Está aquí: HomeUltimas Noticias
Ultimas Noticias

Ultimas Noticias (174)

U

Subcategorías

Slides

Slides (2)

The latest news from the Joomla! Team

Ver artículos ...
Miércoles, 13 Noviembre 2019 09:20

Por huelga fiscal un millón de casos quedarán parados

Escrito por
 
El secretario general del Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público (Sifetramipar), Odilón Turo, explicó que más de un millón de causas quedarán paralizadas y se investigarán por orden de prioridad. Esto a raíz de que decidieron llevar adelante una huelga general desde este lunes pasado por el plazo de un mes, es decir hasta inicios de diciembre.

Casos de feminicidio, abuso sexual de menores y accidentes con derivación fatal son los que se atenderán con urgencia, mientras que causas como enriquecimiento ilícito u otros quedarán a la expectativa.

“El Ministerio Público ya no va a tener más plata para las investigaciones, no hay presupuesto para viático, para cubiertas y por eso nosotros queremos que venga la Contraloría a ver si no están desviando los fondos”, expresó el titular del sindicato.

Los gremios de funcionarios, empleados y trabajadores del Ministerio Público del Paraguay se concentraron ayer frente a la sede administrativa, ubicada sobre Chile y Jejuí de Asunción.

Del encuentro participó la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien expresó su total apoyo a todos los funcionarios de la institución y a la vez agradeció a los que estuvieron presentes en el lugar.

“Agradezco que estén unidos y en este lugar de una manera pacífica, eso es muy importante, porque lo que nosotros estamos solicitando a los señores miembros del Congreso Nacional es solamente justicia para nuestro trabajo diario, ya que solamente nosotros sabemos cuánto padecemos, que no contamos con tinta, sicólogos y forenses”, expresó la máxima autoridad del Ministerio Público.

Además resaltó: “Tienen todo mi apoyo para seguir luchando, lo único que les pido es que sean pacíficos y sin ofensa a ninguna institución, que se respete la presunción de inocencia”.

Finalmente recalcó que en caso de que el Congreso no apruebe el presupuesto requerido se van a cerrar sedes fiscales.

Por su parte el director general de Administración de dicha institución, Expidio Palacios, mencionó que se solicitó fondos para el fortalecimiento institucional, presupuesto para contratar a 40 agentes fiscales, además que se retornen 51 mil millones de guaraníes, sin embargo, tuvieron un recorte de 27 mil millones de guaraníes que totalizan una reducción de 78 mil millones de guaraníes al presupuesto institucional.

Hoy se debe tratar en el Congreso Nacional el Presupuesto 2020.

Miércoles, 13 Noviembre 2019 09:18

ANNP corrobora descontrol dentro de la franja de Itaipú

Escrito por
 
La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) se encuentra finalizando los trabajos de auditoría respecto a las irregularidades detectadas por la investigación de ÚH en los puertos cedidos a la institución por la Itaipú. Estos puertos se encuentran dentro de la franja de bosques de protección de la represa, donde se corroboró que existe un total descontrol y manejos irregulares, además de la presencia de puertos clandestinos.

Los hallazgos serán presentados en un informe a ser presentado ante el propio Ministerio Público, trabajo que contó con el apoyo de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), según ya lo había adelantado el titular de la ANNP, Ramón Retamozo, tras una reunión con el equipo de ÚH el mes pasado.

INFORME. El asesor jurídico de la ANNP, Derlis Paredes, manifestó que el informe preliminar indica que se detectó una serie de irregularidades en la zona, sobre todo en el denominado Puerto Yaguareté o Itaipú Porã.

“Son como ochenta camiones por día que embarcan ahí, además es una zona de nadie, ahí no hay policía nacional, no hay aduana, ningún control, ninguna institución pública está ahí, no hay ninguna presencia”, detalló sobre el puerto Itaipú Porã.

Según detalles brindados, el proyecto de la ANNP es modernizar el único de los puertos que cuenta con una oficina, que es la ubicada en el lugar denominado Puerto Indio, donde también funciona otro puerto denominado Los Alemanes, que tampoco cuenta con ningún control.

“A la conclusión que estamos llegando, y esa decisión ya la va a tomar el presidente, es cerrar el puerto Itaipú Porã, porque es una zona de reserva natural, y están operando a lo grande allí, se ve en las fotos que publicó ÚH. Entonces la idea sería concentrar todo en Puerto Indio, que sea el único puerto habilitado, y los otros cerrar, pero hay también puertos clandestinos, como vos nos dijiste, ese puerto llamado Los Alemanes, que está cerca de Puerto Indio, pero como es predio de Itaipú, vamos a pedirle que cierren, y busquen las medidas para que ya no se opere, porque también es peligroso”, manifestó.

El proyecto de la ANNP ya fue presentado a la Itaipú y cuenta con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde la idea es poner básculas, cacetas modernas y asfaltar el camino.

En dicha zona, la Aduana realiza el despacho en territorio brasileño, en el Puerto de Santa Helena.

PUERTOS DE ERA LIBERAL. En la reunión de los directivos de la ANNP con el equipo de ÚH, se abordó el caso de dos puertos cedidos por la Itaipú a la ANNP durante el gobierno liberal de Federico Franco.

Los directivos desconocían la existencia de estos puertos, por lo que pidieron informes a la Itaipú Binacional, y analizarán acciones al respecto. Por ahora, la ANNP ya tomó las primeras medidas respecto a los demás puertos.

 

Dos funcionarios de la Dirección General de Migraciones serán desvinculados tras exigir el pago indebido de una multa. La denuncia fue realizada por un ciudadano argentino luego de la final de la Copa Sudamericana.

El director de Migraciones, Alexis Penayo, confirmó que la institución recibió la denuncia de un ciudadano argentino, quien manifestó que en el puesto fronterizo Ayolas-Ituzaingó le cobraron una supuesta multa porque su papel comprobante de ingreso al país estaba roto.

“Según la denuncia que presentó en el Consulado de Argentina en Paraguay, él dice que pagó una suma porque dos funcionarios le solicitaron en concepto de multa, porque su ticket no tenía ni un valor o en todo caso tenía que salir por donde ingresó”, relató el alto funcionario.

El argentino había ingresado por el puesto fronterizo Puerto Falcón- Clorinda y decidió salir por la ciudad de Ayolas, Departamento de Misiones.

Penayo mencionó a radio Monumental 1080 AM que luego se comprobó que no ingresó ninguna suma a la institución en concepto de multa, es decir, no se utilizaron los procedimientos correspondientes para la sanción.

Además, aclaró que el comprobante de ingreso del ciudadano argentino se podía leer perfectamente, pese a estar un poco rasgado.

“No había necesidad de hacerle pasar un mal rato, mucho menos pedirle el pago de una multa y peor aún que se haya cobrado y no haya ingresado a la institución”, refirió.

Penayo confirmó que los dos funcionarios que estaban en el puesto de control serán desvinculados mediante la rescisión de sus contratos. Se trata de Francisco Villalba Martínez y Rubén Darío Benítez.

“No vamos a permitir que este tipo de actos se den dentro de la institución, ni que se dañe la imagen”, expresó.

Finalmente, Penayo lamentó que con esta conducta se haya manchado la gran fiesta que se vivió en la final de la Copa Sudamericana el pasado sábado en Asunción.

 

Un ciudadano escrachó al ministro de Hacienda, Benigno López, en el interior de un restaurante. El escrachador calificó de "vende patria" al titular de la cartera de Estado y le pidió que renuncie y se lleve consigo a su hermano, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

El ministro de Hacienda, Benigno López, fue escrachado por un ciudadano, quien lo trató de ”vende patria”, en aparente referencia a la crisis de Itaipú, que involucró al ministro en una supuesta negociación para favorecer a una empresa brasileña con la venta de energía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y por la cual fue denunciado penalmente.

Entre otras cosas, comparó al ministro con su homónimo Benigno López, quien fue fusilado por su propio hermano, el mariscal Francisco Solano López, durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) contra Brasil, Argentina y Uruguay, por supuesta traición, mientras que su madre y hermanas habían sido apresadas.

“Usted lo que debe hacer es un favor al país, a este pueblo sufrido, y renunciar y llevarse con usted a su hermano”, señaló el hombre, en un video difundido este lunes.

El ciudadano también acusó al ministro de haber "chupado" (robado) plata del Instituto de Previsión Social (IPS) cuando este era presidente de la previsional.

El ministro le respondió al hombre que lo que decía era un disparate y también lo trató de mal educado.

El hermano del titular del Ejecutivo se encontraba junto a otras personas compartiendo en un conocido restaurante capitalino.

Martes, 12 Noviembre 2019 07:38

MRE: Eliminan materia ante aplazo masivo en concurso

Escrito por
 
El canciller Antonio Rivas Palacios avaló por medio de una resolución la eliminación de la asignatura Geografía Económica del proceso de exámenes para el ingreso a la carrera diplomática, debido a la inédita situación verificada en el XII Concurso Nacional de Oposición y Méritos, que fue el aplazo masivo de los postulantes. La decisión del ministro se funda a su vez en un informe elevado por la Comisión de Evaluación del Concurso, que determinó que el examen “no se adecuó a los lineamientos y directrices de la Academia para la elaboración de las preguntas y respuestas”.

Desde el 2007, el ingreso a la carrera diplomática se efectúa únicamente por esta vía. Al presente concurso se presentaron 306 concursantes, y como las pruebas son eliminatorias, para el cuarto examen, consistente en la materia Geografía Económica, quedaron 87, y ninguno alcanzó siquiera 50 de los cien puntos. Ingresan a la Academia Diplomática y al Escalafón Diplomático y Consular, los concursantes que hayan obtenido las mejores calificaciones hasta completar el número de plazas fijado este año.

El tema fue muy comentado desde el viernes, porque nunca antes había ocurrido, y porque el canciller resaltó recientemente el sistema de concurso como una de las fortalezas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según la Resolución Nº 633, “los concursantes que obtuvieron en uno de los exámenes una calificación inferior a 60 puntos, en la escala de 1 a 100, serán reprobados y automáticamente excluidos del concurso. Si en alguna materia la calificación más alta fuere 80 puntos, la escala se reducirá a 50 puntos como puntaje mínimo para aprobar la materia”.

Ninguna de estas condiciones se dieron con la materia que decidieron excluir ante el aplazo general.

En el considerando de la resolución emitida ayer por el ministro, se menciona el informe elevado por el director general de la Academia Diplomática, Juan Andrés Cardozo, que explica que en los exámenes previos hubo concursantes que lograron los puntajes suficientes y en algunos casos, muy elevados, lo que llevó a la Comisión de Evaluación a identificar las razones y dificultades encontradas para que se diera la situación (de aplazo general) “inédita” en los concursos iniciados en el 2007. También aclara que el objetivo del Concurso no es “ni nunca fue”, eliminar a todos los postulantes, sino el de establecer un mecanismo de selección de los concursantes con mejores puntajes durante todo el proceso. Los postulantes del XII Concurso, en consecuencia, están convocados para el jueves, a las 12.00, para proseguir con los exámenes de idiomas extranjeros.

El Comité de Evaluación está integrado por Juan Andrés Cardozo, Santiago Daniel Sánchez y Alberto Giménez Gauna.

 

El avión militar que transporta al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, aterrizó durante la madrugada de este martes en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Horas después partió rumbo a México donde consiguió asilo.

Cerca de las 1.30 de este martes, el avión en el que viaja Evo Morales aterrizó en el aeropuerto internacioanal Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque. Tres horas después retomó vuelo rumbo a México.

La aeronave permaneció en suelo paraguayo durante ese tiempo para el reabastecimiento de combustible y alimentos.

Morales se encuentra a bordo del Gulfstream G550, una aeronave utilizada por las Fuerzas Aéreas de México, informó el senador del Frente Guasu, Fernando Lugo, a radio Monumental 1080 AM.

Además, el legislador confirmó que el ex mandatario boliviano no descendió del avión, ya que se encontraba descansando. El único que bajó a saludar fue el ex vicepresidente Álbaro Linea García.

renunció a la Presidencia de Bolivia en medio de una crisis política y social que se desató tras las elecciones que se realizaron el pasado 20 de octubre. Posteriormente, aceptó la oferta de asilo político en México.

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, comentó que el presidente Mario Abdo Benítez también ofreció el domingo un asilo a Evo Morales, pero finalmente, Morales aceptó al país centroamericano.

Abdo Benítez se mostró preocupado ante la situación que enfrenta Bolivia tras la renuncia de Evo Morales.

Lugo ratifica que fue un golpe de Estado

En otro momento de la entrevista, Lugo mencionó que el avión utilizará la ruta aérea de Brasil, Perú y Ecuador hasta llegar a suelo mexicano.

Además, aseguró que Morales decidió salir del país por seguridad personal y que su dimisión se dio a causa de la presión que tuvo. Calificó que todo lo que sucede en Bolivia es un golpe de Estado que "quiere terminar con los gobiernos progresistas".

Un estudio de la Organización de Estados Americanos (OEA) señalaba ciertos cuestionamientos en los últimos comicios.

Al respecto, el senador aseveró que no "fue ni más del 1% las irregularidades, pero para la OEA y para la derecha hubo fraude electoral y Evo tiene que irse", indicó sobre ese punto.

La incertidumbre en el país vecino aumenta por la cantidad de renuncias políticas y el vacío de poder creado con la salida de su ahora ex presidente, quien fue el mandatario boliviano que más tiempo permaneció en el poder.

Asumió en el año 2006 como el primer presidente indígena de Sudamérica y se mantuvo como gobernante en tres periodos. Fue reelegido para un periodo siguiente, pero los opositores cuestionan las elecciones y lo acusan de fraude.

 

El presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) señaló que revisará la resolución del 2013 que reconoce la deuda histórica con los avá, pero que fue revocada por Zaldívar en el 2016.

El nuevo presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo, manifestó a ÚH que revisará la Resolución N° 120/13 por el cual el Estado paraguayo reconoció la deuda histórica con los Avá Guaraní Paranaenses afectados por la represa hidroeléctrica binacional Itaipú, resolución que tres años después, el 1 de febrero de 2016, bajo el gobierno colorado de Horacio Cartes, el titular del Indi de entonces, Aldo Zaldívar, revocó con la Resolución 048/16.

“Sí, voy a revisar, toda resolución puede ser revocada o modificada con otra resolución posterior. En poco más de 15 días que asumimos el cargo estamos tratando de involucrarnos y participar en todas las mesas, y estamos asumiendo los compromisos en la medida de nuestras posibilidades, dando respuesta a la gente que espera mucho de nosotros, hay situaciones ya extremas que requieren una solución inmediata, pero hoy nuestra voluntad y predisposición es para dar una solución a la problemática de la comunidad Sauce, y otras comunidades”, indicó el presidente del Indi.

Manifestó que la intención es dar soluciones definitivas a los problemas de las comunidades indígenas, y ya no más soluciones parches o mesas que no resuelven los conflictos.

“Nuestra participación va a estar caracterizada por el pragmatismo que es buscar la solución inmediata a los problemas, con nuestra voluntad, y en la instancia que requiera nuestra gestión”, indicó.

El titular del Indi manifestó que solicitará una audiencia con el director paraguayo de Itaipú Ernst Ferdinand Bergen Schmidt a quien planteará las posibles soluciones que se manejan, donde una es la compra de tierras para la comunidad por vía directa o vía de expropiación, o la modificación jurídica del área protegida que reclaman los nativos, estableciendo un régimen de gobernanza, es decir, que los indígenas permanezcan en la reserva y colaboren en el cuidado de la misma, pero con garantías de seguridad y progreso.

PRESUPUESTO. El titular del Indi habló del problema presupuestario que aqueja a la institución en cuanto a fondos para compra de tierras, que es uno de los principales problemas de las comunidades indígenas.

“Somos una institución con un presupuesto muy limitado, y que sufrió un recorte en el rubro de compra de tierras, que es una de las principales problemáticas que tenemos con las comunidades indígenas, el acceso a la tierra, la regularización de la tenencia o la delimitación de la tierra, los juicios que fueron planteados”, señaló.

Detalló que el presupuesto para compra de tierras del año 2018 era de G. 40 mil millones, para el 2019 fue de G. 14 mil millones, y para el 2020 G. 5 mil millones.

“Aparte de ello, es importante significar que el presupuesto del año 2019 entró del proceso de racionalización de gastos públicos que implementó el Gobierno con un decreto, lo que hizo que ese presupuesto no se haya utilizado en todo el año”, dijo.

Manifestó que el presupuesto debió duplicar el rubro para el año próximo pero que eso no se dio, por lo que están peleando en el Congreso para dar aumento a ese rubro.

 

Intensas lluvias se registraron en la localidad de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, poniendo fin a una larga sequía. En esta localidad la bonanza dejó prácticamente rodeadas de agua las casas e inundó calles. En otras zonas los caminos están clausurados.

Después de una larga sequía, la cantidad de lluvia que cayó este domingo en la zona del Chaco sirve para aplacar la necesidad de los pobladores que sufrían la falta de agua en los tajamares y aljibes, para el consumo humano y para la producción ganadera.

Hasta hace poco, camiones y tractores con cisternas de militares y funcionarios de la Gobernación se encontraban distribuyendo agua para pobladores de Toro Pampa, San Carlos, María Auxiliadora y Ñu Apuá, lugares que los pobladores sintieron la sequía.

La ausencia de lluvia se cortó con las lluvias que cayeron entre este sábado y el domingo sobre el suelo chaqueño. Cantidades de entre 60, 80, 100 y 130 milímetros de agua fueron registradas en los pluviómetros ubicados en diversos establecimientos ganaderos.

Las precipitaciones son un aliciente para los pobladores, pero también tuvieron sus efectos sobre los caminos de la zona.

La parte crítica se da en un tramo entre Puesto 65 y Toro Pampa, donde el camino está muy estropeado y dejó varios vehículos empantanados, por lo que tuvieron que ser estirados por tractores. Este tipo de situaciones se repite ante cada lluvia en Alto Paraguay.

Por el momento, varios tramos están clausurados a la espera de que mejoren las condiciones climáticas y que la ruta esté seca para que vuelva a ser transitable.

 

En la Cámara de Diputados intentarán disminuir el presupuesto destinado al Parlamento del Mercosur. La intención es destinar lo recortado a otras instituciones, entre ellas, la Senadis.

Este miércoles se inicia el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año fiscal 2020 en la Cámara de Diputados y la intención de algunos legisladores es aprovechar esta oportunidad y plantear recortes presupuestarios para los parlamentarios del Mercosur (Parlasur).

Así lo anunció la diputada encuentrista Kattya González, quien calificó de irracional que se tengan que destinar más de G. 23.000 millones para mantener a 18 personas, que son los representantes paraguayos en dicho estamento internacional.

Los parlasurianos son nuevamente blanco de las noticias, justamente por una denuncia que realizó González, de que el presupuesto para el próximo año destinado para el Parlasur iba mimetizado con el presupuesto del Congreso Nacional, lo que iba a dificultar aún más el control de los recursos.

La legisladora indicó que uno de los rubros que se deben eliminar es el de combustible, que representa unos G. 1.336.000.000 anuales, que es distribuido mensualmente entre los parlamentarios en cupos que rondan los G. 5 millones.

González indicó que no tiene ningún sentido dar esos millones mensualmente, cuando los parlasurianos viajan en avión y con suerte 4 a 5 veces al año.

Cada uno de ellos recibe mensual de G. 32.744.840 en concepto de salario.

Desde el bloque cartista también tienen la intención de aprobar los recortes.

Plantean redireccionar los recursos a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), tal como ya lo hicieron meses atrás al recortar el presupuesto destinado para la transferencia externa, debido a que estaba sobreestimado el monto que se necesita para dicho rubro.

El Parlamento del Mercosur recomendó al Consejo del Mercado Común que el presupuesto para el 2019 del Parlasur sea por el monto de USD 2.738.229 y en la distribución a Paraguay le corresponde USD 438.117, unos G. 2.268.699.840.

En el caso de Paraguay, el monto para dicho rubro está presupuestado por un monto total de G. 6.695 millones, 4.000 millones más del aporte que se requiere.

más recorte. Los parlasurianos también reciben otro millonario monto en concepto de servicio social, que totalizan G. 736.000.000, que es destinado para el seguro médico, aunque no aparece especificado como tal en dicho rubro.

Sumando nada más los rubros de combustible y lubricante y servicio social, ya se estaría ahorrando unos dos mil millones de guaraníes y en principio serían estos dos los conceptos a eliminar en la sesión del miércoles, teniendo en cuenta que hasta el 2023 seguirán vigentes los parlasurianos tal como existen hoy, para que posteriormente sean solamente delegados los que representen a cada país miembro del Mercosur.

Rubros como vestimenta y bocaditos entre otros beneficios también están en la mira a ser disminuido del presupuesto de los parlasurianos.

El Parlasur sede Paraguay funciona en algunas oficinas instaladas en el Cabildo, y también pagan alquiler, cuenta con 22 funcionarios permanentes, pero los contratados equivalen a G. 1.271.600.000. También tiene asesores con un rubro de G. 715.000.000 de acuerdo al presupuesto que se les destina para cada año.

Decisiones no son vinculantes
El Parlasur fue creado en diciembre del 2005 e inició sus actividades en marzo del 2007. Es una asamblea parlamentaria que funciona como órgano deliberativo del bloque regional Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Bolivia.
El organismo funciona con una sola Cámara y debe sesionar al menos una vez al mes; sus funciones no tienen ninguna incidencia directa con el Gobierno, pero sí implican un costo elevado en gastos.
En años anteriores pasaron meses sin que los parlasurianos se reúnan en asamblea pero de igual manera perciben sus millonarios beneficios.
En mayo pasado, los presidentes de cada país miembro decidieron eliminar la elección directa de los parlasurianos, debido a que el Parlasur es un órgano declarativo cuyas decisiones no son vinculantes para sus integrantes, por lo que para ahorrar dinero sustituirán a los parlasurianos por diputados o senadores integrantes de los Congresos nacionales.
A principios de este año, en la Cámara de Diputados se rechazó un proyecto de ley que buscaba la abrogación de Parlamento del Mercosur.

 
La diputada Kattya González (PEN) se ratificó ayer en que se ocultan datos sobre el Presupuesto 2020 del Parlasur y que el informe remitido por la Presidencia del Congreso confirman esta situación, lo que dificultará aún más el control.

Manifestó que con el desglose de los objetos de gastos se demuestra a un Parlasur de cortesanos, con gastos absolutamente desproporcionados con respeto a las funciones que desempeñan y al impacto de su gestión en la vida cotidiana de nuestro país.

“Jornaleros, asignación de bocaditos, subsidios, combustibles y otros gastos son parte de lo que significa para el ciudadano mantener esta institución que debe desaparecer”, aseguró.

Indicó que en el 2023 ya no deben ser electos como sucede actualmente y se debe imponer la representación delegativa y que esa será la lucha desde el bloque que representa. Mencionó por otro lado que plantearán en la Cámara de Diputados cuando se trate el PGN 2020 cambiar la matriz de gastos del Parlasur para restituir la transferencia.

Los parlasurianos cuentan con un presupuesto de G. 1.336.000.000 para combustibles y lubricantes, mientras que para viajes y viáticos tienen G. 545.000.000, para viajar hasta la sede en Uruguay para las reuniones que tienen cuatro a cinco veces al año. Cada parlamentario del Mercosur que representa a nuestro país tiene un salario de más de G. 32 millones y muchos de ellos ni siquiera saben cuál es su rol. Las decisiones asumidas por los parlasurianos no son vinculantes.

El titular del Congreso Nacional, el senador Blas Llano (PLRA), respondió a la nota de las diputadas del Encuentro Nacional, Kattya González y Norma Camacho con respecto al presupuesto para los parlamentarios del Mercosur.

En el informe remitido, el legislador comunica sobre la nueva estructura presentada dentro del Proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 a instancias del Ministerio de Hacienda y que el presupuesto fue agrupado por tipos de actividades, teniendo en cuenta la clase de servicio que presta a la ciudadanía, quedando con una nueva denominación; gestión administrativa institucional.

Dentro del organigrama que incluye además del Parlamento del Mercosur, se encuentran la guardería del Congreso, administración y coordinación general, control y ejecución presupuestaria y administración del Fondo de Jubilaciones del Poder Legislativo.

Llano explicó que el Congreso de la Nación se incorporó al plan de reingeniería de sistemas realizado por Hacienda, sin embargo, internamente se mantiene la distribución presupuestaria, que para el próximo año sería de G. 21.860.824.371.

 

El espejo está en medio de un remanente de bosque y se constituye en tesoro natural, ecológico y misterioso. Vecinos luchan y apuestan para que sea un punto turístico. Comuna apoya el plan.

Un santuario ecológico. El lago Yrendy, que está ubicado en el km 12, lado Monday, a unos 800 metros de la ruta PY02, se convertirá en un atractivo turístico mediante un proyecto que impulsa la Municipalidad de Ciudad del Este.

En este contexto se inició un operativo de limpieza en todo el entorno y se retiraron una gran cantidad de residuos. La tala indiscriminada es otra de las situaciones que preocupan a los pobladores.

El abogado Miguel Prieto Vallejos, intendente de Ciudad del Este, en su momento, se comprometió a impulsar un proyecto de recuperación y posteriormente transformarlo en un lugar turístico. Por ello, la comisión vecinal del km 12 Monday se acercó a la institución para solicitar una limpieza inmediata y una audiencia con el intendente Prieto, con el fin de presentar un proyecto para el lago Yrendy.

ÚLTIMO. El último remanente del Bosque Atlántico del Alto Paraná cuenta con una gran extensión de bosques nativos y gran biodiversidad de plantas frutales, medicinales y de otras especies. CDE ya no tiene zona rural. Por ordenanza municipal es totalmente urbana, por lo que junto al parque del Área 1, el lago Yrendy y el remanente de bosque que lo rodea, se constituye en un verdadero tesoro ecológico de la región.

El espejo de agua está rodeado de un bosque que conserva variadas especies nativas, algunas en peligro de extinción, y forma parte de una reserva natural de 160 hectáreas pertenecientes al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Está ubicado en una especie de palangana que tiene agua cristalina. Para protegerlo un grupo de vecinos se organizaron y crearon la Comisión de Ayuda Social, Cultural y Ambiental Amigos del Lago Yrendy.

Evitar que sea depredado es uno de los objetivos y en esa tarea ya tuvieron muchos problemas, pero a pesar de ello sigue habiendo tala, lamentó la señora Leopoldina Matiauda viuda de Blanco, vecina y defensora del lago. “Ya hemos reforestado en lugares donde pelaron; es una lucha de todos los días”.

Manifestó que a pesar de todo, el lugar sigue siendo uno de los sitios naturales más hermosos. Uno de los grandes sueños que tienen es lograr una muralla perimetral.


El mítico origen del nombre del estanque
El origen de su nombre, Y, significa agua, y rendy, destello, brillante. Los nativos lo bautizaron con ese nombre. La leyenda dice que una estrella cayó del cielo, generó un gran destello de luz y se formó un enorme cráter, donde después surgió el agua. Se dice que este lago se formó de un meteorito que cayó del cielo, allá por el año 1600. “Cuentan que cayó la gran bola de fuego y chocó contra la Tierra y allí en el lugar salió agua, por eso le dicen Yrendy, palabra compuesta formada por agua y luz. Los indígenas a su manera les llaman a las cosas”, mencionó Leopoldina Matiauda. Lo más llamativo es que no se encuentran nacientes cercanas que lo alimenten y en tiempo de poca lluvia, el espejo de agua de este lago se mantiene en el mismo nivel, lo que le da un toque mágico y de misterio.

 

La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) llamó a poderes del Estado a dar atención a demandas sociales y pedidos de más presupuesto. Para expertos, la desigualdad crece y la paciencia se agota.

A la luz de los acontecimientos sociales y políticos recientes, tanto nacionales como de “países hermanos”, la Asamblea Ordinaria de Obispos lanzó ayer una advertencia a los gobernantes: Poner atención a las reivindicaciones sociales y reclamos ciudadanos para evitar “crisis de confianza” ante la política que “conducen a un debilitamiento de la democracia y del orden institucional”.

Para ello, proponen instalar una mesa de diálogo inter-sectorial para dar “soluciones a los candentes problemas sociales, para vivir en la justicia y la paz”.

“El protagonismo de la sociedad civil busca generar cambios importantes para el logro de políticas públicas más justas con asignaciones presupuestarias adecuadas en los campos de la salud, emergencias sanitarias, educación, seguridad alimentaria, el acceso a la tierra y a la vivienda, la promoción eficaz de la economía, la creación de empleos y la promulgación de leyes que favorecen las organizaciones solidarias”, reza parte del pronunciamiento que hicieron los obispos al cierre de la 223 Asamblea Ordinaria.

“La reducción de la inequidad y la exclusión social ayudarán a fortalecer la confianza de la ciudadanía y a prevenir situaciones que desestabilicen la paz”, resaltan en otra parte del comunicado.

Monseñor Amancio Benítez, secretario general de la CEP, explica que se busca poner de relieve si cada ministerio está cumpliendo con sus respectivos sectores.

Criticó que “en el discurso” los representantes del Gobierno dicen que apoyan, por citar, la educación: “Pero después en el presupuesto eso no se ve. Ahí se ven las prioridades y se ve claramente que la prioridad del Gobierno es el bolsillo de los ricos”, lanzó al contar que en el Bajo Chaco –donde es obispo– a los docentes se les sacó rubros.

DESINVERSIÓN. Oscar Charotti, director de Juntos por la Educación, observa que aún no se ha plasmado en el presupuesto 2020 el compromiso firmado por Mario Abdo Benítez cuando asumió la Presidencia de la República. “Entre los cuales estaba incrementar la inversión en educación y, efectivamente, no estamos viendo que esté plasmando ese compromiso”, confirma. En contraste, se aplican tijerazos a rubros “como infraestructura educativa, equipamientos y materiales y en otros conglomerados de gastos que están siendo reducidos para cumplir los compromisos de ajustes salariales”.

