud y autoridades departamentales y municipales, la ciudad de San Roque González de Santa Cruz vuelve a la fase 0 de la cuarentena por la pandemia del coronavirus (Covid-19), tras una gran cantidad de contagios en el distrito del Departamento de Paraguarí.

El gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, informó sobre la decisión que se dio, en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud, sobre proceder al cierre total de la ciudad de San Roque González de Santa Cruz por un periodo de 14 días.

Asimismo, desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) indicaron que se mantendrá por el mismo periodo de tiempo en la fase 2 a todo el Departamento de Paraguarí, extremando los controles de circulación en los puntos de acceso.

El director de la 9ª Región Sanitaria, Osmar Galeano, señaló que se recomendó en un principio volver a la fase 0 y mantener en la fase 2 a todos los demás departamentos, pero que con base en los resultados se irá analizando.

Así también, dijo que hay preocupación en los otros distritos del departamento, por lo que llamó a la calma a los pobladores y a cuidarse entre todos, evitando la propagación masiva del virus.

El gobernador manifestó que la Intendencia de San Roque está en conocimiento de la decisión y que la misma se tomó con base en los casos positivos que se dieron en la fecha, en tanto que confía en que pronto se recuperará la situación de avance que se tenía en el departamento.

La fase 0 de la cuarentena establece la restricción total de circulación de personas y vehículos en las calles, salvo excepciones y para la compra de alimentos, medicamentos o requerir un servicio de urgencia.

El distrito de San Roque González de Santa Cruz, con más de 13.000 habitantes, se vio afectado luego de que un personal militar con la enfermedad fue a visitar a su familia y contagió a una gran cantidad de personas, por lo que se procedió a la cuarentena total del distrito. En total, 69 casos de coronavirus tendrían nexo con el personal castrense.

 

El diputado colorado Hernán David Rivas juró ayer como nuevo representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En el acto estuvieron presentes importantes referentes del cartismo, como el titular de Diputados, Pedro Alliana, y el líder de bancada de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, además de los legisladores Raúl Latorre y Hugo Ramírez, todos aliados del ex presidente Horacio Cartes.

A pesar de ser cuestionado por no contar con matrícula de abogado, y de no haber litigado jamás, Rivas asume su cargo en el Jurado gracias a la presión del cartismo. Recordemos que Rivas fue elegido para representar a los diputados en el JEM en el marco de un pacto con el cual retiraron al abdista Ramón Romero Roa. Honor Colorado ganó así otro espacio para interferir en los casos abiertos que enfrentan las autoridades políticas. De hecho, este sector interno del Partido Colorado se ramificó en diversas instituciones de la Justicia y las caras más visibles en este esquema al que se suma Rivas son el último ministro designado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel, y la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

Durante su asunción, Rivas agradeció “a Dios por la oportunidad” y a los diputados que depositaron la confianza en su persona. Además, aseveró que no defraudará a su familia con esta nueva responsabilidad. “Fui concejal departamental, presidente de la Junta Departamental, interiné a Luis Gneiting en la Gobernación. Estoy para colaborar y trabajar por la transparencia”, aseguró.

Cuando fue destituido, Romero Roa indicó que se negó a gestionar favores y por eso se produjo el enojo. Los votos de su destitución se dieron a cambio de dos puestos de liberales en la mesa directiva de la Cámara Baja.

Pero otro punto de interés para el cartismo está en el proceso que afronta el diputado Tomás Rivas, tío de David Rivas, quien está imputado por estafa y cobro indebido de honorarios, en el caso de los caseros pagados con dinero público.


Salvan a juez que favoreció a Zacarías en el Este
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados salvó ayer de la remoción al juez penal de la Adolescencia de Ciudad del Este, Marino Méndez, denunciado por haber otorgado un amparo judicial a favor de Sandra McLeod de Zacarías cuando esta era intendenta del Este, que impidió a la Junta Municipal de la capital de Alto Paraná tratar la renuncia de la ex jefa comunal. El JEM apenas apercibió al magistrado, gracias a los votos de Eusebio Alvarenga, Gladys Bareiro, Hernán Rivas, Fernando Silva Facetti y Adrián Salas. Por la destitución votaron Manuel Ramírez Candia, Cristian Kriskovich y Enrique Bacchetta. Méndez había sido enjuiciado por actuar a favor de McLeod cuando no tenía la competencia, porque la Constitución es clara en su artículo 134, según lo indicaron algunos miembros del Jurado, haciendo referencia al párrafo que señala que si el amparo promovido se trata “de una cuestión electoral, o relativa a organizaciones políticas, será competente la Justicia Electoral”.

 

Mediante una jugada para adelantarse a la Corte, colorados y liberales sancionaron un texto que despenaliza la información falsa de los bienes y da vía libre a políticos corruptos a enriquecerse.

Con 44 votos de colorados y liberales fue sancionado ayer en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios, que ahora queda en manos del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

La versión del Senado fue rechazada y la mayoría decidió ratificarse en el texto con dictamen positivo de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Con esta nueva norma, los datos falsos que sean hallados en las declaraciones sobre los bienes de todos los funcionarios, incluyendo altas autoridades, serán considerados errores administrativos y, por tanto, quedan despenalizados.

“La declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) es un acto unilateral, del que no deriva decisión sobre proceso alguno; por tanto, la misma queda exceptuada como testimonio, y no podrá ser considerada como elemento constitutivo de hechos punibles relativos a la prueba testimonial. La responsabilidad que emerge en todo lo relativo a declaraciones juradas ante la CGR es netamente de carácter administrativo”, expresa el texto aprobado en su artículo 1.

PUBLICIDAD. Si bien el proyecto original presentado por senadores del Partido Patria Querida (PPQ) el pasado año establecía hacer público el contenido de las declaraciones presentadas ante la CGR, incluso mediante una página web, la versión de Diputados impone el requisito de una orden judicial. “La autorización expresa e irrevocable del declarante, que faculte a la CGR, a través del pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales, a dar a conocer públicamente los datos contenidos en su declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos”, se indica en el artículo 3.

