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Saturday, 18 July 2020 08:11

Tras críticas, DNCP aplica inédita sanción a firmas del clan Ferreira

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AFUERA. Contrataciones Públicas inhabilitó por dos años y medio a empresas Imedic SA y Eurotec SA. VICIOS. La decisión salió en medio de las críticas por irregularidades detectadas en compra fallida.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolvió ayer suspender por 30 meses a las empresas Imedic SA y Eurotec SA, pertenecientes al clan Ferreira.

Esta sanción es la máxima que se haya aplicado –hasta ahora– a una firma proveedora y entrará en vigor desde la incorporación al Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado. “Si no me equivoco, creo que no existe una resolución de inhabilitación por un plazo igual que este, es el plazo más extenso hasta ahora decidido por Contrataciones Públicas”, afirmó Pablo Seitz, titular de la DNCP, en diálogo con radio Monumental 1080 AM.

Indicó que la sanción más elevada que se había dispuesto fue por 24 meses a una constructora pequeña que había cobrado el anticipo, y no se había hecho nada.

Los elementos que motivaron la apertura del sumario a ambas firmas hablan de supuestos incumplimientos contractuales; indicios de colusión; falta de presentación de registros sanitarios de los insumos entregados y provisión de documentación a otro oferente del llamado. Finalmente, ante la imposibilidad de ambas firmas de demostrar lo contrario, la DNCP acabó por constatar todos esos hechos imputables, cuyo expediente –ante denuncias del Ministerio de Salud Pública (MSP) como de un grupo de diputados– duermen en las oficinas del Ministerio Público.

Imedic SA, de Patricia Ferreira Pascottini, y Eurotec SA, de Marcelo Ferreira Pascottini, habían suscrito con el MSP, el 3 de abril, un contrato cada una bajo un procedimiento excepcional para la “Adquisición Urgente de Insumos y Camas para Covid-19”. Como no llegaron –en tiempo y forma– cada uno de los insumos solicitados, además de otras irregularidades detectadas (ver infografía), la cartera de Estado rescindió los contratos con ambas firmas, el 25 de mayo.

La Contraloría General de la República (CGR), en mayo pasado, calificó de “viciada de irregularidades en todas sus etapas” el proceso de adquisición de diferentes productos realizada por Salud, para lo cual fueron adjudicados las empresas del clan Ferreira por monto total de unos G. 85.200 millones.

LAGUNA LEGAL

Una vez conocida la inédita sanción, emergieron diversas críticas, en razón a que la inhabilidad solo alcanza a las firmas como tal y no a sus dueños. En efecto, el clan Ferreira, encabezado por Justo Rubén Ferreira –padre de Patricia y Marcelo–, está integrado por otras empresas proveedoras del MSP: Metaway SA, La Casa del Médico SA, Medical Pharma SA y Woking SA.

Seitz admitió que ambos hermanos pueden seguir siendo proveedores, así como está la ley. “De hecho hay varias empresas vinculadas, son accionistas comunes, a estas dos empresas sancionadas y esas empresas hoy no tienen ningún impedimento legal”, explicó y anunció que la DNCP planteará –en agosto próximo– una modificación legal ante las “inconductas de empresas proveedoras del Estado”; de modo a que “ya incorporen la posibilidad de aplicar sanciones a personas técnicas encargadas de conducción de las empresas”, apuntó.

Declaran en rebeldía a empresaria
Luego del pedido del Ministerio Público, la jueza Lici Teresita Sánchez declaró la rebeldía y ordenó la captura de Patricia Ferreira, titular de Insumos Médicos SA (Imedic) y de la directora titular, Nidia Godoy Ojeda. Ambas están imputadas y con orden fiscal de detención por realizar presuntamente diez operaciones fraudulentas.
El jueves pasado, la fiscala Sussy Riquelme solicitó al Juzgado Penal de Garantías que tanto Ferreira como Godoy sean declaradas en rebeldía, a fin de garantizar su sometimiento a la Justicia.
La jueza Lici Sánchez, además, ordenó la cancelación de la personería en la causa de los defensores de la titular de Imedic, Sebastián Quesada, José Dos Santos, César Alfonzo y Alfredo y Enrique Kronawetter.
Con esto, quedan desvinculados los abogados del sistema en la causa.
El informe del Departamento Jurídico de la Policía Nacional, que alega que todavía no se dio cumplimiento a la orden de detención, influyó para que la jueza considere que hay elementos suficientes para ordenar la captura y suspender la duración del proceso.
Según las sospechas de la Fiscalía, la directora y la presidente de Imedic habrían utilizado diez facturas falsas –de Eurofarma– para burlar los sistemas de control e introducir al país medicamentos de India y China.

Fuente: Diario UH

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