DETONANTE. Luis Rojas, miembro fundador de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, analiza que además de las demandas sociales (tierra, trabajo, mejor educación y atención de salud, vivienda, etc.) no tienen eco favorable desde los tres poderes del Estado, existe una “élite empresarial que apuesta a un modelo excluyente, basado en la agro-exportación de materias primas, sin incorporar a grandes masas de trabajadores en los procesos productivos”.

“La desigualdad detona los estallidos sociales muchas veces porque genera frustración con toda razón en un país que tiene abundancia de tierra, agua, territorio amplio, juventud, gente con ganas de trabajar, tiene ingresos económicos importantes. El problema es la distribución de todo eso”, contrapone.

Rojas dice que el Gobierno “se ha mostrado sordo” a las demandas sociales. “Se prioriza un modelo económico que genera muchos excluidos y eso se traslada después al Presupuesto General de Gastos que favorece más a las élites empresariales que a la ciudadanía mayoritaria con bajos impuestos y baja inversión social también”, remata.

La paciencia tiene un límite, la gente la está pasando mal. El deterioro de la calidad de vida es muy notorio. Luis Rojas, economista.

No está plasmado en el Presupuesto el compromiso que suscribió Mario Abdo: incrementar la inversión en educación. Oscar Charotti, Juntos por la Educación.

No hay que esperar que el país se convierta en un Chile, con una convulsión social porque ahí recién se ve lo que no se hizo. Amancio Benítez, secretario general de la CEP.

 

Contraloría se ratifica en que el contrato firmado por la Municipalidad de Asunción y el Consorcio TX Panamá es inconstitucional. Advierte que dictámenes pueden servir para pedir la intervención.

El contrato firmado por la Municipalidad de Asunción y el Consorcio TX Panamá para la tercerización del sistema de gestión y cobro de impuestos viola la Constitución Nacional y la Carta Orgánica municipal, según la Contraloría General de la República (CGR). La institución se ratificó ayer en que la ejecución del contrato debe frenarse hasta tanto la Corte defina una acción de inconstitucionalidad sobre el tema.

El ente contralor emitió el miércoles un dictamen técnico y otro jurídico que aconsejan la suspensión de la tercerización, alegando que detectó diversas irregularidades en el contrato y en el proceso licitatorio previo.

“La aplicación del sistema de gestión tributaria, incluso la determinación del quantum del impuesto a ser cobrado, lo realizará una empresa privada y extranjera. Sin embargo, esas funciones son específicas de la Municipalidad, que por ordenanza anual es la que delimita el monto del impuesto inmobiliario para el siguiente ejercicio fiscal. Las funciones delegadas en el contrato no están autorizadas por la Carta Orgánica municipal y por la propia Constitución”, aseguró ayer Elizabeth Del Pozo, directora de área de la Dirección Jurídica de la CGR.

“El 22,75% es el monto que será abonado por los servicios a la empresa consultora. ¿De dónde resulta el 22,75%? De la diferencia entre el monto que el ciudadano actualmente paga en concepto de impuesto inmobiliario y el que resultará luego de la gestión del consorcio interesado, porque son ellos los que establecen las bases, condiciones, parámetros para la fijación de impuestos”, añadió.

Asimismo, la funcionaria recalcó que hay una indefinición de la naturaleza jurídica del contrato y recordó que, en teoría, el mismo debía ejecutarse en junio de este año, pero aparentemente aún no se hizo. Sobre el punto, señaló que de confirmarse esto podría existir algún tipo de incumplimiento por parte del consorcio.

“Existen varias formas de darse una intervención, una de ellas a pedido de la propia Junta Municipal. Entiendo que esto (los dictámenes) puede servir de base documental para que la Junta tome algún tipo de acción en ese sentido”, concluyó.

Parar esto de golpe y porrazo tendría efectos muy delicados en lo técnico y económico. Juan Carlos Ramírez Montalbetti, director Asesoría Jurídica


Nuestros dictámenes pueden servir de base documental para algún pedido de intervención de parte de la Junta. Elizabeth Del Pozo, Dirección Jurídica CGR.

Temen perjuicios si suspenden ejecución de gestión tributaria

Al expresar su sorpresa por el dictamen de la Contraloría de la República –que recomienda suspender la ejecución de la gestión tributaria–, el director de Asesoría Jurídica de la Comuna capitalina, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, advirtió que ello puede tener consecuencias negativas para la institución municipal.

Señaló que “sorprende porque en agosto del 2018, el ente contralor emitió dictamen diciendo que el proceso era regular, adecuado a normativas internas del país y porque no encontramos en las denuncias que se han hecho ante la Contraloría hechos nuevos que justifiquen la medida que nos propone ahora”.

Resaltó que los técnicos del Municipio tendrán que aclarar si en este momento de migración de sistemas informáticos se podría dar esa suspensión, qué daños causaría al proceso. “Una cosa es un proceso que no se ha iniciado o uno que ha terminado. Pero ahora estamos a mitad de camino. Es cierto que hay dificultades, pero se solucionan en cada caso. Lo sistemas se están armonizando”. Agregó además: “No sé si se puede cortar así un procedimiento informático de este volumen, porque es gigantesco. Pero insisto en que los técnicos deben aclarar eso”, agregó.

Finalmente, Ramírez Montalbetti garantizó que la base de datos de los contribuyentes asuncenos no serán entregada al Consorcio TX. “No hay posibilidad de que la empresa se quede con la base de datos, de ninguna manera”, concluyó.

Fallo en caso Parxin
Para antes de fin de año se tendría el fallo del laudo arbitral sobre la demanda entre la Comuna capitalina y Parxin por la fallida implementación del estacionamiento tarifado, señaló el asesor jurídico Juan Carlos Ramírez Montalbetti. El monto en juego ronda los USD 5 millones.

 

En el Senado hubo varias acusaciones entre los que apoyan el desbloqueo y los que prefieren las listas sábana. Calé acusó a Ljubetic y a Mauro de “fateros”. Las críticas alcanzaron a Abdo Benítez.

En el Senado se dio ayer una fuerte pulseada en torno a la suspensión de la licitación de las urnas electrónicas por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Fue el sector de Patria Querida el que pegó el grito al cielo ante la jugada de que la intención real sería que se deje sin efecto el desbloqueo de listas sábana.

Se dieron varios enfrentamientos verbales entre los que defienden la ley para la implementación del voto electrónico y los que prefieren seguir con la lista sábana.

No faltaron las críticas al presidente Mario Abdo Benítez, a quien responsabilizaron de estar detrás de la suspensión de la licitación de las urnas.

Georgia Arrúa cuestionó que se haya llegado hasta la instancia de las propuestas para la suspensión del proceso.

Mandó al frente al titular de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, porque no tuvo la delicadeza de atender el proceso ni leer las bases y condiciones.

Stephan Rasmussen, de su mismo sector, trató de irresponsable a Seitz por haber suspendido el proceso.

Acotó que con esa medida se hace de cumplimiento imposible el desbloqueo. “Se están buscando excusas para que no haya tiempo”, reclamó.

El abdista Silvio Ovelar alegó que supuestamente con las papeletas igual se podría llevar adelante el desbloqueo.

“¿Cómo vamos a incluir 1.300 nombres en papeletas?”, consultó Rasmussen, y alegó que Seitz pudo abrir de oficio una investigación, y no necesariamente suspender.

El abdista Juan Carlos Galaverna se manifestó abiertamente en contra del uso de las máquinas, y que supuestamente pueden ser intervenibles por un hácker de 10 años.

Dijo que la DNCP cumplió con su obligación, y que la licitación era un “fato” de los asesores del TSJE, Luis Alberto Mauro y Carlos María Ljubetic. “Ladran Sancho, señal que cabalgamos”, fue el retruque de Fidel Zavala, quien abogó por el uso de las urnas y el desbloqueo.

Los cartistas Sergio Godoy y Enrique Riera defendieron la ley del desbloqueo. Godoy asegura que detrás de todo esto está el Ejecutivo.

Por su parte, el presidente del TSJE, Jaime Bestard, respondió a las acusaciones de que Mauro y Ljubetic tendrían un “fato” con las máquinas de votación. Dijo que hay fuerte interés político en interrumpir el proceso, pero aseguró que se responderá a todas las requisitorias de la Dirección de Contrataciones. Por su parte, Ljubetic explicó que la unidad a su cargo no determina qué empresa obtendría la licitación.

Piden reconsiderar suspensión del proceso licitatorio

La Justicia Electoral pidió ayer a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas reconsiderar la suspensión del llamado a licitación para la implementación del sistema de votación y escrutinio electrónico. “La Justicia Electoral realizó todos los procedimientos vinculados a la ejecución de la reforma electoral en tiempo y forma sin dilaciones ni demoras”, alegó.

El director de Contrataciones fue un gran irresponsable para suspender este proceso (de licitación). Stephan Rasmusen, Patria Querida.

Es un proceso amañado, un fato, que no es ni siquiera de los ministros del TSJE, sino de Ljubetic y Mauro. Juan Carlos Galaverna, Colorado Añetete.

Con este sistema vamos a impedir que voten los muertos, el voto calesita. Déjense de hinchar, de joder. Fidel Zavala, Patria Querida.


Convocan a autoridades del TSJE y Contrataciones
Los senadores coincidieron ayer en hacer una convocatoria ante la mesa directiva de la Cámara Alta a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y al director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz. La cita está marcada para el lunes, a las 9.00, en la sala de sesiones de la Cámara Alta, y es abierta a todos los senadores.
Fue el senador Patrick Kemper, de Hagamos, quien hizo la sugerencia para que los mismos puedan aclarar sobre el proceso de licitación de las urnas electrónicas, y el desbloqueo de listas.
Específicamente el parlamentario recomendó que se convoque a una sesión extraordinaria para que nuevamente la Justicia Electoral muestre el sistema.
“Que venga también el director de Contrataciones y nos explique cuáles son las dudas”, manifestó.
Desirée Masi también consideró que mucha gente tiene que dar explicaciones sobre el proceso de licitación.
A sugerencia de Juan Carlos Galaverna se incluyó en la lista de invitados a dos asesores del TSJE: Luis Alberto Mauro y Carlos Ljubetic.

 

Desde la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informaron que cerca de 20.000 familias se encuentran afectadas por la falta de energía eléctrica en las zonas de San Antonio, Villa Elisa, Ypané y Ñemby.

El director de Distribución de la ANDE, Andrés Ramírez, reportó que unas 20.000 familias están sin energía eléctrica tras el fuerte temporal que se desató en las ciudades de San Antonio, Villa Elisa, Ypané y Ñemby, del Departamento Central.

No obstante, el técnico aseguró que en el transcurso de este viernes las cuadrillas de la empresa estatal trabajarán arduamente para reponer el servicio de energía en todas las zonas afectadas.

“Tenemos muchos reclamos puntuales, principalmente por la caída de los árboles, pero ya estamos trabajando para solucionar todos los problemas. Las cuadrillas amanecieron trabajando", expresó Ramírez en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

El funcionario explicó que la intensa lluvia dejó fuera de servicio a tres circuitos, además de varios transformadores caídos en la vía pública.

El temporal que se desató en la víspera en las ciudades mencionadas causó varios destrozos materiales a su paso, así como también provocó la caída de techos y de una gran cantidad de árboles.

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología señalaron que por las características del fenómeno que azotó esas zonas, se habrían presentado vientos superiores a los 100 kilómetros por hora.

 

Expertos anuncian que en Asunción seguirá el descenso. Situaciones de niveles críticos, en capital, también se registraron en 1964 y 1971. Salud alerta que por sequía pueden aumentar enfermedades.

Alejandro Palacios (69), antiguo poblador del Bañado Sur, repara un viejo bote de madera en la costa del río Paraguay. El cielo de mañana está nublado, de momento, el calor es húmedo y el bajo nivel de las aguas del río deja al descubierto las basuras de todo tipo, a lo largo del litoral. “La última vez que el río bajó así como ahora fue en 1985, más o menos”, rememora.

El nivel del cauce, en Asunción, hasta ayer llegó a 0,78 m, descendió 2 cm, y seguirá bajando. Eso es lo que indica la proyección de la Dirección de Meteorología e Hidrología. En los próximos 20 días anuncian que la medición llegaría a 0,56 m (Ver info).

“El río Paraguay siempre fue caprichoso. Depende del problema climático y el volumen de agua que libera el Pantanal”, considera Jaime Grau, capitán de naval retirado y perito.

En el histórico de lectura –que Grau elabora– figura que el nivel en esta misma época llegó hasta 0,25 m en noviembre de 1970. Otros niveles críticos se registraron en octubre de 1971, con menos de 0,14 m e inclusive 0,01 m en 1964.

“El cero hidrométrico, llamado también regla, no se refiere a la profundidad real del río, sino al nivel de seguridad para navegación. El Derecho Internacional Marítimo establece que los ríos de llanura, como lo es el río Paraguay, tengan una profundidad mínima de pasaje de 2.10 m, que serían multiplicar siete pies, y sobre eso está ubicada la regla, de modo a que el navegante sepa qué cantidad de agua tiene abajo del buque. Y del cero para arriba es la altura normal que se observa”, explica el capitán retirado.

Bajante. La tendencia descendente aún se espera para la cuenca alta, zona de Alto Paraguay, según el Informe Semanal Hidrometeorológico.

Para la cuenca media, desde Concepción hasta Asunción, esta semana podría llover, mientras que la próxima semana de nuevo se prevé un déficit de precipitaciones.

En la cuenca inferior, área de Pilar, la tendencia descendente continuará en las próximas dos semanas, según el documento.

Efectos. Las sequías son emergencias de instalación lenta y pueden tener efectos sobre la salud, como un aumento en la ocurrencia de enfermedades transmitidas por vectores, advierten desde el Ministerio de Salud Pública.

Otra de las implicancias en la salud –agrega– incluye efectos en la calidad del aire, situación sanitaria e higiene; cantidad y calidad del agua potable, entre otros.

“Se recomienda no bajar la guardia e intensificar los controles ambientales en los domicilios y lugares de trabajo, mediante la eliminación diaria de criaderos del Aedes; hacer uso de elementos de protección para prevenir la picadura de mosquitos –aplicación de repelente para actividades al exterior y mosquitero para dormir– y la consulta oportuna ante la fiebre, sarpullido u otro síntoma de enfermedad”, señala la cartera sanitaria.

En cuanto a los residuos que quedan al descubierto en la costa tras la bajante, según el Ministerio del Ambiente, son las municipalidades las responsables de la recolección y disposición final de los desechos.

“Se recuerda a las comunas que se encuentra vigente la Ley 3956/09 Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el Paraguay, donde taxativamente expresa que: “Es responsabilidad del Municipio la disposición final de los residuos sólidos generados”, señala el comunicado.

Prever con antelación el dragado
“Es obligación de la Dirección de Hidrografía manifestar con antelación, no esperar último momento, y proceder al dragado. Especialmente muy conocido por los navegantes responsables de las embarcaciones que gobiernan las mismas. En el histórico de lectura, mes y día, los años más afectados fueron: 1938, 1944, 1969 y 1971. Todas las lecturas desde el 00,00 con medidas negativas inferiores es precisamente cuando se navega aguas abajo de la corriente natural de los ríos”.

 

Ante la llegada de fin de año, la Policía Nacional y el Banco Central del Paraguay advierten sobre la circulación de billetes falsos de G. 100.000, G, 50.000 y G. 20.000.

El comisario Luis Pisani, del Departamento Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, explicó a Telefuturo que se puede identificar la autenticidad del billete a través del tacto, porque debe presentar una porosidad donde está escrito Banco Central del Paraguay.

También se debe observar la cinta de seguridad, que debe ser de color azul y debe simular un efecto de movimiento.

Desde el Banco Central del Paraguay explican las características que debe tener un billete de G. 100.000 de la serie J, como, por ejemplo, el método de impresión intaglio proporciona una impresión en relieve que es detectable al simple tacto.

Se debe observar la marca de agua, ya que al mirar a contra luz aparecen el retrato de San Roque González de Santa Cruz y el texto 100 MIL.

Al girar el billete, el color de la tinta cambia de verde a azul, mientras que el color del hilo cambia de verde a rojo.

Por lo general, en esta época del año aumenta la demanda de billetes, debido al pago y cobro de los aguinaldos.

En caso de caer en la estafa, lo antes posible se debe denunciar el hecho en la Policía Nacional.

 

La ayuda monetaria que hoy brinda el Gobierno a las familias para salir de la extrema pobreza va de G. 370.000 mensual (una familia con 4 niños y/o adolescente, papá y mamá embarazada, y un adulto mayor) a G. 670.000 (incluyendo a los demás citados, una persona con discapacidad leve y dos personas con discapacidad severa). Estos montos, al dividirlos por 30 días, equivalen a G. 12.300 y G. 22.300 por día, respectivamente.

El “beneficio” es otorgado mediante el programa Tekoporã, ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

De acuerdo al Gobierno, “el objetivo principal del programa es mejorar la calidad de vida de la población participante, facilitando el ejercicio de los derechos a alimentación, salud y educación, mediante el aumento del uso de servicios básicos y el fortalecimiento de las redes sociales, con el fin de cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza”.

Los datos facilitados por el Ministerio de Desarrollo Social evidencian la existencia de un trato diferenciado para las familias indígenas. Para los nativos, el programa ofrece un monto único de G. 225.000 mensual, sin importar la cantidad de integrantes y otros factores.

“Este beneficio –el brindado por Tekoporã– se traduce a un total de 612.506 personas distribuidas en 254 distritos del territorio nacional, así como a 28.099 familias de comunidades indígenas que cumplen con los criterios de elegibilidad del programa, alcanzando 100% de cobertura en estas comunidades. Hay 24.361 personas con discapacidad de las cuales 8.106 con discapacidad severa”, destaca el MDS.

Cifras. Los datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec), sostienen que la pobreza total se redujo en 2,2 puntos porcentuales en el 2018 respecto al año anterior y se ubicó en 24,2% de la población total del país. En tanto, la pobreza extrema aumentó a 4,8% –en relación con la población total del país– en el 2018, luego de estar en 4,4% en el 2017, menciona el reporte.

Miércoles, 06 Noviembre 2019 08:21

Durand desmiente informe de Contraloría sobre bienes

Escrito por
 
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, se presentó ayer en la Contraloría General de la República para presentar documentos que desmienten el informe presentado días atrás por la institución ante la Fiscalía sobre supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas de bienes. Además solicitó al ente que le provea todos los documentos que sustentan el informe.

“Todo lo que recibimos es a través de la filtración de la prensa, donde se habla de ocultamiento de bienes y otras cosas. En el 2018 he declarado una lancha y Armada dice que no existía: acá está el título de la lancha. En el 2013 declaramos un yate y en 2018 ya no declaramos ese yate y dicen que ocultamos el yate. Es de público conocimiento que el yate tuvo un incendio en el 2016, por eso no se declara, ¿quién va a declarar algo que se incendió en el 2016?”, expresó el ministro en la Contraloría.

En ese sentido, Durand afirmó que la Contraloría nunca le informó ni pidió explicaciones antes de remitir el informe. También cuestionó que el documento por el cual el ente contralor informa al Senado sobre las presuntas irregularidades en las declaraciones juradas se haya filtrado a la prensa antes que llegue a las instituciones correspondientes.

“Por supuesto que se puede subsanar, pero ¿no hubiese sido más sano para la República y para los ciudadanos que esto se aclare antes?”, se quejó Durand, al tiempo de señalar que por casos como este “mucha gente capaz del sector privado no ingresa a aportar en la política”.

SOSPECHAS. Días atrás, la Contraloría remitió a la Fiscalía un informe sobre las declaraciones juradas de cinco ministros del Ejecutivo por tener “datos que levantan sospechas”. El documento incluye a Durand; al ministro de Educación, Eduardo Petta; a la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo; al ministro de Desarrollo Social, Mario Varela; y a la ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz. También serán indagados el ex ministro de Agricultura Denis Lichi y Sergio Barrios, funcionario de IPS comisionado al Ministerio de Salud como director.

Miércoles, 06 Noviembre 2019 08:18

Policía prepara desalojo de unas 90 familias en Yasy Cañy

Escrito por

 

Un fuerte contingente policial se prepara este miércoles para llevar a cabo el desalojo de 90 familias que ocupan un predio en el distrito de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú.

Se trata de un inmueble de 2.342 hectáreas ubicado en la colonia Mandu'arã, del distrito de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú.

Las tierras pertenecerían a un hombre identificado como Guillermo Abente, según informó el corresponsal de Última Hora Elías Cabral.

Durante la jornada de este miércoles, se prevé llevar adelante el desalojo. Son unas 90 familias las que ocuparon la propiedad desde hace al menos siete meses.

Para ello, más de 300 efectivos policiales y varios vehículos tácticos están en la zona para hacer cumplir la orden judicial

 

Martha Barrios, directora del Observatorio Vial, advirtió sobre el flagelo que cada vez se cobra vidas más jóvenes, en el Simposio Iberoamericano de Agencias de Tránsito y Seguridad Vial.

Las estadísticas que desde hace varias décadas indican que las muertes que se producen año tras año en accidentes de tránsito en diferentes rutas, avenidas y calles de nuestro país afectan a una franja etaria comprendida entre personas cuyas edades van desde los 30 hasta los 24 años se modificó de manera alarmante.

Según datos proporcionados ayer por la directora del Observatorio Vial de nuestro país, licenciada Martha Barrios, durante el Simposio Iberoamericano de Agencias de Tránsito y Seguridad Vial, que se realiza en la Biblioteca del Congreso y culmina en la fecha, los siniestros viales ocasionan el fallecimiento de gente más joven a medida que pasa el tiempo.

“En el 2017 se tuvo la muerte de 1.198 personas en siniestros viales, donde el rango mayor afecta a personas de entre 30 y 24 años, pero empiezan a ser alarmantes los casos de muertes en las cuales están involucrados jóvenes a partir de 15 años”, lamentó.

Dijo que de todas esas muertes, 56,1% involucraron a motociclistas, en edades que van de 30 a 24, pero insistió en que eso se está reduciendo de manera muy acelerada en los últimos tiempos.

REGISTROS. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) informaron que las licencias de conducir para conductores de motocicletas son expedidas en los municipios para personas a partir de los 18 años.

Sin embargo, cada vez es más común observar a gente menor a la edad conduciendo una máquina, circular por las ciudades, en una situación de la cual no escapa ni siquiera la capital del país, incluso sin los cascos protectores, sin chapa o llevando a más de dos acompañantes y hasta bebés en brazos.

La Ley 5016 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial prohíbe que niños menores de 12 años viajen en moto.

El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, quien participó de la apertura de este evento internacional, que cuenta con la participación de expertos de Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, entre otros, deslizó que uno de los principales problemas que se tienen en nuestro país es el de la falta de control para hacer cumplir las normativas vigentes al respecto.

De acuerdo a datos proporcionados por el Hospital del Trauma, entre enero y febrero del año pasado, 600 menores de 15 años sufrieron accidentes en los biciclos motorizados.

Muertes violentas en los últimos 13 años: 50% en el tránsito, 26% son suicidios y 24% son homicidios dolosos. Martha Barrios, Observatorio Vial.

Ministro insta a que se tome conciencia
“Tenemos muchas leyes que son letra muerta y hay que cambiarlas. Tenemos que enfatizar la conciencia en aspectos claves como consumo de alcohol, uso de celular, cosas que la sociedad debe abordar de manera seria”, afirmó el Ministro de Salud, Julio Mazzoleni al resaltar que se debe enfocar en la educación vial. Se destinan USD 100 millones al año en lo que implica la siniestralidad vial, dijo el ministro en el Simposio Iberoamericano de Agencias de Tránsito y Seguridad Vial. Agregó que mucha gente queda lisiada o en cama.

 

En lo que va del año, el Instituto Paraguayo del Indígena no gastó un solo guaraní en compra de tierras. La comunidad Sauce sufrió la destrucción de su templo y escuela este fin de semana.

Los indígenas de la comunidad Sauce, y los grupos que respaldan el reclamo de los Avá Guaraní Paranaenses que fueron desterrados por la Itaipú en los años ochenta, se reunirán este jueves a las 15 con el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo, y con la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, Hermelinda Alvarenga, para analizar una salida que resuelva el problema de tierra que tienen estos grupos hace casi 40 años.

El titular del Indi se reunió ayer con la senadora Alvarenga y acordaron abordar este jueves la problemática de los Avá Paranaenses con los miembros de la comunidad Sauce, y analizaron la situación de los Avá del departamento de Canindeyú, y otros problemas, como la nula ejecución del presupuesto del Indi para compra de tierras.

Olmedo, quien asumió recientemente, había señalado que daría prioridad a la compra de tierras para las comunidades.

Tormenta. Por su parte, los miembros de la comunidad Sauce, quienes resisten en la reserva Limoy bajo amenaza de desalojo de la Itaipú, sufrieron este fin de semana una tormenta que destruyó varias de sus viviendas, la escuela móvil que utilizaban, y su templo de ceremonias espirituales.

Sauce es una de las 38 comunidades que la Itaipú Binacional desterró en los años ochenta y trasladó en otras comunidades, lejos de sus territorios ancestrales, por lo que se convirtieron en lo que en guaraní llaman hendayva (los que no tienen lugar).

Tras haber sido desalojados violentamente por el sojero Germán Hutz en el 2016 de la zona de sus tierras ancestrales, la comunidad Sauce montó un campamento de resistencia frente a la reserva Limoy de Itaipú, quien inició un juicio de desalojo.

En dicho lugar, los indígenas ya sufrieron otras tormentas que destruyeron sus casas y perdieron varios de los pupitres que habían salvado del desalojo.

cero compra de tierras. Mientras esta población indígena, así como otros grupos, siguen reclamando acceso a tierras dignas y atención a sus necesidades básicas, el Indi no ha ejecutado en lo que va del año ni un guaraní de los G. 14.000 millones que tiene en su presupuesto para este año, según detalló la senadora Alvarenga.

La misma indicó que en el Presupuesto para el año próximo, el Indi sufrió recortes en este rubro, pero que pelearán para que esto aumente al nivel anterior, al menos.

“Hay una muy baja ejecución presupuestaria, por ejemplo, en compra de tierras el Indi tiene cero ejecución hasta el momento... lo importante sería que en estos próximos meses, hasta diciembre, podamos utilizar ese dinero para que los grupos indígenas que necesitan tengan”, expresó la senadora.

 

Los gremios sostienen que la triplicación del mencionado gasto, dictaminada por la Comisión Bicameral de Presupuesto, va a contramano con el compromiso de mejorar el gasto público.

El incremento del gasto en subsidio a los partidos políticos –incluido por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional en su dictamen– se ganó el repudio del sector empresarial, que critica fuertemente la decisión.

En la edición impresa de ayer, Última Hora dio a conocer que los partidos se han devorado unos G. 354.140 millones (USD 55,7 millones) del plan de gastos públicos en los últimos cinco años. Estas estadísticas indican que los partidos, en promedio, se llevaron G. 70.828 millones (USD 11,1 millones) de forma anual, según los datos oficiales publicados por el Congreso y el Ministerio de Hacienda.

A pesar de eso, y en plena desaceleración económica, además de una complicada situación económica mundial y regional, la Comisión Bicameral se encargó de realizar una serie de recortes y reprogramaciones para triplicar el pago a las agrupaciones políticas en concepto de subsidio por las elecciones generales del año pasado.

Ante esto, el asesor económico de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Rubén Ramírez, mencionó que el gremio considera que, ante la ampliación del límite de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), los recursos previstos para los partidos políticos deberían ser mejor orientados para producir resultados en cuanto a los bienes y servicios públicos, y una política social que permita mejorar la lucha contra la pobreza estructural del país.

“No es sostenible un nivel de esa magnitud de subsidio político porque realmente, la calidad del gasto público hace que hoy estemos en una situación muy delicada en nuestra economía, que necesita justamente de todos sus recursos para poder generar una actividad mucha más inclusiva y un crecimiento económico de mayor calidad. Va totalmente a contramano con la promesa de mejorar el gasto público”, dijo Ramírez.

Yan Speranza, presidente del Club de Ejecutivos, coincidió con el asesor de la CAP y expresó que el incremento del subsidio a los partidos “claramente va a contramano con esa señal que debe dar la clase política a la ciudadanía, más en un momento de desaceleración económica, donde a todos se les pide ajustar los cinturones”.

Agregó que están bastante preocupados por este tipo de señales que están dando desde el Gobierno.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), Ernesto Figueredo, indicó que con ese planteamiento –aumentar el subsidio a los partidos políticos–, la clase política muestra de vuelta una mala imagen, con señales que van en contra de la demanda de la gente, donde el país necesita cuidar la plata para destinarla a salud, infraestructura, educación, seguridad y vivienda.

“La clase política no da el ejemplo, no solo en esto, sino también en viajes; en el manejo racional del Presupuesto en cuanto a salarios. Es una mancha más al tigre”, cuestionó.

ASIGNACIÓN. El subsidio a partidos políticos es asignado por el Gobierno en dos conceptos. Una parte es abonada a las agrupaciones políticas que tienen representación parlamentaria y se realiza por todos los años del periodo legislativo.

La otra se transfiere como una especie de devolución por los gastos electorales y se realiza por la cantidad de votos obtenidos.

De acuerdo con la justificación dada por parlamentarios consultados es que los recursos transferidos a los partidos son asignados con el objetivo de controlar el financiamiento político, de modo que no haya dinero ilícito financiando las campañas electorales.