Por otro lado, se establece que las empresas o personas jurídicas proveedores del Estado también deberán rendir cuentas de su patrimonio ante la CGR. Los opositores consideraron el proyecto como una violación al artículo 104 de la Constitución, sobre las declaraciones juradas.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González pidió aplazar el estudio atendiendo que la Corte tenía pendiente resolver acciones sobre publicidad de las declaraciones, pero la idea de los partidos tradicionales era adelantarse al pronunciamiento. “Nos opusimos a esa liberación sin orden judicial; no obstante, hicimos otras modificaciones para establecer un procedimiento administrativo en la sede de la propia CGR, para completar la documentación y valoración de bienes en cualquier declaración”, alegó Derlis Maidana, titular de Constitucionales.

 

Pese a sendas denuncias de irregularidades en las compras de Salud, la Fiscalía no formuló imputación. Diputados exigen ampliar las pesquisas y marcar la trazabilidad del dinero.

Para lograr la trazabilidad del dinero de las licitaciones en las compras de insumos médicos de Salud, que fueron denunciadas como irregulares, un grupo de diputados opositores solicitaron al Ministerio Público que sean incluidos informes puntuales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y del Banco Nacional de Fomento (BNF) en la investigación, que hasta ahora no cuenta con un solo imputado.

En ese marco, pidieron considerar la ampliación del ámbito de investigación e incluir aquellas licitaciones detalladas por la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19, que encontró irregularidades que representan conductas penalmente relevantes, según señalan los denunciantes.

Por ese motivo, los diputados solicitaron que el Ministerio Público pida un informe a la Seprelad sobre los depósitos de los cheques y la trazabilidad del dinero vinculado con la licitación pública denunciada.

Mientras que al BNF, los datos de la cuenta en la cual fueron depositados los cheques vinculados a la denuncia. “Una vez obtenida la información, se proceda a recabar informes sobre los movimientos realizados por el titular de la cuenta bancaria, de enero a mayo de 2020”, señala el documento.

Presentaron el informe de la comisión a la Fiscalía los diputados del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González y Norma Camacho; del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, Sebastián Villarejo y Sebastián García; del Partido Hagamos, Tito Ibarrola y Carlos Rejala, y el independiente Jorge Brítez.

El caso más conocido es el de la adquisición de insumos y camas, en la que fueron adjudicadas las empresas Imedic SA y Eurotec SA (vinculadas al conocido como clan Ferreira), pero también fueron detectados procedimientos sospechosos desde el Ministerio de Salud.

La Comisión Especial de Supervisión y Control de las Compras por el Covid-19 comunicó que hubo irregularidades en los 32 procedimientos que fueron ejecutados y recomendó anular 14 de ellos, por encontrarse en etapa previa a la firma de contrato.

No obstante, ya en mayo, la Contraloría General de la República (CGR) informó sobre el proceso específico para comprar insumos y camas, que detalló que estuvo viciado de irregularidades en todas sus etapas. Indicó que Salud Pública no descalificó a las firmas vinculadas a la familia Ferreira –con las cuales finalmente se rescindió contrato– pese a que estas incumplieron con los términos del llamado en más de una ocasión.

Actualmente, la Fiscalía investiga el caso de la adquisición de insumos y camas, pero todavía no formuló imputación. Tampoco citó a declarar a nadie ni de la firmas Imedic y Eurotec, ni del Ministerio de Salud.

Los fiscales Osmar Legal, Jorge Arce, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia están al frente de la investigación.

El grupo de diputados que realizó algunas denuncias penales solicitó una audiencia con la fiscala adjunta de la Unidad Anticorrupción, Soledad Machuca, para conocer los avances de las investigaciones en el marco de las compras.

 

El Instituto de Previsión Social (IPS), se encuentra analizando la posibilidad de otorgar seguro médico a cerca de 1.700.000 trabajadores independientes, quienes ya se encuentran aportando como tales al sistema de jubilaciones y pensiones, pero no tienen derecho de acceder a un tratamiento sanitario en los nosocomios de la previsional.

Andrés Gubetich, presidente del Consejo de Administración de IPS, informo que este fue uno de los aspectos tratados ayer con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, durante la audiencia que mantuvieron en el Palacio de Gobierno.

“Incoporar a estos trabajadores autónomos al sistema de cobertura de salud es fundamental para el Gobierno nacional”, argumentó Gubetich.

Añadió que, de hecho, los trabajadores independientes ya tienen la posibilidad de ajustarse al sistema de pensiones y jubilaciones, pero la inclusión en la parte sanitaria permitirá que estos cuenten también con una cobertura sanitaria a través de previsión social.

El titular de IPS expresó que la incorporación podría concretarse en unos meses, ni bien el Parlamento Nacional apruebe previamente una ley al respeto.

pago de subsidios. En otro orden, Gubetich informó, que la previsional para el pago de la primera parte de las compensaciones económicas a los trabajadores afectados por la suspensión de las actividades laborales alcanzó un monto cercano a los G. 90.000 millones, que benefició a cerca de 85.000 personas.

En tanto que en la víspera se inició la segunda tanda de pagos, en que abonarán alrededor de G. 110.000 millones a otras 85.000 personas. En esta segunda parte, se incluye a los trabajadores que perciben más de dos salarios mínimos y que cobrarán el beneficio en forma retroactiva, ya que no lo percibieron la primera vez. Esta vez se les abona el subsidio a aquellos que sufrieron la suspensión por mas de 30 días.

vuelta al trabajo. En tanto que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), informó que 20.601 personas se reincorporaron a sus puestos laborales tras el levantamiento de la suspensión de contratos por parte de sus empleadores. Esta cifra corresponde a 153 empresas que habían solicitado ante la cartera laboral.

La institución también realizó 1.857 audiencias de mediación virtual y 1.001 acuerdos de pago y reposición en el puesto de trabajo. Los pagos a los trabajadores equivalen a G. 3.600.826.313.

 

Se esperan mínimas de entre 9° y 10ºC para hoy y mañana. Especialistas de Salud piden comer saludable y cumplir medidas de prevención como el lavado de manos y evitar compartir utensilios.

Con mínimas de 9° y 10ºC, las bajas temperaturas continuarán hasta mañana, advierten desde la Dirección de Meteorología e Hidrología. Si bien se aguarda un leve ascenso para el lunes, también se esperan todavía precipitaciones dispersas en algunos puntos del país.

