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Monday, 18 May 2020 09:39

Colorados critican impunidad, pero traban aumentar pena a corruptos

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Mientras en sus filas abundan los acusados por robo al Estado, diputados argumentan que el problema es la falta de castigo y dilatan la sanción más dura a la lesión de confianza.

Fuertes discursos contra la impunidad sorprendieron en los últimos días, procedentes sobre todo de las bancadas coloradas de la Cámara de Diputados, y con más énfasis durante la última sesión en la que se decidió prolongar el estudio del proyecto de ley que establece penas más duras para hechos vinculados a la corrupción pública, postergando así esta importante sanción, considerada urgente para la oposición.

Sin embargo, tanto cartistas como abdistas y una mayoría de liberales cuentan con sendos antecedentes de dar protección y evitar el castigo a los acusados del mal uso de los fondos del Estado y tienen en sus filas a un gran número de investigados por corrupción.

Uno de los discursos calificado como incoherente provino de la diputada de Honor Colorado Rocío Abed, quien es investigada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero junto con todo el clan Zacarías, incluyendo su esposo, el diputado Justo Zacarías.

“Espero que todos los corruptos de todas las épocas puedan pagar sus culpas y especialmente estos corruptos de hoy que se están aprovechando de una situación caótica y crítica del Paraguay, esperemos que más temprano que tarde puedan pagar todas sus culpas porque están jugando realmente con el pueblo sufrido del Paraguay”, expresó Abed, pero luego dio su voto por el envío a comisión del proyecto.

La propuesta es una modificación del Código Penal para aumentar la pena hasta 15 años para los hechos de lesión de confianza y estafa, en los casos graves, aclarando que esta calificación se enmarca en los cometidos por funcionarios y cuando el daño es al patrimonio del Estado.

Lesión de confianza es precisamente la imputación que recibieron el senador Javier Zacarías Irún y su esposa, la ex intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod, por desvío de los fondos municipales.

En tanto que el diputado Basilio Núñez, también cartista, comenzó una fuerte crítica hacia la administración del actual intendente Miguel Prieto, por lo que fue calificado en redes sociales de incoherente.

El diputado de Colorado Añetete, Ramón Romero Roa, indicó que su preocupación se da debido al argumento para presentar el proyecto, porque pareciera ser que hay un vacío normativo, cuando es lo contrario. “Aquellos que cometen hoy ese delito no están en la cárcel no porque falte una norma, sino porque hay impunidad, o sea, decir que porque aprobamos esta ley se va a accionar contra los delincuentes es mentira, ni siquiera se está cumpliendo lo que dice la norma en relación con la cantidad de años de pena”, expresó.

Mientras tanto, en filas de su movimiento existen diputados imputados y hasta presos por graves hechos de corrupción que son protegidos por la Cámara, como Miguel Cuevas, recluido en la Agrupación Especializada tras ser imputado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencias. De igual forma, Ulises Quintana cumple prisión preventiva en Viñas Cué, acusado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal para el tráfico de drogas. También Esteban Samaniego, investigado por un millonario faltante en la Comuna de Quyquyhó.

Con todos estos antecedentes en las filas coloradas y tras el discurso de impunidad de Romero Roa, el diputado liberal Édgar Acosta pidió coherencia en los votos cuando sea presentado el libelo acusatorio para el juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por supuestamente haber favorecido a un empresario para romper la cuarentena. La alta funcionaria es aliada del cartismo y goza de una fuerte protección en Diputados.

“También hay que penalizar a los que administran la Justicia y no lo hacen bien y hay que castigarlos porque la impunidad es por la inacción de las autoridades. Entonces más que nunca me dan la razón y espero que la votación sea en ese sentido cuando presente un libelo contra la principal responsable de perseguir penalmente, que es la fiscala general del Estado. Me dieron muchísimos argumentos, entonces espero que castiguemos a la máxima representante de la sociedad que opera siempre a favor de la impunidad dependiendo de dónde venga la llamada”, sentenció Acosta.


No falta aumentar la pena porque si no están en la cárcel no es por falta de norma sino porque hay impunidad. Ramón Romero Roa, diputado colorado.

Espero que al presentar un libelo contra la responsable de la impunidad, Quiñónez, voten en ese sentido. Édgar Acosta, diputado liberal.

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