En caso de que el incremento del subsidio sea aprobado por ambas cámaras del Congreso durante el estudio del PGN 2020, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tendrá para repartir a los partidos un total de G. 55.741 millones, en un año de nuevas elecciones municipales. En el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda, se había previsto G. 33.589 millones para dicho concepto.


Las cifras
55,7 millones de dólares fueron transferidos a los partidos políticos en los últimos cinco años.

11,1 millones de dólares en promedio recibieron por año los partidos políticos del Gobierno en concepto de subsidio.



No es sostenible un subsidio. La calidad del gasto público hace que hoy estemos en una situación muy delicada en nuestra economía. Rubén Ramírez, asesor de la CAP.

El incremento del subsidio claramente va a contramano con esa señal que debe dar la clase política a la ciudadanía. Yan Speranza, Club de Ejecutivos.

La clase política muestra de vuelta una mala imagen, con señales que van en contra de la demanda de la gente, en salud, educación, etc. Ernesto Figueredo, Pdte. CNCSP.

 

Los números de la realidad contradicen los discursos del Gobierno. Eso analizaron ayer los obispos con representantes de la Pastoral Social Nacional, la Universidad Católica e, incluso, del Poder Ejecutivo.

En el primer día de la 223 Asamblea Ordinaria, los obispos analizaron datos y propuestas de Gobierno para la reducción de la pobreza en el país. Pese a las “buenas intenciones” que tiene el Ejecutivo, desde la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) ven que la lucha contra la pobreza está paralizada.

“Se estancó, no hay avance. No avanzamos en la disminución de la pobreza y extrema pobreza. Son datos fríos que se mantienen, no basta con las buenas intenciones, sino que hay que tener acciones”, sostuvo monseñor Amancio Benítez, secretario general de la CEP.

Comentó que el ministro de la Unidad de Gestión, Hugo Cáceres, les presentó los planes gubernamentales para responder a las demandas sociales a nivel nacional, cuyo alcance se extiende hasta 2030. “Es demasiado, queremos algo a corto plazo y que se vea y no se limite solamente a Asunción”, retrucó sin perder la oportunidad de criticar también que hay un discurso de apoyar la educación, pero esto no se traduce en la práctica.

“En el Chaco, a los profesores de los colegios parroquiales se les quitó los rubros, no se les repone más y es una cuestión contradictoria”, tiró.

CONVULSIÓN. Apuntó que este año hubo varios “sobresaltos políticos”, por lo que es imperioso “atender de forma urgente los problemas sociales” y así evitar que el país “llegue a situaciones complejas y convulsionadas”, reza parte del comunicado que leyó el obispo de Benjamín Aceval. Se excusó de brindar los datos sobre la pobreza en el país que maneja el Episcopado. El viernes difundirán –dijo– la postura de la Iglesia.

Los prelados escucharon a varios coordinadores de pastorales sociales, entre ellas de la Pastoral Indígena, en el abordaje de la realidad nacional y eclesial. También estuvo presente el director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Asunción (UCA).

“Nos han informado sobre la persistencia de altos niveles de vulnerabilidad social de la población porque hay déficit de cobertura en salud y educación sobre todo. Esa es una de las preocupaciones de los obispos. Seguramente, si la Asamblea aprueba emitiremos un mensaje final al respecto”, refirió el portavoz de la CEP.

Libro por 50 años del Seminario Mayor
Hoy, a las 18.00, presentarán el libro ; a la vez que se descubrirá una placa conmemorativa del Cincuentenario. La presentación se realizará en el salón auditorio del Seminario, sito en Moleón Andreu c/ Pizzarro, barrio Santa Librada.

Lunes, 04 Noviembre 2019 09:53

Tiempo de veda: Última semana para comprar pescados

Escrito por

 

Oficialmente hoy arranca la veda pesquera en el país. Sin embargo, los comerciantes de este rubro aún tienen tiempo hasta el 10 de noviembre para agotar el producto que tengan en almacenamiento.

Este periodo de ofertas fue aprovechado por compradores, sobre todo el fin de semana. Una gran fila de vehículos se dirigía hacia el Puerto de Remanso, en Mariano Roque Alonso, para buscar variedades del producto pesquero.

“Logramos tener buena venta el sábado y domingo pero aún tenemos más en almacenamiento. Esperamos poder vender todo antes del 10”, comenta Perla Oviedo, mientras desliza sobre la balanza un Dorado de cerca de 4 kilos, en su puesto de venta, ubicado en Remanso.

Hasta el próximo domingo las personas interesadas pueden ir a comprar pescado en el sitio. Los precios, por kilo, varían de acuerdo a la especie. El surubí está a G. 30.000; Mandi’i a G. 20.000; Dorado y Pacú a G. 35.000; Boga a G. 35.000 y Carimbatá a G. 15.000.

Pasados los siete días de tiempo para agotar el stock, los vendedores deberán presentar la declaración jurada del producto ante el Ministerio de Ambiente.

PERIODO. Hasta el 20 de diciembre está prohibido pescar en los ríos compartidos con Argentina, además de cauces internos. En aguas compartidas con Brasil hasta el 31 de enero. La multa por no cumplir con la normativa es desde G. 253.104.340 hasta G. 843.400.000 (3.001 a 10.000 jornales). La pesca y comercialización solo puede ser producto de la Piscicultura, según el ente.


Las ventas fueron buenas este fin de semana. Esperamos poder vender todo lo que nos queda en almacenamiento. Perla Oviedo, vendedora

 

El presidente sigue mostrando debilidad. Pocos creen en su promesa de atacar la corrupción “caiga quien caiga”. Se llamó a silencio por el escándalo de la declaración de bienes de sus ministros.

El discurso del presidente Mario Abdo Benítez de enfrentar la corrupción “caiga quien caiga” se va diluyendo tras la fuerte crisis política que casi tumbó su gobierno.

Tras completar su primer año de gestión, suman las denuncias de supuestos casos de corrupción que salpican a su entorno más las sospechas que pesan sobre sus ministros que supuestamente falsearon informes sobre su declaración jurada de bienes ante la Contraloría. Sobre este último caso, el presidente de la República optó por el silencio y no dio ninguna señal ante la ciudadanía.

El analista político Camilo Filártiga consideró que el gobierno de Mario Abdo viene con una “legitimidad y una imagen golpeada” tras el acta secreta que reveló la intención de comercializar energía de Itaipú a favor de una empresa brasileña allegada al presidente Jair Bolsonaro.

“Ahora se están difundiendo las conclusiones de la Comisión Bicameral. Hay un escenario de debilidad, de baja legitimidad del Ejecutivo”, sentenció.

Ante este escenario poco alentador para el mandatario, consideró que debe dar señales claras de que realmente está con interés de combatir la corrupción no solamente de otros ámbitos, sino que también en su propio entorno político y de sus principales colaboradores.

“En caso de que se confirmen las sospechas y las denuncias que se hacen desde la Contraloría sobre la declaración poco fidedigna de algunos funcionarios públicos como ministros del Poder Ejecutivo, de confirmarse esto, es una oportunidad para el presidente de dar una señal de que aquel discurso del caiga quien caiga y de ser implacable contra la corrupción realmente no queda solamente en palabras sino que será un hecho concreto y lo volverá realidad, cuando amerite”, significó Filártiga.

Por el caso informe de la Contraloría están en la mira los ministros Eduardo Petta (Educación), Carla Bacigalupo (Trabajo), Mario Varela (Desarrollo Social), Nilda Romero (Mujer) y Dany Durand (Vivienda y Urbanismo).

Acotó que puede ser un efecto importante en cuanto al respaldo que pueda tener en alguna posibilidad de recuperar parte de su legitimidad.

“Para eso debe tomar decisiones. A veces las decisiones son fuertes. Algunas son incómodas y no todos están dispuestos a tomar ese tipo de decisiones. Ya no lo hizo en el caso del acta de entrega de Itaipú”, aseveró. Sostuvo que la respuesta del Gobierno fue tímida solamente con algunos nombramientos que se dieron en el Consejo de Administración de Itaipú pero “no hay movidas de fondo y de los fuertes”.

Apuntó que la ciudadanía quedó observando debilidades del presidente de la República en el momento de tomar sus decisiones.

Finalmente, significó que si no da un cambio de timón terminará sucumbiendo en la imagen ya debilitada y profundizando más la crítica situación política a poco menos de un año de completar su primer año de gestión presidencial.


Señales confusas


Reacomodo. Juan Ernesto Villamayor fue ubicado como jefe de Gabinete. Hubo supuesta sobrefacturación en compras en la cartera de Interior.


Declaración jurada. Hay sospechas hacia cinco ministros tras informe de la Contraloría General.


Acta Itaipú. Superó el juicio político, pero siguen las dudas sobre culpabilidad del Poder Ejecutivo.


Corrupción. Varios altos funcionarios tienen sospechas en sus manejos administrativos, entre ellos el caso Carla Bacigalupo (Trabajo), Ramón Retamozo (Puertos), Patricia Samudio (Petropar).

 

Datos oficiales indican que en los últimos 5 años, las agrupaciones recibieron USD 55,7 millones en concepto de aportes y subsidios electorales. Bicameral triplicó la subvención para el 2020.

Las inmensas necesidades en los sectores sociales, los limitados ingresos o los altibajos económicos en los últimos años no han impedido que los partidos políticos sigan llevando en cada ejercicio parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).

De acuerdo con los datos oficiales publicados por el Congreso y el Ministerio de Hacienda, los partidos se han devorado unos G. 354.140 millones (USD 55,7 millones) del plan de gastos públicos en los últimos 5 años. Estas estadísticas indican que los partidos, en promedio, se llevaron G. 70.828 millones (USD 11,1 millones) de forma anual (ver la infografía).

La mayor parte de este dinero, el 69%, corresponde a los aportes. Este concepto es abonado a las agrupaciones políticas que tienen representación parlamentaria y se realiza por todos los años del periodo legislativo.

El otro componente es el subsidio, que se lleva el 31% de lo gastado. Este rubro se abona como una especie de devolución por los gastos electorales y se realiza por la cantidad de votos obtenidos.

La justificación dada por parlamentarios consultados es que estos recursos son asignados con el objetivo de controlar el financiamiento político, de modo que no haya dinero ilícito financiando las campañas electorales.

El 2020. Pese a los limitados recursos con los que contará el Estado el año próximo, producto principalmente de la recesión económica, el promedio de gasto en los partidos se mantendrá si se tiene en cuenta el dictamen emitido días atrás por la Comisión Bicameral del Congreso.

Esta instancia realizó una serie de recortes y reprogramaciones, triplicando el pago a las agrupaciones políticas en concepto de subsidio por las elecciones generales del año pasado.

Si esta determinación es aprobada por el Parlamento en el estudio del PGN 2020, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tendrá para repartir a los partidos un total de G. 55.741 millones, en un año de nuevas elecciones municipales. En el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda, se había previsto G. 33.589 millones.

Informe. El Fisco tiene previsto en el trascurso de esta semana informar sobre su postura respecto a los cambios introducidos por la Bicameral en el PGN 2020, que entra desde esta semana en las instancias finales de estudio.

El ministro de Hacienda, Benigno López, afirmó que en general están satisfechos porque se respetó la estimación de ingresos, pero aclaró que revisarán los detalles para ver el impacto de las reprogramaciones y recortes en las instituciones.

El dictamen de la Bicameral ya tuvo entrada en la Cámara de Diputados, cuyos miembros tienen solo hasta el 15 de este mes para estudiar y aprobar el plan de gastos, en donde ya se incluyeron las transferencias a los partidos.

Posterior a esto, la propuesta pasa a Senado

res. La Cámara Alta tiene tiempo hasta el 30 de noviembre para aprobar el planteamiento de Diputados o introducir modificaciones.

En caso de que el Senado haya implementado cambios, el PGN 2020 debe volver a Diputados, cuyos miembros tendrán en esta ocasión 10 días para ratificarse en su sanción inicial o aceptar el documento que viene de la Cámara Alta.

La cifra
55,7 millones de dólares del Presupuesto público se llevaron los partidos en los últimos 5 años.

Sábado, 02 Noviembre 2019 09:34

Es urgente la atención al campo

Escrito por

Es increíble como a los gobernantes no les preocupa lo que pueda pasar, a ellos solo les preocupa lo que pasa, eso siendo ya muy optimistas ya que muchas veces empezamos a pensar que en realidad nada les preocupa más a ellos que su propio crecimiento personal y económica, siendo un poco más sinceros solo les preocupa sus crecimientos económicos y los intereses sociales y generales no son en absoluto preocupación para las autoridades.

En términos de previsibilidad lo que se hace es pensar que puede ocurrir en el futuro sobre un tema en particular o sobre algunos puntos específicos es decir, si al estado le preocupa la seguridad debe ser previsible a la hora de realizar algún tipo de acción, si hoy con siete millones de habitantes tenemos una cantidad equis de policía y no estos no dan abastos, siendo previsible ya se habrá hecho un estudio que cuando tengamos diez millones de habitantes tendremos mayor necesidad de efectivos policiales que resguarden las calles y a las personas. Eso es previsibilidad.

Ahora el tema que debería preocupar a las autoridades tiene que ser con lo que podamos lograr en términos económicos, así como están las cosas no hay demasiada esperanza que la situación económica vaya mejorar pronto. Para que de cierta forma se pueda tener un equilibrio económico se debe atender cuestiones puntuales de la economía interna, potenciar la agricultura familiar, fomentar la creación de empleos con pequeñas industrias sin demasiadas inversiones, esa y otras acciones dinamizan la economía de una región o una nación entera. Lo que aquí no estamos viendo ningún programa a corto plaza para oxigenar la ya alicaída economía de nuestro país. El estado paraguayo muy poco o nada está haciendo por los agricultores en estos momentos. Los productores menores del campo están abandonados a su suerte sin la mínima esperanza para empuñar la azada ya que la esperanza se diluyo.  O las autoridades no dan cuenta de esto porque no quieren o son sus técnicos asesores muy malos para detectar el problema que no informan a sus superiores, o tal vez son unos lame botas que no son capaces de contar la realidad del campo y las autoridades centrales no están enterados de la realidad del campo. La mayoría de las instituciones públicas de nuestro país están ocupadas por que no tienen interés en hacer bien las cosas sino simplemente son personas obedientes y no buscan importunar a los de arriba proyectando los problemas del campo.

Hoy superado el tema del tomate surge la del papa, ambos productos tienen serios inconvenientes a la hora de su comercialización porque los productos de contrabando constituyen una competencia desleal, los productores pagaron altas sumas para producción, muchos se endeudaron y ahora deben no encuentran la manera de pagar esas deudas porque los productos de contrabando representan una competencia desigual y peligrosa inclusive. Los productores de tomate protestaron contra el ingreso masivo de productos de contrabando y el gobierno en vez de frenar el contrabando, fue a reprimir a los manifestantes. Es asi de contradictorio la política de producción de este gobierno.

No podemos pretender demasiado con un ministro completamente inepto para el cargo una sarta de funcionarios entreguistas y pusilánimes que no cuentan la verdad de lo que ocurre y lo que puede pasar si hoy no tomamos medidas urgentes para evitar que el campo se pierda completamente y que el gobierno no pueda emendar después cuando sea tarde el problema.

Necesitamos prever, organizar y buscar la manera de transformar el campo de o contrario estos se puede convertir en una catástrofe.

 

El local fue adquirido en 2009 de forma irregular para instalar oficinas. Este año se consiguió el título, pero sigue deteriorado y reducido a precario taller. Ministerio no tiene fondos para repararlo.

De ser adquirido de manera irregular y permanecer abandonado una década, el edificio Excélsior del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que costó más de G. 14.000 millones (USD 2.000.000, aproximadamente, al cambio actual), es utilizado como taller y depósito de sillas pedagógicas.

Este año, la cartera educativa al fin adquirió los títulos de propiedad, luego de 10 años de que fuera comprado durante la administración de Luis Riart, quien fue condenado en julio pasado a tres años de prisión, precisamente por la adquisición de este inmueble.

Pupitres de madera, con los respaldos deteriorados, el metal oxidado y algunos con menos de cuatro patas se observan en el interior del local.

“Parece un depósito ahora”, murmuran los vecinos al pasar por el edificio ubicado en la esquina de Presidente Franco y 15 de Agosto.

Es que los pupitres que no son tocados aún o los que ya fueron refaccionados, pero aún no se reenvían a otras dependencias ministeriales, permanecen dentro del Excélsior.

El director general de Administración y Finanzas de la cartera educativa, Alejandro Duarte, explica que ya que cuentan con la propiedad, está siendo utilizada como una especie de taller para reparar pupitres en desuso.

“Se repararon como 500 sillas ya, que luego van a parar a instituciones educativas que necesitan de estos muebles, como escuelas indígenas”, dice el funcionario. Son precisamente funcionarios dependientes de Administración y Finanzas quienes se encargan del taller de pupitres.

SIN FONDOS. Duarte asegura que el MEC no cuenta con presupuesto para reparar el edificio y así poder utilizarlo como oficinas.

El edificio cuenta con 80 departamentos en sus 10 niveles. Antes solía utilizarse como vivienda. De hecho, gestiones anteriores del MEC criticaban que se comprara para destinarlo a oficinas cuando la instalación está construida para residencias.

“Nosotros queremos darle uso como oficinas, para centralizar algunos departamentos del Ministerio de Educación”, comenta Duarte.

Como no cuentan con presupuesto, la idea es presentar un proyecto de remodelación del Excélsior a una entidad externa, que podría ser una de las binacionales.

El ministerio gasta cada año más de USD 2 millones para alquilar edificios en todo el país, principalmente en capital y Central. Así, repartidas, funcionan dependencias generales y de nivel.

14.000 millones de guaraníes costó el edificio Excélsior al MEC, adquirido de la familia Scavone hace 10 años, sin título.

16.000 millones de guaraníes gasta el MEC cada año para alquilar una quincena de edificios, la mayoría en capital.


Ya se repararon 500 sillas en poco tiempo, pero la idea es usar el edificio para oficinas propias. Alejandro Duarte, director general de Finanzas del MEC.

 

El senador cartista aseguró que si el próximo año el titular del Congreso es un colorado, el presidente Mario Abdo debería ser destituido porque está llevando “a la deriva” al país y al partido.

El motivo principal del juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aún no se disipó, según sostuvo el senador cartista Sergio Godoy, y vuelve a salir a flote luego de publicarse los dictámenes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre el acta de Itaipú.

El proceso fue frenado por el movimiento Honor Colorado y uno de los argumentos fue que se debía esperar el resultado de la investigación.

Pero la idea más radical fue expuesta por Godoy, que en todo momento insistió en que Abdo debía ser destituido, y considera hasta ahora que es su compromiso como colorado sacarlo cuanto antes del poder. “Este Gobierno nos está llevando a la deriva, está traicionando los intereses del país y llevando al partido al precipicio. Imaginate seguir con este Gobierno cuatro años, quién le va a votar al Partido Colorado después si vamos a entregar el país a una gavilla de delincuentes, con pocas excepciones”, aseveró.

Godoy explicó que si bien la Constitución Nacional dice que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, en este caso, el juicio político no fue tratado y no llegó al Senado, que debe convertirse en tribunal. La Cámara de Diputados solo dedujo que no había méritos y que esperarían el dictamen de la CBI, como declaró Pedro Alliana. “Y así puso al costado la posibilidad de un juicio, pero yo creo que sigue latente, va a ser como un comodín cuando estás jugando a las cartas, que tenés ahí y se va a usar de darse la situación. Tampoco creo que si hubiera un dictamen muy fuerte iba a avanzar, sino que es una circunstancia que está ahí anotada, que se va a utilizar para un eventual juicio político”, sentenció.

Una de las causas más fuertes para retroceder en el juicio político fue el hecho de que si Abdo era destituido, junto con el vicepresidente Hugo Velázquez, iba a asumir un liberal como presidente, ya que Blas Llano, como titular del Congreso, se encontraba en la línea directa de sucesión.

“Fue un motivo importante para que se frenara el juicio. Y si mis correligionarios piensan así, el 1 de julio, si hay un presidente del Senado colorado, Marito se tendría que ir, porque la causal subsiste, la causal no se tocó. Con ese razonamiento, quiero ver qué van a hacer el próximo año”, advirtió Godoy.

FALSA UNIDAD. El legislador manifestó que la unidad no existe. Insistió en que Abdo cometió una traición alevosa contra el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, y eso fragmentó el partido. En segundo lugar, su responsabilidad en el acta de Itaipú y tercero, una pésima gestión, son factores que imposibilitan superar la división.

Indicó que de agosto hasta hoy, muchos legisladores cambiaron de postura por la mala gestión, por lo que el juicio podría tener números.

Finalmente, Godoy aseguró que Marito entregó al país y que no hubo cambios desde entonces, por lo que sostiene que se debe partir de la base de que en el 2023, la ANR será derrotada. “Como colorado, tengo el doble de compromiso; por el país, lo del acta, y como colorado, la gestión. Marito está entregando el partido a la oposición”, apuntó.


El 1 de julio (de 2020), si hay un presidente del Senado colorado, Marito se tendría que ir, porque la causal subsiste, no se tocó.

Cómo seguir con este Gobierno cuatro años, quién le va a votar al Partido Colorado si están fundiendo el país. Sergio Godoy, senador.

 

El Fisco envió al Congreso el proyecto para abrogar por este año la restricción legal, con el fin de no frenar las inversiones tras la caída de ingresos. Pide que techo sea de unos USD 1.200 millones.

El Ministerio de Hacienda, sorpresivamente, presentó al Congreso en la mañana de ayer el proyecto de ley para dejar sin efecto por este año el tope del déficit establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). El anuncio lo hizo el titular de la cartera, Benigno López.

El jefe del Equipo Económico explicó a los medios de prensa que el pedido tiene como fundamentos principales, por un lado, la caída de los ingresos en unos USD 300 millones producto de la desaceleración; y por el otro, la necesidad de seguir invirtiendo fondos públicos para la reactivación de la economía.

La LRF establece como tope del déficit el 1,5% del producto interno bruto (PIB), lo que representa actualmente unos USD 600 millones. Sin embargo, López resaltó que en el escenario actual, la última proyección hecha por el Gobierno indica que llegarán a fin de año con un déficit del 2,5% del PIB, es decir, USD 1.000 millones, por lo que en el proyecto se estableció como techo del déficit el 3% del PIB, equivalentes a USD 1.200 millones.

Aclaró que el aumento de la restricción legal no implicará un incremento de los gastos corrientes, sino que será exclusivamente para cumplir con las inversiones previstas. El documento enviado al Congreso habla de una inversión récord en este año de USD 998 millones.

El proyecto es planteado con carácter de urgencia, de modo a agilizar su aprobación antes del cierre del año. Al respecto, el ministro dijo que confían en que se aprobará de forma rápida, ya que los legisladores están entendiendo que el país necesita invertir para salir del estancamiento.

El modo. En un principio, el Ministerio de Hacienda había analizado la posibilidad de eludir al Congreso y solamente informar al momento de pasar el déficit. El argumento era que la LRF establecía que el tope del 1,5% se aplicaba solo al momento de la aprobación del presupuesto público.

Sin embargo, el titular del Fisco indicó que se optó finalmente por presentar un proyecto de ley y pedir el visto bueno del Congreso para evitar roces con el Legislativo y críticas ciudadanas.

Reconoció que charló de esta situación con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), tenedores de bonos y calificadoras de riesgo, quienes, según su parecer, entendieron la situación y brindaron su apoyo a la decisión del Gobierno. A su criterio, esta determinación no influirá en una baja de la calificación del Paraguay.

Al cierre de setiembre, el informe del Fisco indicaba que el déficit se ubicaba en el 1,2% del PIB; mientras que el anualizado (últimos 12 meses) ya llegaba al 2,1%.

El déficit fiscal se da cuando los gastos son mayores a los ingresos que genera el Estado. Desde la vigencia de la LRF en 2013, esta es la primera vez que el Ejecutivo pide al Congreso suspender el tope legal (ver la infografía).

Lamentó la creación de más cargos
El ministro de Hacienda también se refirió ayer al rechazo parlamentario del veto parcial del Ejecutivo que otorgará casi G. 15.000 millones a la Contraloría para la creación de más cargos.
López se lamentó por esta decisión, ya que estamos en medio de un contexto de desaceleración y contención de los gastos corrientes para aumentar la inversión.
Dijo que ante esta decisión ya no pueden hacer nada, por lo que verán de dónde sacar los recursos, aunque adelantó que lo más probable es que se le recorte a otro ente, lo mismo que para el 2020.
Con respecto al plan de gastos del año entrante, reiteró que es una buena señal que la Bicameral haya respetado la estimación de ingresos y que siguen en revisión del dictamen.

 

Los directores y subdirectores de la Dinac emitieron un comunicado en el cual rechazan "categóricamente hechos de corrupción” en la mencionada institución por parte del director Édgar Melgarejo y se ponen a disposición de cualquier investigación. Esto se debe a que días atrás el senador Tony Apuril anunció que indagará sobre supuestas irregularidades en la adquisición de simuladores y carros hidrantes.

En el comunicado que fue emitido ayer y firmado por los “miembros de la Alta Dirección de la Dinac”, conformada por directores y subdirectores, se pronuncian ante “los continuos ataques en las redes sociales y medios de comunicación”, encabezados por un autodenominado Frente Nacional Anticorrupción, que es liderado por el abogado Luis Villamayor.

Al respecto, señalan que rechazan “categóricamente” los supuestos hechos de corrupción en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y por parte del presidente Édgar Melgarejo. Además, dicen que están a disposición de cualquier investigación del órgano jurisdiccional competente.

Pero no podemos callar y aceptar la actuación inescrupulosa de un pequeño grupo cuyos fines reales desconocemos y, ante los ataques selectivos, nos reservaremos el derecho a defender nuestra dignidad ante las instancias pertinentes para tranquilidad de nuestras familias, amigos y nuestro buen nombre”, advierten en la nota.

Los directivos también afirman que, desde el inicio de este Gobierno, la Dinac está enfocada en realizar trabajos de inversión para lograr tener un “sistema nacional aeroportuario competitivo a nivel regional y global, como nunca se ha hecho antes”.

En ese sentido, dicen que las inversiones implementadas fueron “necesarias e impostergables” debido a que durante años ha existido un déficit en la modernización de nuestros aeropuertos.

El lunes pasado, el senador Tony Apuril indicó que recibió algunas denuncias sobre supuestos manejos irregulares en la adquisición de equipamientos y en lo referente a contratos y promoción de personal de la Dinac. Por ese motivo, el legislador presentó un pedido de informe a la institución estatal.

El parlamentario solicitó que la institución remita copia de los procesos licitatorios en relación con la adquisición del simulador denominado “Ícaro” y a la adquisición de carros hidrantes para la institución, además de datos referentes a contratos del personal y copia de la auditoría realizada a la Dinac en 2019.

 

El senador Silvio Ovelar pidió al presidente que ignore los cuestionamientos. “Que digan lo que quieran”, retrucó, mientras que el ministro Mario Varela le trató de demócrata y madrugador.

El entorno político del presidente Mario Abdo Benítez apela a una nueva estrategia buscando contrarrestar la cada vez más baja popularidad del mandatario y aprovechan los actos oficiales, como el que se hizo ayer en Coronel Oviedo, para llenarlo de elogios hasta el punto de hacerle culto a su persona. De esta forma intentan contrarrestar las fuertes críticas hacia la gestión gubernativa que se traduce en la famosa frase “desastre ko Marito, o desastre ko gobierno”, ante la cada vez más evidente falla de comunicación de la gestión gubernamental.

Durante la entrega de aportes sociales y créditos en Oviedo, fueron el senador Silvio Ovelar y el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, ambos de Caaguazú, quienes se encargaron de hacer el autobombo a la gestión de Abdo, cuyo desgaste tuvo su punto límite en agosto, cuando por poco se lo llevó a un juicio político.

Ovelar dijo que es difícil dar el gusto a todos. Pidió mirar los discursos que prometió Marito en campaña para chequear que ahora está cumpliendo en el ejercicio de la Presidencia.

Recordó que todos los presidentes fueron criticados en su momento y mencionó que por Nicanor Duarte Frutos se decía que le retaba a todos; por Fernando Lugo que se definía como “poncho juru” en su posición política; por Horacio Cartes que era el patrón; y por Mario Abdo que es demasiado abierto. En ese sentido, reiteró que es “difícil dar el gusto a todos”.

Ovelar aseguró que la historia recordará a Mario Abdo como el presidente que cumplió su compromiso de campaña, que respeta la institucionalidad y que entregará el mando presidencial sin haber intentado ser reelecto.

“El legado más importante y que la historia te va a reconocer son las grandes obras que se están ejecutando acá en Coronel Oviedo. Algunos dicen que es desastre o no”, remarcó el legislador de Añetete, quien en medio del elogio pecheó la construcción de una cancha de básquetbol de la comunidad donde él forma parte. “Que digan lo que quieran de nosotros. Que digan. Lo único que te pido es que no cambies, seguí siendo el Marito de la gente. Hacé esto que hacés. Vení, compartí y sacá la cara y compartí con este pueblo”, recomendó el senador en cuyo feudo se entregaron los aportes millonarios para la gente de escasos recursos.

DEMÓCRATA. Por su parte, Varela destacó el liderazgo político del presidente y señaló que es un líder que trabaja. “Tenemos un presidente de la República que trabaja. Abierto a las críticas constructivas. Sos un gran demócrata que sabés enfrentar las situaciones críticas y difíciles porque tenemos la valentía y la fuerza”, significó.

Destacó que Abdo es una persona que se levanta de madrugada y que está pendiente de las necesidades del pueblo. Remarcó que en los actos oficiales no hacen promesas, sino que inauguran obras.


"Que digan lo que quieran de nosotros (...) Lo único que te pido es que no cambies; seguí siendo el Marito de la gente". Silvio Ovelar, senador de Añetete.