La Dirección de Vigilancia de la Salud pide extremar las medidas sanitarias ante las lluvias y el frío de estos días para evitar enfermedades respiratorias. Informaron que recibieron otras 11.000 dosis de la vacuna contra la influenza. Actualmente no se reportan tantos enfermos respiratorios como años anteriores gracias a las medidas de prevención.

Por su parte, el doctor Carlos Morínigo, director de Aislamiento del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), pidió a la ciudadanía mantener el uso obligatorio de tapabocas al salir del aislamiento en caso de necesidad o de trabajo.

Agregó que toda acción de desinfección también es importante, como el lavado de manos, el uso de alcohol en gel y la sanitización de productos que se ingresan a la casa desde afuera. “Evitar compartir utensilios, evitar la aglomeración de personas, tratar de no automedicarse y ante síntomas respiratorios consultar lo antes posible”, expresó Morínigo.

Con este clima frío también pidió evitar el alcohol en exceso, el tabaquismo. Recomienda comer saludable y realizar actividad física diaria de media hora. Además, no exponer o tratar de cubrir zonas frías si es que no se puede mantener en confinamiento a niños pequeños.

CLIMA. Para esta jornada, todo indica que la máxima no alcanzará los 20ºC, con el cielo nublado, un clima frío a fresco, con vientos variables. “Para ambos días el ambiente se presentaría frío a fresco en la noche y el amanecer con tardes frescas a cálidas”, dijo el meteorólogo Carlos Santacruz.

Agregó que los pronósticos indican que para hoy seguirían registrándose precipitaciones ligeras durante las primeras horas sobre el Sur, Este y Norte del país.

Con el transcurrir del día se darían mejoras en estas zonas del territorio nacional.

No obstante, estas lluvias caerían nuevamente en la mañana dominical.

En el caso de las lluvias, no cesarán como mínimo hasta el próximo martes 9, pero ya de manera dispersa y por zonas del país.

Hasta la fecha, el Departamento de Itapúa es la localidad donde se registró una mayor caída de agua, 70 milímetros desde que comenzaron las precipitaciones el jueves pasado hasta ayer.

 

Empresarios de la gastronomía y el comercio dijeron que acatarán mandato gubernamental de extender la fase 2, porque peor sería retornar al encierro total, por las consecuencias económicas.

El sector gastronómico sería uno de los más afectados con la posibilidad de la extensión de la fase 2 de la cuarentena inteligente, por lo que los empresarios de este rubro están temerosos ante esa posibilidad, porque están esperando con ansiedad el 15 de junio para poder reabrir sus restaurantes y locales de comida rápida.

De todas maneras, Néstor Filártiga, propietario del restaurante Mburicao, señaló que tienen sentimientos encontrados sobre este punto, aunque aclaro que acatarán la decisión del Gobierno nacional porque tiene que ver con el aspecto sanitario de contener la pandemia de Covid-19 y eso es algo que no se puede discutir.

Además, el empresario gastronómico alegó que no quieren el retorno a la cuarentena total inicial, porque esa medida sí acarrearía consecuencias devastadoras para la economía nacional.

“Cualquier prolongación agudizara la crisis económica que ya afecta a la gastronomía desde hace meses, pero desde el momento en que se tome esta decisión en base a criterios sanitarios es muy poco lo que podemos hacer, discutir o cuestionar. Indudablemente, el criterio sanitario es lo que debe primar para seguir teniendo el resultado que es la contención de la pandemia”, indico Filártiga.

“No nos quedará otra que acatar la decisión”, alegó con contundencia el propietario de Mburicao, aunque esa medida agudice la situación de crisis económica que vive el sector.

Agrego que el panorama es totalmente incierto para todos, en que nada está garantizado. “No se puede concebir un escenario sin tener la certeza de cómo se va a comportar la gente, de nada servirá tener locales abiertos si la gente no viene”, acotó.

Bajas ventas. En tanto que Jorge Mendelzon, gerente del Shopping Mariscal, también expreso su preocupación por la posible extensión de la cuarentena, aunque ve que es una necesidad ante el relajo de las medidas de seguridad sanitaria en ciertos sectores de la sociedad. “Aunque volver a la cuarentena inicial más dura sería una catástrofe para la economía”, sostuvo el empresario. Dijo que la gente concurre a los shoppings, desde la reapertura de estos centros, respetando todos los protocolos, pero las ventas están muy lejos de ser similares siquiera a los niveles alcanzados antes de iniciarse la cuarentena total. “El comercio está muy castigado, porque la gente concentra sus recursos en el consumo de primera necesidad. Y extender la cuarentena inteligente es preocupante porque hay mucha gente que está muy ansiosa de volver a trabajar”, significó Mendelzon.

“La prolongación dañará más”
El vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, consideró que una ampliación de la fase dos de la cuarentena inteligente sería muy perjudicial. Dijo que también es preocupante cómo se relaja el cumplimiento de las medidas sanitarias en algunos sectores informales.
Sostuvo que el gremio está siguiendo detenidamente el comportamiento del sector industrial, construcción y producción que están asociados. Dijo que hasta ahora no tuvieron reportes de contagio alguno.
Añadió que continúan el trabajo coordinado con el Ministerio de Trabajo en el tema de salud ocupacional. “Todo lo que pudiera ocurrir en esta fase depende para la vuelta al trabajo de la gente”, resaltó.

 

Empresarios de la gastronomía y el comercio dijeron que acatarán mandato gubernamental de extender la fase 2, porque peor sería retornar al encierro total, por las consecuencias económicas.

El sector gastronómico sería uno de los más afectados con la posibilidad de la extensión de la fase 2 de la cuarentena inteligente, por lo que los empresarios de este rubro están temerosos ante esa posibilidad, porque están esperando con ansiedad el 15 de junio para poder reabrir sus restaurantes y locales de comida rápida.

De todas maneras, Néstor Filártiga, propietario del restaurante Mburicao, señaló que tienen sentimientos encontrados sobre este punto, aunque aclaro que acatarán la decisión del Gobierno nacional porque tiene que ver con el aspecto sanitario de contener la pandemia de Covid-19 y eso es algo que no se puede discutir.

