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Lunes, 09 Septiembre 2019 11:31

Si Itaipú no repara daño causado a los indígenas, caso iría a la CIDH

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Informe antropológico señala que la binacional debe resarcir el daño ocasionado a comunidades nativas por haber violado legislación a nivel local y también legislaciones a nivel internacional.

Un informe antropológico realizado por el perito Jorge Servín, ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), manifiesta que, en el caso de la comunidad Ava Guaraní Tekoha Sauce, la Itaipú Binacional debería resarcir por lo menos con 5.000 hectáreas por todo el destierro y penurias que les provocó en los últimos cuarenta años, o, de lo contrario, se expone a una demanda internacional ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Las leyes nacionales e internacionales que amparan a los pueblos indígenas obligan al Estado paraguayo a solucionar este problema de algún modo y saldar la deuda pendiente con Sauce y las demás comunidades desplazadas de sus tierras tradicionales. Según la ONU, el desalojo forzoso es el hecho de hacer salir a personas, familias, y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”, dice el informe de Servín, publicado por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (Ceaduc) en el 2017.

ESTUDIOS DE ITAIPÚ. Servín recuerda que la propia binacional realizó un estudio que se inició en el año 1975, previo a la suba del embalse, y donde los expertos como el antropólogo jesuita Bartomeu Melià recomendaban que la hidroeléctrica adquiera grandes extensiones de tierra para que las comunidades afectadas puedan ser reubicadas y no pierdan cohesión entre ellas.

“Pese a las recomendaciones específicas de los expertos en el tema, la entidad binacional Itaipú no ha cumplido con esta deuda social, cultural y ambiental de restitución en favor de los indígenas. Esa deuda histórica es como una herida sin cicatrizar en la vida de los indígenas, autodenominados henda’yva, (los que no tienen lugar)”, señala.

Las recomendaciones de los estudios realizados por los expertos contratados por la Itaipú señalaban aspectos fundamentales para la recuperación y dignificación de la cultura de dichas comunidades indígenas, pero lo que impulsó la binacional fue totalmente lo opuesto.

El estudio recomendaba crear 23 nuevos asentamientos, pero lo que hizo la Itaipú fue distribuir a las 38 comunidades en ocho asentamientos donde ya existían otros grupos, y en tierras compradas en su mayoría por la Iglesia Católica, según la investigación de Mariblanca Barón, publicada por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción (Ceaduc), en el 2017.

DAÑO. Los hechos que se dieron y fueron expuestos en esta investigación periodística señalan que la represa paraguayo-brasileña no cumplió con lo que establecía la propia Ley Nº 63/68, que ratifica el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajos (OIT) “Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones”.

Apenas 2.000 hectáreas fueron compradas por Itaipú para las comunidades indígenas que desterró, según la misma reconoce, lo cual es ínfimo para las 38 comunidades afectadas (unas 20 mil personas) y comparadas a las casi 50.000 que adquirió en reservas, hoy invadidas por brasileños del agronegocio y otros.

“La Itaipú creó a la fecha nueve reservas de distintas dimensiones sobre los territorios indígenas, sumando cerca de 50.000 hectáreas frente a unas 2.000 hectáreas de tierras para indígenas, lo cual de por sí revela una condición de inequidad en contra de la comunidad Sauce y contra todas las demás comunidades avaparanaenses”, expresa.

Respecto al caso específico de la comunidad Sauce y su proceso de lucha por recuperar sus tierras ancestrales o al menos ser indemnizados de manera justa, recuerda la violencia extrema del desalojo realizado en el 2016 por los órganos policiales y fiscales, en connivencia con el propio Indi, tras gestiones judiciales realizadas por el empresario sojero Germán Hutz, pariente político del senador colorado Juan Afara.

Durante el desalojo, las familias de la comunidad Sauce huyeron y se refugiaron frente a la reserva Limoy, en la misma zona, donde siguen hasta la fecha resistiendo.

Servín cuenta que varias autoridades e instituciones se comprometieron en asistir a la comunidad, violentamente desalojada. Se creó una mesa de trabajo ad hoc, pero la misma no dio ningún resultado positivo para los indígenas por la desidia de sus miembros y el desinterés de la binacional en solucionar el problema.

Actualmente, la Itaipú impulsa un juicio de desalojo contra los nativos, donde su acción ni siquiera tiene en cuenta la condición de comunidad indígena y se dirige a ellos como simple “grupo de personas”.

ONU. La relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Victoria Tauli Corpuz, envió una carta al Gobierno paraguayo sobre las presunta violación de derechos de la comunidad Sauce.

Amnistía Internacional también se encuentra juntando firmas para remitir una carta al Poder Ejecutivo, instándole a que promueva la reparación histórica de los pueblos originarios afectados por la Itaipú y detenga la persecución actual.

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