"Tenemos un presidente que trabaja. Abierto a las críticas constructivas. Sos un gran demócrata". Mario Varela, Desarrollo Social.



Presidente pide reconciliación y desafía a que se le audite si cumplió promesas de campaña
El presidente Mario Abdo Benítez reiteró ayer en su discurso oficial en Oviedo la necesidad de lograr la reconciliación, el consenso y dejar de lado las divisiones estériles en la clase política.
Se sinceró y admitió que durante las épocas electorales se dice cualquier cosa para obtener adhesión popular y para ganar votos de manera temporal. “Y cuando se llega, inclusive nosotros ya en campaña sabemos que es muchas veces imposible cumplir lo que nos prometemos para obtener apoyo popular”, acotó el gobernante.
Más adelante, apuntó que todo lo que él dijo durante la campaña electoral puede ser auditado y controlado si está cumpliendo o no con la gente. “Todo lo que dije en campaña ustedes tienen grabados en su WhatsApp. Todo lo que tienen en su WhatsApp, cuando salga de presidente vamos a medirnos mutuamente si cumplí o no cumplí”, desafió. Aseguró que no construyó una campaña electoral de manera populista ni demagógica, y reiteró que todas las acciones y compromisos pueden ser auditados.
Remarcó que será un presidente pasajero y que formará parte de la historia. Sostuvo que se comprometió en respetar la democracia y el voto de la gente.
Consideró que no se puede defraudar la confianza de la gente con peleas estériles.
Criticó a sus adversarios políticos que no quieren ver las acciones de gobierno. En esa línea mencionó la colocación de bonos en el mercado que demuestra la señal y confianza. “Demuestra ese Paraguay que muchos no quieren ver o no les conviene ver por egoístas”, retrucó.

"En épocas electorales decimos cualquier cosa para obtener adhesión popular y para ganar votos (temporalmente)". Mario Abdo Benítez, presidente.

 

Una mayoría en el Senado se unió para dejar sin efecto un veto parcial del Ejecutivo y otorgar casi G. 15.000 millones a la Contraloría General de la República (CGR).

Como los diputados también actuaron en el mismo sentido, la propuesta se convierte automáticamente en ley, y se tiene que cumplir.

En el detalle del gasto se hace referencia a remuneraciones extraordinarias y adicionales, bonificaciones y gratificaciones, así como pasajes y viáticos.

En su argumentación por el veto parcial, el Ejecutivo había alegado que la ampliación para la Contraloría contempla la creación de más cargos.

Específicamente son 34 nuevos directores y directores generales que percibirán salarios de G. 12.200.000 a G. 13.000.000 mensuales.

Además, otros 44 cargos de gastos de representación con asignaciones de G. 2.016.000 y G. 2.592.000.

Se alega que también corresponden a directores y directores generales, que no se ajustan a su anexo de personal de sueldos.

“Se crean más gastos de representación que no están previstos en el anexo, con el aguinaldo correspondiente”, se alegó desde el Ejecutivo.

Se indica que las creaciones de cargos están previstas únicamente para cuatro meses, por lo que el monto que se requerirá será un poco más de G. 18.892 millones.

Se advirtió que podría sobrepasar el tope del déficit fiscal porque el Presupuesto 2020 ya contempla el máximo permitido de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

aumentos salariales. Otra acotación que se hace desde el Ejecutivo es que en los últimos años, desde el 2013 hasta el 2019, la Contraloría recibió aumentos salariales y otros incrementos que han representado una carga de G. 40.000 millones al Fisco, incrementándose en un 50% el nivel de dicho gasto.

Se hace hincapié en que la CGR tiene un acuerdo y sentencia contra la Ley de la Función Pública, por lo que el ingreso por concurso público de oposición no rige.

El Ejecutivo reclamó que el proyecto de ampliación no fue su propuesta original, por lo que no cuenta con los sustentos técnicos que avalen la posibilidad de contar con los ingresos adicionales.

Se indica que el presupuesto general contempla resultados deficitarios y que la situación no fue revertida.

“Resulta inviable asignar recursos del tesoro sin la correspondiente justificación de que los ingresos para su financiamiento serán efectivamente percibidos”, se insistió desde el Ejecutivo.

“En caso de ser aprobada esta iniciativa implicará requerimientos adicionales de recursos genuinos de la Tesorería General sobre lo aprobado en el presupuesto actual”, se argumentó, y se advirtió que podría ocasionar un desfasaje entre ingresos y gastos.

El único que objetó abiertamente fue el senador Paraguayo Cubas, quien reclamó que no se respeta la Constitución. Dijo que la Contraloría nunca encuentra nada fuera de lugar y que siempre “deja todo maquillado”, en torno a las auditorías.


Las cifras
15.000 millones aproximadamente es el monto que el Congreso aprobó para la Contraloría General.

34 cargos de directores y directores generales se crearán con salarios que van de G. 12.200.000 a G. 13.000.000.

18.892 millones de guaraníes es lo que advirtió el Ejecutivo que se precisará para cubrir con la creación de más cargos.

Miércoles, 30 Octubre 2019 09:03

Estudiantes soportan 40º de calor sin luz

Escrito por

 

Bajo árboles, en los pasillos o compartiendo el aula con otro grado. En estas condiciones desarrollan clases varios grupos de alumnos en dos escuelas de San Lorenzo y otra en Villa Elisa, por la falta de energía eléctrica en estos días con temperaturas de hasta 40ºC o más. Los docentes afirman que las tareas escolares se dificultan por el intenso calor y en un espacio incómodo se ve afectada la capacidad de atención de los chicos.

Una de las instituciones con este problema, en San Lorenzo, es la escuela básica Coronel Luis Caminos, sobre la avenida Teniente Benítez y Coronel Romero. La falta de energía eléctrica es desde el lunes. El corte se da en dos bloques del ente y afecta a cerca de siete secciones, según la directora de la institución, Fidelina Rodríguez.

“Ya vinieron a verificar electricistas, padres de familia, y no es aquí adentro. Hicimos el reclamo a la ANDE, pero hasta ahora no aparecen. La respuesta es que están cuatro cuadrillas y no dan abasto. Y eso que estamos en la lista de prioridades número dos en la zona”, relató la directora.

Los chicos tuvieron que dar clases en espacios alternativos o compartir sala en el área donde cuentan con el servicio de energía. Otros se refugiaron en la biblioteca. En esta institución son más de 1.000 alumnos.

La escuela Mariscal José Félix Estigarribia, en Reducto, es otro ente que está sin luz eléctrica. Ante esta situación las clases se desarrollaron bajo el tinglado del establecimiento escolar.

Este hecho afecta a cerca de 700 alumnos que acuden a esta institución.

“Los chicos no aguantan el calor. Salen a dar clases en el tinglado, pero no es lo mismo. La falta de luz acá es desde el lunes. Los directores dijeron que hablaron con los técnicos de la ANDE, pero hasta ahora no aparecen”, comentó una de las madres en contacto con Noticias Paraguay.

efectos. Esta misma situación se registra en la escuela María Auxiliadora, del barrio Villa Bonita, de Villa Elisa. La escuela tiene 1.024 niños. Algunos de ellos se desvanecieron y otros tuvieron sangrado de nariz a causa del calor, comentaron los padres de familia. Relatan que el corte de energía fue luego de una explosión de transformador en el barrio.

Los padres afirman estar preocupados por esta situación ya que la asistencia a la escuela, en estas condiciones, se vuelve insostenible para los niños. Pero no pueden faltar porque los trabajos prácticos y exposiciones se intensifican en este tiempo en que se aproxima la épocas de exámenes finales.

Por su parte, el director de Distribución de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Andrés Ramírez, dijo desconocer estos casos, sobre todo los de San Lorenzo. Aseguró que averiguaría con sus técnicos.

SERVICIO. Alimentadores de distribución en varios puntos de Asunción y área metropolitana quedaron fuera de servicio en estos días por el intenso calor.

La alta demanda de utilización de artefactos eléctricos en las jornadas con temperaturas extremas es una de las causas que generan el colapso de estos transformadores, según técnicos de la ANDE.

El calor sigue. El pronóstico para los próximos días anuncia que las temperaturas altas continuarán durante toda esta semana. Será a pesar de posibles precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas.


Las clases fueron bajo el árbol o compartiendo sala con otros grados en el bloque donde hay luz. Fidelina Rodríguez, directora Luis Caminos.

 

Los senadores Desirée Masi y Pedro Santa Cruz presentaron ayer el proyecto de pedido de informe a la Contraloría General de la República, que incluye a ex ministros de Corte y ex titulares de entes.

Los senadores del Partido Democrático Progresista (PDP) Desirée Masi y Pedro Santa Cruz presentaron ayer un proyecto de pedido de informe a la Contraloría General de la República, en particular copias de las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, y las conclusiones sobre la consistencia de las mismas, del ex presidente de la República, Horacio Cartes, y de todo su gabinete, además de ex ministros de la Corte.

El pedido recae sobre las declaraciones de los ex titulares de las dos entidades binacionales, James Spalding (Itaipú) y Ángel María Recalde (Yacyretá); de la Procuraduría General de la República, Roberto Moreno; del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos; y de la Seprelad, Óscar Boidanich. También de los ex titulares de Petropar, Eddie Jara; de la Industria Nacional del Cemento, Jorge Méndez; y de la Senad, Luis Alberto Rojas.

El pedido incluye a los ex ministros de la Corte, Víctor Manuel Núñez, Sindulfo Blanco, Raúl Torres Kirmser, Miguel Óscar Bajac y Alicia Pucheta de Correa.

En cuanto a los ex ministros, los citados son Santiago Peña y Lea Giménez, de Hacienda; Juan Carlos López Moreira, secretario general; Gustavo Leite, de Industria y Comercio; Eladio Loizaga, de Relaciones Exteriores; Francisco José de Vargas, Miguel Tadeo Rojas, Lorenzo Darío Lezcano y Ariel Martínez, de Interior; Jorge Gattini y Juan Carlos Baruja, de Agricultura y Ganadería; Ramón Jiménez Gaona, de Obras Públicas; Diógenes Martínez, de Defensa; Carlos Morínigo, de Salud Pública; Marta Lafuente, de Educación y Cultura; Sheila Abed y Éver Martínez, de Justicia; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Guillermo Sosa.

El proyecto propone además dar un plazo de 15 días para que la CGR remita el informe requerido a la Cámara de Senadores, de conformidad al Art. 192 de la Constitución Nacional.

 

Atendiendo el éxito de la venta de los productos en Asunción, Limpio y San Lorenzo, un nuevo cargamento de tomates está disponible este miércoles para los consumidores finales a G. 3.500 el kg.

En su tercer día consecutivo, la feria ofrece 10 toneladas de tomates provenientes del Departamento de Caaguazú y una parte de Alto Paraná.

Aníbal Roa, director de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), informó que en total suman 30 las toneladas que se lograron colocar en seis puestos.

Con esta modalidad se eliminan los intermediarios, pues el MAG absorbe los gastos de traslado y el mismo precio de venta llega a los horticultores en sus fincas.

La continuidad de la feria depende de los productores. Si bien les da un respiro, en realidad deberían cobrar G. 4.000 por kg. para compensar el costo de producción y tener una ganancia que les permita reinvertir en una nueva campaña de cultivo.

La semana pasada, los supermercados les pagaron ese precio por 30 toneladas mediante un acuerdo, mientras que en estos días otras 20 toneladas se están preparando para llegar a los centros de venta.

De la Finca al Consumidor se denomina la feria que se realiza en las plazas O´Leary e Italia de Asunción, la oficina central de la ANDE, la Municipalidad de Asunción, Abasto Norte (Limpio) y en la Dirección de Comercialización en San Lorenzo.

El sector tomatero se ve afectado por el contrabando del producto desde Brasil y Argentina. La situación llevó a que el sector realice varias movilizaciones, algunas con cierres de rutas ante la falta de respuestas por parte del Gobierno.

 
43ºC marcaba el termómetro en Mariscal López casi República Argentina en lo que fue una jornada extremadamente calurosa, según la Dirección de Meteorología.

Hoy también será una jornada muy calurosa, con chaparrones solo en el Norte y Noreste de la Región Oriental. Las temperaturas máximas estarían entre 37 y 43°C en la Región Oriental y en el Chaco. En Asunción se prevé que el calor llegue a 41ºC. Las altas temperaturas seguirán toda la semana, pero el jueves habría descenso con 35ºC, para luego repuntar a 38ºC.

 
Los legisladores de la Cámara de Diputados siguen realizando viajes que nada tienen que ver con su trabajo legislativo ni su profesión. Esta situación nuevamente se registró y esta vez el diputado viajero fue el liberal Pastor Vera Bejarano.

El legislador participó en setiembre pasado de la Cumbre de Tuberculosis de las Américas, que se realizó en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Vera Bejarano fue a la cita a pesar de no formar parte de la Comisión de Salud de la sede parlamentaria. El diputado es integrante del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre.

Para el tour, en esta oportunidad la Cámara no pagó por los pasajes, pero sí le entregó al legislador un viático de G. 1.136.160 por dos días. El evento se desarrolló el 16 y 17 de setiembre.

El diputado por San Pedro indicó que dicho viaje lo realizó invitado por el Frente Parlamentario de Tuberculosis de las Américas.

“Dicha cumbre fue una oportunidad para reunir a parlamentarios en la lucha contra la tuberculosis en nuestra región, considerando la reciente reunión de alto nivel sobre tuberculosis, realizada durante la última Asamblea General de las Naciones Unidas, en setiembre del año pasado. Un año después fue necesaria una evaluación de los esfuerzos realizados por nuestros países para el cumplimiento de los compromisos asumidos”, explicó el legislador en referencia al viaje que realizó.

Indicó que en la oportunidad se decidió la organización de audiencias parlamentarias sobre tuberculosis. Con lo cual se empezará el proceso de lograr los gobiernos responsables e “involucrar nuevos colegas parlamentarios en el desafío, construyendo una respuesta sostenible a la tuberculosis”, argumentó.

“En la ocasión, pude compartir con colegas parlamentarios de la región el logro de contar ya con el proyecto de ley para la prevención, tratamiento y protección social de la tuberculosis, que está siendo debatido en las diferentes comisiones de Diputados. Este hecho nos coloca en un lugar destacado entre los países de América Latina”, destacó.

VIAJEROS. El dirigente liberal no es el único que realiza este tipo de viajes. Varios de sus colegas recorren el mundo conociendo países y ciudades de manera gratuita.

En ese sentido, este año cuatro diputados viajaron hasta Frankfurt, Alemania, para participar de la Feria de Equipamiento y Maquinaria para el Procesamiento, Envasado y Venta de Carne.

Los legisladores que realizaron dicho tour son los liberales Carlos Silva, Sergio Rojas y Hugo Capurro, así como el colorado Rubén Balbuena.

La travesía costó G. 91.435.000, que salieron del erario público, ya que llevaron viáticos de G. 10.858.750 y la Cámara cubrió los gastos de pasajes aéreos, que están alrededor de G. 12 millones para cada uno.

Dicho viaje no representó ningún beneficio para la ciudadanía, más que para los legisladores que fueron a conocer el viejo continente y en especial a Silva, que reconoció que se dedica a la ganadería y la feria le sirvió para ampliar su conocimiento en el ramo.

Las playas también son destinos muy visitados para los congresos de los diputados.

 

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, sostuvo este martes que el grupo criminal brasileño conocido como Primer Comando Capital (PCC) está desalentado en el país a consecuencia de que la mayoría de sus jefes están presos o muertos.

Consultado acerca de supuestas intenciones del Primer Comando Capital (PCC) de establecer su base principal en Paraguay, el titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, respondió que no se descarta tal hecho.

No obstante, consideró que el grupo criminal está debilitado o desalentado porque la mayoría de sus jefes fueron capturados o perdieron la vida en enfrentamientos o en las propias cárceles.

“Si se establecen en Paraguay van a generar una guerra abierta, pero este no es el momento en que puedan intentarlo porque las circunstancias no le favorecen”, dijo el secretario de Estado en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

El reciente golpe a uno de los líderes del PCC en el país se dio a mediados de este octubre, con la captura de Levi Adriani Felicio, de 53 años, supuesto jefe narco de nacionalidad brasileña.

De acuerdo con las investigaciones, este hombre era considerado como uno de los principales abastecedores de drogas del grupo criminal brasileño. El mismo ya fue expulsado de Paraguay y está preso en Brasil.

Tras la detención de Levi, también cayó su supuesto brazo logístico identificado como Marcio Gayoso, de 27 años. Según la Senad, el joven era el encargado de coordinar la comercialización de armas y drogas en la frontera.

Por el momento, continúan las investigaciones con relación al caso de Felicio a cargo de agentes de la Senad, específicamente, se busca identificar el mercado que manejaba en el territorio nacional.

Otro presunto líder del PCC también fue detenido durante los últimos días en la ciudad de Hernandarias. Se trata de Alfredo Barreto Gullón, de 34 años, quien fue bautizado en la facción criminal con el alias de Alba.

Se presume que el hombre manejaba un grupo criminal en Alto Paraná.

 

Miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) saldrán este lunes a manifestarse en distintos puntos del país para lo que se espera que sea la segunda movilización más importante que realiza el sector este año. Esta vez para exponer otras situaciones que les afecta.

La Federación Nacional Campesina (FNC) es el gremio de labriegos que todos los años realiza su tradicional marcha en el mes de marzo para exigir sus reivindicaciones históricas como la reforma agraria, el acceso a la tierra y mejores condiciones de vida en el campo.

Como pocas veces lo hicieron, esta misma nucleación ahora prepara una segunda gran movilización en el año, que se realizará este lunes en diferentes puntos del país, según anunciaron.

Esta movilización nacional campesina tiene como objetivo exigir a las autoridades el fin de los desalojos y la represión, además de solicitar políticas de distribución de tierra y respuestas concretas que impulsen la economía de los pequeños productores.

“Lo principal es contra el desalojo y la represión”, mencionó a Última Hora Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC).

Si bien, no supo precisar la cantidad de desalojos que ya se registraron durante el actual Gobierno, mencionó que los procedimiento violentos iniciaron durante la administración del ex presidente Horacio Cartes y continúa con el de Mario Abdo Benítez.

“Repudiamos la actitud del Gobierno, porque para esta situación que viven los pobres, el Ejecutivo no tiene respuestas concretas. No hay solución, su solución al problema es la represión”, criticó.

Villalba señaló que, tras la anulación del protocolo de desalojo, los sojeros y latifundistas recurren a esta práctica con más frecuencia, “ya que tienen el acompañamiento de la Fiscalía, jueces, Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia”.

“Ese es el caso de los indígenas que son sacados de sus comunidades, que migran a Asunción para vivir en las calles, esto va seguir pasando y al parecer es lo que también le espera a los campesinos: vivir en las calles”, lamentó la dirigente campesina.

Sin políticas de distribución de tierras

Para Villalba se debe parar con los desalojos y desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se deben establecer políticas de distribución de tierra.

El caso de los asentamientos es el mejor ejemplo. El Indert no tiene políticas de distribución de tierras, no hay esperanza para aquellos que no tienen un pedazo de tierra. El que Indert nunca realizó ni una gestión para que se pueda distribuir las tierras”, ejemplificó.

Además, precisó que los asentamientos de los campesinos y de los indígenas son los más vulnerables a los desalojos. La FNC estima que uno 800 asentamientos se encuentran en esta situación.

“Si se desaloja a estas comunidades miles de familias van a empeorar su situación económica, van a quedar sin trabajo, sin comida, sin salud y educación. Lo que nosotros vemos es que esta situación económica en nuestro país no está bien. No tenemos respuestas sobre las necesidades que tenemos”, comentó.

Contrabando agrava situación de los productores

A la falta de tierra también se suma la preocupación del contrabando que afecta directamente la economía de los pequeños agricultores que ya están aquejados por la baja venta en el mercado de sus productos.

“El tomate paraguayo se pudre y se tira, mientras que el contrabando no se detiene. La mandioca no tiene un precio justo, es muy bajo porque la producción no tiene un mercado”, explicó Villalba.

Agregó que los pequeños productores se encuentran endeudados y preocupados al no ver señales por parte del Estado, que hasta la fecha no dio respuestas concretas al sector para impulsar la economía.

Reunión con el ministro del Interior

En horas de la tarde de este domingo, dirigentes del gremio se reunieron con el ministro del Interior Euclides Acevedo para dialogar sobre la organización de las movilizaciones programadas para este lunes.

Ante el temor de registrarse hechos de violencia, la Fiscalía General del Estado conformó un equipo de trabajo para el control e investigación, el cual estará integrado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Seguridad y Convivencia de las Personas, Eugenio Ocampos y Juan Carlos Ruiz Díaz. Ambos coordinados por el fiscal adjunto Jorge Sosa.

También estarán los fiscales de la Unidad Especializada de Derechos Humanos: Santiago González Bibolini y Silvia Cabrera, quienes estarán coordinados por el fiscal adjunto Ricardo Merlo, entre otros.

Igualmente, se dispuso a los fiscales adjuntos de las cabeceras regionales donde se realizarán las protestas.

Ocho puntos de concentración

La movilización campesina se realizará en distintas partes del país de manera simultánea desde las 8.00.

En Asunción se concentrarán grupos de los Departamentos de Paraguarí y Central en la plaza Juan E. O'Leary, donde se realizarán volanteadas para informar a la ciudadanía sobre el porqué de esta medida.

En el interior del país, las marchas se realizarán en Caaguazú, zona Toro Blanco, en el kilómetro 179, en San Pedro en el cruce Liberación, a la altura del kilómetro 280, al costado de la plazoleta municipal de Liberación.

Mientras que en el Departamento de Concepción, la manifestación será en el cruce Horqueta, a 200 metros de la ciudad de Concepción, en Plaza León.

En Canindeyú, las protestas se realizarán en el distrito de Yasy Kañy, mientras que en Guairá la concentración será en el distrito de Mbocayaty.

Igualmente, las protestas en Misiones se llevarán a cabo en la ciudad de Santa Rosa y en Itapúa en la ciudad de Alto Verá.

 

Hay debate sobre las demandas contra el Estado paraguayo y la debilidad institucional para tener respuestas efectivas. La ex ministra de Defensa apuntó sobre la necesidad de asumir responsabilidades.

La ex ministra de Defensa María Liz García analizó la situación del refugio a favor de los prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes se encuentran en Finlandia. Consideró que en este caso faltó hacer un seguimiento por parte de los defensores del Estado, que hubo una distracción y que ahora hay que centrar la tarea en buscar levantar ese estatus.

Analiza que en primer lugar se deben distinguir dos momentos. El primero hace referencia al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que respecta a la cuestión de fondo; y el otro serían las gestiones legales en materia de derechos humanos que Arrom y Martí estaban ya gestionando para obtener la figura del refugio.

“Es una figura legal que puede darse en distintos países. Ellos hicieron uso legal de esa figura. (Lo que) evidencia esta situación es que no se hizo el seguimiento de este petitorio que ellos ya tenían con anterioridad. Ahí es donde hubo una distracción en esa materia porque se centraron en lo que tenían que defender frente a la Corte Interamericana y quedó lo otro como algo pendiente que era un pedido de ellos, pero lo dejaron dormir”, reflexionó.

Acotó que los prófugos usaron esa figura que les permite moverse de Uruguay. Obtienen el plácet y van a Finlandia donde tendrán que permanecer y naturalizarse.

Sostuvo que el trabajo se debe centrar ahora en levantar el refugio. Apuntó que se puede dar únicamente cuando se demuestra que estas personas representan un peligro para la paz del país donde ellos pertenecen y donde tienen que rendir cuentas ante la Justicia. “El Estado debe procurar demostrar que son personas peligrosas para la paz pública. Deberán hacer las gestiones propias de una defensa”, significó.

El tema abrió un debate académico en el marco del diplomado de Derechos Humanos en la Universidad Metropolitana de Asunción.

AGROTÓXICOS. García de Arnold comentó que actualmente hay demandas en el sistema universal en materia de derechos de humanos. La mayoría de ellas tienen que ver con temas de medioambiente y agrotóxicos.

Puso énfasis en que los profesionales y funcionarios que están en el ámbito de la defensa del Estado paraguayo deben conocer el alcance de la responsabilidad que deben asumir en el momento en que se presentan denuncias o cuando deben ejercer la defensa.

Sentenció que hay una debilidad de las instituciones que forman parte del Estado. Las mismas deberían actuar con todo el rigor para brindar garantías. La falta de institucionalidad lleva a estas “realidades penosas”.

 

De esta manera, el abogado de 60 años que se postuló en la fórmula con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es el nuevo presidente del país de 44 millones de habitantes.

El peronista de centroizquierda Alberto Fernández ganó ayer en primera vuelta la elección presidencial en Argentina, frente al gobernante liberal Mauricio Macri, quien termina su mandato con la peor crisis de la historia del país en los últimos 17 años.

Con el 95,31% de las mesas escrutadas, Fernández obtuvo 47,99% de los votos, contra el 40,48% de Macri. Estos son los datos oficiales de las elecciones generales de este domingo, que tuvieron una participación que orbita el 80,81%, en la cual se presentaron 6 fórmulas presidenciales y que diseña el rumbo de un país sacudido por la crisis económica.

De esta manera, Alberto Fernández es el próximo presidente del país de 44 millones de habitantes y asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre.

Los tiempos que vienen no son fáciles (...) lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir”, dijo Fernández, visiblemente emocionado, quien anunció, ante miles de seguidores, que hoy lunes se reunirá con Macri. Fernando Lugo, acompañó durante el desarrollo de las elecciones a Fernández y adelantó que “esta elección trae esperanza en la región”.

“Saben que hasta el 10 de diciembre el presidente es el presidente Macri. Vamos a colaborar en todo lo que podamos colaborar porque lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas”, afirmó ante una multitud de seguidores en el búnker del Frente de Todos, en el barrio de Chacarita, en Buenos Aires.

En sus primeras palabras tras su triunfo en los comicios, Fernández aprovechó para pedir al actual Gobierno que encabeza Macri que cuando se sitúen en la oposición “sean conscientes de lo que han dejado y ayuden a reconstruir el país de las cenizas”.

“Ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron lo van a tener”, agregó.

Su discurso giró en torno al consenso y a la unión, y recordó que su coalición “no es el frente de nosotros, es el Frente de Todos, nacido para incluir a todos lo argentinos”.

Bajo un clima de tensión en varios países de América Latina, con masivas protestas en Chile, Bolivia y Ecuador, y una crisis en Venezuela, la elección de Argentina es clave en la configuración de fuerzas en la región.

Candidato de Macri retiene intendencia de Buenos Aires

Juntos por el Cambio, la coalición del presidente liberal Mauricio Macri, retuvo la alcaldía de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta, quien consiguió 55,51% de los votos y repite como jefe de la ciudad, según el escrutinio de 88% de las mesas electorales.

En segundo lugar, pero lejos, con 35,42% de los votos, quedó Matías Lammens, presidente del club de fútbol San Lorenzo y candidato del Frente de Todos, la alianza de Alberto Fernández.

La victoria de Rodríguez Larreta es para Juntos por el Cambio la mejor noticia de la jornada electoral, en la que el peronista de centroizquierda Alberto Fernández se impuso a Macri con más de 47% de los votos y ganó la presidencia en primera vuelta.

 

La manifestación de los campesinos marcará su inicio este lunes a las 8.00. En Asunción, los labriegos anunciaron solo volanteadas, sin cierres de rutas, mientras que en el interior se concentrarán en diferentes puntos.

Cesar Riveros, miembro de la Federación Nacional Campesina (FNC), aclaró que la principal actividad de los labriegos en Asunción será la de promover el debate con la ciudadanía a través de la información.

Para ello, según precisó, se centrarán unos 70 a 100 campesinos en la plaza O’Leary, ubicada en el microcentro capitalino, desde tempranas horas para repartir volantes e irán explicando los detalles de su histórica lucha y reivindicaciones a lo largo de los últimos 20 años.

Además, Riveros detalló que se situarán en semáforos de intersecciones estratégicas, pero no interrumpirán el normal tránsito. En esos puntos también repartirán boletines informativos.

“Solo en esa plaza nos vamos a quedar. Nosotros no vamos a cerrar calles en Asunción, pero vamos a instalarnos en los semáforos. Vamos a volantear y entregar información a los transeúntes para que puedan saber lo que pasa a nivel nacional”, refirió.

En el interior del territorio nacional, las marchas se realizarán en Caaguazú, zona Toro Blanco, en el kilómetro 179; en San Pedro en el cruce Liberación, a la altura del kilómetro 280, al costado de la plazoleta municipal de Liberación.

La iniciativa también se concentrarán en el Departamento de Concepción, en el cruce Horqueta, a 200 metros de la ciudad de Concepción, en Plaza León.

En Canindeyú serán en el distrito de Yasy Kañy, mientras que en Guairá se prevé que la concentración se sitúe en el distrito de Mbocayaty.

Igualmente, las protestas en Misiones se llevarán a cabo en la ciudad de Santa Rosa y en Itapúa, en la ciudad de Alto Verá.

Esta movilización nacional campesina tiene como objetivo exigir a las autoridades el fin de los desalojos y la represión, además de solicitar políticas de distribución de tierra y respuestas concretas que impulsen la economía de los pequeños productores.

Otra de las cuestiones que los campesinos reclaman al presidente Mario Abdo Benítez es la anulación del protocolo de desalojo, impulsado por el ex ministro del interior, Juan Ernesto Villamayor, y otras altas autoridades.

Al respecto, Teodolina Villalba, secretaria general de la FNC, precisó que ante esta nueva disposición los sojeros y latifundistas recurren a esta práctica con más frecuencia, “ya que tienen el acompañamiento de la Fiscalía, jueces, Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia”.

Para Villalba se debe parar con los desalojos y desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se deben establecer políticas de distribución de tierra.