Además, el empresario gastronómico alegó que no quieren el retorno a la cuarentena total inicial, porque esa medida sí acarrearía consecuencias devastadoras para la economía nacional.

“Cualquier prolongación agudizara la crisis económica que ya afecta a la gastronomía desde hace meses, pero desde el momento en que se tome esta decisión en base a criterios sanitarios es muy poco lo que podemos hacer, discutir o cuestionar. Indudablemente, el criterio sanitario es lo que debe primar para seguir teniendo el resultado que es la contención de la pandemia”, indico Filártiga.

“No nos quedará otra que acatar la decisión”, alegó con contundencia el propietario de Mburicao, aunque esa medida agudice la situación de crisis económica que vive el sector.

Agrego que el panorama es totalmente incierto para todos, en que nada está garantizado. “No se puede concebir un escenario sin tener la certeza de cómo se va a comportar la gente, de nada servirá tener locales abiertos si la gente no viene”, acotó.

Bajas ventas. En tanto que Jorge Mendelzon, gerente del Shopping Mariscal, también expreso su preocupación por la posible extensión de la cuarentena, aunque ve que es una necesidad ante el relajo de las medidas de seguridad sanitaria en ciertos sectores de la sociedad. “Aunque volver a la cuarentena inicial más dura sería una catástrofe para la economía”, sostuvo el empresario. Dijo que la gente concurre a los shoppings, desde la reapertura de estos centros, respetando todos los protocolos, pero las ventas están muy lejos de ser similares siquiera a los niveles alcanzados antes de iniciarse la cuarentena total. “El comercio está muy castigado, porque la gente concentra sus recursos en el consumo de primera necesidad. Y extender la cuarentena inteligente es preocupante porque hay mucha gente que está muy ansiosa de volver a trabajar”, significó Mendelzon.

“La prolongación dañará más”
El vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, consideró que una ampliación de la fase dos de la cuarentena inteligente sería muy perjudicial. Dijo que también es preocupante cómo se relaja el cumplimiento de las medidas sanitarias en algunos sectores informales.
Sostuvo que el gremio está siguiendo detenidamente el comportamiento del sector industrial, construcción y producción que están asociados. Dijo que hasta ahora no tuvieron reportes de contagio alguno.
Añadió que continúan el trabajo coordinado con el Ministerio de Trabajo en el tema de salud ocupacional. “Todo lo que pudiera ocurrir en esta fase depende para la vuelta al trabajo de la gente”, resaltó.

 

Aliados de Cartes se ubican en importantes cargos de influencia no solo políticos, sino también judiciales. Con Hernán Rivas, se completó el tridente formado también por Diesel y Quiñónez.

Las fichas del poderoso movimiento Honor Colorado (HC) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se mueven y ubican en espacios de gran influencia y la Justicia no está ajena a los acuerdos políticos de conveniencia.

La última jugada luego de la elección de Pedro Alliana como presidente de la Cámara de Diputados fue el pacto para retirar al abdista Ramón Romero Roa y colocar al joven cartista Hernán David Rivas como representante de este cuerpo legislativo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en la búsqueda de aliados para interferir en los casos abiertos que enfrentan las autoridades políticas.

El cartismo logra de este modo ramificarse en diversas instituciones de la Justicia y las caras más visibles en este esquema al que se suma Rivas son el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) César Diesel y la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

Fuentes parlamentarias señalan que la imposibilidad de contar con Romero Roa para interceder ante jueces y fiscales en las causas que involucran a políticos como el clan Zacarías fue el motivo principal del golpe político que significó su destitución.

Romero Roa indicó que además se negó a gestionar favores y por eso se produjo el enojo. Los votos de su destitución se dieron a cambio de dos puestos de liberales en la mesa directiva.

Pero otro punto de interés para el cartismo está en el proceso que afronta el diputado Tomás Rivas, quien es tío de David Rivas, y está imputado por estafa y cobro indebido de honorarios, en el caso conocido como caseros de oro, minado de chicanas.

Los mismos diputados de Honor Colorado como Derlis Maidana y Basilio Bachi Núñez admitieron que no tenían nada en contra de Romero Roa y que decidieron otorgar el cargo a Rivas solo por un acuerdo político.

“La mayoría no puede hacer uso y abuso de la fuerza para pisotear la Constitución y la ley que rige la institucionalidad del JEM”, apuntó Romero Roa al anunciar que presentará una acción ante la Corte.

“La negativa de actuar como intermediario para solucionar los problemas de la clase política tanto ante fiscales como jueces fue el motivo”, remarcó Romero Roa.

Caso Diesel. En el Senado, el pasado mes, mediante un pacto abdocartollanista, fue posible la elección de César Diesel como candidato para la Corte Suprema de Justicia. Su figura es muy cuestionada por estar asociada al cartismo. Actualmente, el ministro es integrante de la Sala Constitucional y responsable de la Circunscripción de Amambay.

Caso Quiñónez. La fiscala general del Estado Sandra Quiñónez es conocida aliada del cartismo y de hecho asumió en el cargo durante la presidencia de Horacio Cartes. Recientemente fue vinculada en un caso de uso indebido de influencias para favorecer a un empresario cartista por lo que un grupo de diputados liberales y partidos minoritarios solicitó sea sometida a juicio político por mal desempeño de sus funciones, pero contó con la férrea defensa de la bancada colorada y llanista, que la salvaron.

 

COVID. Nivel de contagio, por ahora, es "aceptable". Instan a no descuidarse.

Aunque se haya registrado una escalada, en la última semana, de los casos sin nexo de Covid-19, “el ritmo de contagio es aceptable”, afirmó el Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud.

Esto se sostiene –dijo– ante la baja ocupación de camas (15%) y circulación comunitaria. Pero advirtió que la situación sigue siendo delicada y frágil, por lo que “no debemos subestimar al virus”, sugirió, ya que dada su alta transmisibilidad puede volcar la historia en cualquier momento.

“Nos animamos a decir que el ritmo de contagio es aceptable. No debemos subestimar al virus. Si nos relajamos, no vamos a ganar la batalla y así es muy frágil mantener este escenario que en menos de 10 días puede dar la vuelta”, expuso a radio Monumental 1080 AM.

