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Thursday, 09 July 2020 10:58

Fiscalía no movió un dedo hasta ahora para pedir informes a Salud

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OMISIÓN.  Las denuncias de estafa duermen en el Ministerio Público y hay tibio avance en sumarios. PENAL.  En el MSP ven qué evidencias hay para que fiscales investiguen escándalo en compras chinas.

Un día antes de ordenar la apertura de sumarios administrativos a siete funcionarios, el ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público para que investigue lo relacionado a la contratación vía excepción Nº 36/2020 de “Adquisición urgente de insumos y camas para Covid-19”, la cual fue anulada ante una serie de irregularidades detectadas.

Frente al cúmulo de evidencias, resumidas en el informe de la Comisión Especial de Supervisión y Control de compras Covid (CESC), desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) hablaban de la presunta existencia de hechos punibles de estafa en grado de tentativa y violación de marca.

Los sumarios en cuestión “siguen su curso normal”, hoy y están a las puertas de la fase probatoria. En contrapartida, todavía no hay un solo imputado en el marco del escándalo por la compra de insumos hospitalarios, a cargo de las firmas Imedic SA y Eurotec SA, perteneciente al clan Ferreira.

Aparte de las anomalías detectadas en los productos que fueron presentados para la entrega, esta frustrada operación provocó la extensión de la cuarentena estricta, a mediados de abril: Como el arribo de la carga –procedente de China– se retrasó una semana, el aislamiento total se amplió hasta finales de dicho mes.

También un grupo de diputados reforzó la denuncia del MSP, ante la Fiscalía General del Estado, para que se designen a los agentes e inicien las pesquisas correspondientes en este caso que produjo un triple perjuicio: Se pagó un anticipo por una operación fallida; el sistema sanitario no accedió –en tiempo y forma– a los elementos de protección necesarios en la lucha contra el Covid-19 y la cuarentena absoluta se extendió por dos semanas, debido al retraso en la llegada de esos insumos estratégicos para la desescalada de las restricciones, bautizada luego como cuarentena inteligente.

Pese a que cuatro fiscales (Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia) habían sido designados para llevar adelante las investigaciones, en Salud Pública avisan que –hasta ahora– no han recibido pedido de informes de la Fiscalía sobre las denuncias y las investigaciones a los implicados en dicho proceso de compra. Tanto Walter Cáceres, de la Dirección de Sumarios como Engelberto García, de Anticorrupción y Transparencia del MSP y la representante legal de la institución ante los sumarios abiertos, Dolly Leiva, confirmaron que no recibieron pedido alguno por parte de la Fiscalía.

“Al menos en mi dependencia no recibí pedido de informes, por el momento”, reveló Leiva, en la misma sintonía García aseguró: “No hubo pedido de informe del Ministerio Público, pero sí de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac)”.

Cáceres, quien es director de Sumarios del MSP, suscribió que en caso de que algún fiscal interviniente precisara de antecedentes sobre el caso en cuestión se daría por enterado. “Envían una copia acá, pero por lo menos hasta hoy y en esta dirección no vino nada”, dijo.

Leiva, quien es parte actora del MSP en la demanda, sostuvo que con las observaciones hechas por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la CESC “estamos convencidos de que existen elementos para la acusación por faltas graves”, dijo, pero evitó opinar sobre la figura penal que recae en la Fiscalía.

Para García existen las condiciones y corresponde que desde el Ministerio Público se los cite a los sumariados para que presten declaración bajo protección. Esto dijo en virtud a las supuestas presiones que estarían recibiendo para no hablar, ya que están en juego sus cargos. “Ellos ya fueron llamados para que presenten sus descargos sobre las observaciones hechas por la Contraloría. Pero no hablan de eso”, dijo respecto a las presuntas presiones que estarían recibiendo. “La Fiscalía debería llamar a esta gente porque ellos tienen la dirección de protección a testigos”, remató.

LAS CIFRAS

17.044.000.000 de guaraníes entregó el Ministerio de Salud Pública, en concepto de adelanto, a las firmas Imedic SA y Eurotec SA.

85.220.500.000 de guaraníes es el total del contrato firmado, el 3 de abril, entre el MSP y las empresas del clan Ferreira.

1.423.800 mascarillas quirúrgicas, 5.500 trajes de protección y 15 camas rebotaron por incumplir especificaciones.

Fuente: Diario UH

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