Equipo fiscal ante marcha nacional

La Fiscalía General del Estado conformó un equipo de trabajo para el control e investigación, el cual estará integrado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Seguridad y Convivencia de las Personas, Eugenio Ocampos y Juan Carlos Ruiz Díaz. Ambos coordinados por el fiscal adjunto Jorge Sosa.

También estarán los fiscales de la Unidad Especializada de Derechos Humanos: Santiago González Bibolini y Silvia Cabrera, quienes estarán coordinados por el fiscal adjunto Ricardo Merlo, entre otros.

Igualmente, se dispuso a los fiscales adjuntos de las cabeceras regionales donde se realizarán las protestas.

 

Los cauces del Paraná y del Paraguay registran un abrupto descenso. Desde el 4 de noviembre rige la prohibición de la pesca. Solo se permite para la subsistencia de familias ribereñas pobres.

 
La veda pesquera que entrará a regir desde el 4 de noviembre hasta el 20 de diciembre próximo en aguas compartidas con la Argentina, en los ríos Paraná y Paraguay, está marcada en un contexto especial: los dos principales cauces presentan un escenario muy particular, la gran bajante.

Las condiciones actuales, según los trabajadores del río, condicionan la vida de las distintas variedades de peces que abundan tanto en el Paraná como en el Paraguay, por lo que preocupa actualmente la bajante.

El cauce del Paraguay a la altura de Pilar solo mide 1,45 metros, según datos actuales de la Dirección de Hidrología. Este cauce en la creciente llegó casi a los nueve metros. El Paraná, en la localidad de Ayolas, mide menos de un metro.

En aguas del Paraguay, en el tramo compartido con Argentina, se implementará la veda pesquera tradicional que se realizaría a partir del lunes 4 de noviembre hasta el viernes 20 de diciembre de 2019.

El Departamento de Ñeembucú tiene aguas compartidas con las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes.

Estimativamente, 1.200 pescadores profesionales están registrados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). De la nómina están excluidos los pescadores de Villa Franca, Alberdi y Villa Oliva, que fueron censados en el Departamento Central. Ayer, los pescadores de Pilar hicieron una Feria del Pescado en la Costanera de Asunción.

CHACO. El descenso del nivel del río Paraguay también afecta a la ribera chaqueña. Tras varios meses de creciente, ahora las localidades ribereñas del Departamento de Alto Paraguay están afectadas por la bajante. Las pequeñas islas y montículos de arena ahora forman parte del panorama a lo largo del recorrido por la ribera que prácticamente se torna habitual en esta época.

Además, las embarcaciones que transportan cargas realizan sus viajes con más lentitud por precaución para no quedar varadas. El nivel del río, según la Dirección de Meteorología e Hidrología, en Fuerte Olimpo es de solo 2,74 metros y en Bahía Negra, de solo 1,64 metros. En estas localidades la creciente también afectó a las comunidades.

Hasta el momento los pescadores que viven exclusivamente del rubro continúan realizando sus pescas preparándose para la veda pesquera.

En las aguas compartidas con Brasil, el inicio de la prohibición de la pesca arranca desde el 4 de noviembre del 2019 y se extiende hasta el 31 de enero del 2020, según la disposición del Ministerio del Ambiente.


Pesca se permite solo para los casos de subsistencia
La normativa de la veda pesquera rige para todo el territorio nacional, en las modalidades de pesca deportiva y comercial; en lo respecta a la utilización de artes de pesca, transporte y la comercialización de los productos pesqueros. Solo se permite en la modalidad de pesca de subsistencia, que es aquella que está destinada a las familias ribereñas para el consumo hogareño. La pesca se debe hacer desde la ribera.
Las fechas designadas se definen teniendo en cuenta los intereses de aspecto biológico, social y ambiental; en este plazo no se podrá pescar en aguas compartidas entre ambos países que comprenden los ríos Paraná, Paraguay y Pilcomayo.

 

En 2017, la UNA estaba en el lugar 79 y descendió al puesto 106 en 2018 y se mantuvo en esta posición en 2019, pero para lo proyectado en el 2020 figura en el 131; descendió 25 puestos.

La disminución de la productividad en investigaciones fue determinante para el descenso de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en el ránking de las 400 mejores universidades de Latinoamérica, según el vocero de la consultora internacional en educación superior QS Quacquarelli Symonds, Jack Moran.

Del puesto 106 que ocupaba 2019, la centenaria alta Casa de Estudios descendió al 131 para 2020, cayendo 25 puntos. La caída, señala Moran, se debe principalmente al descenso en el rendimiento en los indicadores reputacionales.

Explicó que la UNA cayó 7 lugares en el indicador de Reputación Académica de QS, que mide las opiniones de más de 90.000 académicos de todo el mundo sobre la calidad de la universidad, y 37 lugares en el indicador de reputación de empleador, que mide la calidad de los graduados de la universidad, de acuerdo a 44.000 empleadores de todo el mundo.

También la UNA ha visto su rendimiento descendente en los indicadores: Papers (trabajos académicos) por facultad, y la red de investigación internacional. El primer indicador mide la productividad de la investigación institucional y el segundo mide la amplitud y diversidad de las colaboraciones en investigaciones de una institución. “Por ende, el rendimiento en las investigación es determinante en este descenso”, afirmó.

La Consultora. El QS World University Rankings Edición Latinoamérica está diseñado para mostrar luz en lo que al desarrollo y actuación se refiere en una región caracterizada por una creciente ambición por la investigación ya que las universidades de la región buscan poder contribuir al conocimiento de sus naciones.

Tiene en cuenta si las universidades están impulsando el entorno, los networks y aquellas prácticas necesarias para producir investigaciones de primer nivel. Esto incluye profesores con doctorado, red de contactos internacional de investigación), estudios por profesor) y citaciones por estudio).

Además de la UNA, se encuentran en esta lista de 400 universidades de Latinoamérica la Universidad Católica de Asunción, Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Autónoma de Asunción y la Universidad Americana.

Se encuentra como número uno regional por tercer año la Pontificia Universidad Católica de Chile, “gracias a la opinión que tienen sobre ella los empleadores, así como a su mejora en la producción de investigaciones”, según el estudio.

Producción científica aumentó, afirman
El director general de investigación de la UNA, Javier Barúa, dijo que la producción científica de la UNA crece cada año desde 2013 con Prociencia. Explicó que QS tiene varias medidas: el ránking mundial y el regional, en el último se observa la caída, pero los artículos científicos, la producción científica impacta, de 100 puntos posibles, solamente un 10% en esta medida. Pero en el ránking mundial de 100 puntos posibles impacta un 20%. Entonces el impacto de producción es mayor. “Si bien tenemos un buen crecimiento de producción, su impacto no se ve en el regional porque mide otros aspectos”. La UNA es la única que figura en ránking mundial.

 
El diputado liberal Pastor Vera Bejarano figura en la planilla del Instituto de Previsión Social (IPS) como empleado de la Agroganadera Doña Emilia SA, establecimiento ubicado al lado de la estancia Alegría, propiedad de los Willersinn, cuya expropiación es impulsada por el congresista.

El proyecto de ley de expropiación de 1.500 hectáreas a favor del Indert de dicha propiedad, ubicada en Tacuatí, Departamento de San Pedro, cuenta con media sanción de la Cámara Baja y deberá ser estudiada en el Senado. La normativa generó un amplio debate con posturas a favor y en contra.

Registro del IPS. Lo llamativo es que ayer se hizo viral una planilla del IPS donde figuran los datos del diputado Vera Bejarano, impulsor de la expropiación de la estancia Alegría, como empleado de la Agroganadera Doña Emilia SA, propiedad de Klaus Bernhard, marido de una familiar del congresista. Ambas estancias son colindantes.

Trascendió que Bernhard también fue anteriormente administrador del Grupo Willersinn.

Según se comprobó en la página web de la previsional, la última vez que abonaron el aporte por el diputado al IPS fue en setiembre.

Durante la sesión de Diputados que trató el proyecto de ley de expropiación de la tierra, se dio a conocer que Vera Bejarano anteriormente también era funcionario de la agroganadera Willersinn.

Las dos posturas. En dicha sesión, el diputado liberal defendió el proyecto de ley de expropiación de las 1.500 ha. y habló sobre la necesidad de tierras para los campesinos y que su lucha para conseguirlas siempre fue "dolorosa y sangrienta". En la ocasión, señaló que al menos unas 150 familias campesinas serían beneficiadas si se concreta la expropiación.

Por el otro lado existen familias que trabajan en la Estancia Alegría e incluso funciona una escuela.

Los trabajadores del establecimiento y familiares realizaron días pasados una manifestación en contra de la expropiación y aguardan que el Senado revierta lo aprobado en Diputados.

 

Una nota dirigida al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue entregada ayer con casi mil firmas que piden se detenga el desalojo que impulsa la binacional contra la comunidad Sauce.

Un total de casi mil firmas a nivel local, más otras firmas a nivel internacional, fueron presentadas ayer a la Presidencia de la República con una nota, donde se pide al presidente Mario Abdo Benítez que detenga la demanda de desalojo que impulsa la Itaipú Binacional contra la comunidad Avá Guaraní Paranaense Tekoha Sauce, grupo que acampa frente a la reserva Limoy en el distrito de San Alberto, Alto Paraná, en reclamo por sus tierras ancestrales expropiadas a inicios de los años ochenta por la hidroeléctrica.

NOTA. “Nos dirigimos a usted en relación con el peligro de desalojo forzoso al que se enfrenta la comunidad indígena de Tekoha Sauce a consecuencia de una demanda presentada por la empresa hidroeléctrica estatal Itaipú Binacional contra el líder y la lideresa de la comunidad, Cristóbal Martínez y Amada Martínez”, inicia la nota dirigida a Mario Abdo.

“La comunidad de Tekoha Sauce tiene derecho a residir en su territorio ancestral y utilizarlo, y está protegida de ser expulsada o trasladada sin su consentimiento libre, previo e informado, conforme establecen el artículo 64 de la Constitución paraguaya y el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. El desalojo de la comunidad sin su consentimiento constituiría una violación del derecho tanto paraguayo como internacional”, advierte la nota.

Esta fue entregada en las oficinas del Palacio de López y posteriormente los representantes de la comunidad Sauce, de Amnistía Internacional y otros grupos sociales que conforman la Plataforma Tekoha Sauce Pytyvohara fueron recibidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Le instamos, como presidente de Paraguay, a garantizar que los miembros de la comunidad indígena Tekoha Sauce gocen de protección frente al desalojo forzoso y que se respetan sus derechos”, cierra el texto.

SITUACIÓN. La comunidad Avá Guaraní Paranaense Sauce es una de las 38 que fueron desterradas por la binacional a partir de la Ley 752/79 que expropió 1.524 kilómetros de tierras desde Hernandarias hasta Salto del Guairá.

Los informes antropológicos de Itaipú señalan que habitaban el lugar denominado Reserva 8 y que esta pertenecía al entonces IBR, hoy Indert. El grupo nunca tuvo un lugar propio desde el traslado realizado por Itaipú y ahora reclaman que la binacional se haga cargo del despojo que les causó y cumpla con lo que establecen las leyes locales e internacionales.

Postergan cambio a Ley de Seguridad Fronteriza
La Cámara de Senadores ayer decidió postergar el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Fronteriza, que establecía sanciones a los escribanos y notarios públicos que violen la citada legislación que prohíbe que extranjeros de países limítrofes ocupen la franja de 50 kilómetros adyacente a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio nacional. La bancada del Partido Democrático Progresista (PDP) aceptó la postergación.
Por otro lado, se aprobó la modificación de la Ley de Áreas Protegidas para que los guardia parques de reservas privadas, como las de Itaipú, tengan mayores potestades, como portar armas para enfrentar a los cazadores furtivos, rollotraficantes, narcotraficantes y contrabandistas.

 

La inauguración de un aula de la Escuela Básica Digna E. Benítez del distrito de Mbocayaty, Departamento de Guairá, se suspendió porque se constató una serie de anomalías en la construcción, en el baño y gran parte de la nueva instalación.

Los concejales departamentales de Guairá verificaron el pasado martes que el aula estaba inundada, debido a las goteras y pérdidas de agua que salían desde el sanitario, donde la mayoría de los accesorios fueron mal instalados, según pudieron corroborar. Otras de las anomalías es que supuestamente las paredes están con grietas y que las puertas fueron mal colocadas.

La concejala, María Magdalena Benítez, señaló que desconoce el monto de la inversión, ya que en la Gobernación de Guairá no se les provee los datos. Mencionó que pedirán una auditoría de las obras. A su vez, señaló que las construcciones de las aulas en otros distritos del Guairá estarían atravesando la misma situación.

El gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera, señaló que alrededor de G. 100 millones se gastaron en la construcción de esta aula. Comentó que ya intimó a los responsables de la construcción para que arreglen lo que hace falta para inaugurarla.

RECLAMO. Juana Bolaños, directora de la escuela, dijo que hace siete meses que el aula está en pésimas condiciones y que a pesar de haber solicitado una intervención de la Gobernación todavía no se arregló.

“Casi siempre no le encontramos a la gente de la Gobernación y gracias a la insistencia vinieron a verificar, pero nunca se hicieron las mejoras”, refirió la directora.

Sobre las condiciones del techo del aula, dijo que aparentemente gotea un poco y que el sanitario también pierde agua. El aula se construyó para el uso de los niños del prejardín, quienes actualmente están en una sala provisoria.

La directora señaló que los padres ya estaban ansiosos de que sus hijos entren a esta sala, ya que cuenta con sanitario diferenciado propio como para que no salgan del recinto.

Más de 300 niños acuden a la institución, desde el prejardín al sexto grado. Las obras iniciaron en las vacaciones en enero y todavía no se terminaron.

“Esperamos que antes de que termine el año escolar se inaugure, porque este año los niños no aprovecharon el aula, por sus pésimas condiciones”, reclamó.

 

Miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) preparan una nueva movilización y cierres de rutas intermitentes en varios departamentos del país. Descartan un plan de desestabilización al Gobierno y aseguran que la falta de respuestas de los diferentes sectores estatales genera este tipo de situaciones.

Así lo anunció este viernes Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC), quien manifestó que decidieron movilizarse el próximo lunes para hacer visibles sus reivindicaciones históricas y solo buscan una solución para las familias campesinas.

"No hay plan de desestabilización, es el propio Gobierno que crea problemas con su política de represión y desalojo", criticó tajante Villalba en contacto con Monumental 1080 AM.

La marcha que se aproxima es "contra los desalojos y la represión, por una patria nueva", anunció la referente de la FNC al tiempo de cuestionar duramente los últimos despejes de rutas y desalojos que se vienen realizando contra campesinos y sintechos.

Villalba mencionó que fueron muchas las movilizaciones que realizaron sin conseguir un retorno del Gobierno ante los reclamos.

"Permanentemente estamos haciendo llegar nuestros reclamos, pero no hay diálogo. Salir a marchar es el último recurso", subrayó. Además, señaló que un campesino sin tierra significa miseria, hambre, pobreza y desempleo.

"El Gobierno se tiene que sentar a dar soluciones", puntualizó e instó a las autoridades a crear políticas para las familias campesinas y comunidades indígenas.

En otro momento de la entrevista, Teodolina Villalba explicó: "Algunos dicen que nosotros queremos buscar problemas, eso es mentira, nosotros queremos una solución a nuestros reclamos".

Así también cuestionó lo que había manifestado el ministro del Interior, Euclides Acevedo, quien anunció que no permitiría los cierres o bloqueos de las rutas como método de protesta. "Acá el ministro dice que no se puede violar el derecho de terceros y dónde quedó el derecho de los primeros (sobre el cierre de rutas)", sentenció la representante de la FNC.

Por su parte, Marcial Gómez, secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina, anunció que este viernes realizarán una conferencia de prensa a las 8.00, frente al Panteón de los Héroes, donde darán detalles de la movilización que se aproxima.

“El Gobierno de Marito antes de encontrar una solución a los problemas sociales recurre a medidas represivas", cuestionó en contacto con la misma emisora radial.

Hace unas semanas, la Policía despejó la ruta cerrada por un grupo de sintechos en Amambay. El operativo dejó como resultado dos manifestantes heridos con balines de goma y otros cinco agentes.

Pasó lo mismo con un grupo de tomateros que cerraron la ruta en Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, como protesta contra el contrabando.

 

38 legisladores decidieron mantener el acta de la plenaria anterior, ya que no existe norma que les habilite anular decisiones tomadas. Así, queda en manos del Senado corregir si hubo o no error.

Casi tres horas de debate les llevó ayer a los diputados para decidir si anulaban o no parte del acta de la sesión de la semana pasada.

La intención era revertir la media sanción del proyecto de ley de expropiación de 1.500 hectáreas a favor del Indert de una propiedad en Tacuatí, Departamento de San Pedro, donde está asentada la estancia Alegría.

Sin embargo, primó la legalidad y decidieron que la iniciativa siga el proceso normal y que sea la Cámara de Senadores la que rechace o apruebe la expropiación.

El diputado oficialista Colym Soroka fue quien solicitó la anulación del acta, argumentando que no correspondía la expropiación.

Su correligionario, el cartista Basilio Núñez apoyó su moción y pidió disculpas a los propietarios de la finca, a los niños que asisten a la escuela que funciona en la estancia y a los trabajadores, porque, según dijo, no se analizó de manera correcta el proyecto.

Varios legisladores de la oposición hicieron referencia a que no correspondía la anulación del acta de la sesión anterior, ya que no existía un estamento legal que disponga dicha posibilidad. Esto a pesar de que estaban en contra de la expropiación y ya lo habían expresado la sesión anterior.

“El camino constitucional no es anular el acta. El voto es lo que vale, no el acta. Cuántas veces se remitió al Senado y quedó sancionado un proyecto sin que se haya puesto en consideración el acta de la sesión anterior”, remarcó Sebastián Villarejo, de Patria Querida. Pastor Vera del PLRA, uno de los proyectistas de la expropiación, además de defender su iniciativa, dijo que no correspondía la anulación. Señaló asimismo que las disculpas se le debe pedir a los campesinos que no tienen un pedazo de tierra para subsistir, en referencia a las 150 familias que serían beneficiadas con la expropiación.

En el mismo sentido se expresó la liberal Celeste Amarilla, quien también dijo que se le debe pedir disculpas a todo el país por la irresponsabilidad de los legisladores de la Cámara Baja. “Qué certeza tienen nuestros actos si se cambia el acta, qué seguridad jurídica tenemos”, se preguntó.

Por su lado, el colorado Ramón Romero Roa sostuvo que era incorrecto lo que se pretendía porque ya no tenían competencia. “Ya está a instancias del Senado”, acotó.

La encuentrista Kattya González manifestó que los que solicitaron la anulación del acta no invocaron una sola norma reglamentaria para anularla. “Se deben respetar las normas, porque se puede abrir una ventana peligrosa”, advirtió, teniendo en cuenta que con una mayoría coyuntural se podría dejar sin efecto cualquier decisión asumida en una sesión anterior.

PENSIÓN PARA ROMERITO. Walter Harms también solicitó la anulación del acta en lo que respecta al otorgamiento de la pensión graciable a Julio César Romero, y tampoco tuvo éxito.

Como una manera de probar a sus colegas, el liberal Édgar Acosta solicitó que también se anule el rechazo del proyecto de modificación de la Carta Orgánica de la Policía, que habían resuelto en la sesión anterior, ya que muchos estaban en plan de anular el acta. Dicha propuesta apresuró a que finalmente 38 diputados voten en contra de la anulación y 26 favor.


"Se deben respetar las normas porque se puede abrir una ventana peligrosa. No se mencionó una sola norma que habilite". Kattya González, diputada PEN.

"El camino constitucional no es anular, revertir el veto. El voto es lo que vale, no el acta (de la sesión anterior)". Sebastián Villarejo, diputado PPQ.

 

Un operativo de desalojo se lleva a cabo en la mañana de este jueves en la zona de Repatriación, Departamento de Caaguazú. Los campesinos ocupan un inmueble que lo consideran tierras fiscales.

Se trata de un predio de 22.000 hectáreas ubicado en el distrito de Repatriación, Departamento de Caaguazú.

Las tierras pertenecerían a productores menonitas de Campo 9 desde el año 1995, según informó el corresponsal de Última Hora Robert Figueredo.

Hace tres meses, miembros del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) ocupan esas tierras con más de 1.500 campesinos, cuyos líderes alegan que corresponde a un inmueble fiscal.

Durante la jornada de este jueves, se prevé llevar adelante un desalojo a cargo del fiscal Alfredo Mieres.

Para ello, más de 1.000 efectivos policiales, con cobertura aérea, dos carros hidrantes y el grupo de Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) están en la zona para hacer cumplir la orden judicial.

En un principio, los líderes del movimiento anunciaron que pondrán resistencia en el operativo, no obstante, piden hablar con las autoridades para negociar y evitar que se desate violencia.

 

El viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Juan Villalba, calificó de inoportuno y desacertado la decisión de los presidentes de seccionales del Partido Colorado en querer impulsar ahora la reelección presidencial.

El viceministro Juan Villalba participó de la reunión del Consejo Nacional de Presidentes de Seccionales de la Asociación Nacional Republicana (ANR), ocasión en que se anunció la iniciativa de impulsar la reelección presidencial.

“Me sorprendió el anuncio que hicieron, yo acudí al Consejo por indicaciones del Presidente –Mario Abdo Benítez– para debatir sobre otros tremas, pero no interferí en el debate sobre la reelección”, aclaró Villalba en radio Monumental 1080 AM.

El viceministro consideró que no es un momento oportuno para impulsar ese debate. Además, refirió que cree que la propuesta no correrá, ya que no hay un acuerdo integral entre todos los actores políticos y sociales.

“Particularmente, creo que no va a correr por la forma en la que se inició, es de un solo partido político y eso hace que se reste fuerza porque se necesita de una conversación previa entre todos y creemos que esto no puede darse así”, sentenció.

Consultado si conversó con el mandatario sobre el tema, el secretario de Estado señaló que aún no, pero que sí dialogó sobre el tema con el asesor presidencial Daniel Centurión, quién también coincidió en que fue desacertada la propuesta, según detalló Villalba.

“Es muy desacertado por el momento y por la falta de participación de los actores. Y esto podría perjudicar al Gobierno porque solo se da propuesta de un sector, sin consultar con otros actores que no forman parte del partido”, reiteró.

El anuncio de los seccionaleros generó un revuelo y todo tipo de reacciones en las redes sociales.

No obstante, para el titular del Consejo de Seccionales, Édgar López, este es un buen momento para presentar este tipo de pedidos habida cuenta de que recién se cumplió un año de mandato.

Para impulsar la iniciativa, los seccionaleros quieren juntar unas 30.000 firmas para llevar adelante una Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de introducir la figura de la reelección presidencial en la Constitución Nacional.

Además, buscan permitir que los ex presidentes de la República puedan pugnar por un lugar en el Congreso como legisladores activos. De acuerdo a la Carta Magna, los ex mandatarios, actualmente, son senadores vitalicios.

 
Funcionarios administrativos, empleados de campo y alumnos de la escuela de la estancia Alegría de Tacuatí se manifestaron ayer sobre la ruta PY08 en contra del proyecto de expropiación que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.   Las tierras pretendidas por unas 150 familias pertenecen a la Finca 398, donde funciona la Agroganadera Willersinn, del alemán Herber Willersinn, instalada desde 1982 en el país.

El proyecto fue presentado por varios legisladores, tanto liberales como colorados, quienes argumentan que las tierras no cumplen una función social y no están bien explotadas y que la lucha de los campesinos que exigen un pedazo del terreno data en la zona de hace 11 años.

Sin embargo, los manifestantes piden a la Cámara de Senadores rechazar el proyecto porque si se aprueba dejaría a centenares de niños sin escuela y a sus padres sin trabajo, según señalaron.

El proyecto contempla la expropiación de 1.500 hectáreas. Los depósitos, las oficinas administrativas y el casco central del establecimiento quedan dentro de las 1.500 hectáreas a ser expropiadas.

Esta empresa desde que se instaló en la zona en 1982 ya daba trabajo a miles de paraguayos, señalaron los empleados. Sus propietarios son alemanes que vinieron a invertir en el país en ganadería y agricultura y posee más de 40.000 hectáreas en todo el país.

En este establecimiento cuentan con la escuela subvencionada en donde estudian los hijos de los empleados. Además cedieron una parte para la instalación de la Subárea de Pacificación de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Luis Morínigo, administrador de la estancia, expresó que lo resuelto en Diputados sorprendió a todos, ya que toda la propiedad está explotada y con buena producción.

“La propiedad tiene 11.800 hectáreas y en las 1.500 hectáreas que solicitan para la expropiación incluyen los depósitos, oficinas administrativos, la escuela y millones de dólares en inversión física realizada en estos casi 40 años de presencia en el país. Si esto se aprueba, se dejaría a un centenar de familias sin fuentes de trabajo y a los niños sin escuela”, señaló Morínigo.

El casco central de esta estancia se encuentra sobre la ruta PY08, en la entrada de la colonia menonita Manitoba.

DEFIENDEN EXPROPIACIÓN. “Tenemos la obligación de defender los intereses de los más desfavorecidos. La lucha de los campesinos por la tierra es dolorosa y sangrienta”, aseveró el lunes el diputado Pastor Vera, uno de los proyectistas. Indicó que la situación en el campo es grave y los campesinos se sienten acorralados por la falta de un pedazo de tierra.

Señaló que en la zona de San Pedro no se realizan expropiaciones desde hace 20 años.

 

El presupuesto de G. 12.400 millones apenas dio para 97 días de servicios para 176 instituciones. Ahora, los alumnos, en plena época de exámenes, se quedan sin el necesario suplemento alimenticio.

Unos 14.000 niños del Departamento de Concepción afrontarán los últimos 30 días de clases sin almuerzo escolar. El presupuesto de la Gobernación se ha agotado y ayer feneció el contrato con la proveedora.

El presupuesto de 12.400 millones de guaraníes apenas dio para 97 días de servicios de almuerzo a 176 instituciones educativas del departamento, beneficiando a 14.055 niños.

“Y vence en contrato con la empresa por el presupuesto destinado para el almuerzo, ojalá el año que viene se amplíe esto para llegar hasta fin de año académico”, señaló, Dionisio Guerrero, secretario de Educación de la Gobernación.

El servicio lo estaba dando la empresa Blanca Nieves SA desde mayo de este año. “Lo lamentable es que justo en la época de exámenes, y en el momento en que los niños más lo necesitan, termina el almuerzo”, señaló un padre de familia, que pidió anonimato.

En el departamento hay unos 30 mil escolares de los cuales casi el 50 por ciento se beneficia con el almuerzo escolar solo durante cinco meses del año lectivo.

Merienda. Actualmente, los niños quedan con el servicio de merienda escolar, que consiste en leche y galletita. La entrega la hace la empresa Ladero Paraguayo SA de Asunción.

El gobernador actual, Édgar López, tuvo que pagar más de diez mil millones de guaraníes de deudas por el almuerzo arrastradas de la administración de Luis Urbieta, actual diputado nacional. Fue a la misma empresa Blanca Nieves que en un principio había presentado demanda a la Justicia.

Este año, la provisión del almuerzo escolar fue muy incidentada en Concepción, pues al inicio del año y buscando ajustarse a las exigencias del Ministerio de Educación, de no interrumpir la entrega, la Gobernación de Concepción reorientó la distribución del beneficio y recortó a 71 instituciones a los efectos de entregarlo durante todo el año, priorizando escuelas indígenas y asentamientos.

Fueron 5.640 niños los que no recibirían el servicio, lo cual generó reacciones de comunidades educativas. Incluso, la Escuela N° 2074 fue tomada por los padres exigiendo el almuerzo escolar y amenazando con no permitir el inicio de clases si no se otorgaba el beneficio, al igual que la familia educativa de la Escuela N° 1780 y Colegio Manfred Kandert de Pasiño, distrito de Yby Yaú.

Los padres incluso cerraron la ruta PY03, Gral. Aquino, y amenazaron con agudizar las medidas, pero finalmente el almuerzo escolar se repuso y desde mayo el beneficio alcanzó a las 176 escuelas del departamento.

14.055 niños del Departamento de Concepción afrontarán los últimos 30 días de clases sin el almuerzo escolar.


La importancia del beneficio
La alimentación escolar tiene por objetivo contribuir a mejorar la capacidad cognitiva, el rendimiento escolar y la retención en el sistema educativo, mediante una alimentación nutricionalmente adecuada y una educación alimentaria y nutricional que favorezcan el desarrollo de estilos de vida saludable, según el MEC. Se ha demostrado que con este beneficio disminuyó notablemente la deserción escolar sobre todo en zonas rurales, donde muchos niños incluso asistían a clases con el estómago vacío. Además, mejoraron su concentración.

 

El presidente Mario Abdo Benítez lanzó una advertencia sobre proyectos regionales que buscan contaminar la sociedad. Pidió a los paraguayos estar unidos para hacer frente a estas ideologías.

El mensaje presidencial fue lanzado durante una maratónica gira que tuvo por varios distritos de Alto Paraná y una parte de Caaguazú.

“Hoy hay muchos proyectos en la región que quieren contaminar ideológicamente nuestra forma de vida. Ahí nuestro país nos tiene que encontrar juntos a los paraguayos para defender lo que defendió el Mariscal López, que lleva el nombre de este distrito”, apuntó el mandatario en el distrito de Mariscal López, donde inauguró un tramo asfáltico que une con la ruta PY02.

Hay una fuerte convulsión social en la región como la crisis en Chile, Ecuador, Perú. Además de la definición electoral en Argentina y Bolivia.

conspiración. El jefe de Estado estuvo desde tempranas horas compartiendo con los pobladores y la dirigencia local de la zona Este del país. En un tramo de su discurso, manifestó que se siente mejor por el interior del país, porque allí no hay conspiración. “Yo salgo mucho al interior porque acá no hay conspiraciones. Acá hay trabajo. Hay realizaciones. Acá hay gente de bien”, apuntó.