Insistió en que lo más preocupante es el relajo de la población a la hora de adoptar las medidas sanitarias de protección, ya que esto puede ocasionar una propagación masiva de los casos. “Si nos relajamos en las calles y lo que pasa en los albergues, la batalla va a ser en los hospitales y en los hospitales no vamos a ganar la batalla”, avisó.

De hecho, ayer se reportó la buena noticia de la recuperación del camionero chileno que está internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram).

Si bien el paciente sigue en terapia intensiva, ya no recibe asistencia mecánica para respirar. Esto fue posible gracias a un trabajo minucioso de un equipo de médicos, el cual sería imposible brindar en un escenario de saturación del servicio”, según el Dr. Felipe González, director del Ineram.

“Felizmente, uno de los pacientes en terapia sigue evolucionando favorablemente y ha sido posible retirarle la asistencia respiratoria”, destacó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Ayer, de 1.159 muestras procesadas, 16 dieron positivo: ocho del exterior, seis contactos y dos sin nexo. Del 28 de mayo al 4 de junio se registraron 21 contagios sin identificar el origen.

1.086 casos confirmados de Covid reportaron hasta ayer; de los cuales 564 están activos y 511 se han recuperado.

 

Desde la Unión Industrial Paraguaya piden elevar la preferencia de productos nacionales del 20% al 40% en las compras públicas y que el Fogapy pueda alcanzar a las empresas más grandes.

Directivos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) pidieron ayer al vicepresidente Hugo Velázquez su mediación ante el Congreso Nacional para la sanción del proyecto de preferencia para productos nacionales en las compras públicas y de ampliación del fondo de garantías para las mipymes (Fogapy).

Luego de la reunión, el titular del gremio, Gustavo Volpe, dijo que recurrieron al vicepresidente, a partir de su condición de nexo del Ejecutivo con el Legislativo, y que, además, es una persona que tiene mucha experiencia en el ámbito del Congreso.

Precisó que hay varias leyes que se están tratando y que tocan la parte económica. En particular, expresó que una de las que están respaldando es la modificación de la ley que establece preferencias por los productos nacionales para las compras públicas.

“Se modifica el artículo que hablaba del 20 por ciento. Eso subiría a 40 por ciento. Ya tiene media sanción y ahora le toca a Diputados poder definir su sanción definitiva”, recalcó.

RECURSOS. Añadió que otro tema que también hablaron con Velázquez es el proyecto de ampliación del Fondo de Garantías Paraguay (Fogapy) que servirá “para ampliar las garantías y se puedan incluir a medianas y grandes empresas”. El proyecto ahora volvió a Diputados luego de las modificaciones que introdujo el Senado, entre ellas, dejar sin efecto la posibilidad de gestionar dos nuevos préstamos para ampliar los fondos.

El Fogapy ya había sido potenciado en el marco de las acciones tomadas para mitigar los efectos negativos en la economía de la pandemia de enfermedad por Covid-19; sin embargo, los sectores afectados califican como muy lento y bajo, hasta ahora, el desembolso efectivo de créditos para las mipymes por parte de bancos y cooperativas, de acuerdo con lo que había explicado el gremio Asepy.

EXPECTANTES. Sobre los términos de la charla con el vicepresidente de la República, Gustavo Volpe refirió que el retorno “fue, digamos, absolutamente positivo, nos dio algunas sugerencias y nos va a ayudar a relacionarnos con la gente que va a tener a su cargo en el Congreso estos importantes temas”.


Preocupan ataques a antenas
Los representantes de la UIP también expresaron al vicepresidente la preocupación por los atentados que sufren las torres de telecomunicaciones en el interior. Al respecto, Gustavo Volpe advirtió que si no paran los ataques los más perjudicados van a ser los pueblos que no tienen las torres. “Al no tenerlas no van a tener buena comunicación y se van a privar de educación, de telemedicina o de la parte financiera para los pagos. Todo se mueve a través de este tema y vemos que hay mala información”, recalcó. El titular de la UIP señaló que la OMS tiene un informe que demuestra que las ondas electromagnéticas producidas por este tipo de equipos no generan ningún problema.

 

ALERTA. Preocupa incremento de casos positivos en la comunidad. Cada vez hay más sin nexos. CLAVE. Infectólogo dice que resultados de este mes determinarán los picos de contagio del virus. ALARGUE. Salud no descarta extender la fase 2 de la cuarentena inteligente por el relajamiento. AFECTADOS. Un bebé dio positivo por contacto comunitario y otro con vínculo desconocido.

Ascenso de la alarma. En una nueva actualización dada a conocer ayer, el Ministerio de Salud Publica reveló 57 nuevos casos positivos de Covid-19 en el país. Varios de ellos sin nexo.

“Informe #Covid-19 | 3 de junio: procesamos 975 muestras, 57 dieron positivo: 39 del exterior, 10 contactos, 8 sin nexo, todos en aislamiento. 13 internados, 2 de ellos en terapia intensiva. 13 recuperados, sumando 511. Total de casos confirmados: 1070”, informó en su tuit diario el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni.

De esta manera se sigue dando el ascenso de casos confirmados por contacto y los sin nexo, además de los llegados del exterior. En el caso de los que no fueron identificados su contagio, ayer se dio la cifra más alta. De los ocho casos sin nexo, cuatro corresponden a Lambaré, según informó la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

Entre los casos sin nexo, Vigilancia de la Salud se encuentra estudiando el caso de un bebé de nueve meses, quien dio positivo en la prueba de Covid-19. Los padres del infante, quienes aseguran tomaron todas las medidas de prevención, no pudieron precisar dónde pudo haberse contagiado, por lo que ahora aparece como un caso sin contacto identificado. En un asentamiento de Villeta también se conoció un bebé que dio positivo por contacto.

Carga viral

La cada vez mayor cantidad de nuevos contagiados dentro de país preocupa. Uno de los aspectos de esta situación tiene que ver con la alta carga viral (cantidad de virus en una persona) que se diagnostica en los pacientes. La doctora Graciela Russomando, bióloga molecular y encargada del equipo que realiza el procesamiento de las muestras en el laboratorio del Senacsa, menciónó que este hecho genera inquietud por el riesgo que pudiera representar para la población.

