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Tuesday, 28 January 2020 07:31

Sindicatos buscan mantener los privilegios y ya analizan medidas

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¿HUELGA EN PUERTAS? Se reúnen mañana gremios de funcionarios públicos para idear plan de lucha. RECHAZO. Aseguran que restricciones impuestas por el Gobierno al PGN violan contratos colectivos.

Los sindicatos de funcionarios de las empresas públicas no piensan quedarse de brazos cruzados ante las limitaciones que impuso el Gobierno a los beneficios salariales mediante la reglamentación del Presupuesto General de la Nación (PGN) y convocaron a una gran asamblea para mañana, a las 9.00, en la sede del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), según un comunicado que dieron a conocer en la víspera.

En una reunión preliminar realizada ayer, los principales líderes gremiales expresaron su rechazo a los recortes salariales que afectarán al plantel estatal y aseguraron que estas restricciones violan los contratos colectivos vigentes.

En ese sentido, el comunicado indica que el orden del día de la asamblea que se realizará mañana consta de dos puntos. Por un lado, analizarán las consecuencias legales del decreto reglamentario del PGN; mientras que el segundo tema a tratarse es la elaboración de un plan de lucha para defender las gratificaciones adicionales.

Desde el Sindicato de Funcionarios de Petróleos Paraguayos (Sifunppar) cuestionaron al Ministerio de Hacienda la imposición de restricciones sin consenso con los trabajadores, lo que atenta contra los derechos laborales ya adquiridos.

Recordaron que el contrato colectivo tiene fuerza de ley, pero mediante un decreto se pretende dejarlo sin efecto. Advirtieron incluso sobre las consecuencias que puede tener esta clase de políticas en las elecciones municipales que se realizarán este año.

Si bien las limitaciones afectan principalmente a las empresas públicas (ANDE, INC, Petropar, Dinac y Puertos), los sindicatos también realizaron el llamado a los funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) y del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Consultado al respecto, el directivo del Sindicato de Trabajadores del BCP, Edmundo Quevedo, aseguró que las limitaciones impuestas al pago de los beneficios salariales son ilegales. Señaló que el plantel estatal no tiene aumentos generales desde hace nueve años y que estas gratificaciones ayudan a paliar esta situación.

“Lo que no entendemos es para qué nos sentamos durante meses con la gente del Ministerio de Hacienda para planear un plan de gastos, si después te van a limitar la utilización de esos fondos”, criticó Quevedo.

LIMITACIONES

El decreto reglamentario, si bien no eliminó los polémicos sobresueldos que reciben los funcionarios de las empresas públicas, estableció restricciones para el cumplimiento. Esta normativa limitó hasta un salario mínimo el pago por cada concepto, estableciendo que se podrá realizar solo un desembolso al año por cada rubro y si hay disponibilidad presupuestaria.

Tras esto, los representantes de la ANDE, Petropar, INC y Dinac se reunieron este viernes con el ministro de Hacienda, Benigno López, a quien presionaron por la continuidad de estos pagos.

En la actualidad, los funcionarios de las compañías estatales cobran desde subsidio familiar, ayuda alimenticia y subvención por vacaciones, hasta premios por disponibilidad, gratificaciones por lectura de medidores y bonificaciones por gestión administrativa (ver infografía).

Fisco convoca a empresas para revisión
El Ministerio de Hacienda convocó para hoy, a las 16.00, a las autoridades de las empresas públicas para analizar los beneficios salariales adicionales que pagan estas entidades a sus funcionarios, en lo que será la primera sesión del Consejo de Empresas Públicas del año.
El secretario ejecutivo del Consejo, Elvio Brizuela, confirmó que las compañías vienen presionando por el pago de estos sobresueldos, pero que la postura de Hacienda será negociar a partir de lo que establece el decreto reglamentario del Presupuesto, es decir, limitar el pago de estos beneficios.
No quiso opinar sobre si estos pagos ocasionales violan contratos colectivos o derechos adquiridos, pero reconoció que algunos son exagerados. “Eso justamente es lo que vamos a analizar, si chocan con los contratos vigentes. Nosotros creemos que no”, expresó Brizuela.

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