Cabe recordar que hace 2 meses Abdo estuvo a punto de ser destituido por juicio, tras el acta secreta de Itaipú.

El presidente indicó que hay reclamos justos por deudas históricas. Sostuvo que las divisiones estériles solamente terminan perjudicando al pueblo más necesitado.

“Las peleas estériles por ambiciones desmedidas e ilegítimas de algunos que no entienden cómo vivir en democracia. Muchas veces impiden la velocidad que nuestro pueblo nos exige a quienes estamos asumiendo la responsabilidad de conducir”, significó.

Recordó a su padre Mario Abdo, ex secretario privado de Alfredo Stroessner. Dijo que cumplía funciones de delegado permanente de Caaguazú y de Alto Paraná. Acotó que tuvo la suerte de tenerlo hasta los 93 años.

ULISES. En uno de los puntos, apareció el diputado Ulises Quintana, quien el fin de semana pasado estuvo con Cartes en un acto. Ayer se mostró de nuevo cerca de Abdo.


Yo salgo mucho al interior, porque acá no hay conspiraciones. Acá hay trabajo, hay realizaciones. Acá hay gente de bien.



Hoy hay muchos proyectos en la región que quieren contaminar ideológicamente nuestra forma de vida. Mario Abdo Benítez, presidente de la República.

 

Édgar Martínez Sacoman fue condenado a cinco años de prisión por producir aceite de cannabis de manera artesanal. El mismo reclama que sus derechos no fueron respetados durante el proceso y que la Justicia le hace la vida imposible por el hecho de ayudar a enfermos.

Fueron los integrantes del Tribunal de Sentencia, Zunilda Martínez, Herminio Montiel y Evangelina Villalba, quienes condenaron a cinco años de prisión por posesión de marihuana a Édgar Martínez Sacoman.

Durante el proceso judicial, el mismo no negó la tenencia de la sustancia, pero en reiteradas ocasiones explicó que la marihuana era para uso artesanal con fines medicinales.

“A mí me hacen la vida imposible por donar aceite de cannabis para gente enferma, pero le sueltan a un policía violador en Ciudad de Este” expresó Martínez Sacoman en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

El condenado comparó su situación con el caso de un ex policía que en un principio fue condenado a 10 años de cárcel por abusar de su hijastra, pero luego fue liberado por los jueces Isidro Cacho González, Aniceto Amarilla y Mirian Meza.

“Acá no hay un criterio de igualdad, sigue esta mafia corrupta judicial en Ciudad del Este y de hecho, los mismos camaristas que retuvieron mi expediente fueron los que liberaron a un violador”, afirmó.

Martínez Sacoman también refirió que con la sentencia que le fue impuesta, la Justicia paraguaya condenó a "todas las familias enfermas abandonadas por el Estado".

“En este juicio ni siquiera fueron llamados mis testigos y de entrada me negaron todos mis derechos y eso es algo gravísimo”, reclamó.

El productor de aceite de cannabis artesanal ya había sido condenado a dos años y medio de prisión en el 2017, pero la Fiscalía pidió que se anule ese juicio y se rehaga el proceso.

Por ello, este martes, los integrantes del Tribunal, Zunilda Martínez, Herminio Montiel y Evangelina Villalba lo condenaron a cinco años de prisión por producir aceite de cannabis de manera artesanal.

Más de tres años de condena ya fueron compurgados y los magistrados determinaron que Martínez Sacoman siga con arresto domiciliario hasta que quede firme la resolución, de manera a sentar precedentes en el país.

No obstante, justo semanas después de su primara condena, en enero del 2018, el Ejecutivo aprobó la ley para el estudio del cannabis para uso científico, mientras que el pasado lunes, por decreto presidencial, se autorizó el cultivo con fines industriales de cáñamo, planta que pertenece a la familia del cannabis y también tiene usos medicinales.

Martínez Sacoman fue detenido en julio del 2016 durante un allanamiento realizado en su vivienda. El mismo tenía en su poder 20 ml de aceite de cannabis y 100 gramos de marihuana sumergida en agua y congelada en la heladera, todo para uso medicinal, según recordó.

 

Proyectistas de la normativa aprobada la semana pasada en Diputados sostienen que no corresponde revocar la media sanción y en todo caso que sea el Senado el que rechace.

El anuncio de los cartistas de que buscarán revertir la aprobación del proyecto de ley de expropiación de cerca de 1.500 hectáreas a favor del Indert, movilizó a los proyectistas de la normativa aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados. Los liberales Pastor Vera Bejarano y Andrés Rojas Feris llegaron ayer a la sede parlamentaria acompañados por un grupo de campesinos, que forman parte de las 150 familias que serían beneficiadas si se concreta la expropiación.

Las tierras pertenecen a la Finca 398, ubicada en la localidad de Tacuatí, Departamento de San Pedro, y en las mismas está asentada la estancia Alegría, que pertenece a la Agroganadera Willersinn, del alemán Herber Willersinn, instalados desde 1982.

El gremio de la producción y varios diputados se pronunciaron en contra de la expropiación, alegando que es una confiscación a unas tierras bien explotadas.

Los campesinos y los proyectistas se reunieron ayer con la mesa directiva y líderes de bancadas, en donde solicitaron que no se revoque la media sanción.

En conferencia de prensa expresaron que no se trata de una cuestión ilegal o inconstitucional lo aprobado por la plenaria y que hace 11 años vienen gestionando para obtener un pedazo de tierra.

“Esto no es un proyecto de confiscación como se pretende instalar, todo está legalmente establecido. Las comisiones están legalizadas, tiene dictamen y se han arrimado documentaciones a la Dirección de Catastro, Registro de la Propiedad y, la Cámara de Diputados, en uso de sus atribuciones, ha dado la media sanción”, puntualizó Vera.

Indicó que la propiedad de la que se busca expropiar 1.500 ha., tiene un total de 40.000 hectáreas y que actualmente tiene muy baja producción y que para esa cantidad de tierra no emplea a más de 40 personas. “Ese inmueble tiene una bajísima función social”, acotó.

Señaló que según los indicadores de Gini, Paraguay tiene la inequidad perfecta en cuanto a tenencia de la tierra a nivel mundial, ya que en manos de unos pocos está el 93,7% de las tierras cultivables en nuestro país. “29 millones de hectáreas están en manos de alrededor del 3% de la población; el 6,3%, que representa 1 millón 960 mil hectáreas, está en manos de la agricultura familiar”, remarcó.

El legislador expresó que es una cuestión de Estado y se tiene que poner en la agenda pública el problema de la tierra. Destacó que las 150 familias que serán favorecidas en ningún momento invadieron dichas tierras y más bien buscan los recaudos legales para acceder a ella.

ENGAÑADOS. Germán Caballero, uno de los campesinos presentes en la Cámara dijo que hace 11 años se les viene engañando y que ahora que tienen la posibilidad que consigan su tierra propia se quiere rever lo aprobado por Diputados. Sostuvo que es muy fácil hablar estando en Asunción, sin ir a ver la realidad que tienen en la zona de San Pedro y que no se puede decir que faltan documentos, cuando facilitaron todos los papeles de las gestiones que vienen realizando desde hace 11 años.

Dijo que los diputados proyectistas vieron la necesidad que tienen en el departamento y buscaron una solución al problema. “Pedimos que no se les marque a nuestros diputados. Nadie quiere morir de hambre, todos queremos trabajar, comer y vivir bien. Antes estas tierras servían, pero ahora máximo se benefician 30 personas y no hay servicio social para nadie. Es muy poco lo que estábamos pidiendo”, aseveró.


Antes estas tierras servían, pero ahora máximo se benefician unas 30 personas y no hay servicio social para nadie. Germán Caballero, campesino.

Este no es un proyecto de confiscación como se pretende instalar. Todo está legalmente establecido. Pastor Vera B., diputado PLRA.



Dos de los campesinos casi quedaron detenidos
Sebastián Alfonso Martínez, concejal municipal de Tacuatí (Unace), y Miguel Agüero, dos de los campesinos que conformaron la delegación que llegó ayer hasta Diputados en representación de las 150 familias que serían beneficiadas con la expropiación aprobada la semana pasada, estuvieron a un paso de ser detenidos en la sede parlamentaria.
En la entrada principal de la Cámara Baja cuentan con un sistema de control de la Policía y por medio de la cédula de identidad constataron que ambas personas contaban con medidas de prisión domiciliaria.
Agüero señaló que quedaron imputados el año pasado, cuando realizaron una invasión, pero que en mayo ya se levantó la orden de arresto.
Alfonso explicó que les tomó por sorpresa el hecho que haya saltado sus nombres en el sistema y que evidentemente se debió a una falta de comunicación del juez que estuvo a cargo del proceso.
Dijo que fue imputado porque el año pasado estuvo acompañando a organizaciones campesinas.
La policía señaló que en el Departamento de Informática no se finiquitó el proceso y por eso saltó que contaban con arresto domiciliario.
Explicó que no fueron detenidos porque el control se hizo de manera rápida una vez se saltó que estaban con medidas cautelares.

 

La propuesta del senador Godoy fue calificada de inconstitucional. El ministro Acevedo dijo que se estaría amputando al Estado y otro sector asegura que Cartes quiere controlar la seguridad interna.

La Policía Nacional no puede tomar decisiones de forma autónoma porque necesita de una institución política que la conduzca, dijo tajante el ministro del Interior, Euclides Acevedo, al referirse a la propuesta del senador cartista Sergio Godoy, de eliminar la cartera de seguridad interna.

“La Policía no puede ser autónoma y hacer lo que le canta el culo, para nada; la Policía necesita una conducción política y si le sacamos al Ministerio del Interior vamos a amputarle al Estado. El Ministerio es el responsable de la política pública del Estado en materia de seguridad, y la Policía obedece, no tiene por qué convertirse en un principado y hacer lo que quiere”, explicó Acevedo.

Rechazó que la institución policial deba tener independencia. “El Ministerio del Interior irremediablemente está ligado a la Policía y la Policía se somete al Ejecutivo a través del Ministerio del Interior”, agregó en Monumental 1080 AM.

Luego del rechazo en el Congreso al proyecto de ley, por el cual se pretendía modificar la estructura y el funcionamiento de la Policía Nacional, Sergio Godoy, senador de Honor Colorado, anunció que presentará un proyecto para eliminar el Ministerio del Interior.

“La Policía debe, en exclusiva, tener facultades operativas para la seguridad interna, por lo que analizo: eliminar el Ministerio del Interior atribuyendo sus funciones y competencias no vinculadas con la seguridad interna (ejemplo, relación con municipios) a otros ministerios y, crear un órgano dependiente de la Presidencia de la República que tenga a su cargo las políticas rectoras en seguridad interna (sin potestad operativa), dando cumplimiento al artículo 175 de la Constitución”, lanzó el legislador en redes sociales.

De este modo, explicó, se estarían separando todas las funciones de la Policía y del Ministerio. “Cada uno en lo suyo, el policía cumpliendo tareas operativas (preservar el orden, los derechos y la seguridad; prevenir delitos y demás), y; el ‘civil’, fijando las políticas de seguridad interna”, añadió.

DESCONOCIMIENTO. La senadora del PDP Desirée Masi dijo que proponer que la Policía sea autónoma está fuera del concepto de República.

“Vamos a debatir (sobre eliminar Interior), pero es desconocer el concepto republicano que caracteriza a la democracia y el estado de derecho. Fuerzas de seguridad deben estar subordinadas al poder civil en la parte operativa y conducción política, ¿o el mundo está equivocado? No creo”, manifestó Masi.

PLAN CARTISTA. Por su parte, el ex ministro del Interior Rafael Filizzola dijo que el objetivo es que Horacio Cartes controle la Policía. “Hay intención del cartismo de controlar la Policía Nacional. Cartes cuando fue presidente puso a la Policía bajo control de Tabesa”, mencionó.

Según indicó, se pretende debilitar a la Policía para proteger los intereses del empresario referentes al lavado de dinero, tabaco, entre otros, y favorecer el crimen organizado. Además, afirmó que es un proyecto inconstitucional porque la Carta Magna establece que la Policía debe estar subordinada al Ejecutivo.


La Policía debe, en exclusiva, tener facultades operativas para la seguridad interna, por lo que analizo eliminar Interior. Sergio Godoy, senador.

La Policía necesita conducción política y si le sacamos al Ministerio del Interior vamos a amputar al Estado. Euclides Acevedo, ministro.

La intención cartista es controlar la Policía. Cartes, como presidente, la puso a control de Tabesa. Rafael Filizzola, ex ministro.

 

El Ministerio de Obras Públicas Comunicaciones (MOPC) informó que esta semana continuarán los trabajos programados por obras de alcantarillados en varios barrios de Asunción. Estas son las calles que se encontrarán intervenidas.

Unos 22 cruces de la ciudad de Asunción se encontrarán cerradas esta semana por las obras de alcantarillado. Se espera que los trabajos culminen el domingo.

Los trabajos se desarrollarán empleando nueva tecnología que evita la apertura de grandes zanjas, según el Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

La rehabilitación y colocación de cañerías se verificarán en los barrios de Ciudad Nueva, Varadero, Tablada, San Roque, Seminario y Jara, así como en el Microcentro y zonas cercanas, en horario diurno de 07.00 a 17.00 y nocturno de 17:00 a 05.00.

Los cruces intervenidos son:

  • Calle Mariscal Estigarribia con Brasil, EE.UU, Tacuary y José de Antequera y Castro.
  • Calle Montevideo con Ygatimi, Jejui y Manduvirá.
  • Calle 15 de Agosto con Lugano, Gaspar Rodríguez de Francia y Jejui
  • Calle Bomberos Voluntarios con José A. Flores, Teodoro Mongelós y Herminio Giménez.
  • Calle Gral. Bernardino Caballero con Herminio Giménez, Celsa Speratti, José A. Flores, Teodoro Mongelós y Luis A. Herrera.

Asimismo, se llevarán a cabo los trabajos de rehabilitación de tuberías mediante excavación de zanjas en un total 11 calles:

  • Calle Teodoro S. Mongelós entre Prócer Rivarola / Gral. Santos (calzada completa).
  • Avenida Stella Maris, entre Arroyo Jaén / Colón (calzada completa).
  • Calle Indias con Dublín (ocupación localizada de calzada).
  • Calle Edimburgo con Indias e Inglaterra (ocupación localizada de calzada).

También se encuentra programado un trabajo denominado microtúnel de 800 metros de diámetro, en la Avda. Artigas, entre Ramón Gómez Caballero / Mariano Molas, calzada sur a norte.

 

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) pronostica un lunes fresco a cálido, pero con probabilidades de lluvias durante la mañana.

De acuerdo al boletín de Meteorología, durante la mañana de este lunes prevalecerá un ambiente fresco y se prevén precipitaciones. En horas de la tarde, el clima será más cálido y con vientos del sur.

Un aviso especial señaló que se aguarda la llegada de tormentas eléctricas, especialmente, para el noreste del Chaco, norte y este de la Región Oriental.

La temperatura máxima estimada para Asunción y área metropolitana es de 22°C, mientras que para el Norte y Chaco llegaría a los 24°C. Para el Este y Sur del país, la máxima pronosticada es de 24°C y 20°C, respectivamente.

El pronóstico extendido señaló que los próximos días estarán marcados por un clima fresco a cálido y sin lluvias hasta el viernes.

 

El ministro responde a publicaciones periodísticas sobre la baja ejecución presupuestaria del MEC, solo a través de las redes sociales. Informes se basan en últimos datos oficiales del Ejecutivo.

“Desinformar es mentir”, aseguró el ministro de Educación, Eduardo Petta, a través de las redes sociales el viernes pasado en horas de la noche. Se molestó por publicaciones sobre datos oficiales que indican una baja ejecución en infraestructura escolar y otras áreas.

Es que de acuerdo a las últimas cifras de la propia cartera educativa, en reparaciones de instituciones educativas se ejecutó un 22% de lo disponible durante este año, de G. 281.283.432.00 en diversas fuentes (Tesoro, donaciones y recursos propios).

El MEC dispone de más de G. 219.000 millones que no está utilizando. Mientras que las aulas están en riesgo de derrumbe. Cabe aclarar que lo utilizado hasta la fecha es de G. 64.171 millones.

Centros educativos cuentan con pabellones enteros clausurados ante el inminente peligro de venirse abajo, como es el caso de la escuela Silvio Pettirossi de Luque.

El titular de la cartera educativa, al igual que políticos internacionales como Jair Bolsonaro y Donald Trump, escoge las redes sociales para difundir información de interés público, pero no responde directamente a los medios de prensa escrita. No obstante, Petta –en su descargo en redes– tampoco aclara cuál es su fuente de información o si los datos publicados son los ejecutados a lo largo de 2019.

Días atrás, difundieron desde la cartera un informe que habla de inversión en infraestructura escolar, que está en su página web, pero no se especifican los proyectos ni se aclara a qué período de ejecución corresponden. Tampoco se da cuenta de los porcentajes de avances de las obras o en qué zonas se culminaron estos trabajos.

Baja ejecución. El año escolar culmina y la ejecución presupuestaria de la cartera estatal alcanza recién el 54% en general, contando todas las fuentes de financiamiento.

Programas de ampliación de la educación en atención temprana llevan ejecutados solo el 10% del total disponible en el presupuesto vigente 2019, siempre según cifras oficiales. En educación inclusiva se invirtió hasta la fecha el 50% de los G. 16.471.301.678 disponibles este año.

Algo similar pasa con lo que se tiene para educación indígena, con G. 2.532.045.339 ejecutados de G. 5.161.861.267 presupuestados para el año vigente. Para el 2020, el MEC tiene previsto disminuir inversiones en libros de texto para la Educación Media, según lo presentado en el Congreso Nacional, donde piden solo G. 32 millones. Este año hay G. 25.962 millones para el ítem.


El ministro responde a publicaciones periodísticas sobre la baja ejecución presupuestaria del MEC, solo a través de las redes sociales. Informes se basan en últimos datos oficiales del Ejecutivo.

Autoridades no responden llamados para explicar números del MEC
Asesores del MEC como el director general de Finanzas, quien también funge de coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), Alejandro Duarte, a cargo de todos los recursos disponibles para la educación, también evaden consultas de la prensa. ÚH logró hablar con Duarte en estos días, pero solo se limitó a decir que los datos publicados no están actualizados, que “después” responderá. Hasta ayer, este medio seguía intentando comunicarse igualmente con el ministro Eduardo Petta para aclarar el panorama, pero sigue sin responder su número de celular con terminación 030.

 

Comisión legislativa termina hoy las sesiones informativas y desde mañana se inician deliberaciones sobre el Presupuesto 2020. Las solicitudes de ampliación llegan ya casi a los USD 650 millones.

En medio del complicado escenario económico que se proyecta para el año próximo, lo que repercute directamente en los ingresos con los que podrá contar el Estado, la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso comienza desde mañana a elaborar su dictamen sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2020.

De acuerdo con el calendario publicado por la dependencia del Legislativo, las sesiones informativas culminan hoy con la visita de las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

El documento indica que, tras el término de estas sesiones, la deliberación de los miembros de la Bicameral se inicia mañana, desde las 10.00. En esta etapa, los legisladores analizan, discuten y resuelven los temas presupuestarios específicos de los diferentes organismos públicos, para luego emitir un dictamen antes del 1 de noviembre.

El proyecto del PGN 2020 pasa luego a la Cámara de Diputados, cuyos miembros tienen 15 días para estudiar el documento en sesión y remitirlo al Senado. La Cámara Alta, a su turno, también tiene otros 15 días para analizar el plan de gastos y aprobarlo.

En caso de realizarse modificaciones en el Senado, la propuesta vuelve a Diputados, que en esta ocasión tiene solamente diez días para aceptarlas o ratificarse en su media sanción inicial.

AUMENTOS. Según los datos recogidos de la Bicameral, los pedidos de ampliación presupuestaria para el 2020 ya llegan a los G. 4,13 billones (USD 647,3 millones).

Unas 13 entidades han solicitado aumentos, principalmente para sueldos. Los principales reclamos salariales los hicieron la Corte Suprema de Justicia, por USD 60 millones; el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por USD 51,8 millones; la Fiscalía, por USD 49,7 millones, y la Universidad Nacional de Asunción (UNA), por USD 38,5 millones (ver la infografía).

El ministro de Hacienda, Benigno López, ya había sentado postura en contra de los pedidos de ampliación presupuestaria para el 2020, más aún cuando el 90% de estos obedecen a reclamos de reajustes de salarios.

El titular del Equipo Económico Nacional fue categórico al señalar que los ingresos proyectados, basados en la situación económica, no alcanzan para financiar los aumentos y pidió responsabilidad al Congreso para no tomar medidas drásticas, en relación con la posibilidad de un nuevo veto presidencial.

Por su parte, el viceministro de Administración Financiera de la cartera, Óscar Llamosas, remarcó que todavía hay incertidumbre con respecto al año que viene. Refirió que si se aprueban estas solicitudes, la rigidez del PGN en relación con los ingresos podría trepar incluso al 100%, con lo que los sueldos y otros beneficios ligados a los gastos corrientes se devorarían totalmente la recaudación tributaria. “Vamos a dedicarnos a pagar salarios nomás ya”, manifestó.

Consultado al respecto, el titular de la Comisión Bicameral, Silvio Ovelar, señaló días atrás que tratará de hacer primar la prudencia durante el estudio del plan de gastos, ya que están conscientes de que no hay recursos adicionales. El senador insistió en que si se conceden los pedidos que reclaman las entidades se va a perforar el PGN.

El Ejecutivo proyecta invertir hasta 97% menos de recursos para el año que viene para la dotación de materiales de lectura. Mientras, lo poco de presupuesto se ejecuta lentamente en este curso lectivo.

Recortes. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) planea invertir G. 22.568 millones menos para programas de educación inicial para el año que viene. G. 223 millones menos para educación escolar indígena y solo G. 32 millones en la transferencia y dotación de libros de textos y guías docentes, según el presupuesto presentado por la cartera para el próximo año.

Estas inversiones implican un retroceso de hasta el 99% teniendo en cuenta el presupuesto disponible que tiene en este 2019 para programas que abarcan estos tres ítems.

Según datos oficiales de la cartera, el presupuesto vigente en la educación de los niños más pequeños (inicial) alcanza una cifra de G. 46.301.308.729, de los cuales se ejecutaron unos G. 18.031.830.367 (39%). Para el próximo año, solo se piensa invertir G. 23.733.554.561.

Es decir, la diferencia entre el presupuesto disponible este año y lo que se plantea para el 2020 es de 48,7% menos.

Libros. Los materiales de texto que son siempre objeto de reclamo de parte de estudiantes secundarios tendrán casi nulos recursos para el 2020, siempre con respecto a lo que se invierte este año.

De los G. 25.962.708.737 disponibles para este año, se prevé invertir apenas G. 32.000.000 para 2020, una reducción del 99% en la transferencia y dotación de textos a estudiantes y guías docentes.

“Si no leo, me aburro”, reclamaron hace un mes los de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy). Fue en una protesta frente al local central del MEC, donde realizaron un flash mob en contra de la política educativa actual en la cartera.

Exigían justamente mayor inversión en libros de texto para todos los bachilleratos y sus especialidades para el periodo lectivo que se aproxima.

EDUCACIÓN INDÍGENA. Otro sector donde se planea invertir menos es en la educación escolar indígena, donde el presupuesto sufre igualmente una inversión menor al 2019. El presupuesto actualmente destinado a comunidades indígenas supera G. 5.161 millones, de los cuales se usó el 49%, de acuerdo con datos oficiales. Para el 2020, lo previsto por la estatal es de G. 4.937 millones (4,3% menos) en el sector. Las autoridades no responden a los llamados de ÚH para explicar estas medidas.

23.700 millones de guaraníes proyecta invertir el MEC en Inicial para el 2020. Este año tiene G. 46.300 millones.

25.962 millones de guaraníes se previó este año para libros de textos de la Media. Para el año que viene, G. 32 millones.

4.937 millones de guaraníes se prevé para educación indígena del año entrante. Este año el fondo es G. 5.161 millones.

Pagan alquileres con el dinero de donaciones
El uso de G. 7.000 millones para el pago de alquileres en el 2020, con recursos donados por la Unión Europea (UE), establece en su proyecto presupuestario el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Siempre según datos oficiales de la cartera, este año ya utilizó más de G. 2.812 millones de los fondos de la entidad en el concepto de alquileres, que representan el 63% hasta la fecha.
Entre tanto, gasta anualmente alrededor de USD 2 millones en la renta de edificios principalmente en Asunción, pese a que cuenta con locales propios abandonados.
Uno de estos edificios abandonados es el Excélsior, ubicado en Presidente Franco y 15 de Agosto.
El MEC, pese a contar con locales propios y a proyectarse uno más en la zona del puerto capitalino en la Costanera, gasta anualmente G. 15.300 millones (USD 2,3 millones), en unos 30 centros que no son propios del ministerio.
El ministro de Educación, Eduardo Petta, aseguró días atrás a medios de comunicación que busca mejorar sitios de propiedad del MEC para no pagar más alquileres.

En conmemoración del 18 de octubre, Efraín Alegre pronunció fuertes críticas hacia Mario Abdo Benítez. En el evento se notó cuán fragmentado está el PLRA, pues solo un legislador de su línea asistió.

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Efraín Alegre conmemoró ayer los 128 años de la gesta revolucionaria del 18 de octubre de 1891. Con un encendido discurso hacia el gobierno, puso énfasis en la presunta “entrega” por parte de los gobiernos colorados de Horacio Cartes y el actual del presidente Mario Abdo Benítez, de las hidroeléctricas Yacyretá e Itaipú, respectivamente. Lo notorio del acto fue que varios legisladores de la propia línea oficialista se ausentaron, presuntamente ante la última división que ocasionó el resultado del voto para la derogación en el Senado del Acuerdo Cartes-Macri sobre Yacyretá.

En medio de la ya conocida división partidaria, el titular del PLRA empezó su discurso aludiendo al actual gobierno, y llamó la atención que entre los presentes solo estuvo el senador Carlos Gómez Zelada. “Los ciudadanos paraguayos estamos hartos de Mario Abdo Benítez”, sostuvo Efraín Alegre.

Apuntó a que deben constituirse en alternativa para las próximas elecciones y “para eso estamos trabajando”.

Señaló que fuera del plano electoral el gran tema y bandera debe ser defender la soberanía de las binacionales, “ante la voracidad de este gobierno, que así como vendió Yacyretá también quiere hacerlo con Itaipú”.

“Este Gobierno está resuelto y decidido a entregar nuestro derecho en Itaipú y Yacyretá, demostrado con hechos concretos y no estamos suponiendo. Allí tenemos el pacto secreto que es una traición a la patria. Abdo es un traidor a la patria. Y en el acuerdo de Cartes y Macri, hoy hay que incluirlo también a Mario Abdo”, sostuvo.

Lamentó que la economía vaya de mal en peor y que la corrupción en el gobierno, en cambio, enriquezca a unos pocos. “Unos poco que se enriquecen y un pueblo paraguayo que sufre”, dijo Alegre.

Agregó que el contrabando está matando a la gente que trabaja de verdad, pero para la que trabaja y sale a protestar le espera violencia y fuerte represión policial, en relación a los tomateros que fueron reprimidos por cerrar rutas.

JUSTICIA. Alegre trajo a la colasión el brutal asesinato de Rodrigo Quintana, y lamentó ante don Fidelino Quintana, quien se hizo presente en el acto, que este gobierno lo haya traicionado e incluso se haya aliado con los presuntos responsables del crimen.

“Don Fidelino también fue traicionado, porque había una promesa de este gobierno de esclarecer y hacer justicia con el asesinato y no ha pasado nada. Impunidad con los asesinos y complicidad y acuerdo con los responsables del asesinato de Rodrigo Quintana”, apuntó.

Participó en representación de la Juventud liberal, por la línea llanista del PLRA, el concejal departamental de Central, Derlis Larroza.

 

En total desinformación y sin documentos se aprobó el proyecto impulsado por los propios legisladores de la zona. La bancada de Honor Colorado pidió disculpas y adelantó que será anulado.

Sin registro de ocupaciones, sin documentaciones ni información suficiente fue aprobado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de expropiación de una estancia de 1.500 hectáreas a favor del Indert, con una antigüedad de 37 años en Paraguay, ubicada en la Finca 398, en la localidad de Tacuatí, Departamento de San Pedro.

Tras denotarse la gran irresponsabilidad, la bancada del movimiento Honor Colorado y algunos liberales, anunciaron ayer que pedirán en la sesión del próximo miércoles la anulación del proyecto.

Los diputados Pastor Vera Bejarano (PLRA), Pastor Soria (ANR), Freddy D’Ecclesiis (ANR), Andrés Rojas (PLRA), Vicente Rodríguez (ANR), María López (PLRA), Manuel Trinidad (PLRA) y Derlis Maidana (ANR), fueron los proyectistas.

Incluso, Vera Bejarano, había sido empleado de la estancia y conocía a los propietarios, sin embargo, fue el principal impulsor de la expropiación alegando que existían 150 campesinos con necesidad de tierras en la zona y que los dueños ni siquiera estaban en el país. Sin respaldo documental, colorados y liberales aprobaron la expropiación.

La estancia Alegría pertenece a la Agroganadera Willersinn, del alemán Herber Willersinn, instalados desde 1982.

“Pedir disculpas a la familia Willersinn por acompañar la expropiación no siendo los proyectistas y me comprometo como líder de la bancada de Honor Colorado a pedir la anulación y dejar sin efecto en la sesión del miércoles próximo”, adelantó el diputado Basilio Bachi Núñez.