La alta carga viral de la que habla Russomando se da principalmente en los pacientes que llegaron del exterior. Sobre todo en los llegados del Brasil. Como dato revelador, la coordinadora del equipo del Senacsa detalló que de 44 personas que llegaron del vecino país, 39 dieron positivo al test de detección del coronavirus. Este resultado también se vio en el caso del militar que recorrió varias zonas de Paraguarí.

La bióloga molecular mencionó que en los últimos días se tuvieron diagnósticos que mostraban índices muy altos de viralidad. Sin embargo, en las muestras que se procesaron ayer hasta la tarde dichos números aparecían bajos, según informó.

El doctor Guillermo Sequera, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, mencionó que lo más importante es determinar si un caso es positivo o no. “No importa la carga viral. Más nos preocupa que aparezcan cada vez más casos sin nexo. Eso es una señal latente de que el virus está circulando en la comunidad”, expresó.

La situación que se da actualmente, con la aparición de cada vez más contagiados en diferentes partes del país pone sobre el tapete el tema de la cuarentena. Muchos se preguntan si podría volverse a la restricción total.

En la última conferencia de prensa dada por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en cierta manera se deslizó esta posibilidad. En contrapartida, el ministro de Hacienda, Benigno López, abrió el paraguas diciendo que volver a una restricción completa podría ser algo nefasto.

El doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, dijo que estos 8 casos positivos sin nexo deben llamar la atención de todos. “A recordar que no están autorizados encuentros familiares, reuniones sociales, juegos colectivos. Deben utilizarse tapabocas, lavarse las manos. Cuidemos a nuestros padres y abuelos”, precisó el referente de Salud.

Sequera mencionó que lo más probable es que pueda extenderse esta fase 2 de la cuarentena inteligente. O bien llegar a la fase 3 pero modificando lo planificado en principio.

Traduciendo la situación en términos futbolísticos, comentó que el partido está con 1-0 a favor. “Pero estamos jugando el segundo tiempo y no podemos salir de nuestra área. Podemos ganarlo por penales y luego del alargue”, ilustró.

 

 

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, emitió en la tarde de ayer un mensaje a través de sus redes sociales jactándose del cierre de las fronteras y aludiendo a que dicha medida es para resguardar a la población de un eventual contagio masivo del Covid-19, atendiendo la situación crítica que soporta el Brasil.

“El cierre de fronteras tiene un objetivo claro, proteger a nuestra gente ante el peligro de expansión de la pandemia. Estamos intensificando todos los controles”, decía el mensaje del jefe de Estado, acompañado de tres fotografías situadas en la localidad de Pedro Juan Caballero.

En dos de las imágenes se observa a unos pocos militares haciendo guardia frente a un montículo de neumáticos viejos y una línea de alambres, en la frontera con Ponta Porã.

Pese a la serie de denuncias de que dicha frontera sigue siendo tierra de nadie, y que sobre todo en horas de la noche existe una innumerable cantidad de personas que pasan a suelo paraguayo sin ningún tipo de control, el Gobierno aún no tomó medidas al respecto.

En el Departamento de Amambay hasta la fecha son 10 los casos confirmados de coronavirus, de los cuales 9 pertenecen a Pedro Juan Caballero.

En el estado de Mato Grosso del Sur, frontera con Amambay, ya se registraron hasta la fecha 1.489 casos confirmados y 20 muertes por Covid-19.

PRUEBAS A MILITARES. Un total de 40 efectivos militares que prestan servicio en Pedro Juan Caballero fueron sometidos en la mañana de ayer al hisopado para realizar las pruebas de Covid-19 por precaución y por recomendación sanitaria.

Se trata de 20 oficiales pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y 20 uniformados de la Cuarta División de Infantería, quienes cumplen funciones en el control de la línea internacional, zona fronteriza entre Paraguay y Brasil.

Los militares fueron sometidos al hisopado en un control de rutina, protección y para la tranquilidad tanto del personal militar y de la ciudadanía. El teniente coronel Luis Apesteguía, vocero de la FTC, manifestó que las muestras serán enviadas a Asunción y en 48 horas se tendrán los resultados.

 

Dos jugadores profesionales de fútbol −uno de ellos del club Libertad− y otras tres personas fueron imputadas por violar la cuarentena sanitaria por el Covid-19. Fueron grabados por vecinos jugando piki vóley en una vivienda.

La fiscala Laura Romero imputó este jueves por violar la cuarentena a los futbolistas Sebastián Ferreira, del Club Libertad, y Renato Mencia, quien milita en el exterior, como así también a otras tres personas que se encontraban en la vivienda al momento de su allanamiento.

Entre los imputados se encuentra Juan Carlos Ferreira, padre del futbolista, quien es propietario de la casa donde se realizó el encuentro de futvóley (piki vóley).

Además de constatarse la existencia de una cancha dentro de la propiedad, también se encontraron botellas vacías de bebidas alcohólicas, lo que hizo suponer a las autoridades la realización de un encuentro entre varias personas.

Se desconocen mayores detalles de la imputación. Una comitiva fiscal allanó la propiedad esta mañana, de manera a reunir las evidencias que podrían confirmar el incumplimiento de la medida sanitaria.

La denuncia fue realizada por vecinos del jugador, quienes avalaron su acusación tomando fotografías e inclusive realizaron grabaciones, en las que se pudo identificar con nitidez a los mencionados jugadores.

Se citó además, entre los que habrían estado presentes, a los jugadores Sergio Díaz y Mathías Villasantti, del Club Cerro Porteño, quienes ya no fueron encontrados en el sitio durante el procedimiento.

Ambos futbolistas también fueron convocados para comparecer ante la Fiscalía de manera voluntaria.

El hecho se registró en el barrio San Vicente de la ciudad de Lambaré, Departamento Central. Todos los implicados se encuentran detenidos en la Comisaría 15ª Metropolitana.

 

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó que la muerte "es el destino de todo el mundo" al ser interrogado sobre el mensaje que le enviaría a los familiares de las víctimas por el Covid-19 en Brasil, en el día en que el país registró un récord de fallecimientos por la pandemia.

"Yo lamento todos los muertos, pero es el destino de todo el mundo", afirmó el líder ultraderechista en declaraciones que concedió frente al Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia brasileña en Brasilia, ante un grupo de seguidores.

