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La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) expresó este miércoles su repudio ante el masivo despido de profesionales de educación inclusiva, impulsado por el Ministerio de Educación

Vidal Ortega, docente sindicalista de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), se pronunció en contra de la resolución de despido de 100 profesionales de educación inclusiva.

El dirigente señaló que la decisión tomada por el ministro de Educación y Ciencias Eduardo Petta es repudiable y criticó la falta de promoción para la especialización de este sector desde la cartera educativa.

En ese sentido, cuestionó que el argumento haya sido la falta de perfil de los desvinculados, cuando la misma institución no ha posibilitado ninguna formación docente para hacer estas especializaciones desde 1988.

“Lamentamos esta situación porque es un sector muy importante que trabaja en una cuestión esencial: la inclusión”, sostuvo Ortega en contacto con la R800 AM.

La resolución se dio a conocer este martes a raíz de dictámenes emitidos por las direcciones de Anticorrupción y de Gestión de Desarrollo del Personal del MEC.

Supervisoras, docentes y directores de centros de apoyo reclamaron mediante notas que algunos de los desvinculados, incluso, sí cuentan con matrícula docente.

También protestan que algunos de los afectados son personas con discapacidad que estaban trabajando en escuelas públicas.

 

La normativa aumenta trabas para sacar su investidura a un legislador. Para Gustavo Volpe, este tipo de leyes hacen poco a favor del país y que la ciudadanía entera debe estar en desacuerdo.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) solicitó al presidente Mario Abdo Benítez que vete la ley de autoblindaje legis-lativo que precisa de la decisión presidencial.

Gustavo Volpe, titular del gremio, remarcó que hay que alentar todos los procesos de transparencia y que este tipo de trabas hacen muy poco a nuestro país.

El empresario habló del tema luego de la reunión que mantuvo ayer con Marito en Palacio de Gobierno hasta donde llegaron con sus pares para conversar sobre las reglas tributarias para el comercio fronterizo.

Pese a las fuertes críticas de la ciudadanía, el Congreso sancionó el proyecto de ley que reglamenta la pérdida de investidura. Con la normativa, elevaron la cantidad de votos necesarios para que un senador o un diputado pueda ser echado de su banca.

Hasta ahora el procedimiento requería, tal como establece la Constitución, mayoría simple de votos, pero con la ley precisarán mayoría absoluta, es decir, 23 votos en Senado y 41 en Diputados.

En presidencia de la República informó que aún no llegó el mensaje desde el Congreso. El mandatario debe promulgar el documento.

REACCIÓN CIUDADANA. Gustavo Volpe señaló que se debe estar en desacuerdo con la posición asumida por los legisladores que buscan poner más trabas al proceso de depuración política que salpica a varios de sus referentes.

“Si nuestros legisladores utilizan su derecho de poder modificar leyes que le beneficien a ellos, nos parece muy mal. Es algo que la ciudadanía entera debe estar en desacuerdo”, remarcó el presidente de la UIP.

Dijo que desde el sector empresarial están tratando de pelear contra la informalidad. “La informalidad justamente es alentada por actitudes de estos parlamentarios que se autoblindan para que no se pueda buscar la transparencia. Por lo tanto, a nosotros, nos parece muy mal lo que se está haciendo”, arremetió.

Insistió que “corresponde el veto” presidencial en señal de rechazo al plan de los legisladores.

INCONSTITUCIONAL. La medida legislativa es considerada inconstitucional ya que se establece que la destitución debe ser por mayoría absoluta, cuando la misma Constitución Nacional establece que se aplicará la mayoría simple cuando no se estipule específicamente en el algún caso.

Si entra en vigencia, varios son los legisladores que serán beneficiados. Entre ellos, el diputado Carlos Portillo (PLRA), quien es investigado por supuesto tráfico de influencias. También está el polémico Miguel Cuevas, quien está por dejar la presidencia de la Cámara Baja. Es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito producto de supuestas irregularidades administrativas cometidas durante la época en que fue gobernador de Paraguarí.

Otro diputado es Tomás Rivas cuyo caso también está a instancias de la justicia y es conocido como los caseros de oro. En el Senado está Javier Zacarías Irún. Tiene encima dos imputaciones por supuesta declaración falsa y lesión de confianza. Ya fue desaforado.

Si nuestros legisladores utilizan su derecho de poder modificar leyes que le beneficien a ellos, nos parece muy mal.

La informalidad justamente en un caso como este es alentada por actitudes de estos parlamentarios que se autoblindan Gustavo Volpe, presidente de la UIP.

 

El ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, ordenó el cierre temporal de dos penitenciarías ubicadas en Emboscada y Coronel Oviedo. En el primer caso, la población carcelaria duplica su capacidad para albergar a reclusos, mientras que en el segundo, incluso, se triplica.

El cierre temporal de ambos centros penitenciarios se debe a la superpoblación que revisten. En el caso de la cárcel Padre Juan Antonio de la Vega, ubicada en Emboscada y donde hay otro centro que sigue abierto, se registran 1.449 internos, siendo su capacidad total de 720, mientas la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, en Caaguazú, cuenta con una población de 2.133 reos, pero puede albergar a solo 674 personas.

El Ministerio de Justicia dispuso que las medidas preventivas de prisión no se cumplan en dichos centros de reclusión hasta tanto los internos vayan recuperando su libertad.

El encargado de Despacho de Establecimientos Penitenciarios, Carlos Figueredo, explicó en NoticiasPy que los propios encargados de esos establecimientos venían solicitando el cierre. En parte por la superpoblación, pero también por la peligrosidad que representan las personas que están en esos reclusorios.

Durante la sesión extra del martes, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de declaración de emergencia penitenciaria a nivel nacional. Permite el uso de fuerzas policiales y militares, para la custodia y cobertura en el perímetro de los centros penitenciarios.

Además, permite al Ministerio de Justicia la construcción de establecimientos penitenciarios con regímenes ordinarios de reclusión y de máxima seguridad.

La propuesta fue presentada por el Ejecutivo, luego de que un motín en San Pedro dejara 10 muertos. Igualmente, hubo otros episodios de violencia en Amambay, Itapúa y Misiones, donde también hubo fallecimientos.

Martes, 22 Enero 2013 09:36

El Departamento de San Pedro con nuevo Gobernador

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El Departamento de San Pedro con un nuevo Gobernador.

 

Julio Cesar Jimenez Galeano es el nuevo gobernador del Departamento de San Pedro, asumió ayer en la sesión de la junta departamental reemplazando al  Señor José Gregorio Ledesma, quien renunción para postularse a la diputación por el segundo Departamento.

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