Por su parte, el cartista Walter Harms reconoció que fue una equivocación por falta de información y que es imposible interiorizarse de cada proyecto, ya que para eso están las comisiones.

Los diputados de Patria Queria, Rocío Vallejo y Sebastián García, pidieron la postergación del proyecto para su mejor análisis debido a la falta de documentos y fondos. Acusaron que se trata de un negocio con fines electorales.

Por su parte, la diputada liberal Celeste Amarilla, la más férrea opositora del proyecto, dijo que no había ocupación en esa estancia y que los dueños sí viven en el lugar, con 70 empleados. Comentó que en el sitio hay una escuela con alrededor de 100 alumnos seis profesoras, de las cuales solo una es pagada por el Ministerio de Educación y el resto asume la estancia.

“Ni sabían lo que votaban. Se desnuda la gran debilidad de la Cámara de Diputados, votan cualquier cosa, no entienden lo que leen, una representación precaria y mediocre tenemos, a la voz de verde o rojo votan, porque Nano Galaverna dice ‘¡verde!’, todos votan verde”, manifestó la legisladora.


Se pierde credibilidad, dice dueño
El propietario de la estancia Alegría, Herber Willersinn, lamentó la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de expropiación de sus tierras.
“Parecería que estamos en la Cuba de Castro o en la Venezuela de Hugo Chávez y Maduro”, comparó.
Calificó al proyecto como inicuo, descabellado y absurdo, y aseguró que las empresas que operan en el lugar son muy productivas y ejemplos de desarrollo.
“Es un despojo de una propiedad productiva que da trabajo a muchísimos paraguayos, que genera recursos, que paga sus impuestos, que respeta las leyes ambientales”, indicó mediante un video.
Willersinn apuntó a los diputados proyectistas y lamentó que sea una iniciativa de los mismos sanpedranos. “Esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un país que quiere gozar de credibilidad del mundo. No se respetaron los mínimos derechos constitucionales y esperamos que sea rechazado una vez que pase al Senado”, aseveró.



Pedir disculpas a la familia Willersinn por acompañar la expropiación no siendo los proyectistas. Basilio Núñez, diputado.


Ni sabían lo que votaban. Se desnuda la gran debilidad de Diputados, no entienden lo que leen. Celeste Amarilla, diputada.

Fuente: Diario Última Hora

Viernes, 11 Octubre 2019 09:51

Top de diputados con más ausencias

Escrito por

 

En el último periodo parlamentario nuestros diputados faltaron, en promedio, a casi cuatro sesiones cada uno. Claro, hubo quienes se ausentaron más y quienes menos. Pero a todos, sin importar el motivo, se les pagó la dieta a pesar de que no estuvieron para votar en representación de la población. En el Top 9 de este vergonzoso ranking encontramos colorados, liberales y hasta los partidos minoritarios tienen un representante.

Puesto N° 1

Encabeza la lista el diputado Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez (ANR, cartista), cuyas inasistencias casi se comprenden: siguió tratamiento contra el cáncer en Brasil. Tuvo 13 ausencias en el anterior periodo y el pleno le había concedido permiso para todas ellas, pero -y aquí entra el “casi comprensible”- fue un permiso con goce de dieta, de acuerdo a la resolución N° 403 de la presidencia de Diputados. Siguió cobrando y la Cámara no llamó a un reemplazante que lo interine, por lo que el departamento de Ñeembucú estuvo sin un representante en 13 sesiones, el 23,21% de las veces que se votó. En otras palabras, no estuvo en 1 de cada 4 sesiones.

El periodo parlamentario analizado para este ranking abarca desde julio de 2018 hasta mayo de 2019, en que se sesionó 56 veces: 25 de forma ordinaria y 31 de forma extraordinaria. Los diputados pueden faltar por reposo médico, misiones parlamentarias fuera del país, o bien en el interior, y sin justificación pero avisando que van a ausentarse (o que ya se ausentaron). En el caso de una ausencia con aviso, puede tratarse de un asunto familiar (como el luto) o cualquier otra excusa catalogable como “fuerza mayor”, ya que los congresistas no están obligados a dar explicaciones.

En cualquiera de los casos antes mencionados, los diputados cobran su correspondiente dieta (más gastos de representación y cupos de combustible), pero también puede darse el caso de que la plenaria dé permiso a uno de sus integrantes para ausentarse, con el detalle de que puede ser con goce o sin goce de sueldo. Y de la siguiente forma ejemplificamos por qué Alliana es indiscutiblemente el líder de nuestro ranking, aunque pueda llegar a sonar desconsiderado por la situación de su salud:

Freddy Tadeo D’Ecclesiis Giménez (ANR, Añetete) tuvo 8 inasistencias, pero para esta lista solo le computamos 4, lo que lo ubica en el puesto del rango entre 26 y 31 del ranking. Es que él también argumentó un tratamiento oncológico en el extranjero y, si bien faltó 4 veces más, lo hizo con permiso. Pero, a diferencia de Alliana, fue sin goce de sueldo. Al no pagarle, la Cámara pudo convocar a un reemplazante que siguió representando al electorado del departamento de San Pedro en las votaciones.

Puesto N° 2

En el segundo lugar está Pastor Emilio Soria Merlo (ANR, Añetete), del departamento de San Pedro. Faltó 11 veces, 19,64% de las sesiones; es decir, no estuvo en 1 de cada 5 sesiones, según los datos proporcionados por la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP) de la Cámara de Diputados.

La información la obtuvimos a través de las respuestas que la Cámara Baja hace a las solicitudes de información pública que pide cualquier ciudadano y que también se suben a la web del Portal Unificado de Información Pública del Gobierno.

Según las planillas dadas a conocer por la OAIP, de las ausencias de Soria Merlo 10 fueron por misiones parlamentarias y 1 sin justificación. También se dio a conocer la nota de aviso de esta última ausencia, en la que encontramos que el diputado argumentó que “estaba de viaje”.

En la sección de Transparencia de la página de Internet de Diputados se detalla que los viajes al extranjero que hizo Pastor Soria fueron a Guayaquil, Ecuador, a un congreso de ingeniería sanitaria ambiental (octubre 2018); a la isla Curacao para el Parlatino (marzo 2019); a Rimini, Italia, a una feria internacional de tecnología y servicios relacionados al agro (mayo 2019); a los Países Bajos a una conferencia y panel sobre suministros sostenibles (mayo 2019). El portal informa solo de viajes al exterior y no figuran varias misiones parlamentarias de noviembre pasado por las que también faltó, según argumenta el diputado, por lo que se podrían tratar de recorridos en el propio país.

N° 3

Los diputados liberales Ariel Villagra Sosa (efrainista), Eri Rumilio Valdez Vega (efrainista) y Pastor Alberto Vera Bejarano ocupan los puestos N° 3, 4 y 5 de diputados que faltaron a más votaciones, todos con 9 inasistencias (16,07%). En proporción, ninguno de los tres estuvo en 1 de cada 6 sesiones parlamentarias, siempre según los datos de la OAIP de la Cámara.

Y, como en el fútbol, que en caso de igualdad se define con goles a favor y después por goles en contra, nosotros desempatamos a estos tres diputados con ausencias por aviso, luego por misión parlamentaria y, por último, por reposo médico.

En el caso de Villagra Sosa, de San Pedro, las 9 veces que faltó fueron injustificadas. Al leer las notas de aviso de ausencia podemos encontrar que no acudió a votar diciendo que “me encuentro realizando actividades particulares”, “me encontraba realizando actividades políticas en el departamento que represento”, “me encontraba realizando gestiones parlamentarias en el departamento que represento”, “me encontraba en reunion con el Presidente del Indert” (sic), como también “por motivo de salud de mi Madre”.

N° 4

Eri Rumilio Valdéz Vega, representante de Cordillera, faltó 3 veces por reposo médico y 6 veces de forma injustificada. En estas últimas, el diputado argumentó “motivos particulares de fuerza mayor”, “motivos estrictamente particulares” y “motivos familiares”, se lee en las notas dadas a conocer por la OAIP.

En lo que respecta a los reposos, la Oficina de Acceso a la Información Pública respondió que la Dirección de Asesoría Jurídica de Diputados rechazó las solicitudes de acceso de información referente a los justificativos médicos, porque dictaminó que se consideran datos de carácter privado de las personas y no son información pública.

N° 5

En tanto que Pastor Alberto Vera Bejarano, también de San Pedro, se ausentó 4 veces por misión parlamentaria y 1 vez por reposo, según los datos publicados en el Portal Unificado del Gobierno. Avisó 3 veces que no acudiría y entre las causas estaba el clásico “motivos de fuerza mayor”. Además, en una oportunidad no acudió a una sesión porque consideraba inválida la convocatoria.

El diputado viajó a Madrid, España, para una cumbre parlamentaria contra el hambre (octubre 2010). Pero, al igual que en el caso de Pastor Soria, en el departamento de Transparencia no figuran misiones parlamentarias al exterior en julio y octubre de 2018, por lo que no se descarta que habría argumentado viajes al interior del país que le “impidieron” acudir a sesionar.

N°6

Empezamos con colorados, seguimos con liberales y ahora le toca el turno a la minoría. En el sexto puesto está Carlos Antonio Rejala Helman del Partido Hagamos, y representante de los electores del Departamento Central. Se ausentó 8 veces (14.29%); no estuvo en 1 de cada 7 sesiones.

Y solo 1 vez se justificó con reposo médico, siempre de acuerdo a la información proveída por la OAIP de la Cámara de Diputados. La base de datos detalla también que las otras 7 faltas no están justificadas y no tiene por misiones parlamentarias.

En las notas de aviso del diputado se menciona “motivos particulares de fuerza mayor”, o porque la sesión “coincide con una reunión programada con anterioridad”, o porque “se encontrará fuera del país”. En una oportunidad indicó que acudió a una sesión ordinaria y no hubo quorum, pero no se enteró de que se llamó a una extraordinaria para minutos después, por lo que terminó faltando, según se lee en las notas que enviaron desde su oficina a la presidencia de Diputados.

N° 7

En los puestos N° 7, 8 y 9 están Carlos Alberto Núñez Salinas (ANR, Añeteté-excartista), Juan Carlos Ozorio (ANR, Añetete-excartista) y Fernando Oreggioni O’Higgins (PLRA, efrainista), todos con 7 faltas cada uno (12,5%). Estuvieron ausentes en 1 de cada 8 sesiones.

Carlos Núñez faltó 2 veces por misión parlamentaria y 5 más con avisos como “por motivo de fuerzas mayores”, “motivos particulares”, “he asumido otros compromisos”, “motivos familiares” y “he tomado ese compromiso con anterioridad”. No figura que hizo viajes al extranjero en la sección de Transparencia.

N° 8

En octavo lugar está Juan Carlos Ozorio, representante de Asunción. Tiene 5 ausencias injustificadas, 1 por reposo médico y 1 por misión parlamentaria, aunque tampoco tiene viajes al extranjero. Entre las 5 que avisó se destacan argumentos como “compromisos ya asumidos con anterioridad”, “viaje al exterior” y un “acto fue organizado con bastante anterioridad”.

N° 9

Fernando Oreggioni O’Higgins, del departamento de Itapúa, tiene 6 faltas por misiones parlamentarias y 1 por reposo médico. Viajó a Buenos Aires, Argentina, para una expo de ciencia energética (agosto 2018) y a un seminario de minerales metalíferos (noviembre 2018), como también a la feria Bauma en Múnich, Alemania (abril de 2019).

N° 10

En el rango entre el N° 10 y el N° 14 hay cinco diputados empatados que se ausentaron 6 veces solamente avisando que no irían. Es decir, sin certificado médico y sin argumentar misiones parlamentarias. Faltaron el 10,71% de las veces, 1 de cada 10 sesiones.

Son: Tomás Fidelino Rivas Benítez (ANR), representante de Paraguarí; Luis Adolfo Urbieta Cáceres (ANR), de Concepción; Roberto Eudez González Segovia (ANR), de Cordillera; María Cristina Villalba de Abente (ANR), de Canindeyú, y Teófilo Espínola Peralta (PLRA, efrainista).

Del puesto N° 15 al N° 42

En el decimoquinto lugar está Eusebio Alvarenga Martínez (PLRA), también con 6 ausencias: 5 solo avisando y 1 reposo. En tanto que en el rango entre el N° 16 y el N° 18 están los diputados Édgar Acosta Alcaraz (PLRA), Juan Carlos Luis “Nano” Galaverna Ortega (ANR) y Celso Maldonado Duarte (PLRA), los tres con 4 ausencias injustificadas y 2 reposos médicos.

Del N° 43 al N° 80

Los únicos que no faltaron ni una sola vez a las sesiones fueron: el presidente de la Cámara del periodo en cuestión, Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz (ANR, Añetete); Arnaldo Samaniego González (ANR, Añetete-excartista) y Basilio Gustavo Núñez Giménez (ANR, cartista), quienes se ubican en el rango entre los puestos N° 78 y 80 de nuestro ranking.

Fuente: Diario abc color

Arrom y amigos ya contaban en agosto con refugio en Finlandia. Magistrada les liberó el camino fundando su fallo en informes sobre falta de independencia del Poder Judicial hasta el tema Itaipú

La jueza uruguaya Blanca Rieiro quien otorgó el estatus de refugiados a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán el pasado 27 de setiembre, no tuvo en cuenta el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que recientemente resolvió que los buscados por la Justicia paraguaya “no son perseguidos políticos ni víctimas de abusos o violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado paraguayo”.

Desde la campaña ciudadana “ni un dólar a los secuestradores”, hasta informes de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Contra la Tortura sobre la corrupción judicial, la práctica constante de la tortura y el maltrato por parte de policías y penitenciarios tomó en cuenta la jueza uruguaya para concluir que es fundado el temor de persecución política.

El estatus de refugiados les permitió a Arrom, Martí y Colmán dar el siguiente paso: Viajar el miércoles a Finlandia, país que ya en agosto había aceptado acogerlos, basado en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur).

En el fallo de la jueza se resalta que el 22 de agosto en reunión ordinaria de la Comisión de Refugiados (CORE), la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), presentó las consideraciones del caso, informando que sin perjuicio de la decisión de cesación del estatuto de refugiado tomada por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “persisten elementos que dan cuenta de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de refugio en Uruguay”.

Los defensores de Arrom, Martí y Colmán resaltaron el informe de Acnur que señala que “nada ha cambiado” en el país de origen de los solicitantes del refugio.

La situación de los tres paraguayos se encuentra en el centro de la discusión política y económica entre las más altas autoridades a nivel presidencial, dice el escrito. Así, numerosos medios de comunicación y declaraciones oficiales de autoridades dan cuenta de que la “devolución inmediata a Paraguay de los ciudadanos forma parte entre otros motivos de los acuerdos y compromisos asumidos por esas autoridades, vinculados al asunto de renegociación bilateral por la empresa hidroeléctrica Itaipú”.

En el considerando, la jueza resalta que durante años sucesivos gobiernos del Paraguay han vinculado al Partido Patria Libre (PPL) con los secuestros extorsivos a empresarios realizados por el Ejército del Pueblo Paraguayo. Toma en cuenta además el capítulo IV del Informe Anual 2018 de la CIDH, dedicado al desarrollo de los derechos humanos en la región, en el que el organismo toma nota sobre la información de que tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia estarían sufriendo procesos de escrutinios motivados por sus decisión de absolución y liberación de 11 campesinos en el caso de la Masacre de Curuguaty, como ejemplo de la injerencia de los otros poderes y la falta de independencia de la Justicia en Paraguay.


Los argumentos
Fundados temores de los ciudadanos solicitantes del refugio de ser perseguidos políticos y de no obtener justicia en Paraguay por el supuesto secuestro de la señora (por Edith Bordón).
En 3 ocasiones Paraguay solicitó a Brasil retirar el estatus de refugiados a Arrom y compañeros. La Conare rechazó tales pedidos por considerar que las pruebas aportadas no eran confiables.
Como muestra de la persecución y prejuzgamiento, la defensa arrimó el anuncio publicitario que establecía recompensa por información útil que lleva a la captura de Arrom y compañía, y la campaña “Ni un dólar para los secuestradores”.
También informes de que la revocatoria de refugio en Brasil era parte de un paquete de negociaciones con respecto a la Itaipú entre Paraguay y Brasil.
Y las observaciones de la CIDH y del Comité contra la Tortura sobre la corrupción judicial y policial, y las torturas en los centros penitenciarios, sin que se sancione a la gente,

Viernes, 11 Octubre 2019 09:29

Pacientes del Incán claman por fármacos con amparos

Escrito por

María Luisa Vera tiene cáncer de mama con metástasis. Ella accede a un tratamiento en el Instituto Nacional del Cáncer (Incán), sin embargo, actualmente está a la deriva, debido a que el servicio público no cuenta con tres monoclonales nuevos en el listado básico de medicamentos, es decir, el vademécum.

Por este faltante, la paciente no dispone de la ampolla que tiene un costo unitario de casi G. 24 millones. Lo requiere con urgencia para tratar la enfermedad oncológica. Demanda una ampolla cada 30 días para los próximos seis meses. Otra paciente necesita 18, de las cuales solo consiguió dos a través de la Dibén.

Las entidades de beneficencia ya no disponen de recursos en este mes del año. “No hay pollada que te pueda dar ese costo. Apenas es para una ampolla”, dice Juana Moreno, de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), por ello estimativamente 20 pacientes con cáncer de mama con metástasis anuncian que promoverán recursos de amparos para poder acceder a los fármacos por parte de salud pública.

NUEVOS. En las nuevas terapias para tratar el cáncer de mama con metástasis, según la recomendación de los médicos del Incán, se recetan los monoclonales TDM 1 (trastuzumab y emtansine), Pertuzumab y el Fulvestrant. Estos tres monoclonales urgen a casi 20 pacientes del Instituto Nacional del Cáncer. El cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres en el país, según datos de Salud Pública.

El listado básico de medicamentos oncológicos es de solo 10 ítems. Desde Apacfa ya realizaron trámites para que se integren a la lista más monoclonales, pero no avanzan los pedidos. Una mujer de 32 años falleció recientemente y dejó a tres huérfanas: la paciente requería los nuevos monoclonales para el tratamiento médico.

“Nosotros habíamos enviado una nota al ministro (de Salud, Julio Mazzoleni) hace dos meses solicitando la inclusión de estos medicamentos”, señaló Moreno. La respuesta fue que la inclusión tiene su proceso y su tiempo, y que deben solicitar los profesionales.

“El tiempo apremia y estamos desesperados. Más que una denuncia es una súplica”, explicó. La organización ya informó sobre el proceso judicial que promoverán a las autoridades del Incán. El doctor Nelson Mitsui, director del Instituto, no respondió a los llamados de ÚH.


24 millones de guaraníes es el costo promedio de una sola ampolla de monoclonal que se usa para la quimio.

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) destruyeron un total de 18 hectáreas de plantaciones de marihuana en el Departamento de Amambay. También destruyeron droga procesada y al menos 22 campamentos narcos.

El operativo se desarrolló en una extensa zona boscosa del establecimiento Jaguarundí ubicado en Capitán Bado, Departamento de Amambay, luego de una minuciosa labor de inteligencia que ayudó a detectar la zona de cultivo y procesamiento de marihuana.

Una comitiva de agentes especiales de la Senad y del Ministerio Público manejaban datos de que en la zona existía una base narco, conformada por 22 campamentos interconectados y totalmente equipados para el procesamiento de marihuana.

Los intervinientes destruyeron al menos 18 hectáreas de plantaciones, que dejarían una cosecha final de 54 toneladas de la droga. También se procedió a la quema de 5 toneladas de marihuana picada, 100 kilos de semillas y 20 kilos de marihuana prensada.

Además, detectaron 81 paquetes de marihuana seleccionada y envasada al vacío. Según la investigación, lo que se producía en esa zona tenía como destino el mercado del Brasil.

A todo esto, se le suma la incautación de ocho motocicletas, que eran utilizadas para el transporte de los productos terminados hasta los centros de acopio. Encabezó este procedimiento el fiscal Marco Amarilla.

El director de Comunicación de la Senad, Francisco Ayala, explicó a NoticiasPy que al menos 100 personas trabajaban en el lugar; sin embargo, nadie estaba en el sitio en el momento del procedimiento.

 

Hace pocos días, el ex presidente Horacio Cartes decidió dar su respaldo al empresario de discoteca y bebidas José Mauricio Chechito López como candidato de su movimiento para las elecciones del Comité Central de la Juventud Colorada y dejó de lado a los candidatos José Basualdo y José Rodríguez, quienes venían haciendo campaña y conformando equipo en todo el país, con la intención de que el ex presidente eligiera a uno de ellos.

Trascendió que Chechito es amigo de Cartes, pero, además, la familia del joven guarda mucha amistad y negocios con el diputado Erico Galeano, quien, a su vez, es socio comercial del ex presidente.

Por otro lado, Chechito cuenta también con un fuerte respaldo del diputado Hugo Ramírez, quien lo apoya, a pesar de que Basualdo es su sobrino.

El joven es dueño de la discoteca que fundó su padre ya fallecido, Checho’s, y es el mayor vendedor de cerveza en Latinoamérica, por lo que su elección se da principalmente por el lado de los negocios y porque podrá solventar una campaña muy costosa, señalaron fuentes.

El lunes de noche, en la casa de Ramírez, se realizó la cena donde participaron los diputados y dirigentes de Honor Colorado, y se oficializó la candidatura de Chechito.

José Rodríguez precisó que la elección de Chechito se dio para lograr la unidad entre los equipos dirigidos por él y por Basualdo.

Agregó que Basualdo había propuesto que el dueño de la discoteca sea el candidato a presidente de manera a evitar posibles divisiones dentro del movimiento.

“Igualmente, yo voy a ayudar sin drama. Acá lo que importa es ganar y devolver la esperanza a la juventud del Partido Colorado”, señaló.

“Sabemos que con dos listas no íbamos a ganar, por lo que era importante elegir un candidato de consenso”, agregó.

Tras 17 años, se realizarán de vuelta las elecciones juveniles en el Partido Colorado el 15 de diciembre.

Colorado Añetete cuenta con dos candidatos hasta ahora. Se trata de los jóvenes Marcelo Centurión y José Molinas.

Luego de que unos ciudadanos pintaran una franja peatonal en 3D en ciudades como Capiatá e Independencia, organismos oficiales abogaron por regularizar y normalizar ese tipo de señalización. 

Esta semana trascendió las imágenes de unas franjas peatonales pintadas en 3D por unos ciudadanos en las ciudades de Capiatá e Independencia, ubicadas en los departamentos de Central y Guairá, respectivamente.

La acción de estas personas se debió al cansancio de los accidentes y también para concienciar a los conductores de vehículos sobre el respeto a las señales de tránsito.

Sin embargo, por más loable que sea la iniciativa, actualmente, la pintata de una franja peatonal en 3D no está reglamentada, por lo que en los papeles está prohibido intervenir en los bienes públicos.

Este tipo de franja obliga al conductor a reducir la velocidad, debido al efecto visual que produce al parecer elevada.

La Ley Nacional de Tránsito Vial, en su artículo 43, prohíbe “colocar o mantener en la vía pública y franja de dominio, signos, demarcaciones o elementos que imiten o asemejen a las señales de tránsito; como también alterar, destruir, deteriorar o remover dichas señales o colocar en ella anuncios de cualquier índole”.

Al respecto, el director de la Patrulla Caminera, Luis Christ Jacobs, explicó a Última Hora que ese tipo de señalización ni siquiera está contemplado en los estándares internacionales.

Las consideraciones se presentan en la Organización de las Naciones Unidas y los países se adhieren o no. “Pero las señales deben ser iguales en todo el mundo”, agregó.

Jóvenes de Capiatá pintaron una franja peatonal 3D para reducir la velocidad de conductores.

Por su parte, la titular de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), María del Carmen Benítez, destacó la innovación de los jóvenes, ya que considera que en otros países tuvo resultados positivos.

Señaló que el uso de esa franja peatonal en 3D se puede replicar a nivel local, pero “sin descuidar las normas, ni especificaciones técnicas reguladas por la ley y los organismos”.

Incluso, abogó por abrir un debate responsable para poder adoptar estas nuevas experiencias.

¿Está prohibido pintar una señalización por iniciativa propia?

Otro representante de la Opaci, Robby Maciel, señaló que en materia de derecho público lo que no está expresamente permitido, está prohibido. Entonces, lo realizado por los ciudadanos en Capiatá e Independencia es indebido, ya que la franja peatonal en 3D no está contemplada en las reglamentaciones municipales.

Maciel estimó que las personas actuaron “en su libre albedrío” y contrario a lo que sucede en el ámbito público o en el derecho privado, donde lo que no está expresamente prohibido, está permitido.

Inclusive reconoció que ese tipo de acción busca atacar problemas que hay en el tránsito como los accidentes y la falta de respeto a las señales.

El titular de la Caminera también explicó que hacer ese tipo de intervención en las rutas nacionales está prohibido. Aunque si la Dirección de Vialidad, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dispone, la institución acatará su utilización.

Para que se instale esa señalización se debe realizar un trámite ante ese estamento del MOPC.

Los jóvenes de Independencia buscaron la técnica para pintar la franja en 3D.

Mientras que por el lado de las municipalidades, su aprobación depende de las juntas municipales como también de las intendencias, debido a que los municipios son autónomos y autárquicos.

Para que la franja 3D sea “normalizada” falta solo la voluntad de las autoridades de incluir en la ley nacional, o a través de ordenanzas municipales.

Maciel indicó que se debe regularizar, ya que deben establecerse los parámetros y reglamentaciones para la aplicación de ese estilo de señalización. Caso contrario podría pasar el efecto opuesto a lo que se desea combatir.

"Podría suceder que la franja luce más alta, entonces, un conductor frena de golpe y si un vehículo viene detrás capaz le choque", ejemplificó.

Finalmente, se puede decir que los ciudadanos mostraron lo que puede ser una solución real a una problemática que se da en muchas intersecciones de calles: el irrespeto a la franja peatonal.

 

La petición quedó grabada en una de las conversaciones telefónicas que mantuvo el ex diputado Carlos Soler con el denunciante Albino Méndez. La Fiscalía sigue indagando si hay más implicados.

El ex diputado de Patria Querida y ex gerente de Crédito de Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Carlos Soler solicitó al denunciante Albino Méndez la suma de 50.000 dólares para titular dos inmuebles a nombre de sus hijos Diego y Natalia Méndez Acevedo. Esto quedó grabado en base a la conversación telefónica que mantuvieron ambos pero ya con autorización judicial que fue solicitada por el fiscal anticorrupción Leonardi Guerrero.

Así también el ex parlamentario de Patria Querida requirió a Méndez 25.000 dólares para la anulación de la adjudicación del inmueble ubicado en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia del Departamento de Boquerón, según refiere el acta de imputación presentando ante la jueza penal de Garantías Rosarito Montanía.

“Ese es el 25 (mil dólares) por la primera etapa, por la anulación, yo no soy una persona bola”, dice Soler al denunciante a través de una comunicación telefónica. En tanto, en otra parte señala: “Yo mismo me voy a encargar de que corra todo esto”, siempre con un tono de confianza.

EL CASO. La víctima explicó que solicitó en el año 2010 al ente estatal la compra de un terreno fiscal ubicado en la localidad mencionada.

Recalcó que cumplió con todos los requisitos en base a lo que estipula el estatuto agrario en los artículos 6 y 7 que se trata de un plan de inversión consistente en la entrega del 25% del valor de la propiedad, más las mejoras introducidas en la misma.

Por tal motivo el Indert adjudicó en venta a Natalia Méndez el inmueble que tiene una superficie de 3.971 hectáreas y se encuentra inscripto en la Dirección General de Registros Públicos.

Sin embargo el 7 de junio de este año el denunciante recibió un mensaje de texto del número telefónico perteneciente a un funcionario de la institución en cuestión indicándole que debía llamar de manera urgente a Soler, en vista que hizo caso omiso a tal petición, el propio ex legislador fue quien lo llamó y le dijo: “ Van a revocar una adjudicación de tus hijos, vení acá vamos a resolverte”.

Desde ese momento se generaron varias conversaciones telefónicas y entrevistas personales entre Méndez y Soler y fue en una de ellas que éste último pidió la suma ya referida.

Pero Méndez le señaló a Soler que no podrá abonar el importe para la titulación, por ser bastante onerosa; pero que si estaba en condiciones de económicas de costear el monto con respecto a la anulación de la adjudicación.

Posteriormente ante la insistencia de la contraprestación, Soler se reunió con el hombre que denunció el hecho ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción dejando en esa ocasión como garantía dos cheques uno de G. 60.000.000 y otro por de G. 100.000.000.

Luego el 24 de setiembre Soler muestra a Méndez la resolución estudiada e intimó que endose los cheques por él para garantizar la contraprestación económica indebida.

Cabe destacar que el ex diputado de Patria Querida ya había sido desvinculado de la institución, según demostró el ahora ex titular Horacio Torres, cuando el representante del Ministerio Público allanó la carteta estatal.

IMPUTACIÓN. El fiscal Leonardi Guerrero presentó imputación el 3 de octubre en contra de Soler y el ex director en la Región Occidental Enrique Gómez de la Fuente por cohecho pasivo agravado. No obstante añadió que podrían saltar más implicados en la supuesta rosca corrupta de coimas.

Además solicitó las medidas alternativas a la prisión y otras reglas de conductas a ser cumplidas.

Por otra parte, la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez conformó un equipo de trabajo para investigar la causa. Aparte de Guerrero fue designado el fiscal Osmar Legal. Éste ya había allanado el estudio jurídico de Andrés Gubetich Mojoli en el marco de la investigación, pero en ese momento se encontraba como coadyuvante; ahora con la decisión de la Máxima Autoridad del Ministerio Público estará también a cargo de las pesquisas correspondientes.