El jefe de Estado respondió así a una partidaria que, mencionando pasajes de la Biblia, le pidió a Bolsonaro que diera "una palabra de conforto en este momento" a los familiares de las víctimas.

La declaración coincidió con la divulgación del nuevo boletín del Ministerio de Salud sobre la pandemia, según el cual Brasil registró este martes un récord de 1.262 nuevas muertes por Covid-19 en un único día, con lo que el total de víctimas se elevó a 31.199.

El número de muertos de este martes, superior a los 1.188 registrados el 21 de mayo, que constituía hasta ahora el día más fatal, confirma a Brasil como el cuarto país en número de víctimas en el mundo y lo incluye entre los que ya tienen más de 30.000 junto a Estados Unidos, Reino Unido e Italia.

De acuerdo con el boletín del Ministerio, en las últimas 24 horas se registraron 28.936 nuevos casos, con lo que el número de contagiados subió a 555.383, que confirman a Brasil como el segundo país con más casos en el mundo después de Estados Unidos y el epicentro de la pandemia en América Latina.

Las elevadas cifras de casos y muertos se producen en momentos en que varios gobiernos regionales y municipales de Brasil comienzan a poner en marcha procesos graduales de desescalada de las medidas de paralización económica y a flexibilizar las orientaciones de distanciamiento social.

Igualmente, se producen cuando Brasil completa 18 días sin ministro titular de Salud, ya que los dos anteriores salieron por sus discrepancias con Bolsonaro sobre la estrategia ante la pandemia.

Bolsonaro calificó como "gripecita" al Covid-19

El líder ultraderechista es uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad de la pandemia, y llegó a calificar el Covid-19 como una "gripecita". Además, desde el comienzo de la crisis defiende el fin de las medidas de distanciamiento impuestas por los gobiernos regionales y la normalización de todas las actividades.

Para el jefe de Estado, más de la mitad de la población brasileña contraerá la enfermedad independientemente de las medidas de aislamiento que se adopten por lo que su prioridad es evitar la ya prevista recesión histórica que, en su opinión, generará hambre y pobreza y podrá provocar un número superior de muertes.

El 20 de abril, al ser interrogado igualmente sobre el creciente número de muertes en Brasil por el Covid-19 en momentos en que las víctimas llegaban a 2.500, Bolsonaro dijo que no se desempeñaba como sepulturero para que le preguntaran por los fallecidos.

Una semana después y al ser interrogado sobre el mismo asunto, el presidente dijo que no podía hacer nada. "Lamento, pero ¿qué quieren que haga?", afirmó.

Defiende el uso de la cloroquina

En su conversación con seguidores este martes, Bolsonaro volvió a defender el uso de la cloroquina para tratar a los pacientes con Covid-19, pese a que la eficacia de esta medicina contra el coronavirus no está probada, ya que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la suspensión de los experimentos en todo el mundo con este producto antipalúdico.

Pese a las recomendaciones contrarias en las que los médicos alertaron sobre los efectos adversos de esta medicina, como la posibilidad de provocar arritmia cardíaca, Brasil, a petición de Bolsonaro, autorizó el uso de cloroquina para tratar a todos los pacientes con Covid-19, incluso a los que no están en estado grave.

"Las personas que reclaman por la cloroquina por lo menos que nos den una alternativa. Sabemos que puede no ser todo eso que algunos piensan, pero es lo que tenemos por ahora. Hay muchos relatos de pacientes y médicos favorables", afirmó Bolsonaro.

 

Insumos parche. Tras la rescisión de contrato de la polémica licitación de productos chinos, el Ministerio de Salud Pública (MSP), en medio de la pandemia del coronavirus (Covid-19), cuenta con una disponibilidad para dos meses de equipos de protección individual (EPI) para el personal de blanco, admitió ayer el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, durante su exposición en la sesión extraordinaria virtual de la Cámara de Senadores.

“Con el stock actual, sin tener en cuenta los otros procesos, tenemos para dos meses y un poquito más de stock de equipos de protección individual”. Gran parte de estos equipos son donaciones.

El MSP dispone de G. 600.000 millones, correspondientes al presupuesto de la Ley de Emergencia. De ese monto, se usaron G. 17.000 millones que corresponden a la compra por la vía de la excepción, la cual está con rescisión de contrato, explicó el ministro de Salud.

Un total de 34 procesos para la compra de insumos y medicamentos están en marcha en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), de los cuales 11 están en evaluación por un valor aproximado de USD 119 millones. Hay cinco adjudicados por casi USD 2 millones. Además, hay 18 con contratos que están firmados por un valor de USD 23 millones. “Estos procesos están en distintas etapas”.

DONACIONES

La cartera sanitaria salva la cobertura en plena pandemia del Covid-19 con las donaciones de insumos y medicamentos. Salud tiene disponibles por donativos un total de 3.884.107 mascarillas quirúrgicas, 357.250 mascarillas tipo N95, 10.635 trajes de protección personal, 7.500.000 guantes para reconocimiento y guantes quirúrgicos 793.000.

Además, 82.393 alcoholes en gel, 246.000 batas para quirófano, 89.000 cubrecalzados, 222.000 gorros quirúrgicos. La dependencia sanitaria compró guantes para reconocimiento por un total de 973.000. Estos insumos ya se distribuyeron a los hospitales públicos.

“Para dar una referencia habitualmente el consumo de mascarillas antes de la contingencia por la pandemia del Covid-19 era más o menos alrededor de 100.000. Hoy estamos alrededor de 600.000 a 700.000 por mes”, según dijo el ministro de Salud para destacar el aumento en el uso de los insumos.

El representante de la cartera sanitaria defendió su gestión con las compras de los insumos para la contingencia del Covid-19. Pese a la rescisión de contrato, explicó que apostarán a la industria nacional de los insumos como las camas, batas quirúrgicas y otros, en el marco de la modalidad de acuerdo nacional. En ese sentido, señaló que ayer se dio inicio al proceso de compra por vía de la tienda virtual de la DNCP.

El MSP está en plena fase de reingeniería del plan inicial, atendiendo la situación de la pandemia y de las licitaciones. Un total de 300 camas con respiradores dispone el sistema público. Se están capacitando 900 enfermeras y 300 médicos para dar abasto durante la epidemia. Esta cifra se suma a los 200 terapistas y otros con experiencia de terapia intensiva.

“Los albergues y hoteles salud están siendo una parte clave de la estrategia de la contención de la pandemia. Eso está conteniendo la velocidad de propagación del virus”. Ante un nuevo escenario, el MSP está delineando nuevas acciones para hacer frente a la pandemia, señaló el ministro de Salud. “Estamos abocados a adaptarnos dinámicamente y a hacer el mejor uso posible de los recursos”. Admitió que al principio la financiación de albergues no estaba en los planes para la contingencia.

 

 

La abogada de los dos agentes policiales que balearon al niño de 6 años en una persecución sostuvo que el hecho se trató de un accidente. Apuntó al padre del menor como el responsable de haber desencadenado la situación.

Liz Martínez, abogada de los agentes Derlis Sanabria y Juan Amarilla, dijo a radio Monumental 1080 AM que los 11 disparos al automóvil donde viajaba el niño de 6 años son fruto de “un accidente”.

La letrada sostuvo que, de acuerdo con la versión de sus defendidos, la patrullera cayó a un bache en las inmediaciones del sitio donde acabó la persecución. Esto habría ocasionado que el arma “se dispare accidentalmente”.

Detalló que Sanabria iba con el cuerpo fuera de la ventanilla, apuntando al automóvil, pero sin disparar. Explicó que al caer en el pozo, los disparos se dieron automáticamente sin que el agente pueda controlar.

Martínez también apuntó al padre de familia como responsable de la situación. Cuestionó la velocidad que emprendió pese a que ya estaba siendo alertado a través del megáfono.

Dijo que el conductor declaró que buscó un punto con mayor iluminación para poder parar; sin embargo, según contó la representante legal, se pasaron varias estaciones de servicios donde pudo haber detenido la marcha.

Justificó la persecución policial y contó que un vehículo de las mismas características estaba siendo buscado por las autoridades, aparentemente por varios hechos de atraco a bancos y financieras.

Los dos agentes policiales están imputados por homicidio doloso en grado de tentativa, omisión de auxilio y lesión corporal en el ejercicio de la función pública, en calidad de autor y coautor.

En ese sentido, Martínez manifestó que la figura de omisión de auxilio no corresponde y que hay pruebas que el personal policial pidió apoyo.

“Hay un video de circuito cerrado donde se nota a Sanabria manipulando el celular, él estaba pidiendo socorro a los Bomberos Voluntarios de Luque", puntualizó.

El conductor del rodado dijo que evadió el control policial por temor a una multa o tener que pagar coima, por lo que fueron perseguidos durante un trayecto de casi 8 kilómetros desde la ciudad de San Lorenzo hasta Luque.

El niño recibió dos impactos de bala en la zona lumbar y uno de refilón en la zona de la ingle. Se encuentra internado en el Hospital de Trauma con cuadro estable, pero aún en terapia intensiva.

 

Desde el Legislativo se comenzó a tomar medidas para sancionar políticamente a los ministros del Poder Ejecutivo, como una reacción a la pérdida de confianza de la ciudadanía por su dudosa gestión.

La Cámara de Diputados trata mañana un proyecto de resolución que cita a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Bacigalupo, para una interpelación.

El objetivo es aclarar las interrogantes que genera su administración al frente de esta cartera de Estado. Según el escrito, referentes de los sectores empresarial, trabajador, abogados y otros gremios desaprueban sus acciones como secretaria estatal.

El documento también señala que Bacigalupo es incompetente para el cargo y cita cuestionamientos como que convirtió el ministerio en un espacio político partidario, irregularidades en suspensiones de trabajo durante la pandemia, reducción de salarios, adquisición de alimentos para personas por un valor total de G. 188.867.400 pese a la suspensión de actividades, entre otras.

La ministra deberá responder también qué planes tiene para adecuarse a los nuevos modelos de trabajo de microempresas.

La iniciativa proviene de los diputados del PLRA Eusebio Alvarenga, Celeste Amarilla, Carlos Silva, Édgar Acosta, Marcelo Salinas, Sergio Rojas, Teófilo Espínola, Celso Kennedy, Enrique Mineur, Jorge Ávalos Mariño y Carlos López; del PPQ, Sebastián García y Sebastián Villarejo, y del PEN, Kattya González y Norma Camacho.

Esto se suma al proyecto de resolución que considera insatisfactorias las respuestas del ministro de Educación, Eduardo Petta, y emite un voto de censura en su contra, que fue aprobado y remitido por la Cámara de Senadores, que pidió su destitución.

El argumento fue que su desempeño fue ineficiente durante la crisis al igual que sus políticas como el condicionamiento de kits de alimentos a cambio de entregar las tareas.

Otras autoridades que recibieron el reproche ciudadano, pero, en estos casos, terminaron imputados por la Fiscalía y debieron abandonar sus cargos, fueron la ex presidenta de Petropar Patricia Samudio y el ex director de la Dinac Édgar Melgarejo.

Samudio fue imputada junto con otras 21 personas por el caso de presuntas irregularidades y sobrefacturaciones en la compra de tapabocas y agua tónica, en el marco de la pandemia del coronavirus.

El hecho por el que es procesada es lesión de confianza, mientras que los demás funcionarios, por complicidad.

Melgarejo fue imputado también por lesión de confianza tras ser vinculado en una adquisición de 4.000 mascarillas a G. 29.990 cada una. Luego de denunciarse el caso por parte de un grupo de diputados, se abrió una investigación penal basada en la sospecha de una sobrefacturación.

SALVADO. El Ministerio de Salud Pública también se vio envuelto en gravísimas denuncias de corrupción en las compras de insumos, equipos y camas. Pero el ministro Julio Mazzoleni hasta ahora no fue vinculado con los hechos, aunque muchos referentes reclamaron que sea eximido de su responsabilidad.

Varios diputados pidieron que el secretario de Estado aclare la situación y evite dar protección a los funcionarios responsables.

La diputada liberal Celeste Amarilla dijo que, si es necesario, debe darse la salida del ministro.

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