Por otra parte los apetecidos inmuebles fiscales son repartidos con frecuencia entre autoridades corruptas y usados para recaudar dinero con coimas. Uno de los casos más conocidos fue el de San Agustín que fue destapado por investigaciones periodísticas de este diario.

De 255 comunas existentes en el país, 216 rindieron cuentas a la Contraloría. Empero, siguen anomalías como sobrefacturaciones, pago por obras no ejecutadas y mal uso de los recursos.

Al cierre del plazo de presentación, el 16 de setiembre de 2019, de las 255 municipalidades existentes en el país solo 216 presentaron sus respectivas rendiciones de cuentas sobre el uso de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) a la Contraloría General de la República (CGR).

Esto significa que 39 municipios no justificaron sus gastos en el plazo establecido (15,2%), según el último reporte del organismo contralor (ver la lista de comunas que incumplieron en la infografía).

“Debe destacarse que el incumplimiento de la presentación de informes sobre el uso de los cuantiosos recursos del Fonacide, recibidos por los intendentes y gobernadores, es la unidad de medida con la que la ciudadanía toda –y en especial los electores– debe medir no solo la trasparencia con que esos servidores públicos manejan los recursos puestos a su disposición, sino también el interés que ellos ponen en el mejoramiento de la educación de los niños y jóvenes de sus respectivas comunidades”, resaltó el informe de la CGR.

Recordemos que en los últimos seis años, el Ministerio de Hacienda transfirió a los gobiernos departamentales y municipales un total de G. 2,9 billones (USD 465 millones al cambio actual) de los recursos, pese al manejo deficiente de estos fondos y que se siguen despilfarrando sin ningún control.

Además, el ente contralor resalta que la incorrecta aplicación de los recursos se traduce en las mismas observaciones ya dadas en informes anteriores y que se refieren, entre otras causas, a sobrefacturaciones, pago por obras no ejecutadas y transferencia de recursos a entidades privadas que no están establecidas en las disposiciones legales y que eluden toda posibilidad de ser efectivamente controladas por la CGR.

Asimismo, destacó irregularidades en la contratación o ejecución de obras y en la provisión del almuerzo escolar, pago de salario de funcionarios con recursos del Fonacide, baja o nula ejecución presupuestaria de los recursos y la utilización de los mismos para gastos no previstos en la ley y que no se encuentran relacionados con la finalidad específica del fondo.

Desde el 2011 a junio del 2019 el Ministerio de Hacienda recibió un total de USD 2.484 millones del Fonacide, que fueron depositados en la cuenta abierta en el BCP.

Fondos para la excelencia están ociosos
En los últimos seis años, el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) recibió USD 637,7 millones de los recursos del Fonacide, de los cuales USD 128 millones siguen sin usarse, es decir, no benefician a nadie, según el informe de la CGR. Indicó que estos recursos “se encontraban inactivos y sin generar beneficios para nadie, depositados en la cuenta del Tesoro”. El FEEI es una instancia pública con participación de la sociedad civil creada para destinar recursos a programas con el objetivo de elevar la calidad de la educación, la excelencia educativa y la promoción de la investigación y el desarrollo.

Wilberto Sánchez, jefe del Departamento de Interpol de Paraguay, confirmó este miércoles que el código rojo contra los prófugos paraguayos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán sigue bloqueado. Con esto, los tres no tendrían impedimentos para llegar a Finlandia.

La alerta roja internacional contra Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán sigue desactivada, luego de que los tres prófugos hayan presentado un pedido para su bloqueo.

Fue la sede central de Interpol en Lyon, Francia, la que decidió de forma unilateral levantar el código rojo.

Wilberto Sánchez, jefe del Departamento de Interpol de Paraguay, explicó que se realizaron los trámites correspondientes para mantener activa esa alerta, pero no hubo respuestas.

"El código rojo sigue bloqueado momentáneamente. Ellos presentaron un pedido y desde entonces no contamos con la notificación roja vigente", confirmó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

En consecuencia, Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán no tienen impedimentos para llegar a Finlandia.

Según los datos, el avión que debían abordar los ex miembros del Partido Patria Libre ya salió del aeropuerto de Madrid, España.

Para desactivar el código rojo de los tres, Interpol se basó en el artículo 2 de la Ley de Interpol, que busca garantizar los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

"Estamos atados de pies y manos. Lo más probable es que estas personas tomen el vuelo a Finlandia", reconoció Sánchez.

Hasta la primera semana de julio del 2019 seguía vigente la alerta roja, pero luego la Central de Lyon bloqueó el acceso a los datos de las tres personas. Esto, bajo el argumento de que le están siendo vulnerados sus derechos fundamentales.

“Realmente para nosotros, que estamos luchando contra la delincuencia a nivel internacional, nos deja muy mal parados. Esto no es culpa nuestra ni de la Justicia paraguaya, es una burocracia de la Interpol”, subrayó.

¿En qué consiste la alerta roja de Interpol?

El código rojo es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar.

Dicha alerta contiene información para identificar a la persona que está siendo buscada. Además, datos relacionados al delito que cometieron.

Es un aviso internacional para la policía sobre las personas buscadas, según informan desde el portal de la Interpol.

Los tres paraguayos están procesados en nuestro país por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, registrado el 16 de noviembre del año 2001. La misma fue liberada tras el pago de un rescate el 19 de enero del 2002.

Vivieron refugiados 17 años en el Brasil, pero la medida cesó el pasado mes de julio.

Después, huyeron a la República del Uruguay, donde lograron obtener el refugio. Sin embargo, los mismos, aparentemente, ya venían negociando con autoridades o empresarios finlandeses, para ir con el estatus de refugiados políticos a dicho país.

El programa Itaipú Preserva, financiado con un préstamo de USD 11,5 millones del Banco Continental, es mostrado por la binacional como exitoso, pero vista satelital muestra otra cosa.

El proceso de reforestación que lleva adelante la represa binacional, a través de su programa Itaipú Preserva, en las áreas que sufrieron deforestación por parte de agroganaderos, narcotraficantes y contrabandistas, así como otro tipo de invasores, fue informado al Congreso como un emprendimiento exitoso, pero el mapeo realizado por ÚH identificó varias áreas que siguen degradadas.

PRÉSTAMO. En el 2014, la administración del entonces director James Spalding gestionó la aprobación de un préstamo de USD 11,5 millones para el programa de reforestación Itaipú Preserva, cuyo banco prestamista fue Continental, donde el diputado colorado cartista Walter Harms es accionista.

El proyecto contempló trabajos en 2.060 hectáreas de restauración y 409 hectáreas de manejo de áreas reforestadas en la margen derecha (Paraguay), en un plazo de ejecución de 36 meses (3 años), pero esto se extendió.

El préstamo fue gestionado a un plazo de 72 meses (6 años), con un periodo de gracia hasta el 30 de noviembre de 2016, pero con intereses mensuales a una tasa del 6%, que comenzaron a correr desde el 30 de enero de 2015.

Triple A, H & H Consultores SRL, New Land SRL, y Agra Forest SA realizaron el trabajo que debió culminar este año, pero lo que se observa en los mapas satelitales es que siguen habiendo áreas degradadas.

INFORME. Según el informe presentado por Itaipú al Senado, señala que el programa se inició en el 2015 y que en la primera evaluación se realizaron varias evaluaciones, y la tercera fue en junio de este año y señalan que “si bien existen parcelas con baja cobertura forestal, éstas representan solo el 8% del proyecto”.

Este análisis no coincide con lo observado a través del mapeo satelital y los datos proveídos por el programa, ya que se observan parcelas que no han avanzado en el proceso de reforestación.

En Senado se recibió una notificación de reposición del ex ministro de la Corte. Llano estuvo a las corridas pidiendo aclaratoria. Se habló hasta de juicio político, y al final la culpa recayó en un ujier.

Un tumulto se generó ayer en el Senado, tras darse a conocer una notificación de la Corte Suprema de Justicia sobre la reposición de Bonifacio Ríos Ávalos en el Poder Judicial.

El mismo había sido destituido vía juicio político en 2003, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Decidió accionar y su caso llegó hasta la Corte-IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), y se sigue aguardando la sentencia.

La reunión de la mesa directiva y líderes de bancada de la Cámara Alta se levantó abruptamente, y el propio titular del Congreso, Blas Llano, estuvo a las corridas.

Escoltado por el abdista Enrique Bacchetta, el liberal inició una maratón desde Diputados, donde conversó con Pedro Alliana. Luego, fue hasta el Palacio de López junto a Mario Abdo Benítez, y finalmente llegó hasta el Poder Judicial exigiendo una aclaratoria. En conferencia de prensa, Llano habló de la confusión y la ambigüedad de la notificación y advirtió de un caos.

En ese ínterin, se escucharon varios cuestionamientos por parte de los parlamentarios de distintos partidos.

El diputado de Patria Querida Sebastián Villarejo incluso habló de la posibilidad de juicio político al ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, cuya firma aparecía en la supuesta resolución que beneficiaba a Ríos Ávalos.

El senador de su mismo partido Stephan Rasmussen calificó el hecho como una intromisión de un poder del Estado en otro. Hugo Richer, del Frente Guasu, habló de una dictadura judicial, y que con el mismo criterio de la Corte se podría “llegar al absurdo de sentenciar la reposición de Fernando Lugo como presidente de la República”.

Desirée Masi consideró la notificación como un desafío al Senado, y le llamó la atención el “supuesto error”.

Finalmente, llegó el desenlace y la culpa recayó en un ujier identificado como Gustavo Saucedo, a quien se le instruyó un sumario.

Descargo. Llano hizo referencia a los antecedentes del caso, recordando que en diciembre de 2009, un grupo de camaristas había ordenado la reposición de Ríos Ávalos.

Acotó que específicamente el 2 de enero de 2010, el Congreso rechazó la citada resolución, y luego el pleno de la Corte dispuso que la sentencia carecía de validez.

“Nos llamó la atención la notificación donde Manuel Ramírez firma y nos hacen llegar la aclaratoria, que confunde. Nos lleva a la presunción de que quieren revivir el caso”, cuestionó Llano.

Mencionó la preocupación también por parte de los diputados en torno a la independencia de los poderes.

Bacchetta señaló que se está elaborando la defensa ante la CIDH en el caso de Ríos Ávalos, y que una cuestión así podría ser perjudicial, y hasta podría generar una crisis.

“Se podría generar una crisis de poderes porque se invaden atribuciones del Congreso”, manifestó el abdista.

Refirió que Abdo también coincidió con la inquietud de los senadores en el tema. Otro temor que surgió es que con esta sentencia se deje sin efecto el llamado del Consejo de la Magistratura cuando haya alguna vacancia, para que pueda ingresar Ríos Ávalos.

 

El director de Contrataciones afirmó que se suspendió la licitación donde fue beneficiada una empresa vinculada a ex jefe de Gabinete. No se firmaron contratos y no se hicieron pagos.

Tomará unos 10 días más a la Dirección de Contrataciones Públicas investigar si el ex jefe de Gabinete presidencial, Julio Ullón, está vinculado a una de las empresas adjudicadas en la licitación para contratación de mano de obra para la ANDE. Mientras tanto, la misma está suspendida.

La investigación inició hace una semana luego de que el titular de la ANDE, Luis Villordo haya notificado a la DNCP sobre la posible participación de Ullón en la empresa Intec Ingeniería, ya que en uno de los sistemas sigue figurando como accionista y en el otro sistema, figura que ya vendió sus acciones. Intec se presentó a la licitación como parte del consorcio TIMM, junto a Tecnoedil y Grupo Montelmec.

El titular de la DNCP, Pablo Seitz indicó que se investiga el resultado de la licitación que además, cuenta con cuatro protestas de parte de otras empresas que se presentaron. Estas son Telmec SA, Consorcio Ingelmec, Consorcio Altoparanaense y Empresa Paraguaya de Electrificación y la firma Fidel Espinoza Pérez, que básicamente protestaron por la posible vinculación del funcionario público con Intec.

“Estamos verificando si puede ser miembro accionista o miembro director de una de las empresas del consorcio que fueron adjudicadas en varios lotes de la licitación. Mientras tanto, la licitación está suspendida”, explicó Seitz.

Señaló que la Ley de la DNCP impide la participación en ciertas condiciones de empresas que sean propiedad de funcionarios públicos en las licitaciones. Agregó que si se llega a la conclusión de que el ex jefe de Gabinete está vinculado con la empresa, se anula la adjudicación en los ítems específicos que corresponden al consorcio cuestionado.

Ullón aseguró que vendió las acciones de Intec en mayo del año pasado y que no tiene testaferros en la empresa. Enseñó un documento donde figuran como accionistas actualmente José Luis Cáceres Fariña, Alba Marina Alvarenga y Alcides Cáceres.

En la resolución de la adjudicación el Consorcio TIMM ganó la ejecución de obras en Asunción, agencias regionales, San Pedro, Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, totalizando la suma de G. 87.239.023.961 como monto mínimo y G. 145.398.661.006 como monto máximo, bajo la modalidad de contrato abierto.

El candidato de izquierda, que lidera los sondeos en su país para la primera vuelta presidencial, destaca los logros en 15 años de gobierno frenteamplista y el crecimiento de Uruguay pese a la crisis regional.

Daniel Martínez, el candidato presidencial uruguayo por la coalición de centro-izquierda Frente Amplio (FA), reivindicó los logros del Gobierno. Su fugaz estadía en el país no fue impedimento para que el ex intendente de Montevideo hable con ÚH sobre la percepción que tiene sobre el Paraguay, la crisis que azota a la región y los cuestionamientos hacia los gobiernos de izquierda.

–A pocas semanas de las elecciones en su país, ¿cómo está viendo todo el clima previo?

–Uruguay es un país con larguísima tradición democrática, un país muy institucional. Hace unos días tuvimos un debate con el principal candidato de la oposición y si bien hubo cuestionamientos no hay grandes ataques personales ni verbales. Uruguay viene recorriendo el periodo más largo de crecimiento de su historia, 16 años seguidos.

–Pero, sin embargo, en su país hay algunos números preocupantes. El déficit fiscal es del 4,9 por ciento.

–Los últimos años la región se ha complejizado. La situación de Argentina y Brasil se ha complejizado aún más. De todas formas Uruguay tiene muchas fortalezas, hoy por hoy la deuda neta es de las más bajas en la historia, además tenemos reservas para cumplir dos o tres años por delante con los vencimientos. Uruguay ha logrado en estos 15 años de gobierno progresista un 80% de crecimiento del PIB, casi ha duplicado la riqueza que generan los uruguayos y además que pasamos ser el país de Latinoamérica con mejor distribución de riqueza. Hoy por hoy estamos más cerca de Europa que de los países de América Latina.

–¿Qué pasa en Uruguay? ¿Por qué se estancó la izquierda y la derecha tiene un resurgimiento muy fuerte?

–En realidad los partidos tradicionales no crecen. Lo que crece es el número de indecisos. Pero hay que ver qué pasa. La verdad se va a saber el 27 de octubre. Los indicadores son que nosotros subimos. Cuando miramos hace 5 años las elecciones anteriores todo el mundo pensaba que la izquierda perdía, y el día de las elecciones la izquierda tuvo mayoría absoluta. Lo que si pasa es que el mundo está cambiando.

–Después de 15 años de Gobierno del Frente Amplio, ¿cómo se logra captar al nuevo electorado?

–Yo estoy confiado que al final llegado el momento la gente va a optar pensando con objetividad y con la realidad porque se puede decir que está todo mal, pero la gente sabe que no está todo mal. Llega las vacaciones y no hay nadie en Montevideo, todo el mundo está de vacaciones en Miami, en Argentina, hay problemas sí, nos preocupa y nos duele ese 8.6% de pobreza, pero tengo la confianza que ha habido un Gobierno con sinceridad humana que ha transformado Uruguay, hace 15 años no éramos esto, la región está cayéndose a pedazos pero nosotros tranquilos.

–¿Cómo ve a Paraguay? ¿Qué se puede imitar de nuestro país?

–Paraguay ha tenido un crecimiento económico importante, tal vez con el mismo problema que Uruguay, demasiado basado en la actividad privada y hoy un país en el mundo es rico o pobre cuanto mayor valor agregado tenga en tecnología y crecimiento y en lo que hace la gente. La riqueza de un país no son los recursos naturales o la fertilidad de la tierra. La riqueza de un país es el conocimiento que hay en la gente y ahí tanto Paraguay como Uruguay tenemos que lograr, el mundo va para ese lado, Paraguay avanzó en muchas cosas. Tuvimos una reunión con el presidente cuando había sido electo y coincido en lo que me decía que hay importantes temas para avanzar como la institucionalidad, en los organismos reguladores.

–¿Qué cree que puede hacer el Mercosur para consolidar el tratado con la UE?

–El Mercosur se ha quedado un poco rengo. Muchos queremos que el Mercosur sea un poco más. No para encerrarnos sino para fortalecernos y competir mejor en el mundo. Es muy interesante cuando miramos cuanto creció el comercio en los países que firmaron el acuerdo con Europa. Creo que es un buen acuerdo.

–¿Dónde cree que deben poner el acento los gobiernos en la actual era tecnológica?

–Nosotros hicimos un estudio de eslabones de cadenas de valor. Estudiamos una serie de sectores los cuales entendemos que tenemos la posibilidad de insertarnos para competir con calidad. Uruguay está haciendo satélites porque tiene mucha gente con conocimiento tecnológico.

–¿Por qué cree que los gobiernos de izquierda fracasan en la región? Un claro ejemplo es Venezuela o Nicaragua.

(Suspira) Yo creo que izquierda tiene que ser sinónimo de democracia en el más amplio espectro de la palabra. Yo pertenezco a una visión política que siempre creyó en el libre debate de ideas y la confrontación democrática de ideas. Creo que cada país es cada país. Es un país que tradicionalmente tuvo una concentración de poder.

–¿Y cuál es el camino para la izquierda uruguaya?

–Uruguay ha hecho un camino progresista de izquierda con total respeto a las instituciones, la democracia, seguimos siendo la Nación menos corrupta de América Latina. Para la izquierda uruguaya es profundizando los DDHH, profundizando las libertades, con respeto a la separación de poderes, combatiendo la corrupción.

–La izquierda se caracterizó por aumentar los subsidios. ¿Las excesivas ayudas sociales para todos deben ser permanentes o tendrían que tratarse de políticas por tiempos determinados?

–Creo en empoderar a los ciudadanos, darles una red para que aprendan a pescar, no darles pescado. En Uruguay había un 4% de indigencia, a esa gente se le dio un montón de respaldo, pero también se le buscó dar capacitación para que trabajen y no dependan de ningún tipo de apoyo del Estado o por lo menos reducir el apoyo.

–¿Qué se puede hacer para evitar que se acentúe esa brecha entre ricos y pobres, esa inequidad social que existe en la región?

–Uruguay he hecho una excepción. Hicimos reforma tributaria, cargamos más las ganancias que los impuestos fijos, hicimos una reforma de salud, atacamos los sectores de pobreza más dura, eliminamos la indigencia, cada país es cada país, no le dictamos cátedra a nadie ni opinamos sobre a quien elige.


Paraguay ha tenido un crecimiento económico importante, con el mismo problema que Uruguay, demasiado basado en la actividad privada.

En los últimos años la región se ha complejizado, pero Uruguay tiene muchas fortalezas, estamos más cerca de Europa que de países de Latinoamérica.

Perfil
Daniel Martínez es un ingeniero industrial mecánico y político uruguayo perteneciente al Frente Amplio. Se desempeñó como presidente de Ancap y posteriormente como ministro de Industria y Energía de su país. Ocupó el cargo de intendente de Montevideo. Fue senador. Ahora es candidato a la presidencia por el Frente Amplio.

Aseguran que Mario Abdo separó a ex jefe de Gabinete cuando se enteró de polémico contrato. Afectado niega y asegura que renunció porque el presidente está haciendo una reestructuración.

Fuentes de la Presidencia de la República aseguran que la licitación de la ANDE en la que fue adjudicado el consocio TIMM, donde figuran las empresas Intec Ingeniería, Grupo Montelmec y Tecnoedil, fue lo que colmó el vaso al presidente Mario Abdo Benítez, para determinar la destitución de Julio Ullón como jefe de Gabinete. Ullón formaba parte de la empresa como accionista, pero ya vendió sus acciones.

Trascendió además, que el presidente de la República mandó anular el contrato con el consorcio.

El ex jefe de Gabinete formaba parte de la empresa Intec como accionista y habría vendido sus acciones, pero aún sigue figurando en la constitución de la sociedad, como se puede ver en el sistema Sinarh, había mencionado el titular de la ANDE, Luis Villordo.

Villordo informó también que al percatarse de que en uno de los sistemas Ullón sigue figurando como accionista, mediante una nota solicitó que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas brinde un informe para saber si avanzar o no con los contratos. No obstante, en el sistema SIPE, Ullón ya no figura en la constitución de la sociedad, ya que vendió sus acciones en el 2018.

La licitación se lanzó en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para la ejecución de obras de adecuación y ampliación del sistema eléctrico de distribución en las agencias regionales y Asunción, bajo la modalidad de contrato abierto. Consiste en la contratación de mano de obra para instalación de columnas y reparación de tendidos eléctricos.

La adjudicación se realizó en un principio por G. 145.399.094.740 para 11 empresas, y actualmente es de G. 106.739.198.706 y se excluyó a las empresas del consorcio TIMM.

Al ser consultado Villordo sobre la posibilidad de que Julio Ullón haya sido destituido u obligado a renunciar a causa de esta licitación, mencionó que no cree que sea así.

“No creo que sea así, no puedo afirmar, pero no lo creo, ya que él no formaría parte de esta sociedad”, indicó Villordo.

El titular de la ANDE precisó que mantiene un buen relacionamiento con Ullón y que llegó a participar de la mesa energética que coordinaba el ex jefe de Gabinete. “Es una persona excelente e inclusive antes fui su asesor en la mesa energética, pero ante la imposibilidad de formar un equipo técnico más numeroso, yo solicité el 14 de febrero que finalice mi comisionamiento y retorné a la ANDE”, relató.

Existe una licitación anterior del 10 de julio de este año con una adjudicación de G. 119.000 millones, donde fue adjudicado el consorcio T&I, donde figura también la empresa Intec. Esta licitación se hizo durante la gestión de Pedro Ferreira.

El ex jefe de Gabinete asegura que ingresó como accionista en el 2011 y vendió las acciones el año pasado. Agregó que Intec cumple con todos los requisitos y presentó la oferta más baja y que la ANDE siempre contrató a esta empresa.

Licitación observada. Uno de los consorcios adjudicados es el consorcio TIMM pero los contratos fueron parados.


Ex jefe de Gabinete asegura que no está involucrado en ninguna licitación
El ex jefe de Gabinete dice que no está involucrado en ninguna licitación y que su salida del cargo se da por una reestructuración que está haciendo el presidente Mario Abdo Benítez. Informó que en mayo del año pasado vendió las acciones de la empresa Intec, donde era socio minoritario. Actualmente, forman parte de la sociedad José Luis Cáceres Fariña, Alba Marina Alvarenga y Alcides Cáceres.
Ullón se considera víctima de una campaña de especulaciones, asegurando que no tuvo nada que ver en el acuerdo de Itaipú y con el falso CEO de Lamborghini que se reunió con Marito. “El 1 de octubre presenté mi renuncia al cargo porque me daba cuenta que mi presencia en ese lugar despertaba la molestia de muchas personas, varias de las cuales pedían a gritos mi destitución, por esa supuesta percepción histórica de poder que otorga. Posterior a eso, el presidente me solicita ser parte del proceso de reestructuración del Gobierno en un espacio relevante en la conducción nacional”, dijo.

Lunes, 07 Octubre 2019 08:26

Senado: Piden echar a 5 raboneros y sumarian a 11

Escrito por

Desde la Dirección de Asesoría Jurídica del Senado se recomendó la desvinculación de cinco funcionarios contratados denunciados por abandono de cargo.

Se explicó que por estar bajo la modalidad del contrato, los mismos no pueden ser objeto de sumario administrativo.

Otros 11 funcionarios que son permanentes sí fueron sumariados también por abandono de cargo. Los que están en la lista a ser descontratados son todos asistentes y encargados de despacho; y sus salarios son en promedio un poco más de G. 2.000.000.

Integran la nómina Arnaldo Daniel López Echagüe, José Manuel Plate Silvero, Melissa Alexia Ocampos Do Nacimiento, María Magdalena Duarte y Claudia Elena Aquino González.

En el caso de los funcionarios permanentes sumariados, está el caso de la directora de Comunicación, Norma Beatriz Galeano López, que es la que percibe un monto mensual de G. 22 millones.

Esta lista que integra la misma junto con otros diez empleados del Congreso fue resultado de la última investigación sobre las denuncias de rabona en la institución.

También están en la mira Gerardo Causarano, coordinador de la Dirección de Enlace Legislativo; y otros con cargos de asistentes y auxiliares como José Carlos Orrego Candia; Norma Beatriz Silva Aquino y Luz María Pérez.

Además, Víctor Gómez Correa, Rolando Villalba, Mónica Elizabeth González Olmedo, Fernando León Zarza, Jazmín Cáceres López y José Solís.

Los salarios de los funcionarios van desde G. 750.000 hasta más de G. 9.000.000.

Ahora el caso de los mismos está en manos de la Secretaría de la Función Pública, y se debe seguir un proceso de investigación, el cual debe determinar la sanción administrativa que corresponda a cada caso en particular.

EN CURSO. Actualmente, hay otros nueve funcionarios con sumarios en curso por abandono de cargo y ausencias injustificadas a la institución.

Aún no hay una definición sobre las posibles sanciones, y en medio de este proceso dos de ellos decidieron presentar su renuncia.

Los demás están o en etapa de prueba o en autos para resolver. Finalmente, es el Senado el que tiene que dar el veredicto final en cuanto a las posibles sanciones, que van desde la suspensión hasta la desvinculación.

Denuncias penales. Está pendiente también el caso de varios funcionarios con denuncias penales, de los cuales se está esperando que culminen sus procesos.

En la lista figuran Víctor Sánchez, denunciado por supuesto pedido de coima; Derlis Arce y su esposa Yenilda Medina de Arce, ambos acusados por supuesta falsificación de documentos.

Otro funcionario con proceso penal es Gustavo Ortega Morales, también por faltas graves, de acuerdo a la Ley de la Función Pública.

 
Los miembros paraguayos del Parlamento del Mercosur convocarán a los indígenas Avá Guaraní Paranaenses afectados por las expropiaciones de tierra que realizó la Itaipú Binacional, en particular los miembros de la comunidad Sauce, quienes se hallan acampando frente a la reserva Limoy, zona de su territorio ancestral, reclamando a la hidroeléctrica, que respondió con una demanda de desalojo.

El presidente de la Comisión Especial de Hidroeléctricas Binacionales del Parlasur, Ricardo Canese, manifestó que convocarán además a la presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Ana María Allen Dávalos, para reunir información respecto al caso.

Los parlasurianos paraguayos presentaron ante el Parlamento del Mercosur un proyecto de resolución por el cual instan a los gobiernos de Paraguay y de Brasil a saldar su deuda histórica con los indígenas afectados por la hidroeléctrica binacional Itaipú.

El miércoles pasado, los mismos mantuvieron una reunión con los representantes técnicos de Itaipú para hablar de este tema y otros, como la situación de la colmatación del río Paraná a causa de la sedimentación, producto de la deforestación en la franjas de protección.

Argumentos. Canese consideró que la información proveída por los técnicos de Itaipú, respecto al proceso de reasentamiento de las comunidades indígenas afectadas por Itaipú a principios de los ochenta, era insuficiente.

Explicó que con la información que puedan obtener acerca de la situación de los indígenas con los aportes del Indi y los mismos afectados podrán tener más elementos, de manera a presentar el proyecto de resolución a los demás miembros del Parlasur.

Asimismo señaló que los propios técnicos de Itaipú reconocieron que el proceso de traslado de los indígenas a otros puntos lejanos al río Paraná, área donde habitaban, se realizó durante la dictadura militar stronista y que pudo haberse dado un contexto de violaciones a sus Derechos Humanos que no cuentan con registros.

Los estudios antropológicos más recientes señalan que en total fueron afectados unos 60.000 indígenas Avá Guaraní Paranaenses en Paraguay y en Brasil. Los informes de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay y la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil también cuentan con detalles sobre los abusos sufridos por los indígenas durante las dictaduras militares de ambos países.

En Brasil, la procuradora general brasileña, Raquel Dodge, presentó el mes pasado una acción civil original donde exige al Gobierno Federal, al Funai, al Incra, a Itaipú Binacional y al Estado de Paraná que compensen los daños causados ​​a las comunidades indígenas afectadas.

La acción fue presentada ante el Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil y exige que se ordene a los acusados a pagar a los diversos grupos afectados una compensación equivalente a R$ 50 millones (USD 12,5 millones) por año, el pago de daños materiales por las pérdidas acumuladas resultantes del proceso de remoción forzada por un monto de R$ 100 millones (USD 25 millones) anuales, y que Itaipú pague R$ 100 millones (USD 25 millones) anuales como regalías.

En Paraguay, la Itaipú es la que demandó a una de estas comunidades indígenas por estar acampando frente a la reserva Limoy, territorio ancestral indígena hasta hace menos de 40 años.

Página 1 de 2

Redes Sociales

Radio Ñasaindy

Superamos los 253 Kms. a la redonda, lo que nos da la posibilidad de llegar a 12 departamentos, que son San Pedro, Cordillera, Concepción, Central, Paraguarí, Misiones, Caaguazú, Caazapa, Guaira, Amambay, Canindeyu y en el Chaco Dpto., de presidente Hayes. Estos son los registrados a través de las llamadas telefónicas de nuestros oyentes durante las diferentes programaciones.